Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron en pocas horas la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. Más de 70 personas perdieron la vida. No se trata de un suceso migratorio más. Es el primer ataque híbrido algorítmico a gran escala perpetrado contra una frontera exterior de la Unión. En resumen, es la demostración de que la desinformación selectiva puede ahora provocar, en menos de 24 horas, un impacto humano y político equivalente al de una operación de fuerza.
Ya conocíamos la «guerra de los migrantes» tal y como la han llevado a cabo Minsk y Moscú desde 2021 en las fronteras de Polonia, Lituania y Finlandia. Hoy nos encontramos con su versión 2.0: más rápida, más viral, más extendida y más difícil de atribuir. Es nuestra responsabilidad colectiva extraer de ella, sin demora alguna, las verdaderas lecciones.
Lo que sabemos, lo que debemos saber
Los hechos constatados dibujan un patrón que ya resulta habitual. Se difundió una interpretación deliberadamente tergiversada de una sentencia del Tribunal Supremo español (según la cual nadar garantizaría la no expulsión, o incluso la regularización), acompañada de un rumor con fecha concreta: la frontera estaría «abierta a las 22:00 horas» del miércoles por la noche. Ya el 27 de julio, un grupo de Facebook, «Hraga Ceuta», con más de 20.000 miembros, compartía mapas de Google Maps que indicaban las distancias a nado alrededor del dique del Tarajal, el material necesario, las rutas y las recaudaciones colectivas. TikTok, WhatsApp e Instagram se encargaron del resto.
Lo que desconocemos, y que sin embargo es esencial, es infinitamente más importante: no sabemos nada sobre las métricas de difusión de estos contenidos.
¿Cuántas visualizaciones? ¿Cuál es su alcance geolocalizado? ¿Cuál es la curva de propagación? ¿Cuáles son las cuentas que lo han impulsado? ¿En qué medida influyen la amplificación algorítmica, los bots y la auténtica viralidad desesperada?
Ninguna plataforma se ha pronunciado al respecto. No se ha hecho pública ninguna solicitud formal de acceso a los datos.
Ceuta es el primer ataque híbrido algorítmico a gran escala perpetrado contra una frontera exterior de la Unión.
Thierry Breton
En septiembre de 2024, una «fiebre de TikTok» similar había venido precedida por un video con más de 500.000 visualizaciones, 8.500 «me gusta» y 1.200 compartidos, que había movilizado a varios miles de candidatos en su momento. Veintidós meses después, aunque se desconocen las cifras exactas, se presentaron en la frontera diez veces más personas. Esta diferencia debe explicarse. No puede quedar sin explicación.
Por eso, hoy en día parece imprescindible llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente y pública.
Debe responder a cinco preguntas: ¿quién inició el rumor? ¿Quién lo amplificó? ¿Según qué lógicas algorítmicas? ¿Con qué servidores proxy, posiblemente estatales? ¿Por qué los sistemas de recomendación de las grandes plataformas han dado, en su caso, mayor visibilidad a estos contenidos en lugar de mitigarlos?
Sin estas respuestas, avanzamos a ciegas ante una amenaza que, por su parte, aprende rápido.
Un «experimento mental»: ¿habría sido posible la avalancha algorítmica de Ceuta en un espacio totalmente regulado por la DSA?
Planteemos la pregunta sin rodeos, ya que resulta instructiva. Si este mecanismo se hubiera aplicado en un espacio informativo en el que los marcos normativos europeos, como la DSA 1 se hubieran aplicado íntegramente, ¿habríamos vivido lo mismo?
Mi convicción es clara: no. No porque la DSA hubiera censurado esos contenidos. No puede hacerlo, ni quiere hacerlo, y ahí radica precisamente su valor. No hemos querido construir ni el gran cortafuegos chino, ni el Roskomnadzor ruso, ni la lógica de inmunidad total de las plataformas que prevalece en Estados Unidos desde la sección 230, ni las zonas grises que la mayoría de los demás Estados, fuera de la Unión, dejan prosperar a falta de un marco normativo. Hemos querido un tercer modelo, europeo: el de la transparencia vinculante y la responsabilidad ex ante de las plataformas de gran tamaño.
En concreto, se habrían aplicado tres artículos de la DSA.
El artículo 34 obliga a las plataformas de gran envergadura a evaluar los riesgos sistémicos que sus servicios suponen para el discurso cívico, la seguridad pública y la integridad de los procesos democráticos. Una avalancha de gente hacia la frontera provocada por un rumor viral entra, sin lugar a dudas, en esta categoría.
El artículo 35 les obliga a adoptar medidas de mitigación proporcionadas, como: el ajuste de los sistemas de recomendación, la reducción algorítmica del alcance de los contenidos manifiestamente engañosos o el uso de mecanismos para frenar la propagación.
La soberanía europea empieza por el control de su frontera informativa.
Thierry Breton
El artículo 36 permite a la Comisión activar un mecanismo de respuesta ante crisis, que obliga a las plataformas a documentar y corregir en tiempo real sus decisiones de moderación.
A esto hay que añadir el artículo 40, que permite el acceso a los datos a los investigadores acreditados, y el artículo 15, que exige la presentación de informes de transparencia.
Nada de todo ello habría impedido a los marroquíes de Fnideq albergar la esperanza de llegar a Europa. Pero todo ello habría hecho que la manipulación fuera rastreable, cuestionable y costosa para sus autores. Es esta diferencia, entre un espacio informativo estructuralmente opaco y un espacio estructuralmente responsable, la que define hoy en día la soberanía democrática digital europea.
Tenemos en nuestras manos las herramientas de nuestro poder
Se trata de una lección importante, que no tiene nada de abstracto, y que corresponde a la Comisión y a las autoridades europeas dar a conocer a todos los ciudadanos que desean comprender y controlar lo que está sucediendo en nuestras fronteras.
Esta exigencia de claridad comenzó a traducirse en medidas el 11 de diciembre de 2024, cuando la Comisión aprobó, como primera medida en pleno de su segundo mandato, una comunicación sobre la lucha contra la instrumentalización de la migración como amenaza híbrida y el refuerzo de las fronteras exteriores. Ursula von der Leyen lo recordó, con razón, al inicio de su mandato.
Esta comunicación respondía entonces a la presión ejercida por Bielorrusia en las fronteras de Polonia y Finlandia. Hoy en día, debe actualizarse para incorporar la dimensión algorítmica de la amenaza.
El enemigo ya no es solo aquel que empuja físicamente a los migrantes hacia una valla; también es aquel que dirige flujos de información hacia poblaciones vulnerables.
Tres acciones que hay que iniciar de inmediato
Aplicar sin demora el Reglamento 2024/1359 del Pacto sobre Migración
Este reglamento, que entró plenamente en vigor el 12 de junio de 2026, y que el PPE de Manfred Weber, Roberta Metsola y Ursula von der Leyen ha defendido, y que el ECR de Giorgia Meloni ha respaldado como un primer paso necesario, se ha concebido precisamente para este tipo de situaciones.
Su artículo 1, apartado 4, letra b), define la instrumentalización como la situación en la que «un tercer país o un actor no estatal hostil fomenta o facilita el desplazamiento de nacionales de terceros países» hacia las fronteras exteriores, con el objetivo de desestabilizar a un Estado miembro y que pueda poner en peligro sus funciones esenciales. Ceuta entra sin lugar a dudas dentro de esta definición.
El enemigo ya no es solo aquel que empuja físicamente a los migrantes hacia una valla; también es aquel que dirige flujos de información hacia poblaciones vulnerables.
Thierry Breton
La cuestión se plantea, por tanto, en términos jurídicos precisos: ¿ha solicitado España formalmente a la Comisión que evalúe una situación de instrumentalización, o tiene intención de hacerlo? ¿Ha iniciado la Comisión la evaluación prevista en el artículo 2? ¿Se ha propuesto una decisión de ejecución del Consejo para activar las medidas de excepción y de solidaridad?
Al mismo tiempo, el Reglamento 2024/1351 prevé un mecanismo de solidaridad obligatorio (reubicaciones, contribuciones financieras, apoyo operativo) del que España debería beneficiarse de pleno derecho. Frontex, cuyo mandato se ha reforzado, también tiene un papel importante que desempeñar en este sentido.
Un reglamento europeo que se celebra pero que no se aplica en su primera prueba seria no es un reglamento, es una pose. En las próximas semanas, el Consejo Europeo debe exigir un informe objetivo y sin complacencias.
Aprovechar la DSA en lo que puede y debe cubrir
Hay que ser preciso en este punto, ya que la DSA no tiene por objeto regular lo que ocurre en el espacio informativo marroquí desde la perspectiva de Marruecos. Su ámbito de aplicación, definido en el artículo 2, se refiere a los servicios intermediarios ofrecidos a destinatarios situados en la Unión. Por ejemplo, Meta, TikTok y X son plataformas designadas de gran envergadura, que cuentan con establecimientos y representantes legales en la Unión; Ceuta es un territorio europeo; la crisis afectó directamente al orden público de un Estado miembro y se saldó con más de 70 muertos. Los contenidos objeto de la denuncia eran ampliamente accesibles desde la Unión, en particular para las diásporas marroquíes establecidas en España, Francia, Bélgica y los Países Bajos.
Partiendo de estas premisas, se podrían activar, en su caso, tres medidas.
El artículo 34 establece que las plataformas deberían, en sus evaluaciones de riesgos sistémicos para 2026, tener en cuenta el riesgo de que sus sistemas de recomendación generen, para la seguridad pública en la Unión, una amplificación de los contenidos que inciten a cruces masivos de la frontera exterior, incluso cuando la audiencia principal —pero no la secundaria— sea de fuera de Europa.
En virtud del artículo 40, la Comisión debería permitir sin demora a los investigadores acreditados acceder a los datos sobre la circulación, en la Unión, de los contenidos relacionados con este suceso entre el 20 de julio y el 2 de agosto. Esa es la condición indispensable para llevar a cabo una investigación seria.
Pagamos a nuestros socios para que controlen su frontera física. Ahora debemos exigirles que controlen su frontera informativa.
Thierry Breton
Además, el artículo 36 permite activar el mecanismo de respuesta ante crisis siempre que una crisis afecte gravemente a la seguridad pública en la Unión, lo que evidentemente ocurre en este caso. El silencio sobre estas cuestiones es insostenible. Si la Comisión desea demostrar su capacidad para defender el interés europeo, debe actuar sin demora.
Dotar a la Unión de una doctrina explícita de respuesta híbrida algorítmica
Esta doctrina debe articular tres niveles: la atribución técnica, la respuesta diplomática gradual y los instrumentos de coacción económica ya existentes (régimen de sanciones cibernéticas, instrumento contra la coacción). Sabemos cómo hacerlo en el caso de los ciberataques desde 2017; es hora de hacerlo también con los ataques informativos con fines migratorios.
Lo que debemos exigir a nuestros socios del Sur
La Unión destina unos 500 millones de euros a Marruecos en el marco de la cooperación en materia de migración para el período 2021-2027, de los cuales 152 millones se han comprometido en 2023. Esta cooperación es útil y debe continuar. Pero, a partir de ahora, debe ir acompañada de una condicionalidad clara, asumida y estipulada en un contrato.
Pagamos a nuestros socios para que controlen su frontera física. Ahora debemos exigirles que controlen su frontera informativa. En la práctica, esto implica tres obligaciones, que deben incluirse en los próximos acuerdos: el desmantelamiento efectivo de las redes de traficantes digitales que operan desde su territorio, con una obligación de resultados medibles; la cooperación judicial rápida en relación con las cuentas e infraestructuras identificadas; la adopción de un marco regulador de contenidos inspirado en la DSA, con transparencia en las retiradas y cooperación con la Comisión. Es lo que hay. Una frontera no se vigila solo desde un lado. Una frontera informativa tampoco.
La soberanía o la impotencia
Esta crisis no se ha producido de la nada.
La coincidencia entre la avalancha del 31 de julio y varias señales hostiles dirigidas contra Ceuta y Melilla por parte de la administración de Trump, o la reanudación de los canales diplomáticos españoles en Argel, nos lleva a preguntarnos si ha habido injerencia.
En lugar de especular sobre una posible responsabilidad —ya sea estadounidense, rusa, vinculada a las redes de la internacional reaccionaria o al crimen organizado—, nuestros conciudadanos deberían comprender que disponen de medios democráticos para esclarecer los hechos y que pueden exigir a las autoridades que los utilicen lo antes posible.
Solo una investigación puede demostrarlo. Y demostrarlo pondría de manifiesto que nuestros principios democráticos no solo protegen mejor, sino que también son más eficaces.
Ceuta es una señal. Nos dice tres cosas. En primer lugar, que la frontera del siglo XXI es a la vez física e informativa, y que no se puede pretender garantizar la seguridad de una sin la otra.
Es hora de demostrar que este modelo funciona, no en debates teóricos, sino en las fronteras de la Unión, donde mueren mujeres y hombres porque un algoritmo les ha mentido.
Thierry Breton
Además, Europa ya cuenta, con la DSA y el Pacto sobre Migración, con los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a esta situación, siempre y cuando se apliquen con la rapidez que exige la amenaza.
Por último, nos dice que negarse a elegir entre el modelo chino de vigilancia, el laissez-faire estadounidense y la incapacidad para actuar no es una postura sostenible: es la definición misma del proyecto europeo.
El espíritu de la DSA, que hemos defendido, es el de un espacio informativo europeo que sea a la vez libre y regulado, abierto y responsable, que proteja las libertades y se muestre inflexible con quienes las instrumentalizan.
Es hora de demostrar que este modelo funciona, no en debates teóricos, sino en las fronteras de la Unión, donde mueren mujeres y hombres porque un algoritmo les ha mentido.
Notas al pie
- La DSA (Digital Services Act, o Ley de Servicios Digitales) es un reglamento europeo que entró en vigor en 2023 y que impone a las plataformas en línea obligaciones de transparencia y moderación de contenidos ilícitos, proporcionales a su tamaño, con el fin de proteger mejor a los usuarios en el espacio digital.
