¿Amenaza el euro digital la soberanía monetaria europea?

Tras la introducción de la moneda única, los países de la zona euro se embarcaron en un proyecto de gran envergadura: la introducción de un euro digital, como complemento del euro fiduciario¹. El Banco Central Europeo lo dirige desde un ángulo muy técnico, es decir, con una ausencia bastante pronunciada de participación de las autoridades políticas de los países miembros de la zona del euro -con el argumento de que la digitalización de nuestra moneda sólo sería una medida técnica que acompañaría a la digitalización de la economía² y que sería un tema demasiado serio para resolverlo fuera del pequeño círculo de los banqueros centrales-.

Es cierto que el BCE ha elaborado informes³ y lanzado sondeos de opinión⁴ para conocer las expectativas de los actores, de los que se desprende una cierta actitud de espera, o incluso una duda sobre las ventajas de la digitalización de nuestra moneda frente a sus inconvenientes. Los más importantes, según el estudio, estarían vinculados a los temores de un ataque a la protección de los datos personales contenidos en la información de pago adjunta al dinero digital y, más generalmente, a la idea de que el BCE no podrá garantizar una protección razonable de la vida privada, por no hablar de la desaparición del anonimato, propia del dinero fiduciario, cuya circulación se verá inevitablemente reducida, si no eliminada, a pesar de las declaraciones tranquilizadoras del BCE en sentido contrario.

Con un poco de retraso, el proyecto sigue avanzando. Las primeras pruebas públicas están previstas para 2023⁵.  

Recordemos en dos palabras que una moneda digital de un banco central es, ante todo, una moneda legal, emitida por un banco central con poder liberatorio y, por tanto, de curso legal en todo el territorio en el que está reconocida como moneda de curso legal. Constituye una nueva forma de dinero, junto a los billetes y monedas -dinero fiduciario- y los asientos contables -dinero escritural-. Su forma digital se debe a que su medio no es otro que la tecnología y a que circula únicamente a través de la transferencia «wallet a wallet«, es decir, a través de los smartphones y otros medios tecnológicos, desempeñando los bancos comerciales un papel secundario en su circulación. Su particularidad radica en que es totalmente rastreable y que la información del pago está «encapsulada» en el propio soporte tecnológico. Algunas de estas monedas pueden ser seudónimas, otras nominativas, pero no son a priori anónimas en la medida en que existe un vínculo técnico entre la identidad del portador de la moneda digital y el medio que permite la transferencia de esta moneda para el pago. 

Por lo tanto, la dimensión técnica de este euro digital es cualquier cosa menos incidental: siendo el soporte técnico la base principal de esta moneda, la determinación de dicho soporte está directamente ligada a la propia moneda -y por lo tanto a la soberanía que se ejerce sobre ella-. La soberanía tecnológica del proceso de digitalización se convierte en una cuestión eminentemente política. Afirmar lo contrario es dejar en manos del BCE la dirección del proyecto -incluidas las decisiones sobre la tecnología subyacente-.

Aunque Estados Unidos iniciaron el movimiento hacia la digitalización monetaria mucho más tarde que los chinos y los europeos, recientemente decidieron embarcarse en este proyecto tras una decisión política de Joe Biden⁶. Esta es la primera diferencia entre el enfoque estadounidense y el europeo: la decisión de digitalizar el dólar es, en primer lugar, una decisión política antes de ser una decisión técnica. En consecuencia, se han elaborado numerosos estudios para decidir sobre la aplicación de dicha decisión, en particular sobre las opciones tecnológicas que deben tenerse en cuenta⁷ -un debate que por el momento no existe en Europa-.

La arquitectura tecnológica subyacente al futuro euro digital no puede considerarse una simple elección operacional y técnica. 

En primer lugar, porque si el BCE repite una y otra vez que no elegirá una tecnología de protocolo blockchain abierta, o incluso una DLT (Distributed Ledger Technology) privada, para preservar el control sobre la emisión de la moneda digital, hay que señalar que hasta la fecha las opciones para la infraestructura subyacente al euro digital son todavía bastante vagas. De ahí la idea del BCE de contar con la ayuda del sector privado para preparar esta transición a la moneda digital. En septiembre de 2022, tras una licitación, el Banco seleccionó a varios proveedores de servicios para probar los pagos entre pares en línea o fuera de línea, los pagos en puntos de venta físicos o a través del comercio electrónico⁸. En este último caso, el BCE seleccionó a la empresa estadounidense Amazon para realizar estas pruebas. Como líder mundial del comercio electrónico, no cabe duda de que esta empresa tiene todo el derecho a ser seleccionada como candidata. Pero la elección de proveedores de servicios privados para el BCE⁹, organismo europeo independiente que garantiza la soberanía monetaria de la zona del euro, ¿no debería ir más allá de consideraciones técnicas u operacionales¹⁰? Los miembros del Parlamento Europeo han expresado su preocupación al respecto¹¹. Cuando otros actores del comercio electrónico europeo podrían haber funcionado, ¿por qué elegir a Amazon, cuyos fallos en cuanto al cumplimiento de la legislación europea sobre la protección de la privacidad y los datos personales son bien conocidos?

La elección de los proveedores de servicios privados del BCE debe tener en cuenta, en primer lugar, la defensa de la soberanía monetaria europea. Este criterio no puede dejarse en manos de los técnicos: son las instituciones políticas europeas las que deben desempeñar un papel específico en este proyecto de digitalización del euro. Esto no es así, o apenas lo es, en la actualidad, debido en gran medida al principio de independencia del BCE.

Sin embargo, hay una dificultad que hay que superar: la independencia del Banco se refiere a la política monetaria, no a sus instrumentos. Abrir este debate es esencial. Tocamos aquí un tema mucho más general y poco discutido: el del control de las acciones del BCE, que siguen estando demasiado poco sometidas al contrapoder del Parlamento Europeo.