El futuro político del gobierno de Lula se juega en la Amazonia

• Los primeros meses del mandato de Lula estuvieron marcados por una política proactiva en favor de la Amazonia: la creación sin precedentes de un Ministerio para los Pueblos Indígenas, una operación humanitaria para rescatar a los yanomami, la lucha contra la minería de oro, la propuesta de acoger la COP30 en la ciudad de Belém -a las puertas de la Amazonia- y la reanudación del Fondo Amazonia. Sin embargo, desde el 23 de mayo, el Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado) maniobra para reescribir estas políticas en línea con objetivos que recuerdan a los del antiguo inquilino del Palacio de Planalto, Jair Bolsonaro. 
• La política medioambiental generó debate después de que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) rechazara el 17 de mayo conceder una licencia de perforación a Petrobras en la bahía de la desembocadura del Amazonas. Esta decisión adquirió tal importancia que la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, llegó a defender su gestión, explicando que no se trataba de una oposición ideológica a cualquier forma de explotación de la Amazonia¹.

El 23 de mayo, una comisión parlamentaria mixta formada por diputados y senadores aprobó la medida provisional (MP) 1154, destinada a reorganizar la «Explanada de los Ministerios» (en referencia a la avenida central de Brasilia a lo largo de la cual se alinean todos los ministerios): incluidas las competencias del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Pueblos Indígenas. En virtud de esta medida provisional, la demarcación de las tierras indígenas se transferirá del Ministerio de Pueblos Indígenas al Ministerio de Justicia, dejándole únicamente las prerrogativas de defender y gestionar dichas tierras. El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, perdería la gestión del catastro ambiental rural y de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Público². En la práctica, los cambios previstos por esta medida provisional volverían a una organización administrativa similar a la vigente bajo el gobierno de Bolsonaro. Marina Silva declaró que se trataba de un intento de «establecer el gobierno de Bolsonaro dentro del gobierno de Lula». 

• Al mismo tiempo, el 24 de mayo la Cámara de Diputados votó a favor de una solicitud de aprobación urgente de la propuesta de ley 490/07 sobre el marco temporal para la demarcación de las tierras indígenas³. Esta propuesta incluye dos medidas clave: que las tierras indígenas se definan según su ocupación en el momento de la proclamación de la actual Constitución brasileña, el 5 de octubre de 1988, y que esta demarcación deje de estar a cargo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y pase a ser competencia del poder legislativo⁴. La primera medida aumenta los criterios restrictivos para la demarcación de tierras. Tendría que demostrarse que la tierra está habitada de forma permanente desde 1988, que se utiliza para actividades productivas y que su demarcación es necesaria para la preservación de los recursos naturales y la reproducción física y cultural, elementos difíciles de proporcionar a pueblos que tienen poco (o ningún) contacto con el mundo exterior y no están integrados en la sociedad de consumo. 
• La segunda medida, justificada por el hecho de que se trata de una cuestión que va más allá de la mera política indígena, es comprensible dada la influencia tan significativa del lobby del agronegocio en el Congreso Nacional, al que le gustaría poder influir en la demarcación de las tierras. 

Sin embargo, estas maniobras políticas no serían posibles sin la aprobación tácita del propio Lula, que con toda seguridad busca asegurarse aliados en el centrão -un grupo de pequeños partidos políticos sin ideología que forman parte de la mayoría de las coaliciones de gobierno. 

• La relativa debilidad del Partido de los Trabajadores en el Congreso (no tiene mayoría absoluta) hace que estas peligrosas alianzas sean un requisito indispensable para que el ejecutivo pueda gobernar. Dado que Marina Silva es una de las principales figuras del ala más izquierdista del bando de Lula, su salida acercaría al Gobierno al centro del espectro político. Cabe destacar que la cuenta de Twitter del Partido de los Trabajadores en el Senado celebró la medida provisional⁵.

Este deseo de acercarse a estos partidos se ve reforzado por una divergencia creciente entre Lula y Marina Silva⁶. La negativa a conceder una licencia a Petrobras en la desembocadura del Amazonas no es del agrado del Presidente de la República, que aboga por el desarrollo económico de la Amazonia⁷, a riesgo de hacer concesiones en política medioambiental – también quiere relanzar esta empresa pública estratégica, que ha ido perdiendo impulso desde la campaña anticorrupción Lava Jato.

• El hecho de que su ministro no hubiera sido informado previamente de la decisión del IBAMA habría sido visto como una traición por parte de Lula. En 2008 se produjo una crisis similar entre ambas figuras, que provocó la salida de Marina Silva del mismo ministerio. 

Por tanto, es probable que estas maniobras provoquen cambios en Brasilia. En este momento, la dimisión de Marina Silva parece muy probable, pero podría ir seguida de la de otros ministros de la izquierda del bando presidencial, como Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, que se ha mostrado muy crítica con esta nueva orientación de la política medioambiental de Lula, y cuyo ministerio quedaría sin sentido con la medida provisional.

• Estos cambios internos también tendrán repercusiones en el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur. La cuestión medioambiental, en particular la protección de la Amazonia, había sido muy utilizada bajo el mandato de Jair Bolsonaro para bloquear las negociaciones y obligar a Brasil a tomar medidas concretas al respecto. Las concesiones de Lula a la franja proexplotación de la Amazonia en el Congreso podrían suponer una mayor ralentización de las negociaciones con los europeos.

Por último, una persona sigue ausente de estas maniobras políticas: Jair Bolsonaro. El expresidente, de vuelta en Brasil desde el 30 de marzo, intenta erigirse en líder de la oposición pero, sin mandato electoral, no lidera este proceso legislativo. Por el contrario, Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados y próximo a Bolsonaro, defiende con firmeza la medida cautelar.