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Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 70.000 personas cruzaron en pocas horas la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. Las miles de personas que se agolparon frente al dique de Tarajal se dejaron llevar por un rumor amplificado por grupos de Facebook y algoritmos de recomendación. En aquel momento hablamos de cómo Europa debe aprender a proteger su frontera digital.
Lo que está viviendo Francia forma parte del mismo fenómeno, con una diferencia. La línea que se ha roto ya no discurre entre dos continentes, sino en el corazón de la juventud, que, de hecho, vive en dos espacios.
Los dos mundos de la nueva generación
En primer lugar está el mundo físico, aquel que organiza la República. Significa que allí hay que levantarse temprano, que hay horarios, exámenes y jornadas escolares que a veces van de las 8:00 a las 18:00. Este mundo suele estar deteriorado. En Saint-Denis, en el instituto Paul-Éluard, los alumnos, movilizados desde el 25 de septiembre, hablan de techos que se caen, de ratas en el comedor, de clases en prefabricados y de profesores ausentes que no son sustituidos. Es un mundo lento y duro, en el que se nos castiga.
Y luego está el otro: el espacio informativo, donde los jóvenes pasan al menos el mismo tiempo y donde casi nada los retiene. Allí se crea, se cuenta, se conoce a gente y se tiene la sensación de que todo es posible y de que tenemos el mundo en la palma de la mano. Allí casi nunca se nos castiga.
Desde hace poco, los jóvenes también lo utilizan para cumplir con las exigencias del primero: un trabajo escrito por una inteligencia artificial, un vistazo discreto a un asistente conversacional durante una evaluación. Fingimos seguir las reglas de antaño, cuando en realidad ya vivimos en otro mundo.
La juventud se encuentra hoy exactamente a medio camino entre estos dos mundos, independientemente del barrio en el que viva o de sus orígenes. Uno la reclama, pero ella se reconoce en el otro. La ruptura que estamos viviendo se debe en gran medida a esto.
El smartphone incautado en la puerta de acceso
Los alumnos de bachillerato tienen motivos de sobra para estar enfadados. Los edificios necesitan una reforma, las aulas están sobrepobladas y los horarios escolares son irracionales. Parcoursup se percibe como un embudo cuyas reglas nadie entiende. Sus reivindicaciones, que llevan expresando desde septiembre, son legítimas y hay que escucharlas.
Pero también han dejado entrever algo más, a veces en voz baja, que también hay que tener en cuenta. Desde el inicio del curso, la ley del 24 de agosto de 2026 les prohíbe utilizar el teléfono en el centro educativo. Incluso el gobierno ha acabado hablando de «desintoxicación».
Sería difícil defender el uso del teléfono en clase. No se mira el teléfono durante la clase, igual que no se hace en un restaurante o durante una cena familiar. Eso se aprende, y es la escuela la que debe enseñarlo. Pero aprender a guardarlo y que te lo confisquen al cruzar la verja no es en absoluto lo mismo. A estos jóvenes, muchos de los cuales tienen 17 o incluso 18 años, se les priva, al cruzar la verja, de aquello que les da identidad en el mundo exterior.
Al menos cabe preguntarse si esta privación influyó en la ira del 17 de octubre.
Esta ley tiene, por cierto, una historia aleccionadora. En un principio, debía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Sin embargo, el Consejo Constitucional censuró esta medida el 14 de agosto en nombre de la libertad de expresión. Sin duda, también se habría considerado incompatible con el marco europeo establecido por la DSA. De todo ello solo quedó la prohibición del uso del teléfono en la escuela. Al no haber sabido regular las plataformas, se ha optado por regular a los alumnos.
El 17 de octubre, la frontera se derrumbó
El 17 de octubre, 550.000 personas se manifestaron.
Después vimos otra cosa.
Se ha atacado a la República y todo lo que representa. El ayuntamiento de Limoges ha ardido. El de Marsella ha sido tomado por la fuerza y su estatua de la Marianne ha sido derribada. La residencia de la prefecta de Gironda ha sido saqueada. Se ha arremetido contra los comerciantes: más de 3.000 tiendas se han visto afectadas, algunas de ellas han sido vaciadas en cuestión de minutos y saqueadas, quedando en ocasiones sus propietarios atrapados en su interior. También se ha arremetido contra las personas y las autoridades: cerca de un millar de policías y gendarmes han resultado heridos, siete de ellos de gravedad.
No todos los que hicieron eso son iguales. Están los alborotadores y los delincuentes que se aprovecharon de la ocasión. También hay grupos organizados que buscaban el enfrentamiento. Y están aquellos que se habían movilizado para llevar a cabo una acción política. Y, en medio de todo ello, muchos jóvenes que se manifestaban por su futuro y a quienes les han robado su movimiento.
Los que estaban allí lo cuentan: no los vieron llegar. Era como una bandada de gorriones. De repente, surgieron de la nada, encapuchados, y luego atacaron. En el mismo lugar. En el mismo instante. Como si supieran perfectamente dónde estaba la policía. Pasaron del mundo digital a la calle, y luego de la calle al mundo digital, por una especie de autopista que nadie vigila.
La propia jornada de movilización tuvo su origen en un video de TikTok publicado el 8 de septiembre. Los servicios de inteligencia consideran que TikTok es un «acelerador» y también señalan a Telegram, sin duda con razón. Stories de Snapchat, canales de Signal, mensajerías cifradas, páginas web que muestran en directo la ubicación de la policía: en un instante, se sabe dónde está, con quién y dónde reunirse.
Nos reconocemos en internet. Nos encontramos en la calle, frente al mismo objetivo. Robamos en el mundo real igual que lo hacemos en el mundo digital, sin que nos cueste nada. Luego, nos grabamos y el video del botín anima a los que vienen detrás.
Esa es la lección que deberíamos haber aprendido tras lo ocurrido en Ceuta: hoy en día, una frontera se defiende desde ambos lados al mismo tiempo.
En medio de todo esto, hay un Estado que no se mueve. Actúa en el mundo físico, y nada más; ante cada crisis, parece que redescubre la existencia del otro.
Sin embargo, habíamos creado lo que une estos dos mundos: la DSA, la DMA, la Ley de Datos, la Ley de Gobernanza de Datos y la Ley de Inteligencia Artificial. La idea que subyace a estas leyes se resume en una frase: lo que está prohibido en la calle debe estarlo también en internet.
Contamos con las herramientas necesarias. La DSA obliga a las plataformas de gran envergadura, como TikTok, Snapchat, X o WhatsApp, a evaluar los riesgos que suponen para la seguridad pública y el debate cívico, y a reducirlos, incluso modificando sus algoritmos de recomendación. Prevé un mecanismo explícito para las situaciones de crisis, el acceso de los investigadores a los datos e incluso, como último recurso y bajo la supervisión de un juez, restricciones temporales de acceso. Aquí nadie habla de censura. Se trata de responsabilidad.
Lo que falta, pues, no es la ley. Es la voluntad de aplicarla. Estos textos no se aplican con la firmeza necesaria. Sin duda, porque se ha querido no ofender a Washington, y quizá no molestar a Donald Trump.
Resultado: muchos perciben este espacio como una zona sin ley. Pero el Lejano Oeste siempre tiene su propia ley: la del más fuerte. Y quienes se comportan allí como tales lo demostraron el sábado en nuestras calles.
Aplicar en lugar de inventar
Pues bien, dejemos de reinventar la rueda. Cada vez que el Derecho europeo queda en suspenso por falta de aplicación, algunos Estados —y Francia, en primer lugar— se inventan otro. Ayer se censuró la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años; hoy se está planteando bloquear las redes sociales en territorios enteros. Eso es admitir que no sabemos cómo hacerlo. Se convoca a las plataformas a Bercy, cuando es la Comisión la que debe investigarlas y sancionarlas.
París debe dejar claro a la Comisión Europea: apliquen la ley, ahora mismo, a los sucesos del 17 de octubre; tienen la obligación de hacerlo.
Nos corresponde a nosotros ocupar ese espacio informativo. Hacer que en él tengan cabida el derecho, la justicia y las fuerzas del orden, tal y como siempre hemos hecho en el mundo físico.
Esto no lo resolverá todo. La escuela, sus muros, Parcoursup, el futuro de los jóvenes, sus dudas fundamentales y legítimas exigen otras respuestas. Pero ninguna de ellas será viable sin esta.
Tenemos una generación que ya no sabe cómo pasar de un mundo a otro y un Estado que nunca ha aprendido a hacerlo. Unir el mundo físico y el mundo de la información es tarea y responsabilidad de la clase política en su conjunto. El camino ya lo han allanado las leyes aprobadas. Ahora hay que tener el valor de recorrerlo.
