Diez puntos para entender las elecciones de Guatemala de 2023

1 -Situación de la democracia en Guatemala en 2023 

Guatemala, al igual que otros países latinoamericanos atraviesa un proceso de fatiga del sistema democrático reflejado en una sintomatología múltiple que va desde la cooptación del Estado por parte del denominado “pacto de corruptos” hasta la inoperancia total del gobierno para paliar la crisis en sus vertientes económica y sanitaria. El resultado es el deterioro de las instituciones del Estado, dirigidas además por personas sin capacidades ni formación para el ejercicio del poder público y con poca capacidad de formulación y ejecución de políticas públicas, tal como se vio reflejado durante la pandemia de la COVID-19. 

Otros aspectos que denotan la fatiga de la democracia se vinculan con la opacidad en el gasto público así como la persecución a líderes políticos opositores, de defensores de Derechos Humanos, periodistas y operadores de justicia que en su momento formaron parte de la lucha contra la corrupción. 

Asimismo, esta erosión del sistema democrático se ha visto reflejada en múltiples jornadas de protestas y estallidos sociales en contra del actuar de los últimos tres gobernantes -Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei-. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19, la opacidad en el sistema de justicia, la cooptación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -la única universidad pública del país-, entre otros, fue argumentos de las movilizaciones que desembocaron en la criminalización y la persecución penal de los líderes de la sociedad civil que participaron en las protestas.

Los diferentes índices que miden la calidad de la democracia en América Latina sitúan habitualmente a Guatemala en los últimos lugares superando únicamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

2 – Rasgos característicos del gobierno de Giammattei

Desde la llegada de Jimmy Morales al poder en 2015 se inició un proceso de desmantelamiento de las instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción que habían sido implementadas con apoyo internacional. Tal fue el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la correspondiente Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI), en las que se registró la expulsión del país del Comisionado Contra la Impunidad y que derivó en la persecución y el exilio de los fiscales contra la corrupción, siendo el primero en salir Juan Francisco Sandoval, quien fungía como jefe de dicha fiscalía. 

A estas acciones les dio continuidad el gobierno de Alejandro Giammattei a partir de su toma de posesión en 2019 ampliando la persecución a operadores de justicia. Jueces, fiscales y abogados debieron exiliarse, y simultáneamente se inició una persecución política en contra de un nutrido grupo de periodistas entre los que se encuentran Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Michelle Mendoza, Steff Arreaga y las hermanas Lucía y Andrea Ixchiú, y que concluye por ahora con el caso emblemático del director de El Periódico, José Rubén Zamora quien acaba de ser condenado a 6 años de prisión inconmutables como represalia al ejercicio periodístico independiente, caso que ha abierto líneas de investigación contra otros periodistas y columnistas del extinto matutino y otros medios informativos independientes. 

También se ha caracterizado por el inicio de persecución penal en contra de líderes de oposición política en el contexto del proceso electoral que se celebra este año; tal es el caso del diputado Aldo Dávila a quien le aparecen vigentes 6 procesos de antejuicio, motivo por el cual el TSE le revocó la inscripción de su candidatura como diputado por el partido VOS y Juan Francisco Solórzano Foppa, quien era candidato a la alcaldía de Ciudad de Guatemala por la coalición Foppa por la ciudad, conformada por los partidos Winaq, Movimiento Semilla y URNG-Maíz, quien además fue abogado del periodista José Rubén Zamora y actualmente se encuentra afrontando un proceso penal en su contra; en su caso es importante destacar que durante su gestión como Superintendente de la Administración Tributaria, logró mejorar la recaudación de impuestos e inició procesos administrativos para cobrar impuestos a mega empresas que tributaban fraudulentamente.  

En todo caso, se puede afirmar que el rasgo característico del gobierno de Alejandro Giammattei está marcado por acciones violatorias de garantías constitucionales y un proceso de regresión en materia de protección de los Derechos Humanos y deterioro del Estado Constitucional de Derecho.

3 – Problemas con raíces profundas

El principal problema en Guatemala sigue siendo la pobreza y la desigualdad; para diciembre de 2022, según datos del Banco Mundial, el 59% de la población vive en condiciones de pobreza con casos de desnutrición crónica y aguda y sus consecuencias, y un 35% sobrevive por las remesas enviadas desde el exterior¹. Guatemala, después de México, es el segundo país latinoamericano receptor de remesas. En abril pasado se registraron 6 muertes de menores por desnutrición aguda, 4 de los registros ocurrieron en el Departamento de Alta Verapaz², que es uno de los tres departamentos con mayor incidencia de pobreza y desigualdad del país. 

En otro ámbito es destacable el deterioro de las instituciones públicas, reflejado, entre otros, en hechos como el otorgamiento de concesiones de licencias de exploración y explotación minera a transnacionales dedicadas a la extracción minera a cielo abierto, otorgadas de forma anómala (por medio de sobornos que estaban siendo investigados por la FECI) y en detrimento del medio ambiente, como parte de las tramas de corrupción del país durante el gobierno de Alejandro Giammattei y que fue detonante del exilio del Fiscal Sandoval³. Igualmente se registran casos de malversación de fondos públicos, como se ha evidenciado con relación a los otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de 9 hospitales regionales⁴.

4 – El caso singular de la situación de la justicia

El sistema de justicia guatemalteco tiene un proceso cíclico de elección de las Cortes por medio de Comisiones de Postulación en virtud del cual cada 5 años deben elegirse: Magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.

El deterioro del sistema de justica se evidencia a partir del hecho de que el 13 de octubre de 2021 se cumplieron 2 años sin elección de cortes -debieron elegirse en 2019-, situación que se mantiene hasta la fecha; ello es parte de un entramado de corrupción conocido e investigado por la FECI de Juan Francisco Sandoval como “Comisiones Paralelas” por medio de las cuales se hicieron negociaciones por las redes de poder, al margen de los procesos de elección de las cortes para establecer magistrados que debían postular las comisiones en beneficio de las redes de cooptación del Estado⁵.

Así, permanecen en la CSJ y en las Cortes de Apelaciones, magistradas y magistrados que debieron ser relevados en 2019, varios de ellos, no solo con señalamientos de corrupción, sino además con inmunidad política levantada y procesos de persecución penal iniciados, como en el caso de la magistrada de la CSJ Blanca Stalling investigada desde 2015 por nexos con redes de corrupción⁶ quien, gracias al desmantelamiento de las instituciones de lucha contra la corrupción y sustitución de los fiscales en el exilio, logró revertir sus procesos de persecución penal e incluso hasta su reinstalación en la Corte en 2022⁷.

Bajo el mismo procedimiento de elección por medio de comisiones de postulación se eligen Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no reúnen los requisitos que la ley establece para los cargos para un período de 5 años respectivamente y siempre con opción a reelección. Y también a quien será Fiscal General  y Jefe del Ministerio Público para un período de 4 años, con opción a reelección.  

5 – Elecciones Generales del 25 de junio de 2023

El sistema electoral guatemalteco establece que cada cuatro años se realizan Elecciones Generales de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, convocada además por medio de un Decreto de Convocatoria a elecciones del Tribunal Supremo Electoral publicado en el mes de enero del año electoral⁸.

El mismo día y mediante voto facultativo se eligen: Presidente y vicepresidente; 32 diputados al Congreso de la República por Listado Nacional; 125 diputados al Congreso de la República representando 23 distritos electorales (el número de diputados por distrito electoral está determinado por la cantidad de personas empadronadas en cada distrito electoral); 340 corporaciones municipales (para el caso de los municipios con más de cien mil habitantes, se ha establecido en el del Decreto 1-2023 de Convocatoria a Elecciones, un alcalde, tres síndicos, diez concejales titulares, un síndico suplente, y cuatro concejales suplentes). Por último, se eligen 20 diputados al Parlamento Centroamericano, siendo un total de 21 diputados, perteneciendo la casilla 21 al presidente saliente en cada período que de esta forma asegura su inmunidad. El Presidente es elegido por mayoría absoluta a doble vuelta mientras que el criterio de representación proporcional con listas cerradas rige para la elección del Legislativo.

Un papel extraordinariamente importante en el proceso electoral lo juegan, entre otros, las redes de poder de los actores políticos, basadas en clanes familiares que trascienden el seno de los partidos políticos y los vinculan entre sí, en la búsqueda de ser reelectos o conseguir cargos públicos por primera vez; estas redes además se construyen en base de los cacicazgos en los territorios de los gobiernos locales, los cuales buscan usar a los partidos políticos como el vehículo electoral para tomar los concejos municipales y las curules del Congreso de la República por medio de los listados distritales y nacional; muchos de ellos, con señalamientos de nexos con el crimen organizado. Prensa Libre logró detectar al menos 34 redes/clanes familiares que conforman este entramado en el proceso electoral de 2023⁹.

6 – Situación de los Partidos Políticos

El sistema de partidos políticos de Guatemala está profundamente erosionado y fragmentado mostrando uno de los niveles de menor institucionalidad en toda América Latina. En la actual contienda electoral participan 26 partidos políticos, la mayoría, compartiendo origen en los partidos de los inicios de la era democrática de finales de la década de 1980, muchos de los cuales tienen origen, además, en los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos -CIACS-, que con el paso del tiempo, se fueron configurando en Redes Político-Económicas Ilícitas -RPEI-, establecidas, para la cooptación del Estado como señaló la CICIG, en la presentación del informe “Guatemala, un Estado Capturado”¹⁰.

De los 26 partidos políticos existentes a inicios de mayo de 2023, 23 participaban postulando binomios presidenciales, habiendo quedado fuera de la contienda previamente, los binomios de los partidos MLP, PODEMOS y PODER.

Es importante mencionar, que a finales del mes de mayo, también quedó fuera, por tecnicismos jurídicos y procedimentales, el outsider Carlos Pineda que iba puntero en las encuestas de opinión, como candidato a la presidencia por le Parido Prosperidad Ciudadana¹¹. 

7- Los candidatos

El fallo de la Corte de Constitucionalidad, que impide la participación de Carlos Pineda en las elecciones del 25 de junio, no solo lo deja fuera a él, sino a todas las candidaturas de Prosperidad Ciudadana debido a anomalías detectadas en las asambleas extraordinarias de nominación de candidatos.

Esto reconfigura todo el proceso en términos de redistribución de votos huérfanos, tanto de Prosperidad Ciudadana como de simpatizantes de Pineda, entre los demás partidos que continúan en el proceso.

Partiendo de esta base, y tomando en cuenta los resultados de las últimas encuestas de opinión publicadas en mayo, es necesario mencionar tres punteros que son parte del pacto oficialista y que, por consiguiente, aseguran la continuidad: Sandra Torres, del partido UNE, Zury Ríos, de la alianza VALOR-Unionista y Edmond Mulet, del partido Cabal; pero, debido a la expulsión de las candidaturas recién citadas empiezan a subir en las encuestas partidos de oposición entre los cuales destacan las figuras de Manuel Villacorta, con el partido VOS (que es partido que surge de bases de la UNE), y Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, quien es hijo del ex presidente del gobierno democrático de la Revolución de 1944, Juan José Arévalo Bermejo.

8 – Los programas

Los programas de gobierno presentados y la retórica utilizada en la campaña son en gran medida populistas. Zury Ríos defiende una propuesta de gobierno que gira alrededor de implementar lo que denomina “el Modelo Bukele” dirigido a crear y fortalecer una estrategia de seguridad nacional¹², que le lleva a insistir en la restauración de la aplicación de la pena de muerte. Sandra Torres,ofrece la continuidad de los programas sociales implementados durante el gobierno de la UNE (2008-2012) implementados bajo el mando del ex presidente Álvaro Colom del que fue esposa. El tercero de los candidatos referidos, Edmond Mulet, cuya trayectoria pública previa se llevó a cabo en el ámbito de organismos internacionales, ofrece como parte de su plan de gobierno un programa de jubilación universal en virtud del cual, todos los guatemaltecos a partir de los 65 años de edad, sin mayor trámite, recibirán 500 quetzales (unos US$70) por parte del gobierno, un programa de medicina gratuita para todos los guatemaltecos, apoyo económico a madres solteras y becas universitarias.

Por su parte, los dos candidatos que han subido más en las encuestas de las últimas fechas presentan otro tipo de propuestas de carácter más programático. Manuel Villacorta ofrece como parte de su plan de gobierno mejoras en la Policía Nacional Civil, ampliación de la red vial, una Ley de Aguas y programas para el cuidado de la red hídrica del país. Por su parte, el plan de gobierno de Movimiento Semilla, presentado por Bernardo Arévalo, tiene 10 ejes de trabajo, que incluyen: políticas de desarrollo social, protección, asistencia y seguridad social, lucha contra la desnutrición, mejorar la infraestructura económica, la tecnología e innovación; políticas dirigidas a garantizar seguridad democrática, cuidado de la naturaleza, apertura de fronteras para la ciudadanía, entre otros¹³.

9 – Incidencias durante la campaña

A diferencia de procesos anteriores, la campaña electoral 2023 se ha desarrollado de una manera más pacífica aunque se ha mantenido la disparidad en términos de capacidad económica para la campaña. Así, el techo de campaña establecido por el Tribunal Supremo Electoral quedó fijado en un monto de US$4,5 millones para la campaña de cada partido político (un total de US$650.000 más que para el proceso electoral 2019), y de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cada partido podrá gastar US$0.50 por cada persona empadronada a nivel nacional, mientras que los comités cívicos solamente US$0.10 por el total de empadronados en sus respectivos municipios¹⁴. Sin embargo en toda la propaganda de tierra y manejo de redes sociales, la disparidad en términos de material de campaña es evidente entre los partidos tradicionales y los partidos emergentes y de oposición que escasamente tienen material para promocionar sus candidaturas (anuncios pagados en radio, vehículos publicitarios, vallas, carteles, mantas, etc.).

En términos de conflictividad en el proceso electoral, se han identificado 5 focos que podrían ser generadores de hechos de violencia como en el caso de las fricciones entre la alcaldía indígena Ixil y el gobierno municipal de Nebaj (en Quiché); la zona de conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá); fricciones entre la población y el concejo municipal del municipio de Antigua Guatemala; la zona de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán (San Marcos) y posibles medidas de hecho por parte de veteranos del ejército. Además, en Alta Verapaz se dio un hecho de violencia entre integrantes del partido UNE y una simpatizante del partido Valor-Unionista en el que hubo violencia verbal, física y disparos de arma de fuego por parte de una simpatizante del partido de Zury Ríos, durante un mitin en la región de El Polochic, territorio en disputa entre cacicazgos y redes familiares de ambos partidos¹⁵.

10 – Las encuestas

Carlos Pineda a primeros de mayo y antes de quedar fuera de la contienda, como ya se señaló, acumulaba un 23% de intención de votos, seguido por un triple empate entre Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos (10,4%, 10,3% y 10% respectivamente), según la encuesta de la agencia ProDatos, publicada por Prensa Libre. La encuesta de de la misma firma del jueves 22 de junio de 2023, a tres días de las elecciones, sostiene que Torres tiene la mayor intención de voto con un 21,3%, seguida de Mulet con un 13,4% y de Ríos con un 9,1%; el sondeo hace énfasis en que existe un aumento en la intención de voto nulo, siendo que en abril un 6,3% de la población decía que votaría nulo mientras que ahora el 13,5% votaría nulo y un 14,8% dejaría las papeletas en blanco¹⁶.

Todo parece indicar que las dos candidaturas que pasen a la segunda vuelta lo harán con un apoyo que en conjunto puede ser inferior al 40% del electorado, algo que ya sucedió en comicios anteriores. La participación electoral, inferior a los dos tercios del censo se verá también afectada por el incremento del voto nulo yen blanco. Paralelamente se mantendrá un Congreso muy fragmentado integrado por bancadas con una identidad muy laxa y sin apenas disciplina de voto. Ninguna fuerza política tendrá mayoría.