El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión, que fija una senda presupuestaria para los países miembros, se suspendió durante la pandemia de Covid-19.
La propuesta de la Comisión mantiene los umbrales del Pacto (3% de déficit público y 60% de deuda pública). Para cada Estado miembro con un déficit o una deuda públicos superiores a los umbrales, la Comisión propone publicar una «senda técnica» específica para cada país a fin de garantizar que vuelvan a situarse por debajo de los umbrales.
- Deberá aplicarse un ajuste presupuestario mínimo del 0,5% del PIB al año mientras el déficit se mantenga por encima del 3% del PIB; los países con una deuda pública superior al límite máximo del 60% del PIB sólo podrán aumentar su gasto neto anual por debajo del crecimiento de la producción a medio plazo, con el fin de garantizar la reducción de la deuda.
- Esta obligación de los Estados, que no figuraba en la propuesta original de la Comisión, es una concesión explícita a Alemania.
- Para los Estados miembros con importantes problemas de deuda pública, cualquier desviación de la senda de ajuste presupuestario acordada dará lugar a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo; el incumplimiento de los compromisos podría dar lugar a una reducción del periodo de ajuste presupuestario (fijado en 4 años por defecto).
La propuesta, que no fija ningún objetivo numérico de reducción de la deuda europea para los países que no tienen déficit excesivo, suscitó inmediatamente las críticas de Alemania, que quiere que los 27 países de la Unión Europea fijen un objetivo mínimo de reducción de la deuda del 0,5% del PIB al año (1% para los países más endeudados).
- Para el Ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, la propuesta «no satisface todavía las exigencias del Gobierno alemán» y «aún son necesarios ajustes significativos».
- Christian Lindner, que ha invertido mucho capital político en este debate, es partidario de volver estrictamente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento; en repetidas ocasiones se había mostrado contrario a la utilización de programas individualizados de reducción de la deuda, temiendo que se concediera demasiada flexibilidad a los países endeudados.
- La Comisión, consciente de la disparidad de volúmenes de deuda en la Unión -de más del 170% del PIB en Grecia al 19% en Estonia-, quiere sin embargo alejarse de normas uniformes, como la que prevé una reducción anual de la deuda de 1/20 del superávit por encima del 60% del PIB.
La propuesta de la Comisión debe ser debatida ahora por los Gobiernos de la Unión y negociada con el Parlamento Europeo con vistas a un acuerdo en 2023.
- El ministro francés de Economía y Hacienda, Bruno le Maire, declaró que Francia se opone «firmemente a cualquier norma automática y uniforme de reducción del déficit y la deuda pública».
- Los grupos políticos del Parlamento Europeo también tuvieron una respuesta desigual a la propuesta, lo que apunta a una difícil negociación en los próximos meses: mientras que los socialistas y los verdes la acogieron con satisfacción, insistiendo en la necesidad de la reforma para facilitar las inversiones necesarias en la transición ecológica, los conservadores y los liberales la criticaron, al considerar demasiado bajos los límites de reducción de deuda y déficit propuestos por la Comisión.
