El llamamiento de la juventud por el clima

Este artículo será el punto de partida del Miércoles del GC de esta semana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España Teresa Ribera.

El año de 2022 fue, con una diferencia de 0,7 grados con respecto al último récord, el año más cálido de la historia. ¿Sorprende? Cada vez menos. Y es que parece que hemos dejado de tratar la emergencia climática como la emergencia que es y hemos pasado a pensar que es la nueva normalidad climática, como si de un nuevo orden mundial con el que pudiéramos convivir fuera. Y eso no nos vale.

Según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, las emisiones de gases de efecto invernadero -esas olvidadas que son la principal causa del cambio climático- aumentaron en 2022 un 5,7% en comparación con 2021¹. Por supuesto, no provienen igualmente de todos los sectores ni de todas las empresas. En particular observamos como, debido a múltiples factores pero principalmente la guerra de Ucrania y los mecanismos activados para contrarrestar los efectos de la misma, las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción eléctrica han aumentado un 23% con respecto al año pasado². 

En el plano empresarial, el Observatorio constata que a pesar de esta situación desastrosa algunas empresas tienen más compromiso que otras. En particular, su último estudio muestra como dentro del sector eléctrico, empresas como IBERDROLA mantuvieron constantes sus emisiones y que otras aumentaron sus emisiones, como por ejemplo ENAGAS un 111%; NATURGY un 53%; EDP un 32%; ENDESA un 24% y dentro del sector petrolero, REPSOL aumentó un 16% y CEPSA se mantuvo constante.

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Los efectos de estas emisiones y de nuestro estilo de vida ya son conocidos: subida de temperaturas con su consecuente subida de nivel del mar, alteración de los ecosistemas, sequía, etc. y, efectivamente, las soluciones también son conocidas. Sin embargo, por mucho que las cartas llevan rato sobre la mesa, la situación continúa siendo preocupante e, irónicamente o no, la ciudadanía comienza también a dar señales de hartazgo.

En particular, la juventud -esa parte de la población que va a sufrir las consecuencias de una emergencia climática sin precedentes- no puede más. En cifras: según la última encuesta de El Futuro es Clima, 82,1% de la juventud encuestada siente haber sufrido ecoansiedad: el 39,8% dicen haberla sufrido alguna vez y el 26,7%³ frecuentemente. Tal y como dice la activista eco-feminista Ineza Grace “Mi ansiedad proviene, principalmente, de lo que sé.” Y lo que sabe la juventud es que no vamos por el camino correcto. 

Una mirada a escala internacional

Si hacemos un repaso desde el nivel más internacional a las medidas nacionales, nos encontramos con la siguiente situación: en la última COP, aquella que se recuerda como la convención que terminó con los peores resultados, la juventud consiguió un hito crítico pero desgraciadamente insuficiente. En el acuerdo final, en el párrafo 51⁴ se menciona la necesidad de tener en cuenta en la juventud a la hora de tomar este tipo de decisiones. A pesar de que sea un hito histórico, es una tirita. Algo cosmético que no parezca que vaya a desembocar en cambios estructurales. 

A pesar de que en las COPs la ambición brille por su ausencia, en el plano europeo vemos que sí que se están tomando pasos en la dirección correcta, ya que se han dado cuenta que no es necesario mencionar en sus textos a la juventud para trabajar a favor de ella. El pasado mayo de 2022, la Comisión Europea presentó el plan REPowerEU, su plan de choque contra la crisis derivada de la invasión Rusa. Estas medidas, que en principio buscan luchar contra una situación temporal, están diseñadas con una mirada larga, buscando una independencia energética⁵ a través de las energías renovables y la electrificación. 

Además, hace pocas semanas pudimos conocer la propuesta final de reforma del mercado eléctrico. Una reforma que tiene como ambición atajar una de las cuestiones -o mejor dicho, la más- importantes del momento: optimizar el diseño del mercado europeo de la electricidad para así poder atraer las inversiones necesarias para que la transición energética hacia un futuro renovable sea rápida y eficaz⁶.  

La propuesta Europea dista de la española en varios aspectos, pero cuenta con el apoyo de países como Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos. Esta reforma protege a los consumidores al tiempo que respeta la seguridad jurídica y el marco común europeo para atraer las inversiones necesarias en descarbonización e incremento de la independencia energética. 

La situación española

Finalmente, si bajamos al plano nacional, vemos que aún quedan muchos flecos sueltos. A pesar de que las energías renovables -eólica y fotovoltaica en particular- hayan batido el récord de generación en 2022⁷, y que España es uno de los diez países del mundo donde más inversión se realiza en energías renovables, con 25.000 millones de euros de inversión⁸, facilitando un mix energético altamente descarbonizado, no debemos dormirnos en los laureles.  

La última subasta de renovables fue un fracaso. De los 3.300 MW que había disponibles, tan solo se acabaron adjudicando 50 MW⁹. Tanto las empresas¹⁰ como instituciones apuntan hacia una dirección: hay que tener cuidado con las intervenciones en el mercado, ya que demasiado intervencionismo es visto como una amenaza para la seguridad jurídica y, por ende, las inversiones. En particular, según el último informe de la Comisión Europea¹¹, se insta a España a no prorrogar aquellas medidas relativas al tope de precios de las energías inframarginales (renovables, cogeneración) de 180 euros en Europa (67 euros en España), a la reducción de la demanda y sobre los precios regulados por debajo de coste para los hogares, microempresas y pymes.

Asimismo, el tope del gas, la medida estrella para abaratar los costes de la invasión de Ucrania ha dado lugar a un abaratamiento de la factura, pero también ha traído de vuelta el incentivo para su uso. Organismos como el Fondo Monetario Internacional nos han advertido de ello y recomiendan su retirada si no queremos mandar las señales contrarias a los consumidores y productores de energía¹². 

Como vemos, a pesar de algunos avances e inversiones en la dirección correcta, las medidas distan mucho de lo que la juventud pide, que son actos de valentía y generosidad con el futuro. Si no queremos que haya un hartazgo generalizado por parte de la juventud, pero también de toda la sociedad civil, hay que ponerse manos a la obra. 

Una propuesta transversal

Todas estas soluciones pasan por una propuesta transversal: articular un diálogo constante con todos los agentes implicados, incluyendo a la juventud como uno de ellos. En particular, desde Talento para la Sostenibilidad, y en el marco de la presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, defendemos lo siguiente:

En primer lugar, es imperativo acelerar la descarbonización de la economía -no solo de la producción de energía- a través de la electrificación proveniente de energías renovables. Estas inversiones nos permitirán dejar de importar energías sucias y fósiles. Por lo tanto, debemos aumentar la inversión en energías renovables autóctonas. Esto no solo nos facilitará una transición verde sino una autonomía estratégica que nos blindará de futuros riesgos geopolíticos en materia de energía.

Además, es necesario destacar que debido al aumento de los costes del CO2 y el abaratamiento de las inversiones en energías renovables, no solo conseguiremos independencia energética sino un aumento de la competitividad de nuestras empresas. En este sentido, la reforma del mercado eléctrico propuesta por la Unión Europea ya fomenta los pasos en esa dirección y España, durante su presidencia, tendrá la responsabilidad de garantizar que la reforma responda a las demandas de todos los sectores de sociedad civil, la industria y, por supuesto, las necesidades de la descarbonización.

Pero, atención, no solo debemos alentar la inversión en la producción de energía verde sino también en su almacenamiento. No habrá independencia de Rusia ni de los combustibles fósiles si no nos damos cuenta de la importancia que supone el almacenamiento en la transición energética.

Por supuesto, consideramos que este despliegue de energías renovables y de sus sistemas de almacenamiento hay que realizarlos considerando las peculiaridades del territorio y velando por la protección y cuidado de la biodiversidad.

En particular, el sistema de almacenamiento por bombeo cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo que en 2020 votó masivamente a favor de un informe de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA)¹³ que destacaba el potencial no aprovechado de este tipo de almacenamiento energético que es neutro en carbono y altamente eficiente. Debemos promover mecanismos que fomenten la inversión en  estas tecnologías pero también su investigación para poder innovar en nuevos sistemas.  

No podemos olvidar que si queremos que toda esta energía renovable y almacenada correctamente llegue a nuestras economías y casas, debemos articular un despliegue eficiente y suficiente de las redes de transporte y distribución de la electricidad. Sin este despliegue el resto de avances serán en vano, ya que para descarbonizar la economía necesitamos ser capaces de proporcionar tal electricidad a todos los rincones del país -y a otras naciones a través de las interconexiones eléctricas-. 

En este sentido, España tiene un rol crítico para permitir una revolución industrial verde en todo el territorio nacional y europeo que cuide el mercado interior y no lo distorsione. 

Así, urge abrir el debate y reformar la fiscalidad del sector energético. Es imposible plantearnos una neutralidad climática y alcanzar cualquier tipo de objetivo del Pacto Verde Europeo en 2050 si continuamos con un sistema fiscal que beneficia a los combustibles fósiles. 

Por eso, debemos dar la vuelta al sistema y abrir la puerta a una regulación europea en la que la imposición de los diferentes productos energéticos refleje su impacto ambiental, siendo el principal factor las emisiones de gases de efecto invernadero, gases contaminantes y partículas sólidas a la atmósfera.

España debe abrir camino para que la Unión Europea formule una reforma de la Directiva sobre la fiscalidad de la energía que se rija por el principio de “quien contamina paga”. Necesitamos que la fiscalidad mande las señales correctas a los consumidores. En este sentido, en España contamos con las  propuestas de la Comisión de Expertos para la Transición Energética de 2018¹⁴. Su presidente, Jorge Sanz, recalca la necesidad de mejorar las señales de precios a los consumidores a la vez que  garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético. En este sentido, destaca que “Si un impuesto es predecible, es más fácil que los agentes económicos se animen a hacer esas inversiones” y a su vez permitirnos que no haya pérdidas en la recaudación ni un incremento de la presión fiscal¹⁵.

Esta reforma de la fiscalidad ya tiene un precedente en el que sostenerse: la famosa Declaración de los economistas sobre los dividendos del carbono¹⁶ -entre los que figuraban 28 premios Nobel y personalidades que ocuparon y ocupan puestos de primer nivel en el Gobierno Federal- publicada en el Wall Street Journal en 2019.

En la declaración se explica como la descarbonización menos costosa para los ciudadanos se debe articular en torno a un impuesto sobre las emisiones de CO2, complementada a su vez por medidas que protejan la competitividad de las empresas como un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Además de reformar la fiscalidad, es necesario retirar cualquier tipo de ayuda pública -y desincentivar la financiación privada en combustibles fósiles de acuerdo con la taxonomía verde europea- a las empresas intensivas en carbono al mismo tiempo que facilitemos su transición al net zero.

Pero no olvidemos que debemos tener una transición energética justa, por lo que se propone que los dividendos resultantes del nuevo gravamen sean devueltos a los ciudadanos para hacer frente a los costes de la transición energética.

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Como ya adelantaba, ninguna medida de estas será bien recibida por la ciudadanía si no está implicada desde el principio en su elaboración, teniendo en especial consideración los colectivos vulnerables. Debemos, como país pero también como Unión Europea, articular una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de gobernanza climática. Los mecanismos disponibles son varios y ya testados:  asambleas ciudadanas, presupuestos participativos o el mismo advocacy directo que proyectos como Talento para la Sostenibilidad desarrollamos. 

Finalmente, para poder llegar a todos los rincones y difundir la gran oportunidad que es la transición ecológica y energética para todos, debemos elaborar un plan europeo específico de divulgación sobre la crisis climática para los medios de comunicación públicos -incluyendo redes sociales- esto ya se realizó durante la COVID-19 para prevenir la diseminación de información falsa. Debemos establecer el mismo tipo de medidas para poder ofrecer a la ciudadanía información didáctica y verídica sobre la emergencia climática, sus causas, consecuencias, y acciones que todos como ciudadanos podemos y debemos tomar. Hay que educar.

En definitiva, aún tenemos mucho camino por recorrer. La juventud ya ha alzado la voz y es responsabilidad de todos tenerles en cuenta. El tiempo apremia y la paciencia se agota.