¿Llegará el Presidente electo de Guatemala a su investidura?

En Guatemala, una “Nueva Primavera” está comenzando a florecer¹. El pueblo de la mayor economía de Centroamérica decidió de manera concluyente que quería que Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueran sus próximos presidente y vicepresidenta en una segunda vuelta de elecciones presidenciales desarrolladas en un ambiente relativamente pacífico. Con casi un millón de votos de diferencia frente al binomio liderado por Sandra Torres del partido Unidad por la Esperanza (UNE), no cabría lugar a dudas que el binomio del Movimiento Semilla sería el próximo en ocupar la Casa Presidencial en Guatemala. Así lo celebró la sociedad guatemalteca en la noche electoral del 20 de agosto, lo certificó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 28 de agosto, y lo recibió con rapidez la comunidad internacional en múltiples comunicados². Incluso el actual Presidente saliente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que traspasaría el poder al Presidente electo Arévalo y ha comenzado reuniones para ello³. 

Sin embargo, pese a la contundencia de la victoria, las dudas sobre el traspaso del poder y el respeto a la voluntad del pueblo en las urnas -dos elementos clave en democracia- se ciernen sobre Guatemala. La élite político, económica y militar del país, implicada en numerosos casos de corrupción y conocida popularmente como el “Pacto de Corruptos”, amenaza con impedir la toma de posesión del Presidente Arévalo el próximo 14 de enero de 2024, bien a través de artimañas judiciales que acaben con el partido Movimiento Semilla e inhabiliten al binomio electo, bien conspirando para atentar contra la vida de los electos. Al mismo tiempo, el partido UNE aún no ha aceptado la derrota y, por el contrario, ha cuestionado la transparencia del conteo electoral, el sistema de registro electrónico de los votos y la propia legitimidad de la fundación del Movimiento Semilla⁴. 

Los meses que transcurran desde aquí hasta la toma de posesión en enero de 2024 determinarán no solo el futuro democrático de Guatemala, sino de la región centroamericana, con importantes repercusiones a nivel regional y hemisférico en cuanto a comercio, migraciones, seguridad y cambio climático. Los escenarios, volátiles al momento de escribir este análisis, son múltiples y requerirán no solo de una respuesta rápida y sólida de la sociedad civil guatemalteca, sino también de un apoyo contundente de la comunidad internacional a la futura administración Arévalo.

Taxonomía de una “Nueva Primavera”

Durante la primera y segunda vueltas electorales, Guatemala vivió una alegoría del deseo de acabar con un Estado cooptado por redes económicas y políticas de corrupción e impunidad. Por primera vez en 38 años después de iniciada su transición democrática en 1985 después de 36 años de guerra interna, el pueblo guatemalteco vio como de si un “milagro” se tratara el surgimiento de la opción como binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. 

Él, un académico connotado y diplomático en diferentes puestos nacionales e internacionales, pero también hijo de uno de los presidentes más recordados de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo. En la memoria colectiva, Arévalo padre es recordado por su solvencia ética en el ejercicio público y por lograr cambios fundamentales para el país como lo fue conducir el proceso para que Guatemala dejara atrás la peor dictadura de su historia que duró 14 años y rompiera con el letargo social de más de un siglo, instaurando leyes e institucionalidad en favor del trabajo, la seguridad social y la educación. El período que Juan José Arévalo Bermejo comenzó liderando, llamado de la “Primavera”, ha inspirado al pueblo guatemalteco a ver en Bernardo Arévalo la posibilidad de una “Nueva Primavera”. Y Karin Herrera, una académica reconocida por su trabajo universitario como química bióloga en la principal universidad pública del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, una entidad sucumbida igualmente por el fraude y la corrupción cuyo rector ha sido sancionado por Estados Unidos. 

En la victoria del binomio Arévalo-Herrera fue fundamental la participación de un 45% del padrón electoral, esta vez representado por una geografía amplia de Guatemala, a pesar de todos los intentos de sabotaje de la elección, que se mantiene a la fecha. El Tribunal Supremo Electoral y toda su organización logística se mantuvo del lado de la defensa de la democracia. Resultaron clave como parte de este proceso las Juntas Electorales, reconocidas como las guardianas de la transparencia, y, por ende, de la legitimidad del proceso electoral, así como el voluntariado para asumir las fiscalías de Semilla, un partido que cuenta con pocos afiliados y baja implantación territorial. El voto ciudadano en la primera vuelta estuvo encabezado por jóvenes y ciudadanía especialmente urbana de algunas ciudades importantes del país y en la segunda vuelta se amplió hacia una ciudadanía más diversa en lo nacional, siendo relevante el apoyo de los pueblos indígenas ancestrales de varias regiones del país. 

La victoria del Movimiento Semilla en la segunda ronda responde a una combinación del voto protesta contra el sistema y a su percepción como posible fuerza salvadora de un sistema político electoral que parecía ya colapsado como mecanismo para restaurar la democracia dañada en sus más fundamentales principios. El programa de Semilla, enfocado en restaurar la independencia de los tres poderes del Estado y su deber en la función del bien común, así como la campaña mayoritariamente del partido en redes sociales y en segunda vuelta en mítines que conquistaron la confianza del electorado, acabó movilizando a jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, miembros de los pueblos indígenas, contando con la movilización de colectivos urbanos y rurales esenciales en el voto del país y en la defensa de la democracia. 

Asimismo, el Movimiento Semilla obtuvo mayor fuerza política en el Congreso de la República, pasando de 6 a 23 diputados electos y posicionándose como tercera fuerza política. Fue un factor determinante haber salido incólumes en el ejercicio del período anterior de un Congreso de la República marcado por el tráfico de influencias de esas redes lícitas e ilícitas, y respondiendo a sus propios intereses por una feroz depredación del erario nacional. 

No obstante, los resultados no fueron suficientes para conseguir una mayoría amplia en el Congreso, que continuará dominado por partidos del establishment de corrientes populistas de derechas conservadoras. Del mismo modo, Semilla por carecer de una estructura partidaria más robusta y porque a este y otros pequeños partidos les tocó competir contra la maquinaria de corrupción, las alcaldías mayoritariamente quedaron en manos de los partidos opositores. 

Pero la decisión contundente de la ciudadanía con su voto, especialmente en la segunda vuelta, parece importar poco para quienes todavía se esconden detrás de las acciones de un Estado cooptado, ya disminuido en su accionar por el convencimiento o arrepentimiento obligado de algunos otros sectores que fueron sus aliados. Sus acciones de hostigamiento y criminalización de actores claves en la defensa de la democracia no cesan en lo que el Presidente electo Arévalo ya denunció como un “golpe de Estado”⁵. Muchos fueron y siguen siendo los atropellos de persecución penal contra este proceso electoral que desde un Ministerio Público se orquesta en comparsa con actores de los más altos puestos de los poderes del Estado y poderes paralelos, señalados por actores como Estados Unidos como responsables de este régimen de corrupción y de ilegalidad. Los escenarios que se abren tras el 20 de agosto son, por tanto, múltiples e inciertos.

Los escenarios

1 – Movimiento Semilla es inhabilitado, pero Arévalo-Herrera son investidos

El Movimiento Semilla se constituyó en el nuevo blanco de una estrategia para tratar de quitarle su personería jurídica como partido político después del 25 de julio. La estrategia se intensifica frente al avasallador triunfo el 20 de agosto, la que, de no poder impedir que Arévalo y Herrera sean investidos, impedir que el Movimiento Semilla tenga bancada propia en el Congreso. De acuerdo con fuentes internas del partido, esto les impediría presidir y ocupar cargos en comisiones clave del Congreso, tener asesores o participar en la agenda legislativa de la cámara⁶. La administración Arévalo tendría, por tanto, muchas dificultades en siquiera tratar de impulsar reformas a través del grupo de su partido en el Congreso. Lo anterior dificultaría aún más la implementación de cualquier posible agenda reformista y dejando aún más vulnerable no solo al binomio presidencial sino a los miembros individuales del partido. 

De acuerdo con la argumentación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el sancionado internacionalmente Rafael Curruchiche y bajo el mando superior de la Fiscal General Consuelo Porras, el Movimiento Semilla habría sido fundado con 5000 firmas supuestamente, algunas de estas fraudulentas⁷. Siguiendo este razonamiento, esto debiera haber impedido la participación de Semilla y sus candidatos en la segunda vuelta electoral. Ante la suspensión del partido dictada por un tribunal penal, el Movimiento Semilla pidió un amparo a la Corte de Constitucionalidad que le fue concedido hasta que terminara el proceso electoral el 31 de octubre según lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral⁸. Sin embargo, tras la celebración de las elecciones y el mismo día de la certificación de Arévalo y Herrera como los futuros Presidente y Vicepresidenta, el también sancionado juez Fredy Orellana ordenó al Registro de Ciudadanos la suspensión temporal del Movimiento Semilla a instancias de la FECI⁹. 

La maniobra de quitarle la personería jurídica al Partido Semilla ha sido señalada por varios juristas de ilegal por representar un procedimiento a destiempo y totalmente fuera de la competencia de quienes lo realizan. La única instancia a la que le hubiera correspondido es al Tribunal Supremo Electoral, cuyos procedimientos se encuentran claramente establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y quien en última instancia suspendió la decisión¹⁰. Sin embargo, estos movimientos legales demuestran la clara voluntad de emplear cualesquiera artimañas jurídicas con escaso fundamento para atacar al Movimiento Semilla¹¹.

2 – Movimiento Semilla y Arévalo-Herrera son inhabilitados, el Congreso elige candidato

Los meses de noviembre y diciembre serán igualmente cruciales en el país. Tras el fin del período electoral el 31 de octubre de manera oficial, el presidente y vicepresidenta electos se encontrarán en una situación de especial vulnerabilidad. De acuerdo con la ley guatemalteca, el binomio ganador de las elecciones y declarado como futuro presidente-vicepresidente goza de inmunidad garantizada por el Tribunal Supremo Electoral hasta la toma de posesión en enero¹². Sin embargo, los desarrollos recientes hacen cuestionar que esta prerrogativa vaya a ser respetada. 

Por un lado, la FECI, y el Ministerio Público en general, ya han iniciado múltiples causas contra miembros del Tribunal Supremo Electoral, cuestionando su legitimidad y autoridad¹³. La inmunidad que el TSE pudiera garantizar al binomio electo sería, por tanto, deslegitimada e incluso no respetada. Esto, unido a la premisa de que la fundación del Movimiento Semilla sería fraudulenta y, por tanto, nunca hubiera concurrido a las elecciones, abriría la puerta a posibles causas judiciales de dudosa base contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera a pesar de que ninguno de los dos participó en la fundación del partido. 

Sea como fuere, de acuerdo con la Constitución de Guatemala, en caso de falta temporal o absoluta del Presidente, la Vicepresidenta asumiría su cargo (artículo 189). Sin embargo, en caso de falta permanente de ambos, será el Congreso quien nombre a un candidato con el voto favorable de dos tercios de la Cámara. La apertura del significado de una “falta temporal o permanente” puede desembocar en múltiples escenarios, con la posibilidad de que pudiera ser el Congreso del signo opuesto quien decidiera al próximo líder de la presidencia. 

3 – Arévalo-Herrera y Movimiento Semilla no llegan a la investidura 

En línea con lo último expuesto, es alarmante contemplar la amenaza del conocido como “Plan Colosio” para asesinar a Bernardo Arévalo o atentar contra cualquiera de sus miembros. El conocimiento de estas amenazas obligó al Movimiento Semilla a pedir medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas el 24 de agosto¹⁴. Esta amenaza no sería tan peligrosa si Guatemala fuera un país cuya historia no estuviera marcada por el asesinato, la desaparición forzada y las masacres, o de la existencia de poderes fácticos vinculados a estructuras del crimen organizado y el narcotráfico. De la misma manera, la amenaza cobra dimensiones más preocupantes si consideramos casos históricos y actuales en Latinoamérica que han logrado su objetivo de atentar y acabar con la vida de candidatos presidenciales a través de mafias coludidas con los organismos del Estado. 

Ante este suceso, de nuevo el Congreso estaría en potestad de nombrar al próximo presidente. Este sería el peor escenario posible, no solo por atentar contra la vida del binomio electo, sino por la probable oleada de consecuencias políticas, sociales y económicas sin precedentes que sumiría a Guatemala en una crisis de difícil resolución. 

4 – Arévalo-Herrera y Movimiento Semilla llegan a la investidura 

Finalmente, cabe la posibilidad de que el Movimiento Semilla gane los litigios presentados contra el partido, consiguiendo entrar en el Congreso como grupo político, así como que Arévalo y Herrera lleguen a tomar posesión. En este escenario, sin embargo, la gobernanza continuará siendo complicada por los motivos expuestos anteriormente: un Congreso de signo opuesto, una administración del Estado cooptada en su parte por los intereses de las élites¹⁵ y una desigualdad económica extrema debido a desajustes estructurales difíciles de cambiar en un solo mandato y sin apoyo del Congreso.

Tal y como ha sucedido en Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro enfrenta retos similares, Arévalo y su administración deberá responder a las expectativas de un pueblo que espera cambios significativos en cuanto a lucha anticorrupción y mejora de oportunidades, así como tejer alianzas entre la sociedad civil y el empresariado de manera transparente. 

La resistencia civil pacífica y el apoyo de la comunidad internacional, claves de bóveda

Ante estos escenarios, el futuro de Guatemala dependerá también de la acción de dos actores fundamentales y plurales: la sociedad civil del país y la comunidad internacional. 

Por un lado, seguirá siendo clave una ciudadanía activa, pero también que otros sectores silenciados por la amenaza del Estado cooptado hagan hacer valer sus voces y su organización sectorial y multisectorial a favor del respeto al voto ciudadano y, sobre todo, a la voluntad popular por el retorno a la transición democrática. Cabe destacar que comunidades de los pueblos originarios ya han expresado su apoyo a una transición de poder democrática y pacífica¹⁶, así como sectores empresariales democráticos¹⁷ y las cámaras empresariales tradicionales que finalmente han aceptado los resultados de las elecciones¹⁸, así como diversas comunidades de fe. De cumplirse que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman sus cargos el 14 de enero, el siguiente paso sería el inicio de verdaderos pactos sociales para sentar las bases de un país que combata frontalmente a la corrupción, la impunidad, y que con ello, se logre por fin orientar fuertes políticas de Estado en favor del bienestar social, especialmente de aquellos sectores más desfavorecidos. 

De fracasar la llegada al poder de Arévalo-Herrera, o de no producirse un manejo adecuado de las expectativas y el diálogo social, Guatemala puede vivir momentos de intensa actividad en las calles y, posiblemente, ver cómo muchos abandonan la esperanza de un futuro en el país y opten por migrar al Norte. 

Por otro lado, la comunidad internacional ha permanecido especialmente vigilante ante los hechos ocurridos antes, durante y tras la primera y segunda rondas electorales. El apoyo a un proceso electoral transparente y al respeto de la voluntad popular ha sido unánime a pesar de diferencias ideológicas, recabando apoyos de la mayor parte de gobiernos del continente americano y europeo y de expresidentes latinoamericanos y españoles de todo signo¹⁹. En particular, tres acto jres han desempeñado un papel clave: la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de visitas, repetidos pronunciamientos y una misión de observación electoral; la Unión Europea, también a través de rápidos comunicados y una misión de observación electoral; y Estados Unidos, respondiendo con una rapidez inusitada y publicando una nueva ronda de sanciones de visado para actores involucrados en casos de corrupción sistemática en el país²⁰.

Al contrario que en otras circunstancias, como el controvertido rol que jugaron estos actores en países como Bolivia o Perú ante ataques a sus democracias, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos parecen estar apoyando sin fisuras que se respete la voluntad popular expresada a través del voto y que el Presidente electo Arévalo pueda llegar a tomar posesión. El apoyo de todos estos actores, así como la solidaridad transnacional, ha sido y continuará siendo clave en cada uno de los escenarios presentados anteriormente. En primer lugar, la comunidad internacional debe continuar mostrando su compromiso inquebrantable con el respeto a la voluntad del pueblo de Guatemala. 

En segundo lugar, Estados Unidos y la Unión Europea pueden disponer de suficiente información para imponer sanciones focalizadas más severas para aquellos actores corruptos que estén saboteando una transición de poder pacífica y democrática. En el caso de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y de Estado pueden imponer sanciones financieras en virtud de la Ley Magnitsky a aquellos actores involucrados en serios actos de “violación de derechos humanos y corrupción”²¹. En el caso de la Unión Europea, el Consejo, a propuesta del Alto Representante, puede imponer sanciones de viaje y financieras a individuos con negocios y vínculos en países de la Unión Europea si los ataques a la democracia en Guatemala persistieran. La presidencia de España del Consejo hasta finales de año puede dar ímpetu a tales demandas, por lo que será fundamental observar los próximos movimientos de la diplomacia española. 

Pero más allá de considerar posibles sanciones, Estados Unidos y la Unión Europea deben recalibrar su apoyo económico a Guatemala. Para ello, ambos actores deben realinear la inversión de sus fondos para cooperación internacional en Guatemala para que, en conjunción con la futura administración Arévalo, se alinee plenamente con las necesidades de las comunidades más necesitadas en el país, tal y como estos autores plantearon en un informe previo²². Del mismo modo, la Administración Biden-Harris y los diversos gobiernos europeos deberán replantear los ejes de sus relaciones comerciales, apoyar técnicamente en el diseño y colaborar en políticas que combatan las brechas económicas, étnicas y de género en un país con una tasa de pobreza multidimensional del 61.6% según Naciones Unidas²³. Estas deberán ser prioridades de estos países en organizaciones multilaterales de financiación como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

Finalmente, los países miembros de la OEA, en virtud del artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, pueden solicitar la toma de medidas urgentes, incluyendo buenos oficios de la OEA y/o la suspensión e incluso expulsión de un país miembro por una ruptura grave del orden democrático interno. Estas medidas suelen ser un espaldarazo moral para la sociedad civil del país en cuestión.

En definitiva, Guatemala se enfrenta a una encrucijada que no sólo determinará el futuro del nuevo gobierno en el país, sino el futuro de su dañada democracia en general. El apoyo interno e internacional serán clave en meses que marcarán de qué lado se sigue inclinando la balanza en Centroamérica: si del autoritarismo y la cooptación de los Estados por las élites, o si de un posible freno al retroceso democrático.