Argentina: Fue ley
Julia de Ipola
Era una promesa de campaña, que Alberto Fernández pudo cumplir a último momento: el envío al Congreso argentino de un proyecto para legalizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por parte del ejecutivo tuvo lugar a mediados de noviembre, y la Cámara de Diputados le dio luz verde al proyecto de ley en la noche del 10 al 11 de diciembre. Faltaba dar el paso más difícil, es decir la votación en el Senado —la Cámara Alta, la que tiene la última palabra, fue la que en 2018 finalmente rechazó el proyecto—. Sin embargo, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se impuso entonces en el plano discursivo y logró introducir el tema del aborto en el debate político como una cuestión no ya de moral, sino de salud pública. El sintagma “salud pública” adquirió una importancia sin precedentes en 2020, año en que la pandemia Covid-19 —que hasta ahora se ha cobrado 43.000 vidas en la Argentina— puso el acceso universal a la atención médica en el centro de las preocupaciones de los argentinos, en un país atravesado por profundas desigualdades económicas. Si bien los detractores del proyecto de ley consideran que el tratamiento de la cuestión de la IVE es desatinado en el marco de una crisis sanitaria sin precedentes, sus defensores arguyen por el contrario que la pandemia no ha hecho sino confirmar que la salud debe ser un derecho de todas y todos y que el Estado —que durante demasiado tiempo viene haciendo la vista gorda frente a una realidad: “las ricas abortan, las pobres mueren”— debe garantizarlo.
La votación en el Senado comenzó el 29 de diciembre y concluyó el 30 de diciembre con 38 votos a favor y 29 votos en contra. Para el feminismo argentino y latinoamericano, el final de este año, que ha sido particularmente difícil, es una fiesta.
Brasil: Entre moderación y conservadurismo popular, el incremento de la popularidad de Bolsonaro en 2020
Esther Solano
Si la nueva estrategia bolsonarista, [adoptada en 2020 y] basada en la combinación de su propia moderación, la ayuda de 600 reales y la responsabilización de alcaldes y gobernadores por la pandemia, continúa funcionando, el ex capitán podrá reforzarse como una alternativa viable para las próximas elecciones presidenciales de 2022, no sólo entre los leales, sino también entre un buen número de partidarios críticos que parecen estar mejorando sus perspectivas y le votarían de nuevo, especialmente contra el PT. El antipetisismo sigue siendo bastante fuerte entre la población. Además, el PT ha dado algunos pasos que han desencantado a su propia base, como por ejemplo la elección de Jilmar Tatto como candidato a la alcaldía de São Paulo en las recientes elecciones municipales de noviembre de 2020. Su nombramiento levantó muchas críticas entre los afiliados, bastantes de los cuales han migrado, declarando su apoyo a una candidatura que pareció encantar más, la de Guilherme Boulos, el líder de los sem teto, que fue candidato por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Pero el problema no es sólo el PT, sino también la ausencia de un nombre fuerte que aglutine el campo de la derecha más moderada y la centro-derecha, y que consiga arrebatarle votos a Bolsonaro. Diversos nombres se barajan: João Doria (gobernador de São Paulo), Sergio Moro, Luciano Huck (un conocidísimo presentador de televisión), pero de momento nada está definido. Una de las lecciones que Brasil enseña es que sin un nombre que consiga aglutinar las posiciones de una derecha mínimamente democrática, la extrema derecha siempre será una posibilidad electoral.
Chile: El momento constitucional de 2020, oportunidad para una forma distinta de democracia
Pamela Figueroa
Chile está viviendo un momento histórico, tal como lo han demostrado los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de este 2020. Gran parte de este proceso tiene que ver con la crisis de legitimidad de la política en Chile, que se viene manifestando con mucha fuerza desde fines de 2010 y que ha ido dejando al descubierto la pérdida de institucionalidad de los partidos políticos.
¿Por qué se da esta crisis de legitimidad? Una parte importante está relacionada con el sistema constitucional, es decir el tipo de forma de gobierno que posee Chile: un híper-presidencialismo, con un Congreso muy debilitado, cuyo diseño institucional se funda en la extrema desconfianza hacia la política y el ciudadano. Eso ha sido heredado de la dictadura, fundamentada en la desconfianza hacia la política, que generó un sistema electoral que reforzó los liderazgos individuales e individualistas. Ese individualismo se ha traducido en una alta fragmentación política, mucho más considerable en la centro-izquierda.
A partir de 2010, los partidos políticos, el gobierno y el Congreso comienzan a perder apoyo de la ciudadanía. Entre 2014 y 2016, Chile aborda la crisis de legitimidad a través de un paquete de reformas muy importante del sistema electoral, del financiamiento de la política, de las leyes de partidos políticos y de cuotas –aplicadas por primera vez en las elecciones de 2017–. Sin embargo, todas esas reformas no son suficientes. Se lanza el proceso constituyente de 2016, que inicia la Presidenta Bachelet con un fuerte apoyo ciudadano –ya en 2012, todos los estudios de opinión pública mostraban que más de un 70% de los chilenos estaban a favor de una nueva Constitución–.
Cuando comenzó la revuelta social de 2019, muchos dirigentes políticos se mostraron sorprendidos. Y llama la atención que expresaran su sorpresa en un país en el se posee una de las tasas de desigualdad más altas de América Latina. Quienes intentaron hacer grandes reformas, como en el caso del segundo mandato de Bachelet, no lograron consolidar los acuerdos necesarios. El Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución de noviembre de 2019 fue, de cierta manera, una respuesta a esa demanda social. Incluso la derecha cede: la élite de derecha pensaba que Chile podía sostener una democracia liberal con altos índices de desigualdad generando garantías políticas y derechos civiles. Claramente eso no es suficiente.
El camino constitucional que tome Chile a través de esta convención constitucional paritaria, con independientes y con escaños reservados para los pueblos indígenas, y con participación ciudadana, puede ser el mecanismo democrático e institucional para hacer los cambios que no solamente requiere Chile, sino para mostrar también una forma distinta de democracia que considero que la sociedad global está requiriendo en estos momentos.
Cuba: Crisis múltiple y emergencia cívica en 2020
Armando Chaguaceda
Cuba vive un complejo proceso que entrecruza varias crisis, cambios y demandas simultáneas. La pandemia COVID19 ha coincidido con una economía mayormente estatizada y obsoleta y con el refuerzo de las sanciones del gobierno de Trump a la Habana. Las lentas reformas modernizadoras chocan con una burocracia poco innovadora. Crecen la pobreza y la desigualdad. La sociedad civil, más diversa y conectada por Internet, aparece más activa, aunque de modo todavía fragmentado.
Todo eso confluye en los eventos del último mes, cuando Cuba presenció las mayores protestas por derechos en seis décadas, protagonizadas por artistas, intelectuales y activistas urbanos. Un acumulado de leyes y medidas restrictivas del accionar ciudadano motivó la protesta. El 27 de noviembre una concentración casi 400 personas forzó a las autoridades a prometer un diálogo sobre demandas culturales y cívicas. Luego, en otros espacios físicos y en la web, se viralizó la movilización bajo la identidad #27N. Suscitando amplia solidaridad, tanto a nivel internacional como en otros intelectuales y ciudadanos cubanos.
En respuesta, el gobierno abandonó su promesa y desató una ola de ataques mediáticos, detenciones arbitrarias y asedio a viviendas y centros autónomos como la sede del Movimiento San Isidro y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt. La escalada ulterior ha incluido la apertura de procesos legales y amenazas a la integridad física de los participantes del 27N.
La represión estatal continúa siendo efectiva: manipulan a millones de ciudadanos con la prensa nacional, amenazan los derechos humanos de los protagonistas del 27N, evocan una manipulación extranjera ajena al movimiento. A la sociedad civil se le dificulta aún organizarse para contrapesar el poder autoritario que ocluye las movilizaciones autónomas. Pero mucha gente en Cuba ha descubierto y reivindicado identidades y demandas que el sistema no puede acoger. La disputa sigue.
Cuba: Un 2020 entre crisis y cambios económicos
Carmelo Mesa-Lago
En 2020 Cuba sufrió su peor crisis económica desde la severísima en el decenio de los 90 debido a cuatro razones: el mantenimiento del ineficiente sistema de planificación central que ha fracasado en todo el mundo, la crisis económica en Venezuela que ha reducido su ayuda a Cuba, el reforzamiento del embargo por Donald Trump y la pandemia. Debido a ello el PIB disminuyó 11%; el déficit fiscal aumentó a 23,3% el mayor desde el decenio de los 90; el índice de producción industrial descendió en 2019 y estaba 39 puntos porcentuales por debajo del nivel de 1989; entre 22 productos claves en la agricultura, la ganadería, la pesca/mariscos, la minería y la manufactura en 2019, 19 de ellos descendieron respecto a 2018 y diez estaban bajo el nivel de 1989; el valor de las exportaciones en 2019 era 62% menor que en 1989, el de las importaciones era 22% mayor y el déficit en la balanza comercial de bienes creció 187%; el excedente en la balanza global disminuyó en 73% en 2014-2019 debido a la caída en el valor de los servicios profesionales por la crisis en Venezuela; las remesas del exterior mermaron 35% en 2020; el ingreso bruto por turismo en 2020 cayó 80% respecto a 2017; la inversión extranjera directa virtualmente se paralizó; el salario real era el 53% del valor de 1989, la pensión real era el 38%, y la asistencia social disminuyó entre 2005 y 2019 de 5,3 a 1,5 beneficiarios por 1.000 habitantes. Con un crecimiento económico adecuado le tomará a Cuba varios años para recuperarse del quinquenio perdido. El presidente Díaz-Canel ha introducido cambios económicos positivos y largamente esperados, como la unificación monetaria y cambiaria, pero esta adolece de varios problemas y, además, hay que acometer en paralelo las reformas estructurales profundas que demanda la economía
Guatemala: Las protestas sociales de 2020
Tiziano Breda
El presidente Alejandro Giammattei, quien asumió el cargo en enero de 2020, está entre los pocos jefes de Estado que han tenido que abandonar su proyecto de gobierno para dedicarse a la gestión de ella desde el principio de su mandato.
La crisis sanitaria expuso varias fallas del Estado guatemalteco, en particular la precariedad del sistema de salud pública, que tiene la tasa más baja de camas hospitalarias en la región. Para afrontar la situación, el Congreso puso a disposición del gobierno fondos extraordinarios. Sin embargo, el gobierno, rápido en imponer medidas de confinamiento (casi 40 000 personas habrían sido detenidas por violar el toque de queda), fue lento e ineficaz en distribuir la ayuda a la población empobrecida. Banderas blancas, que indicaban que necesitaban comida, ondearon en casas a lo largo y ancho del país. La opinión pública, además, se indignó por los escándalos de corrupción en el uso de los recursos para la pandemia que pronto salieron a la luz.
En noviembre, los huracanes Eta e Iota arrasaron con las pertenencias de 1,5 millones de guatemaltecos. Mientras tanto, el Congreso aprobó un presupuesto que aumentaba sus gastos y reducía recursos para la lucha contra la malnutrición, entre otras cosas. Hartos de un Estado que los desprotege, miles de ciudadanos participaron en protestas pacíficas, aunque manchadas por aislados episodios de violencia, en las que demandaron la renuncia del presidente y cambios profundos al sistema institucional. Cambios que, de no llegar, harán que las marchas sigan vivan en el año que comienza.
Estados Unidos: El sistema político estadounidense se está europeizando
Carlo Invernizzi Accetti
En las últimas dos décadas, la polarización ha sido el fenómeno a través del cual se ha analizado de manera predominante la política de los Estados Unidos. Así como se solía describir a un país dividido en dos, entre demócratas y republicanos, entre litoral e interior, entre ciudades y zonas rurales, pareciera difícil reconciliar la victoria de Biden con este esquema. Mientras que el recurso a la polarización implicaría una deserción de los espacios centrales, su campaña electoral se distinguió por su carácter moderadamente centrista.
Claro que hubo un componente anti-Trump en el voto a Biden. Sin embargo, este demuestra la manera en que el futuro presidente de los Estados Unidos logró imponerse frente al ala más radical de su partido. Para explicar la victoria de Biden ─y anticipar algunas de sus consecuencias─, resulta necesario abrir las “cajas negras” de los dos polos generados artificialmente en el marco del esquema de polarización. Esto revelará inmediatamente que existen al menos cuatro polos ideológicos distintos en los Estados Unidos:
- Empezando por la izquierda, surge en primer lugar una corriente progresista dentro del Partido Demócrata que se inspira explícitamente en la tradición socialdemócrata europea.
- Moviéndose hacia el centro, una corriente más moderada de demócratas recuerda en muchos sentidos a los antiguos partidos demócrata-cristianos de Europa.
- Del otro lado del espectro político estadounidense, nos encontramos con una corriente de republicanos tradicionales, que ha permanecido en las sombras durante los últimos cuatro años, pero que pareciera destinada ahora a resurgir con las ambiciones políticas de figuras como Mitt Romney o Mitch McConnell.
- Por último, la extrema derecha del sistema político estadounidense, bajo la forma de un nacionalismo de carácter populista, se consideraba hasta hace poco ajena a la cultura política de los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedía del otro lado del Atlántico.
Esto da lugar a un patrón multipolar que recuerda más bien a los sistemas políticos pluralistas de Europa continental del siglo pasado, antes que al bipolarismo característico de los sistemas políticos anglosajones. Profundizar esta analogía con la Europa de ayer abre nuevas perspectivas para comprender lo que se puede esperar de los Estados Unidos del mañana.
Estados Unidos: La respuesta demócrata a la doctrina Trump
Maya Kandel
Trump abrió el debate más amplio sobre política exterior en los Estados Unidos en décadas, después de haber sido elegido en 2016 sobre la promesa de redefinir la relación estadounidense con el mundo. Su respuesta, “America First”, cuestionó algunos de los supuestos de la política exterior del país y puso la cuestión del vínculo entre política exterior e interior en el centro del debate demócrata.
La doctrina Biden no existe aún y sólo se cristalizará a medida que se ejerza el poder y se vayan dando los acontecimientos de los próximos años. Sin embargo, está construida sobre la herencia de Trump, que no negará del todo.
El campo demócrata comparte el diagnóstico de Trump acerca de una crisis en la política exterior estadounidense. La especificidad de 2016, más allá de Trump, se expresaba por el momento particular de la política exterior, caracterizada particularmente por su crisis interna de legitimidad […]. En ese marco debe analizarse el eslogan “Reconstruir mejor” de la campaña de Biden: reconstruir mejor y de manera diferente, como sucede luego de una catástrofe natural.
La visión demócrata difiere de la doctrina Trump en dos puntos centrales: las amenazas y los medios (el punto de partida y el corazón de la estrategia). La primera divergencia estratégica no sólo radica en la jerarquía de las amenazas, sino también en su naturaleza más profunda. El programa demócrata hace hincapié en las amenazas globales y transnacionales, ignoradas en gran medida por los republicanos. Se coloca incluso al cambio climático, y no a China, como una amenaza de primer orden y de carácter “existencial” ─al mismo nivel que el comunismo durante la Guerra Fría─. La divergencia en cuanto a los medios surge principalmente de esta concepción más amplia de las amenazas: la cooperación internacional se convierte en una condición necesaria para hacerles frente, a diferencia de la administración Trump, que había hecho del unilateralismo (o bilateralismo) su único enfoque de las relaciones internacionales.
México: El gobierno de López Obrador en tiempos de Biden
J. Alberto Aguilar Iñárritu
Entre Trump y López Obrador, había empatía, parecían sentirse cómodos el uno con el otro. En sus respectivas visiones de país y en su pragmatismo descarnado, se entendían. Como muestra un botón, López aceptó destinar a la Guardia Nacional para establecer un muro militar en la frontera sur de México, mientras que Trump se mostró bastante tolerante con el incumplimiento de los acuerdos, las reglas y los contratos en materia de gas y petróleo, en que decidió incurrir el Gobierno mexicano.
A partir del próximo 20 de enero la relación entre ambos los gobiernos tendrá mudanzas significativas. Se pasará de un distante entendimiento entre dos figuras populistas, autoritarias y altamente discrecionales, que muy rápido resolvían sobre un muy reducido número de temas acordes con sus prioridades, a la agenda compleja que siempre ha implicado la relación. Se presagia un duro cambio para el gobierno mexicano en turno, pero alentador para la democracia mexicana.
Un demócrata por un lado, dueño de una sólida perspectiva internacional, y un líder carismático por el otro, que afirma que la mejor política exterior es una buena política interior, debatirán varios temas que, definirán la relación bilateral, entre otros:
Protección al medio ambiente e impulso a las energías limpias, migración segura y ordenada, sin militarización y con respeto de los derechos humanos, reforzar la cooperación con Centroamérica, renovación en los acuerdos de seguridad y narcotráfico, democracia sindical, rigor anti Covid-19, cumplimiento del T-MEC y protección a las cadenas conjuntas de valor. Esto no ha hecho más que comenzar.
Perú: Informalidad económica y crisis política
Camilo Leon Castro
El año 2020 ha sido uno de los más turbulentos de la historia peruana reciente. Solo en noviembre hubo tres presidentes en menos de dos semanas. El actual presidente, Francisco Sagasti, asumió el poder el 16 de noviembre luego de protestas masivas que llevaron a la caída del anterior gobierno encabezado por el ex presidente del Congreso, Manuel Merino, quien gobernó solo una semana y al que se le acusó de encabezar un golpe de Estado para favorecer intereses privados. Anteriormente gobernaron Martin Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, quienes habían ganado las elecciones del 2016 por el mismo partido. Tanto Kuczynski como Vizcarra fueron vacados sucesivamente de la presidencia por supuestos actos de corrupción, situación que comparten los anteriores cuatro presidentes, diversos congresistas, gobernadores y alcaldes.
¿Por qué los peruanos escogen a políticos corruptos? Un análisis socio económico señalaría el nivel de “informalidad” del país. De acuerdo a un estudio del Banco Central de Reserva, el 60% de la producción se realiza por familias o empresas que operan fuera de la ley. Esta producción incluye al narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de dinero. Los grupos económicos informales necesitan la cooptación del Estado para operar. De allí la proliferación de “partidos” políticos que buscan hacerse del poder modificando leyes a su favor. La oposición a estos políticos encuentra en la corrupción la excusa para sacarlos del poder, pero al ascender a cargos públicos muchos de ellos cargan con conflictos de intereses que conllevan nuevas crisis. El capitalismo “informal” peruano podría dar pistas sobre esta constante crisis política.
Venezuela: El 2020, año en que se desinfló el gobierno paralelo
Arantxa Tirado
El año 2020 también ha sido un año convulso para la República Bolivariana de Venezuela pero, a pesar de la pandemia, no necesariamente mucho más de lo que fue el año 2019. A principios de ese año, un diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente interino”, un cargo inexistente en la Constitución. Inició así un proceso de desconocimiento abierto de las autoridades e instituciones de su país, que intentó la instauración y legitimación de un gobierno paralelo, respaldado por los Estados Unidos y sus principales aliados de la comunidad internacional, la Unión Europea incluida. Sin embargo, sin el apoyo mayoritario de un sector de la población ni de la jerarquía militar, Guaidó no tuvo el éxito esperado, y su llamado, junto a Leopoldo López, a un levantamiento militar en abril de 2019, fue fallido. Y después, su gira internacional en febrero de 2020, con visita a Washington incluida, no pudo tampoco afianzar su liderazgo.
Las recientes elecciones legislativas se pueden considerar el cierre de un ciclo abierto en 2015, con los intentos de la Asamblea Nacional de desconocer al Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo. También es el fin de la carta Guaidó para el cambio de régimen. Nuevos actores opositores piden la palabra y buscan una negociación que permita a Venezuela salir del enrocamiento político y la parálisis económica en la que se encuentra, producto en buena medida de las sanciones y el cerco financiero internacional. La nueva administración Biden abre incógnitas, aunque se espera un cambio táctico antes que estratégico. El horizonte está abierto.
A principios de 2020, el Grand Continent conversó con Juan Guaidó.
La elección del BID en 2020, prueba de la necesidad de una Europa más cercana a América Latina
Laura Chinchilla
“Históricamente ha habido una brecha de conocimiento, de información y hasta de incidencia entre Europa y América Latina —salvo cosas muy puntuales— al punto que, muchas veces, no nos queda más a los latinoamericanos que apelar a España para ver si Europa reacciona. Sin embargo, en muchas ocasiones, y muy particularmente con estos años que han pasado con los Estados Unidos, y lo que está pasando ahora entre los Estados Unidos y China, los latinoamericanos hemos sentido que los europeos y nosotros deberíamos estar trabajando del mismo lado. Recientemente viví la experiencia de la elección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): tuve mucho contacto con los europeos, que fueron mis grandes champions. […] Pero básicamente esa elección nos dio espacio para discutir mucho eso: ¿cuál debería ser el papel de Europa en una América Latina a la que no le conviene estar tan cerca de los Estados Unidos, como lo hemos estado, pero tampoco caer exclusivamente en alianzas con países como China?
Yo tuve la experiencia de competir por la presidencia del BID sobre la base de reglas escritas y no escritas, pero igualmente importantes, que venían rigiendo este proceso desde hace casi 60 años. Hubo un cambio absolutamente disruptivo, inesperado, inconsulto que hizo romper esas reglas con la candidatura del gobierno de los Estados Unidos, algo impensable en cualquier otro momento, no solamente por los mecanismos de autocontención que habíamos venido viendo desde los Estados Unidos hacia la región después de las aventuras golpistas de hace muchísimas décadas, sino también porque en América Latina —digamos en general— estábamos teniendo también en las últimas décadas una interlocución inteligente con los EEUU.
Con la experiencia tan personal que tuve en el BID, quedé más convencida aún de que Europa puede hacer los desbalances en nuestra región favorables precisamente a una serie de principios, visiones y valores. Sin embargo, por ejemplo, no hemos logrado conseguir que la importancia relativa de Europa pueda crecer en el BID, precisamente porque los Estados Unidos han demostrado una política muy recelosa hacia Europa”
América Latina frente al nuevo multilateralismo post-pandemia
Cecilia Nahón
Este 2020 hemos enfrentado una crisis sanitaria, económica y humanitaria sin precedentes. Una crisis sincronizada —con el 93% de los países del mundo en recesión—, persistente y muy regresiva. La pandemia dejó al descubierto y está exacerbando las profundas brechas de desigualdad, y de desarrollo, preexistentes a nivel mundial. También reveló fallas de mercado y la centralidad de los Estados tanto en la emergencia como para liderar la recuperación y la reconstrucción de nuestras sociedades.
Hacia adelante, necesitamos gestar nuevos pactos sociales, nuevos acuerdos entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sociales, bajo nuevos paradigmas, donde primen la solidaridad, el bien común y la inclusión social. De hecho, la necesidad de un nuevo contrato social se viene discutiendo en muchos foros internacionales, justamente porque hay conciencia creciente de la importancia de velar por la cohesión social para dar sustentabilidad a los procesos políticos y económicos, más aún en una situación de emergencia.
Los organismos internacionales también reflejan intereses nacionales, empresariales, de sectores financieros y forman parte de la disputa sobre el paradigma que va a surgir de esta crisis. Hoy hay un debate entre quienes tienen una mirada más restauradora de un multilateralismo de la etapa previa, y quienes creemos que esta crisis es una oportunidad para una revitalización y transformación del multilateralismo bajo nuevas reglas, basadas en la solidaridad y en los principios de justicia social y sustentabilidad. Las políticas futuras no pueden ser las mismas que nos llevaron a los niveles actuales de desigualdad, de crisis climática, de exclusión. Es un momento bisagra, donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y hay una disputa, en todos los sentidos, intelectuales y políticos.
La construcción de un sistema multilateral más justo e inclusivo también implica reconocer y respetar la soberanía de los Estados de llevar adelante sus propias políticas de desarrollo. La envergadura del desafío por delante es enorme y requiere de liderazgo político, ideas innovadoras, capacidad de gestión y participación social. En el caso particular de Argentina y América Latina, es clave revertir la tendencia centrífuga de los últimos años y avanzar nuevamente hacia la integración regional, tal como están haciendo otras regiones del mundo. Nuestra región ha sido hasta ahora la más afectada por el Covid-19, con una caída estimada del producto regional de alrededor del 8% en 2020.
Nosotros como región tenemos que construir una perspectiva latinoamericana propia sobre cuáles son nuestras prioridades para esta fase de reconstrucción. Preguntarnos, ¿cuáles son las políticas para recuperar la senda del crecimiento con inclusión que son apropiadas para las problemáticas específicas de nuestra región? Y trabajar juntos impulsando esa agenda sustantiva a nivel multilateral y regional, que yo creo incluye cuestiones como la sustentabilidad de la deuda, la informalidad laboral, la heterogeneidad productiva, la inclusión digital, la igualdad de género, las guaridas fiscales, el cambio climático y, por supuesto, en plena pandemia —y cuando llegue la post-pandemia también—, las políticas de cuidado de la salud.
La otra relación transatlántica: América Latina y la UE ante el Covid-19
José Antonio Sanahuja
América Latina termina 2020 siendo la región más golpeada por el Covid-19. Con solo el 8% de la población mundial, supone una tercera parte de los fallecimientos oficialmente reconocidos en todo el mundo, y el desplome de sus economías, según CEPAL, será el más grave de los últimos 170 años. Que la región se vea tan golpeada por la pandemia se debe, más que al virus mismo, a las condiciones previas que lastraban el desarrollo de la región, ya conocidas, y especialmente la profunda desigualdad: de riqueza, de género, de acceso a la salud, entre empleos formales e informales, entre barrios ricos y pobres. En algunos países, dirigentes negacionistas y ultras han sido una causa añadida del daño. También ha sido un factor crítico la vulnerabilidad financiera de la región: para América Latina no hay nada similar a la Fed o el Banco Central Europeo a lo que recurrir, salvo el cuestionado FMI, y no ha habido respuestas multilaterales adecuadas desde el G20. No ha habido, en consecuencia, mucho margen monetario y para sostener el empleo y los negocios. Fracturada por disputas ideológicas y sin organizaciones regionales activas, América Latina es también uno de los escenarios de la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos.
Así las cosas, reactivar la relación entre América Latina y la Unión Europea —lo que el Alto Representante, Josep Borrell, llama “la otra relación transatlántica”— es hoy un imperativo: en la geopolítica, para ganar autonomía estratégica por ambas partes y sostener el multilateralismo; en lo económico y social, para promover conjuntamente una recuperación que contribuya a la transición ecológica y la transformación productiva, aprovechando la digitalización, y para avanzar hacia sociedades con mayor cohesión social.
La región donde lo corriente es lo extraordinario
Hernán Saenz Cortés y Andrea Costafreda
América Latina y el Caribe, sumida en una de las peores crisis del siglo, tiene en las calles su principal fuente de esperanza.
La pandemia pone a prueba el debilitado contrato social de unas sociedades que se adentraban en el 2020 altamente polarizadas y desconfiadas. En Cidade Tirante – periferia sur de Sao Paulo – la esperanza de vida de una persona al nacer es 25 años menor que la de una que nació en Pinheiros en la misma ciudad; en México —país de la OCDE— ‘conviven’ el hombre más rico de la región y 23 millones de personas que no pueden adquirir la cesta básica. Todo esto en una región de Renta Media en la que el 1% de la población controla el 41% de la riqueza y donde la calle sigue siendo el lugar de subsistencia de las mayorías, que enfrentan a diario el crudo dilema vital: exponerse al contagio o morir de hambre.
En la región más desigual del planeta, la capacidad de recuperación de la crisis es también muy desigual. Mientras la mayoría va a tardar 15 años en salir del hoyo, según un informe de Oxfam, en los peores meses de la pandemia, emergieron 8 nuevos milmillonarios en la región.
El 2019 se cerraba con expresiones de hartazgo y protestas en la calle en Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, reclamando a las democracias algo más que elecciones más o menos fiables. Hartazgo con sistemas políticos capturados, incapaces de ampliar derechos en lugar de defender privilegios. En 2020, la capacidad de respuesta pública a la pandemia va a ser la prueba de fuego para que las democracias latinoamericanas obtengan la legitimidad de resultados que tanto se les exige.
Y pese a todo, las calles continúan vivas: sosteniendo el sistema democrático en Perú; empujando por la reforma de una Constitución de legado pinochetista en Chile; parando un presupuesto tremendamente injusto en Guatemala; o apoyando la ley de despenalización del aborto en Argentina. Quizá se trate de hechos aislados, o quizá sean expresiones de una tendencia más profunda donde los jóvenes, las organizaciones de mujeres, los movimientos sociales, piden más, exigen sin miedo y no se conforman con un pacto caduco en el que las democracias formales y las transferencias condicionadas compraban la paz social.
La Unión Europea de Borrell debería leer bien las señales y jugar un papel de socio internacional fiable. Donde las prioridades de la asociación comercial y estratégica no opaquen el compromiso por fortalecer una comunidad euro-latinoamericana más cohesionada, que ponga a las personas en el centro de su esquema de cooperación bi-regional. Quizá, pese a todos los pronósticos, el 2020 sea el inicio de una etapa de esperanza, que inicia, como siempre, en las calles.
