Tras una semana de negociaciones más difíciles de lo esperado entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont al frente del equipo de Junts, finalmente se ha llegado a un acuerdo para permitir la investidura. Aunque nunca hubo preocupación por ninguna de las partes de que se llegara a un acuerdo, el retraso de este acuerdo final tiene consecuencias notables.
- El plan original de Sánchez era concluir las negociaciones la semana pasada para poder jurar su cargo esta semana -en concreto, el miércoles 8 de noviembre- y así poder asistir como nuevo presidente del Gobierno al congreso del Partido Socialista Europeo (PSE) que se celebrará en Málaga los días 10 y 11 de noviembre. Pero esta ambición fue sin duda enunciada con demasiada fuerza, y Puigdemont mantuvo el suspense -y el protagonismo-.
- El acuerdo en sí nunca se puso en duda, pero las discusiones se centraron en cuestiones técnicas relativas a quién se beneficiaría de la amnistía, con Junts especialmente interesado en ampliar la lista de posibles beneficiarios. Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que este punto aún no se ha resuelto del todo; los negociadores han acordado el pacto general que garantiza la investidura de Sánchez, pero aún no han llegado a un acuerdo definitivo sobre la ley de amnistía.
- Durante estos días de latencia, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha pronunciado oficialmente en contra de la ley de amnistía. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón anunció incluso que Puigdemont había sido imputado por terrorismo en relación con el caso Tsunami Democràtic. Esto reforzó la idea entre los negociadores de que la ley tenía que ser «intocable» y «perfecta» para que pudiera superar todas las fases legislativas.
- También se celebraron manifestaciones en Madrid contra la amnistía, sobre todo frente a la sede del PSOE en Ferraz. Las concentraciones fueron interrumpidas por grupos de extrema derecha, lo que provocó violencia física y verbal que dejó unos 40 heridos, según la policía. En los vídeos de los incidentes se pueden ver saludos nazis y escuchar el himno franquista «Cara al sol».
El Partido Popular (PP) no condenó inicialmente la violencia en Madrid. Su presidente, Feijóo, culpó a Sánchez: «Cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo».
- En el equilibrio de fuerzas interno del PP, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera en condenar la violencia.
- También fue Díaz Ayuso quien declaró el jueves por la mañana que el anuncio del pacto era «el inicio de la dictadura».
- Haciéndose eco del fenómeno de la trumpización de la derecha española descrito por Manuel Escudero, el jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López escribió en X: «Todo tiene un límite. Las palabras importan y tienen un significado. No se puede hablar por hablar sin medir las consecuencias. No podemos consentir que el trumpismo envenene España. Antes de que sea demasiado tarde.»
- Vox, por su parte, alentó las manifestaciones; Santiago Abascal incluso participó en las concentraciones, llamando a la policía a desobedecer al Gobierno.
El miércoles, la preocupación por la ley de amnistía también se expresó en Bruselas a través de una carta del comisario Didier Reynders en la que pedía explicaciones al Gobierno español.
- Fue el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien no tardó en responder el miércoles por la noche, mostrando cierto descontento con las preguntas del Comisario, en particular sobre el hecho de que la carta de Reynders se hubiera publicado en la prensa.
- Además de agradecer a Reynders sus preocupaciones, Bolaños también le dijo que, como el Gobierno actual estaba «en funciones», eran los grupos parlamentarios del Congreso los que presentarían la ley -y no el Ejecutivo-. Y todavía no se ha registrado ninguna ley.
Sólo falta el acuerdo de los socialistas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). El equipo de Sánchez quiere que la investidura se celebre el miércoles y el jueves de la semana que viene.
