La semana pasada, Estados Unidos ultimó y aclaró las directrices que rigen las condiciones de concesión de subvenciones a las empresas de semiconductores, para garantizar que no beneficien indirectamente a países extranjeros «sensibles», entre los que destaca China.

  • El 9 de agosto de 2022, Joe Biden ratificó la Ley CHIPS, primera sección de la Ley CHIPS y de Ciencia, cuyo objetivo es crear incentivos para facilitar la producción de semiconductores en suelo estadounidense con subvenciones por un total de 52.700 millones de dólares.
  • La mayor parte de la financiación se destina al despliegue de nuevas capacidades de producción en Estados Unidos, hasta un 75%.
  • Del presupuesto total, 39.000 millones de dólares en cinco años se destinan a subvenciones para la construcción de infraestructuras de producción. Otros 11.000 millones se destinan a investigación y desarrollo1.

El diseño y el calendario del plan de subvenciones hacen hincapié en la urgencia de crear capacidad y en la necesidad de asignar rápidamente las subvenciones, en el contexto de la aceleración de la competencia tecnológica con China, pero se han producido retrasos en el calendario para el año fiscal 2022.

  • A pesar de la urgencia mostrada, el despliegue de fondos parece ir con retraso respecto a los pagos inicialmente previstos: los 2.300 millones en subvenciones a infraestructuras de producción estimados para el ejercicio 20232 -que finaliza el 30 de septiembre- no se han distribuido.
  • La administración Biden anunció el 20 de septiembre un total de 238 millones en subvenciones, pero estas primeras ayudas se dedicarán a la investigación.

Por tanto, la puesta en marcha de los proyectos de inversión anunciados por varias empresas podría no ser tan rápida como se esperaba, tanto por estos retrasos como por las limitaciones prácticas sobre el terreno.

  • Varias empresas han expresado públicamente su preocupación por la contratación y la escasez de mano de obra cualificada para gestionar las futuras plantas.
  • El caso más emblemático es el del gigante taiwanés de los semiconductores TSMC, que en 2020 anunció una inversión de 12.000 millones de dólares para construir una planta en Arizona, a la que en diciembre de 2022 se sumó un nuevo proyecto de 40.000 millones en el mismo estado. La empresa se enfrenta a dificultades de contratación y también ha sido objeto de las críticas de los sindicatos3 por las condiciones laborales en las fábricas.
  • El Departamento de Comercio calcula que la mano de obra del sector deberá aumentar en 90.000 personas de aquí a 2025. Entre las inversiones previstas en la Ley CHIPS, se destinan 200 millones de dólares a la formación de trabajadores nacionales en el sector de los semiconductores.
Notas al pie
  1. The CHIPS Act of 2022.
  2. Cost estimate, Congressional Budget Office, 2022.
  3. « ‘They would not listen to us’ : inside Arizona’s troubled chip plant », The Guardian, 28 de agosto de 2023