Desde África hasta América Latina, los proyectos de compensación de carbono favorecen los riesgos de acaparamiento de tierras

En 2023, antes y al margen de la COP28 de Dubái, una empresa emiratí creada unos meses antes y presidida por un miembro de la familia real, Ahmed Dalmook Al Maktoum, firmó acuerdos con seis países africanos —Angola, Kenia, Liberia, Tanzania, Zambia y Zimbabue— para generar créditos de carbono en sus territorios, en una superficie equivalente a casi 25 millones de hectáreas, es decir, el tamaño del Reino Unido ¹.

Tres años después de la firma de estos acuerdos, las autoridades de los países afectados afirman que ninguno de estos proyectos ha llegado a buen puerto. Por su parte, la empresa emiratí Blue Carbon parece haberse evaporado, y su sitio web fue desconectado en el verano de 2025 ².

• Los acuerdos firmados habrían puesto la gestión de los recursos forestales presentes en las regiones afectadas bajo el control de Blue Carbon.
• Los Estados habrían recibido una parte de los ingresos generados por la ejecución de proyectos de reforestación y protección destinados a producir créditos de carbono, que posteriormente se venden a empresas.

Al menos una parte se habría vendido a actores emiratíes, para que el país pudiera reivindicar la aplicación de políticas sostenibles durante la COP.

• Se desconocen los motivos del abandono del proyecto, pero la ONU y varias ONG habían alertado a los países signatarios sobre los riesgos jurídicos de delegar la soberanía sobre sus recursos.
• La opacidad de estos acuerdos también habría amenazado los derechos de las comunidades locales que habitan en las zonas afectadas, que hasta ahora habían estado relativamente protegidas debido a su aislamiento y a la dificultad de acceso.

Aunque es significativo por la extensión de las superficies afectadas —que en algunos casos representaban hasta el 20% del territorio nacional de los países—, el proyecto Blue Carbon no es un caso aislado. En un informe publicado en diciembre, la iniciativa Land Matrix estima que, desde principios de siglo, los inversores han adquirido 8,8 millones de hectáreas de tierra para proyectos de compensación de carbono diseñados para generar créditos de carbono, en su gran mayoría en países de renta baja o media ³.

• Las adquisiciones de tierras a gran escala (ATGE) representan una pequeña parte de los proyectos de producción de créditos de carbono.
• El mercado global experimentó un importante crecimiento hasta principios de la década de 2020, antes de contraerse, en particular debido a la falta de transparencia de algunos promotores de proyectos.
• Un número importante de créditos vendidos ha sido objeto de controversia debido a la sobrevaloración de las reducciones de CO2 presentadas, lo que ha contribuido a disuadir a algunas empresas de entrar en el mercado voluntario del carbono.

A pesar de la opacidad de varios proyectos, como Blue Carbon o el proyecto iTeraka en Madagascar, que ha sido criticado por obligar a los agricultores que habitan las tierras afectadas a dedicar esfuerzos y recursos a beneficios inciertos, varios estudios estiman que el mercado experimentó una dinámica «alentadora» en 2025.

• La ONG AlliedOffsets señala «una creciente concienciación sobre los riesgos relacionados con el greenwashing», lo que sería beneficioso, ya que animaría a los promotores a adoptar normas más estrictas y enfoques más rigurosos ⁴.
• Por su parte, Platts considera que el mercado sigue siendo percibido como «una herramienta útil para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París», pero reconoce que una mayor estandarización «podría contribuir a responder a las preocupaciones del mercado» ⁵.
• Si bien el primer proyecto de compensación de carbono se remonta a 1988, el mercado voluntario de carbono es un ecosistema descentralizado, regulado por varios organismos independientes encargados de certificar los proyectos y registrar los créditos de carbono.

La concentración de proyectos de adquisición de tierras en países de bajos ingresos, donde los sistemas de gobernanza de la tierra suelen ser débiles, favorece el acaparamiento de tierras por parte de empresas que aprovechan las oportunidades económicas creadas por los mercados de carbono. Si bien África está especialmente expuesta a este fenómeno, otros países, como Brasil, también se enfrentan al land-grab, cuyas primeras víctimas son las comunidades locales.