El precio de la independencia en la era de la IA

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El plan «Prometeo», publicado en estas páginas el 8 de julio de 2026, proponía una vía para que Francia se incorporara de forma seria a la carrera por la IA en un plazo de tres años y, de este modo, lograra su independencia estratégica y todos los beneficios económicos derivados del dominio de los modelos de IA de vanguardia. 

El artículo, que desencadenó un debate especialmente urgente en un contexto de campaña electoral, no detallaba las modalidades concretas de financiación y se limitaba a afirmar la necesidad de recaudar, en tres años, varios cientos de miles de millones de euros de capital privado, recurriendo tanto al ahorro nacional como al capital internacional.

A continuación, detallamos los pormenores de esta financiación y su estructuración, para que nuestros lectores tengan una idea concreta de cómo podría ser la puesta en marcha de este plan. Se trata, como veremos, de un plan totalmente realista. ¹

1 — Las necesidades de financiación

El plan Prometeo contempla dos necesidades distintas:

• Financiar el propio laboratorio Prometeo, es decir, el equipo de investigadores e ingenieros que desarrollará y comercializará los modelos. Debe poder pagar a sus empleados, sus gastos de funcionamiento y, sobre todo, el uso de la potencia de cálculo.
• Financiar la construcción de 12 GW de centros de datos de aquí a 2029 y estar en condiciones de seguir implantándolos posteriormente sin inversión pública.

Estimamos que la necesidad económica total asciende a unos 620.000 millones de euros en tres años. De este total, unos 130.000 millones de euros corresponden a la intervención pública francesa en sentido amplio y unos 490.000 millones de euros a la financiación privada. La recaudación bruta de todos los actores sería superior, del orden de 700.000 millones de euros, debido a los flujos internos de la operación.

Esta suma debe movilizarse teniendo en cuenta tres limitaciones y objetivos: en primer lugar, una limitación de soberanía, ya que Francia debe conservar una garantía duradera sobre el laboratorio, sus modelos y determinadas decisiones estratégicas; en segundo lugar, una limitación presupuestaria evidente, dada la situación de nuestras finanzas públicas; y, por último, una limitación económica: una parte suficiente de los activos y de los rendimientos debe recaer en Francia, teniendo en cuenta el esfuerzo nacional que va a realizar.

Para lograrlo, el plan se basa principalmente en la financiación privada; el dinero público solo se utiliza en la medida en que sea necesario para permitir la movilización de capital privado.

2 — Hay capital privado disponible, ¿cómo conseguirlo?

El capital internacional está disponible para financiar grandes proyectos de potencia de cálculo: así lo demuestran los contratos firmados por los hiperescaladores estadounidenses. El contrato firmado en septiembre de 2025 entre OpenAI y Oracle para la construcción de 4,5 GW de potencia de cálculo en 5 años por valor de 300.000 millones de dólares equivale, prácticamente por sí solo, a la mitad del plan Prometeo. El mercado puede financiar los centros de datos mediante deuda privada, incluidas las propias GPU (CoreWeave recaudó en marzo de 2026 8.5 mil millones de dólares en líneas de crédito garantizadas por estos procesadores). Esta disponibilidad no se limita a Estados Unidos: incluso sin Prometeo, las ventajas de Francia, entre las que destaca su excedente de electricidad, ya la convierten en un destino atractivo. Si tenemos en cuenta la Cumbre de IA 2025 y la Cumbre Choose France 2026, ya se han anunciado en Francia alrededor de 150.000 millones de euros de inversión privada en potencia de cálculo para los próximos años. El camino que debe recorrer Prometeo es, por tanto, menos arduo de lo que cabría pensar: se trata de triplicar la tendencia de inversión privada en computación en Francia, y no de multiplicarla por 100 (por otra parte, estos proyectos ya en marcha podrían integrarse en parte en el plan para alcanzar los primeros GW).

Si el capital existe, ¿qué le falta para financiar un proyecto de este tipo? Un offtaker fiable, es decir, un actor capaz de comprometerse con los constructores y operadores de centros de datos a comprar su producción durante varios años, lo que a su vez les permitirá a ellos mismos obtener financiación mediante deuda para financiar la construcción. Los hiperescaladores y los grandes laboratorios estadounidenses cuentan con la credibilidad financiera necesaria para actuar ellos mismos como offtaker. No ocurriría lo mismo con el laboratorio Prometeo, de reciente creación, que en 2027 no tendría ni ingresos ni historial. Por lo tanto, correspondería al Estado crear una entidad capaz de actuar inicialmente como offtaker frente a las empresas de infraestructura y, posteriormente, subarrendar la capacidad de cálculo al laboratorio. Si este alcanza la capacidad máxima, podrá asumir progresivamente esa función por sí mismo.

Doce gigavatios de potencia de cálculo suponen varios millones de chips de última generación, que actualmente suministra principalmente Nvidia y que están sujetos al control de exportaciones de Estados Unidos. Se prevé que Prometeo negocie, desde su puesta en marcha, acuerdos plurianuales de asignación con los principales proveedores. No se puede descartar el riesgo de restricciones, pero puede reducirse gracias al volumen del pedido, a la participación de varios Estados aliados y también, paradójicamente, a la implicación de inversores y proveedores estadounidenses en el proyecto, lo que aumentaría el costo económico y político de un posible bloqueo posterior por parte de la administración estadounidense.

3 – Una estructura de tres etapas

Para poner en marcha el plan Prometeo siguiendo estas directrices, proponemos un sistema de tres niveles.

Etapa 1: el laboratorio Prometeo

En cuanto al propio laboratorio, el control nacional debe ser permanente, pero sin interferencia alguna en su gestión operativa. Se trata de una sociedad por acciones simplificada (SAS), que funciona como cualquier laboratorio privado de IA. El Estado posee inicialmente alrededor del 25 % del capital, invertido en las mismas condiciones financieras que los inversores privados, con la diferencia de que dispone de una acción específica que le otorga derechos de veto limitados a las decisiones de soberanía: cambio de control, ubicación de los modelos y de la sede, cesión de activos críticos y garantía de acceso para Francia y sus socios. Una vez establecida, en el momento de la creación del laboratorio, la hoja de ruta con el objetivo de alcanzar la vanguardia en tres años, el Estado no interviene en la política científica, la contratación ni la estrategia comercial. Para tranquilizar a los inversores privados, el Estado anunciaría, desde la creación del laboratorio, normas precisas que regulen sus intervenciones, en la línea de la «forward guidance» de los bancos centrales.

Para disponer de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, el laboratorio debe recaudar entre 110.000 y 135.000 millones de euros de capital propio en un plazo de tres años. El Estado aportaría unos 23.000 millones de euros en las dos primeras rondas, con lo que pasaría a poseer aproximadamente el 25 % del capital tras cada una de ellas, y algo menos tras la tercera ronda, en la que no participaría. El resto deberá proceder de inversores privados, en tres rondas condicionadas al cumplimiento de hitos técnicos y financieros. El objetivo sería recaudar, respectivamente, 20.000, 42.000 y 72.000 millones de euros de capital, con valoraciones tras la operación de entre 40.000 y 50.000, 120.000 y 160.000, y 240.000 y 300.000 millones de euros. Esta progresión tiene como objetivo preservar el atractivo de las rondas sucesivas, al tiempo que deja al equipo aproximadamente una cuarta parte del capital tras la tercera ronda. El presupuesto de remuneración alcanzaría los 24.000 millones de euros en tres años, de los cuales unos 12.000 millones se destinarían a salarios y cargas sociales, y 12.000 millones a opciones sobre acciones (BSPCE) valoradas en el momento de la asignación, sin que ello suponga ningún desembolso para la empresa. El éxito de estas rondas de financiación se debería, en primer lugar, a la calidad del equipo fundador —formado por investigadores de talla mundial— y a los compromisos públicos que garantizan la disponibilidad de recursos informáticos para el laboratorio a medida que este crezca. Estos fundadores, contratados por el Estado al inicio del proyecto entre los mejores directivos científicos franceses y europeos de los laboratorios de vanguardia estadounidenses, mantendrían el control de la empresa a través de sus acciones con derechos de voto múltiples. Sería de gran ayuda contar con compromisos anticipados de compra de servicios de inferencia por parte de las grandes empresas europeas para contribuir a establecer su valor económico inicial.

Etapa 2: Calcul de France

Las otras dos etapas tienen como objetivo dotar al laboratorio de su potencia de cálculo. Prevemos dos etapas diferenciadas, de las cuales la primera estaría bajo control mayoritariamente público. Se trata de crear una sociedad anónima de derecho común con capital mayoritariamente público, Calcul de France, encargada de construir y poseer aproximadamente un tercio de la potencia de cálculo del programa, es decir, una dimensión acorde con los fondos de ahorro nacional disponibles para garantizar su financiación. Esta sociedad tiene un doble interés. En primer lugar, permite disponer de un activo estratégico controlado directamente por Francia. En segundo lugar, asocia el ahorro francés a una aportación mayoritaria de fondos propios públicos para obtener un costo de capital claramente inferior al del mercado, sin garantía del Estado sobre su deuda en la estructura básica.

El Estado aportaría a Calcul de France unos 28.000 millones de euros de fondos propios a lo largo de tres años y poseería el 65 % del capital, junto con accionistas privados de igual rango. La financiación se completaría con bonos y préstamos, suscritos principalmente por aseguradoras, la Caisse des dépôts e inversores institucionales.

Sin embargo, no se trata de retirar una parte del patrimonio de 2.160 billones de euros de los seguros de vida: solo una parte de ese ahorro se reasigna cada año, principalmente a través de la captación neta y el reembolso de los bonos que vencen, lo que supone un flujo inferior a 100.000 millones de euros al año. Además, los fondos en euros no pueden invertir directamente en capital propio y las normas prudenciales penalizan duramente los activos no cotizados. El mecanismo se basaría principalmente en obligaciones senior garantizadas de Calcul de France, sin garantía del Estado, que se beneficiarían de un refuerzo crediticio mediante tramos subordinados que absorberían las primeras pérdidas y mediante coberturas de agencias de crédito a la exportación. Solo se autorizaría una garantía de reserva, con un límite máximo de 15.000 millones de euros, parcial y remunerada con una prima de mercado, en el caso de que las emisiones no encontraran suficientes compradores. Estos bonos se complementarían con productos de inversión en unidades de cuenta, inversiones adaptadas al PER, préstamos a muy largo plazo del Fondo de Ahorro de la Caisse des Dépôts y un fondo ELTIF de capital propio admisible en el PEA, sin necesidad de cotización. La movilización se basaría en el atractivo de la rentabilidad y el riesgo, la adaptación del tratamiento prudencial de las inversiones en infraestructuras y la elegibilidad para los instrumentos de ahorro existentes. Se recurriría a acuerdos de mercado para coordinar las primeras emisiones, sin asignación a un único emisor ni asignación por defecto. La inversión del público en general no se produciría hasta después del primer hito técnico del laboratorio. De este modo, parece factible alcanzar un objetivo de unos 40.000 millones de euros al año de capital privado francés movilizado, es decir, 120.000 millones de euros en tres años.

Calcul de France alquilaría su capacidad de cálculo al laboratorio al precio de mercado vigente en el momento de la firma del contrato, celebrado desde el inicio del proyecto, con un alquiler fijado en dólares para toda su vigencia y un aplazamiento parcial durante los tres primeros años, aquellos del «sprint» hacia la IA de vanguardia. Esta fijación inicial protege al laboratorio frente a una posible subida posterior del precio del alquiler de la capacidad de cálculo. Una parte del alquiler no se pagaría de inmediato y se convertiría en un crédito de Calcul de France frente al laboratorio. Este mecanismo reduciría considerablemente el consumo de tesorería del laboratorio durante la fase de aceleración sin constituir una subvención. 

Cabe señalar que la potencia de cálculo obtenida de este modo por Calcul de France incluiría un segmento de unos 300 MW destinado a fines de defensa. 

Las compras en dólares de Calcul de France quedarían cubiertas parcialmente por sus ingresos por alquileres en dólares y por la financiación procedente de las agencias de crédito a la exportación. El saldo restante podría cubrirse mediante compras a plazo a través del Banco de Francia, con un costo estimado de entre 1.000 y 1.500 millones de euros, que se incluiría en el coste de construcción.

Etapa 3: la potencia de cálculo del mercado

En cuanto al resto de las necesidades de potencia de cálculo, procedemos según la práctica habitual para financiar este tipo de proyectos. Las empresas privadas construyen y gestionan los centros de cálculo y los financian mediante la combinación habitual de deuda y fondos propios. El laboratorio Prometeo dispondría de un derecho de acceso prioritario a esta capacidad de cálculo en caso de que sus trabajos tuvieran éxito; en caso contrario, la capacidad de cálculo instalada podría alquilarse a terceros.

No se necesita capital público francés para su construcción: el capital de Francia y de sus socios solo sirve para garantizar el único elemento público indispensable, un contrato a largo plazo que garantice la compra de la capacidad (el «offtake»). 

4 – La Agencia Internacional

Por lo tanto, el punto delicado sigue siendo la identidad de ese offtaker, que, como ya se ha dicho, no puede ser el laboratorio Prometeo en las primeras fases de la operación. Tampoco puede ser el propio Estado francés: si el Estado garantizara directamente la totalidad de los contratos de capacidad, ese compromiso se consolidaría en la deuda pública francesa, con las consecuencias que cabe imaginar para las tasas de interés soberanas francesas. 

La solución propuesta consiste en crear, mediante un tratado, una organización internacional —la Agencia— a cuya financiación Francia aportaría aproximadamente el 40 %, con derechos de voto limitados al 35 %. La Agencia contaría con órganos de decisión, capital propio y un balance propio. El tratado establecería sus parámetros esenciales, en particular las capacidades reservadas al laboratorio y sus condiciones de precio; su consejo decidiría sobre la gestión de las operaciones, la elección de los emplazamientos y los operadores, los procedimientos de adjudicación y la tesorería. Las decisiones más delicadas requerirían el 85 % de los votos: Francia podría así bloquear una modificación de las condiciones que protegen al laboratorio, sin poder decidir por sí sola. Esta autonomía, siguiendo el modelo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, permitiría aspirar a que los compromisos de la Agencia no se consolidaran en las deudas públicas nacionales, lo cual debería confirmar Eurostat antes de su creación mediante un dictamen ex ante. Intelsat y Eutelsat también constituyen precedentes de organizaciones creadas en virtud de un tratado que han adquirido, poseído y alquilado capacidades en beneficio de sus miembros. La Agencia firmaría los contratos de compra de capacidad con los operadores y, a continuación, subarrendaría dicha capacidad al laboratorio al precio de mercado registrado desde el inicio y fijado para la duración de los contratos.

Es para participar en esta agencia, más que para financiar el proyecto en sí, donde una coalición internacional convocada por Francia resulta extremadamente útil. Pero aún hay que conseguir que los demás socios se interesen por ella. Se les podrían ofrecer dos contrapartidas a cambio de su participación en la financiación:

• Una garantía inalienable de acceso a los modelos de Prometeo (en las mismas condiciones que las empresas francesas, mientras que la administración estadounidense ha demostrado recientemente que puede bloquear el acceso a los mejores modelos estadounidenses);
• Derechos sobre la potencia de cálculo generada por el programa (excluida la parte generada por Calcul de France), en proporción a su contribución. Una pequeña parte podría utilizarse desde el inicio del programa y durante la fase de aceleración hacia la frontera, en particular para sus necesidades públicas y de investigación, pero la mayor parte se entregaría posteriormente, entre 2030 y 2034. Si Prometeo alcanza la frontera, estos derechos podrían convertirse en gran parte, en condiciones ventajosas, en derechos de inferencia para sus modelos; además, una parte se reservaría para las empresas establecidas en cada Estado socio, en proporción a su contribución. Si Prometeo fracasara, los socios recuperarían, por el contrario, su parte correspondiente de la potencia de cálculo del mercado, que podrían utilizar o subarrendar, en particular para mejorar su posición negociadora frente a los laboratorios estadounidenses.

La aportación prevista para cada socio es del 0,3 % del PIB anual durante tres años. En teoría, el conjunto de socios debería representar unos 7.700 billones de euros de PIB (o menos si el BEI participa en el capital). No obstante, la participación íntegra de esta coalición no sería una condición imprescindible. Con socios que representen entre 4 y 5 billones de euros de PIB en el momento del lanzamiento, el volumen de mercado se reduciría a 5 o 6 GW, compensándose parte del déficit mediante Calcul de France y arrendamientos transitorios, a costa de un retraso estimado de uno o dos trimestres. Por debajo de esa cifra, una variante «solo Francia» de 8 GW en dos tramos iguales constituiría un plan alternativo, dentro del mismo presupuesto de financiación pública del 1,5 % del PIB anual durante tres años, pero con un costo superior en deuda según los criterios de Maastricht. Cabe recordar que, dada la creciente demanda de potencia de cálculo en los próximos años, incluso en caso de fracaso del laboratorio Prometeo, los socios podrían recuperar la mayor parte de su inversión, o incluso más, mediante el alquiler de las capacidades correspondientes a su cuota: en nuestras simulaciones, el valor recuperado representa entre el 95 % y el 113 % de la inversión inicial, según las hipótesis de precios y tasas de utilización de la capacidad de cálculo. La apuesta por Prometeo sería, por tanto, prácticamente gratuita para los socios de Francia.

5 – El costo para el Estado

La dotación de financiación pública francesa del programa durante el periodo de aceleración hacia la frontera (2027-2029) ascendería a unos 130.000 millones de euros, sin contar los intereses de la deuda pública adicional contraída para financiarlo. Sin embargo, estos 130.000 millones de euros no constituyen una subvención a un laboratorio: en su mayor parte, se trata de inversiones que incluyen participaciones en el capital, adquisiciones de activos, compras anticipadas de capacidad de cálculo, gastos presupuestarios y reservas.

La carga de intereses derivada sería de aproximadamente 0,8, 2,5 y 4,2 mil millones de euros durante los tres años de la fase intensiva, y posteriormente de 5,5 mil millones de euros al año. Se incluiría en el presupuesto de la deuda pública y lastraría el déficit. En caso de éxito, se cubriría con los dividendos de Calcul de France, los ingresos fiscales generados por el programa y el descuento sobre las capacidades prepagadas. En caso de fracaso, el costo anual no cubierto se estimaría en unos 2,5 mil millones de euros al año.

Las emisiones adicionales de OAT necesarias para el plan Prometeo supondrían un incremento de aproximadamente el 15 % con respecto a la tendencia, limitado a tres años. Su efecto sobre las tasas de interés, según las hipótesis del plan, se vería atenuado por el escaso impacto en el déficit, los activos adquiridos a cambio y la limitación de las pérdidas. No obstante, la valoración de los mercados dependería de la trayectoria general de las finanzas públicas francesas.

Cabe señalar que casi dos tercios del gasto autorizado serían neutros en términos del déficit de Maastricht: según Eurostat, se considerarían una operación financiera, es decir, a la adquisición de un activo (fondos propios del laboratorio y de Calcul de France y participación en el capital de la Agencia) o de un crédito (pago de capacidad de cómputo entregables a los Estados parte a partir de 2029). Otra parte sustituiría en parte a gastos ya previstos (los gastos en inferencia de las administraciones y los operadores públicos o las inversiones en materia de IA para la defensa). Si se tiene en cuenta la carga de intereses derivada, el efecto sobre el déficit público según los criterios de Maastricht sería del orden de 15.000 millones de euros al año, es decir, aproximadamente 0,5 puntos del PIB, siempre que Eurostat confirme el tratamiento contable de Calcul de France y de la Agencia.

Una opción consistiría en financiar entre 15.000 y 20.000 millones de euros de los aproximadamente 60.000 millones de euros destinados a la adquisición de participaciones públicas mediante la venta de otras participaciones del Estado cuya retención, en su nivel actual, ya no se consideraría estratégica. Esta reasignación reduciría en la misma medida la necesidad de recurrir a nueva financiación pública.

6 – La cuestión de las ayudas estatales

La apertura de un procedimiento contencioso por parte de la Comisión, o a raíz de un recurso presentado por otro agente económico ante el Tribunal de Justicia de la Unión, alegando la prohibición de las ayudas estatales, tendría consecuencias nefastas para las tasas de interés de los agentes afectados (una ayuda ilegal se reembolsa con intereses, lo que resulta una perspectiva disuasoria para los prestamistas), lo que debilitaría la operación. Por lo tanto, maximizamos las situaciones que se ajustan a estos criterios:

• En ausencia de ayudas estatales, siempre que las autoridades públicas intervengan como lo haría un agente económico ordinario y en condiciones de mercado;
• La existencia de una ayuda estatal en el sentido del Derecho de la Unión Europea, pero que se enmarca en una de las excepciones que autorizan su legalidad;
• Cuando se trata de una financiación que atañe a los intereses esenciales de seguridad del Estado en el marco previsto en el artículo 346 del TFUE: en ese caso, no le son aplicables las normas del mercado interior. No obstante, la jurisprudencia del TJUE es restrictiva en su interpretación.

Por estas razones, el Estado participa en el capital del laboratorio en las mismas condiciones que el mercado; el aplazamiento del pago de las regalías que el laboratorio debe a Calcul de France sería un simple crédito de proveedor remunerado; la Agencia Internacional formaliza contratos al precio de mercado vigente en el momento de la firma con las empresas de infraestructura y el laboratorio; o que la parte de cálculo destinada a la defensa se financiaría mediante créditos específicos consignados en la ley de programación militar.

La financiación de Calcul de France se estructuraría sin garantía estatal sobre su deuda: las aportaciones de capital propio se realizarían en las mismas condiciones que las de los inversores privados, los préstamos del Fondo de Ahorro se concederían a la tasa de interés de referencia, etc. La garantía de reserva, parcial y remunerada con una prima de mercado, estaría concebida para no constituir una ayuda y poder activarse sin decisión previa de la Comisión; no obstante, se notificaría previamente con carácter cautelar. Se mantendría la vía de los grandes proyectos de interés común europeo, con socios europeos, para las medidas que lo requirieran, en particular si el aplazamiento del pago de las tasas se calificara de ayuda a pesar de su remuneración a la tasa de riesgo.

Por último, hay que añadir dos cuestiones de naturaleza similar. En primer lugar, la justificación, a la luz del Derecho de la Unión, de la participación específica que el Estado tiene en el laboratorio, para que no se considere un obstáculo a la libre circulación de capitales. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el tema, una justificación basada en la seguridad nacional —real (garantía de no desconexión, capacidades sensibles y duales, ubicación de activos críticos) y proporcionada— permitiría justificar este aspecto de la operación. Por otra parte, el estatuto de Calcul de France: su constitución como sociedad de derecho común, la incorporación de accionistas privados desde el inicio, su deuda sin garantía del Estado, sus alquileres a precios de mercado y los riesgos asumidos en su propio balance tendrían por objeto permitir su clasificación fuera de las administraciones públicas desde su creación. Esta clasificación debería confirmarse mediante un dictamen ex ante de Eurostat.

7 – ¿Qué ocurre si el laboratorio no supera la prueba?

Aunque el éxito del laboratorio de vanguardia es creíble y, estamos convencidos de ello, probable si la gestión del proyecto está a la altura de su ambición, un esfuerzo de este tipo no puede concebirse sin un marco preciso de salida, establecido desde su puesta en marcha, para limitar el costo de un posible fracaso para las finanzas públicas. La «ley Prometeo» debería incluir hitos de revisión del proyecto con criterios objetivos para decidir si se continúa con él o se pone fin al mismo. Incluso podría constituirse un comité independiente para determinar si se ha alcanzado o no cada uno de dichos hitos.

Proponemos dos hitos principales para la salida: 

• A 12 meses del lanzamiento del proyecto, el fracaso se traduciría en la incapacidad del laboratorio para recaudar fondos en la siguiente ronda o para producir un primer prototipo prometedor;
• A 30 meses del inicio del proyecto, el fracaso se traduciría en la incapacidad del laboratorio para producir un modelo con menos de seis meses de retraso respecto a la frontera mundial, a pesar de la capacidad de cálculo de la que dispondría.

En caso de que no se cumpliera alguno de estos hitos, se llevaría a cabo de inmediato, siguiendo un procedimiento establecido de antemano, un cambio de rumbo que abandonaría los esfuerzos públicos destinados al laboratorio y reorientaría el sistema informático creado, conservando los GW de Calcul de France y alquilando, o reservando para uso soberano, el resto de las capacidades a las que tienen derecho Francia y sus socios. Quedaría totalmente descartada la posibilidad de insistir con nuevas subvenciones públicas.

En el escenario (el más probable) en el que la demanda mundial de potencia de cálculo se mantenga muy elevada en 2029-2030, el ámbito público y los derechos de acceso a la potencia de cálculo del mercado conservarían un valor considerable, independientemente del éxito o el fracaso de la carrera de Prometeo hacia la frontera. Si se tiene en cuenta, dentro de los 12 GW previstos por el programa, una implantación de aproximadamente 9 GW en Francia y de 3 GW en los países socios, Francia dispondría, en particular, de un activo estratégico considerable en su territorio. La pérdida neta total para el Estado en caso de fracaso se limitaría a los fondos propios invertidos en el laboratorio, así como a ciertos gastos no recuperables, y sería del orden de un punto del PIB. A pesar de esta pérdida económica neta, la situación de Francia sería mucho más favorable desde el punto de vista estratégico que si se mantuvieran las tendencias actuales. De hecho, dispondría de una capacidad de cálculo de 9 GW en su territorio, de los cuales 4 GW pertenecerían a Calcul de France, bajo control público mayoritario, lo que supondría una importante ventaja a la hora de negociar su acceso a los modelos de los laboratorios estadounidenses o chinos.

Un colapso mundial de la demanda de potencia de cómputo, en el contexto de un nuevo «invierno de la IA», constituiría un escenario distinto: la pérdida neta podría alcanzar entonces entre el 2 % y el 4 % del PIB. La exposición máxima del Estado, incluidas las sumas desembolsadas y los compromisos condicionales, se mantendría en torno a los 160.000 millones de euros. A los aproximadamente 130.000 millones de euros de la fase de aceleración podrían sumarse, de hecho, 16.000 millones de euros de capital exigible francés de la Agencia y hasta 15.000 millones de euros en concepto de garantía de reserva, si esta se hubiera activado.

8 – A partir de 2029: fin de la financiación pública

El plan desarrollado hasta ahora constituye un programa inicial; los 130.000 millones de euros de fondos públicos se gastarán únicamente a lo largo de tres años y no se prevé ninguna financiación pública posterior para el laboratorio. No obstante, hay que asegurarse de que este pueda valerse por sí mismo a partir de entonces.

Si Prometeo alcanza el límite, dispondrá de ingresos y de una valoración suficientes para financiarse directamente. Se convertirá en su propio offtakerpara construir una mayor capacidad de cálculo, a medida que las necesidades aumenten según las leyes de escala. Por su parte, Calcul de France podría financiar su renovación, o incluso su ampliación, gracias a los alquileres, al igual que una sociedad inmobiliaria de infraestructuras.

Sin embargo, para mantenerse en la vanguardia, Prometeo deberá pasar de 12 GW en 2029 a 18 GW a partir de 2030 y luego a 24 GW en 2031; se trata de órdenes de magnitud necesarias para seguir siendo competitivos frente a las previsiones de los competidores internacionales. Ahora bien, la construcción de tales capacidades lleva unos tres años; por lo tanto, hay que preparar esos 12 GW adicionales ya en 2027, antes de saber si el laboratorio alcanzará efectivamente el límite. Para proteger estas capacidades frente a un repunte de los alquileres, se firmarían opciones ya en los primeros seis meses del programa para las fases de 2030 y 2031, y posteriormente entre el sexto y el duodécimo mes para una fase adicional entregable en 2032. A cambio de una prima de opción, su precio de ejercicio se establecería según una fórmula basada en los costos de los equipos, los emplazamientos, la energía y el capital, con las indexaciones previstas, en lugar de basarse en el precio de alquiler vigente en el cálculo. Los compromisos firmes seguirían estando condicionados al cumplimiento de los hitos del programa. Serían financiados por el sector privado según los mismos mecanismos que los primeros GW, gracias a los compromisos de compra de la Agencia Internacional, pero sin nueva aportación pública de Francia ni de sus socios, salvo por un costo de capital moderadamente superior. En caso de éxito, la totalidad de estas nuevas capacidades se pondría a disposición de Prometeo; en caso de fracaso, las capacidades que ya estuvieran demasiado avanzadas para ser canceladas se pondrían a disposición de los socios, que podrían utilizarlas o alquilarlas. Esta ampliación permite evitar que Prometeo quede rezagado a partir de 2029 sin aumentar la exposición financiera pública prevista en el plan.

9 – ¿A qué estamos esperando?

El plan Prometeo parece extremadamente costoso a primera vista, pero en realidad puede financiarse de forma creíble, tanto en su dimensión pública —que exige un esfuerzo financiero considerable, pero estrictamente limitado en el tiempo, con un déficit modesto y un riesgo de pérdidas limitado—; como en su vertiente privada, donde el plan es coherente tanto con la magnitud de las cantidades que invierten actualmente los agentes financieros implicados en el sector como con sus expectativas, al proponer una estructura acorde con sus prácticas habituales. Además, permite garantizar la continuidad a largo plazo en la vanguardia de la investigación en caso de que el plan tenga éxito, sin necesidad de apoyo financiero público adicional tras tres años.

La expectativa de beneficio es claramente positiva, tanto para el Estado como para la economía francesa en su conjunto, pero también para los socios internacionales implicados. El éxito del plan no solo dotaría a Francia y a Europa de un activo estratégico y económico inestimable, sino que incluso si no lograra alcanzar la frontera, en 2029 Francia y sus socios dispondrían de una gran cantidad de potencia de cálculo, lo que les situaría en una posición mucho mejor que la que marca la tendencia actual para adoptar una estrategia alternativa, ya sea basada en modelos abiertos o en la negociación de una dependencia de los modelos estadounidenses.

Solo queda una pregunta: ¿qué estamos esperando?