El jueves 23 de marzo, durante la comparecencia del director general de la red social TikTok, Shou Zi Chew, ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes (bipartidista, compuesto por 29 miembros republicanos y 23 demócratas), los legisladores estadounidenses acusaron a la plataforma de estar directamente afiliada al Estado y, por tanto, al Partido Comunista Chino (PCCh). A pesar de los desmentidos de Shou Zi Chew, miembros de la Cámara, como el representante republicano por Michigan Tim Walberg, han intentado en repetidas ocasiones que el director general de TikTok reconozca que, efectivamente, la empresa matriz de la plataforma, ByteDance, y por tanto el PCCh, pueden acceder a los datos de los usuarios estadounidenses1.

La preocupación de los legisladores estadounidenses por los datos recopilados y utilizados por las plataformas de redes sociales no es un tema nuevo.

  • En 2018 y 2021, el CEO y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, también había comparecido ante los Comités de Comercio y Justicia del Senado y el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para responder a preguntas relacionadas con el uso que la plataforma hace de los datos de los usuarios y la desinformación en línea.
  • Estas audiencias son una oportunidad para que los legisladores planteen sus preocupaciones sobre la protección de los niños y los menores en las redes sociales, pero también sobre la injerencia de Estados o actores extranjeros, como ocurrió con el papel de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y en otros comicios.
  • Sin embargo, esta es la primera vez que el responsable de una red social china comparece ante el Congreso estadounidense para responder a preguntas que combinan las preocupaciones sobre un importante actor tecnológico y el Partido Comunista Chino.

Ya en 2020, la Administración Trump anunció que estudiaba prohibir la app TikTok y otras redes sociales chinas en Estados Unidos2. En agosto, el expresidente republicano firmó dos órdenes ejecutivas para prohibir la plataforma si no era vendida por la empresa matriz ByteDance a un actor con sede fuera de China3. Con la RESTRICT Act -un proyecto de ley presentado por el senador demócrata Mark Warner-, el Gobierno de Biden indica que, como en muchos otros ámbitos de la política exterior, su postura refleja una continuidad con la era Trump4.

La «Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology » -o RESTRICT Act- es una propuesta de ley que supondría un riesgo para todas las empresas tecnológicas chinas que operan en Estados Unidos.

  • El texto enumera un gran número de tecnologías de la información y la comunicación que constituyen una «prioridad» para su evaluación: inteligencia artificial, biotecnología, información cuántica, drones, equipos de red, etc.
  • En concreto, la propuesta pretende dar al poder ejecutivo (principalmente a la Casa Blanca y al Departamento de Comercio) la potestad de poner fin a las actividades de cualquier empresa tecnológica china -pero también de otros países incluidos en la lista de «adversarios extranjeros»5– en territorio estadounidense si supone un riesgo para la «seguridad nacional» y, en particular, para sus «infraestructuras críticas», tal y como se definen en la Patriot Act de 20016.
  • Así, las entidades cuyas aplicaciones o servicios afirmen tener al menos un millón de usuarios activos anuales o cuyo hardware se haya vendido a un millón de unidades podrían ser objeto de una revisión que podría llevar a la prohibición de las actividades de la empresa en territorio estadounidense.
  • A diferencia del intento de Donald Trump de prohibir TikTok en 2020 -que fue anulado por dos jueces federales7-, la prohibición de la red social por parte del Ejecutivo sería mucho más fácil gracias a la RESTRICT Act por el amplio marco que ofrece la ley.

El 15 de marzo, el gobierno de Biden «exigió que los propietarios chinos de TikTok vendieran sus acciones en la aplicación» o se enfrentarían a una prohibición, a lo que el Ministerio de Comercio chino se opuso firmemente porque dicha venta «tendría que ser aprobada por el gobierno chino», contrariamente a las declaraciones de Shou Zi Chew unas horas más tarde durante su comparecencia8. Si el proyecto de ley se aprobara -lo que, dado el apoyo bipartidista que tiene, es muy probable-, pondría en peligro las operaciones de muchas empresas tecnológicas chinas que operan en Estados Unidos.