La geoingeniería es una idea peligrosa que ya no podemos eludir

Algunas ideas se introducen en el debate público como promesas. Otras, como amenazas. La geoingeniería solar lleva mucho tiempo perteneciendo a la segunda categoría.

La mera exposición de su principio basta para provocar inquietud: modificar deliberadamente la radiación solar que recibe la Tierra con el fin de devolver al espacio una fracción de la luz solar y, de este modo, reducir artificialmente la temperatura del planeta. Esta intuición física se conoce desde hace 30 años: algunas grandes erupciones volcánicas han enfriado la superficie terrestre al proyectar partículas hacia la estratosfera. La Modificación de la Radiación Solar (SRM) trataría de reproducir una parte de este efecto de forma deliberada, controlada y continua.

Para muchos, este proyecto es un ejemplo de desmesura científica arquetípica, digna de un Doctor Strangelove que juega con el termostato del mundo: responder a una intervención planetaria con otra intervención planetaria; confiar al ingenio técnico una crisis que, en parte, ha surgido de un exceso de poder técnico; ofrecer una cómoda vía de escape a la economía de los combustibles fósiles, siempre dispuesta a reclamar diez años de prórroga, y luego otros diez más.

A esto se suman las limitaciones y los riesgos físicos. La SRM no elimina ni una sola tonelada de CO₂ de la atmósfera. No repara el clima. No resuelve la acidificación de los océanos. Debería mantenerse a largo plazo: si se aplicara y luego se interrumpiera bruscamente, el calentamiento, que se habría enmascarado temporalmente, volvería rápidamente, con consecuencias potencialmente graves para los ecosistemas y las sociedades.

Estas objeciones son graves. Deben seguir siendo el eje central del debate. Además, no surgen de la nada: desde hace más de una década, la modificación de la radiación solar es objeto de estudio por parte del IPCC, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las academias científicas y varios proyectos europeos que han examinado sus posibles efectos físicos, así como sus dimensiones jurídicas, éticas y políticas. Las propias instituciones europeas actúan con cautela: el Mecanismo de Asesoramiento Científico de la Comisión Europea recomienda dar prioridad a la reducción de emisiones y a la adaptación, no aplicar la SRM en el estado actual de los conocimientos y autorizar únicamente una investigación rigurosa, transparente y ética. Las críticas más serias —desde el Convenio sobre la Diversidad Biológica hasta el llamado a un Acuerdo Internacional de No Utilización— forman, por tanto, parte integrante del debate.

Pero eso no basta para agotar el tema. El debate se estanca con demasiada frecuencia en una disyuntiva demasiado simplista —la arrogancia tecnológica o el tabú moral— que no refleja adecuadamente la situación real. Y es que el clima ya ha dejado de ser un «exterior» intacto en el que bastaría con borrar nuestra huella para volver al estado anterior. Debido a las emisiones que se han producido durante más de un siglo, la humanidad ha modificado su composición química, su temperatura y sus riesgos. Para siempre: el día en que dejemos de emitir («cero neto»), el clima no volverá a su estado anterior a la revolución industrial, sino que se estabilizará en su estado actual.

Evitar daños futuros no es, por tanto, más que una parte de la política climática. Esta consiste, fundamentalmente, en tener en cuenta las consecuencias de un mundo que ya se ha transformado. Se trata de una política de decisiones continuas sobre un sistema que ya se ha visto alterado. Reducir las emisiones, financiar la adaptación, capturar carbono de la atmósfera, transformar las infraestructuras y proteger a la población son otras tantas formas de actuar frente a los riesgos climáticos. Estas opciones persiguen objetivos diferentes, producen sus efectos a ritmos distintos y cada una conlleva sus propios costos, limitaciones y efectos de distribución.

La geoingeniería solar debe entenderse en este contexto. En principio, podría reducir rápidamente la temperatura media y mitigar algunas olas de calor extremas, lo que permitiría reducir ciertos daños, mientras que otras políticas —reducción de emisiones, adaptación y captura de carbono— surten efecto más lentamente.

En este sentido, no constituye, en primer lugar, una solución climática, sino una herramienta cuyo posible uso plantea inmediatamente cuestiones políticas.

Su interés radica en que podría mitigar algunos de los efectos relacionados con el calentamiento global. Ahora que el umbral de 1,5 °C —que durante mucho tiempo se ha considerado una línea roja— está a punto de superarse, sus beneficios potenciales son de varios tipos: humanos, al salvar vidas; económicos, al reducir los costos derivados de los daños climáticos y amortiguar las pérdidas de productividad; ecológicos, al limitar el estrés térmico que debilita los ecosistemas y ralentizar los impactos relacionados con el aumento de las temperaturas. En algunos escenarios, los primeros estudios indican que una combinación de medidas de mitigación, captura de carbono y SRM limitada podría ofrecer una protección mayor que la mitigación por sí sola.

Sus riesgos se deben a que la geoingeniería podría generar, de forma no lineal, nuevos problemas o trasladar los problemas existentes a otros lugares. Esto plantea de inmediato cuestiones de justicia y gobernanza: quién podría beneficiarse de ello, quién asume los costos o los daños, quién decide, quién indemniza, quién supervisa y quién puede detenerlo. En este sentido, obliga a hacer explícitas unas decisiones que la política climática suele dejar implícitas.

Por eso se merece algo mejor de lo que la caricatura está dispuesta a reconocerle. La tarea inmediata no consiste en aprobarla o rechazarla, sino en analizarla con el rigor suficiente para evitar varios escollos.

Desde el sur, la cuestión cambia de sentido

En una sociedad rica, dotada de infraestructuras y sistemas sanitarios sólidos, la geoingeniería solar puede parecer una tentación prometeica o un símbolo de desmesura. Sin embargo, en un país expuesto al calor, a un déficit crónico de financiación y a cosechas frágiles, la cuestión adquiere otra dimensión. De hecho, se sabe que estos países, los menos responsables del calentamiento global, son, sin embargo, los que sufren los daños marginales más elevados. 

El Lancet Countdown estima que la exposición al calor provoca pérdidas de ingresos relacionadas con la disminución de la capacidad laboral de más de un billón de dólares, lo que afecta de manera desproporcionada a los países de renta baja o media. Al mismo tiempo, las necesidades de adaptación de los países en desarrollo alcanzan magnitudes entre 12 y 14 veces superiores a los flujos de financiación pública internacional realmente disponibles.

Cada décima de grado adicional supone más días en los que trabajar al aire libre resulta peligroso, unos rendimientos agrícolas más inestables, unos sistemas sanitarios más sobrecargados y unas infraestructuras que quedan obsoletas más rápidamente. Los estudios de modelización sugieren que un enfriamiento global de aproximadamente 1 °C por SRM podría reducir la mortalidad relacionada con la temperatura en varios cientos de miles de fallecimientos al año. ¹ Otros estudios indican que ciertos escenarios de geoingeniería solar podrían reducir las desigualdades de ingresos entre países, sobre todo porque las economías tropicales y pobres sufren con mayor intensidad los efectos del calor. ²

En este contexto, plantearse la posibilidad de un instrumento capaz de reducir rápidamente el calentamiento global es una respuesta racional ante un conjunto de opciones perjudiciales. La India lo está estudiando oficialmente en el seno de un organismo presidido por el primer ministro. China trabaja en ello de forma más discreta, a través de sus redes de investigación y expertos. Varios Estados africanos se están interesando por ello, a menudo desde la perspectiva de la justicia climática y la vulnerabilidad. Esto no prejuzga en modo alguno la posición final de los países vulnerables respecto a un posible despliegue de estas tecnologías. Muchos podrían oponerse a ello. Pero su interés por la cuestión no merece ni sospechas ni condescendencia. El debate Norte-Sur se envenena cuando los países menos expuestos pretenden determinar qué preguntas tienen derecho a plantear los países más expuestos.

El riesgo de la ignorancia

El problema político que plantea la geoingeniería no se parece a ningún otro en la política climática. La mayoría de las medidas climáticas son lentas, costosas, de ámbito nacional y acumulativas. La modificación de la radiación solar tendría efectos rápidos (la temperatura descendería en unos meses), consecuencias transfronterizas (es imposible limitar el enfriamiento a una región o un país debido a la circulación atmosférica), unos costos técnicos directos reducidos en comparación con los presupuestos públicos mundiales (del orden de unos pocos miles de millones de dólares al año), y la tecnología necesaria para su implementación es ampliamente accesible. En otras palabras, está al alcance de muchos. Un Estado, una coalición reducida o un actor privado que viera en ello un interés propio podría convencerse de que posee la capacidad técnica y la justificación moral para actuar por su cuenta.

Este temor alimenta una objeción a la propia investigación. Investigar, experimentar e institucionalizar un ámbito equivaldría ya a abrir una caja de Pandora: una vez constituida la capacidad técnica, las sociedades ya no podrían detenerse. La objeción debe tomarse en serio, pero se basa en un determinismo demasiado simplista. No todas las capacidades técnicas se convierten en prácticas aceptadas. La clonación reproductiva humana ha sido ampliamente contenida por prohibiciones éticas y jurídicas. Las armas químicas, a pesar de su dominio, han sido objeto de una firme prohibición internacional. Estos precedentes no garantizan nada en lo que respecta a la SRM, pero recuerdan que el paso del conocimiento al uso depende de las instituciones, las normas y las decisiones políticas, y no de una fatalidad técnica.

Muchos justifican su reticencia hacia la investigación sobre la SRM con otro argumento: el riesgo moral. Cuanto más sepamos sobre esta tecnología, mayor será el riesgo de que nos veamos tentados a utilizarla; cuanto más creíble parezca, más podría debilitar los esfuerzos dedicados a la reducción de emisiones. Es legítimo preocuparse por que la geoingeniería se convierta en el argumento de quienes desean prolongar la economía basada en los combustibles fósiles, o por que algunos presenten lo que es, en esencia, una tecnología para gestionar los síntomas como una alternativa al tratamiento de la causa.

Pero el riesgo moral tiene muchas caras. Otra de ellas es el riesgo de los hechos consumados. Al negarse a adquirir los conocimientos suficientes para evaluar los riesgos, comprender los efectos regionales y establecer normas, la comunidad internacional dejaría vía libre a iniciativas menos transparentes. ³ El vacío atrae a los empresarios. Así lo han demostrado episodios recientes, como esas iniciativas privadas que pretenden vender «créditos de enfriamiento» mediante globos cargados de dióxido de azufre. A escala física, estos experimentos eran minúsculos. Pero ponen de relieve y se aprovechan de un vacío de gobernanza. La falta de conocimiento no elimina la posibilidad de actuar; solo reduce la capacidad colectiva para regular dicha acción.

Por último, existe una tercera forma de riesgo moral, de la que se habla con menos frecuencia. Consiste en considerar moralmente neutro el hecho de renunciar a examinar una opción que, en determinadas circunstancias, podría reducir daños importantes para poblaciones especialmente vulnerables. Negarse a saber no es una postura sin consecuencias. Cuando aumentan los riesgos climáticos, la ignorancia genera costos, pérdidas de oportunidades y traslada los riesgos a otros actores. Priva a las sociedades de la posibilidad de evaluar las opciones que les conciernen. Las sociedades relativamente protegidas pueden permitirse mantener una distancia moral respecto a una herramienta cuya necesidad apenas prevén. Una isla expuesta a la subida del nivel del mar o un agricultor del Sahel que se enfrenta a rendimientos inciertos pueden preguntarse razonablemente por qué otros deberían decidir en su lugar qué riesgos merecen ser analizados.

Existen riesgos morales que compiten entre sí. ¿Cuál parece más grave, cuál es más probable y qué instituciones permiten contenerlos simultáneamente? Estas son cuestiones políticas.

Una gramática de los futuros imperfectos

La geoingeniería solar obliga a la política climática a adentrarse en una reflexión más compleja y, por lo tanto, menos cómoda. Una época en la que ya no basta con contraponer la reducción de emisiones a otros instrumentos, como si uno de ellos pudiera eximirnos de plantearnos los demás.

La gran debilidad del debate actual sobre el clima radica en que, durante mucho tiempo, se ha hablado como si las decisiones acertadas no implicaran tener que hacer concesiones. Este reflejo tenía una utilidad política: había que evitar que la complejidad sirviera de excusa para la inacción (recordemos cómo Al Gore rechazaba el tema de la adaptación, al que calificaba de «palabra que empieza por A», alegando que desviaría los esfuerzos indispensables para la mitigación). Pero también ha dado lugar a un debate a veces demasiado limitado para las decisiones que se avecinan.

La política climática real ya se articula en torno a instrumentos imperfectos. Su jerarquía es importante.

La mitigación sigue siendo prioritaria, ya que el calentamiento depende de las reservas acumuladas de gases de efecto invernadero. Las emisiones netas persistentes aumentan este stock y prolongan el calentamiento. Por lo tanto, la reducción rápida de las emisiones es la condición indispensable para cualquier estabilización. Su ritmo plantea cuestiones relacionadas con la transformación industrial y tecnológica, la justicia social, la competitividad y la financiación.

A continuación viene la adaptación, con su propia urgencia. Las ciudades, los puertos, las carreteras, los sistemas agrícolas, los hospitales y las aseguradoras se diseñaron para un clima que ya no existe. Adaptarlos implica tomar decisiones sobre el ritmo, la financiación, la protección social, las prioridades territoriales y la justicia. La adaptación salva vidas, consume recursos escasos y se enfrenta a límites físicos.

La captura de carbono responde a otra lógica. Como compensación por las emisiones residuales, plantea una cuestión de integridad, de coste de oportunidad y de permanencia. Como medida de recuperación histórica, plantea una cuestión moral y económica más radical: ¿quién pagará por reparar un daño antiguo cuyos responsables, beneficiarios y víctimas se encuentran dispersos a lo largo del tiempo?

La SRM introduce una estructura de arbitraje diferente. Obliga a comparar los riesgos generados con los riesgos evitados. Sus riesgos físicos, políticos, geopolíticos e institucionales deben evaluarse frente a los riesgos de un mundo más cálido en su ausencia. Obliga a comparar varios futuros deteriorados. Esta lógica modifica la naturaleza del debate. La SRM no exime de elegir, pero hace que las elecciones sean mucho más explícitas: ¿debemos dar prioridad a la reducción de las olas de calor extremas, a la estabilidad de los monzones, a la seguridad alimentaria, a la protección de los ecosistemas, a la reducción de las desigualdades entre países o al acercamiento progresivo hacia unas condiciones climáticas más cercanas a la era preindustrial? Estos objetivos pueden converger y luego divergir. Reflejan visiones diferentes del clima deseable.

En cierto modo, la SRM nos obliga a reflexionar en profundidad sobre las políticas del Antropoceno. Pone de manifiesto lo que la política climática hará cada vez con más frecuencia: arbitrar entre riesgos, en un contexto de incertidumbre, en un mundo que ya se ha transformado.

La ciencia puede arrojar luz sobre las consecuencias de estas decisiones. Puede indicar lo que sugieren los modelos, lo que permiten inferir las observaciones y qué incertidumbres son lo suficientemente importantes como para modificar la decisión. No elige los fines. Esa elección depende de las preferencias colectivas, las culturas políticas, la tolerancia al riesgo, las responsabilidades y las instituciones.

Gestionar los riesgos

El principio de precaución ocupa, al menos en Europa (mucho menos en otros lugares), un lugar central en este debate. Explicitar estas decisiones no significa abandonarlo, sino, por el contrario, volver a una disciplina en la toma de decisiones. Esto requiere identificar los daños plausibles, comparar los riesgos de la acción con los de la inacción, precisar los aspectos irreversibles, determinar quién asume las consecuencias, prever mecanismos de interrupción y garantizar la transparencia.

En un mundo que ya es peligroso, la prudencia puede justificar una moratoria sobre el despliegue. Puede justificar una investigación pública y supervisada. En un futuro posible —con mayores daños climáticos, conocimientos más sólidos e instituciones más legítimas—, también podría llevar a algunos responsables políticos a considerar que un despliegue estrictamente regulado reduce el riesgo total. Reconocerlo no es una llamada al uso, sino una aclaración: la precaución es un método de juicio ante la incertidumbre, y no un principio para evitar el juicio.

La confianza en las instituciones frente a la tecnología: el «tecnosolucionismo»

El desacuerdo sobre la SRM va, por tanto, mucho más allá de la física de la atmósfera.

Una primera discrepancia se refiere a la confianza que se deposita en las instituciones, en la cooperación internacional y en el dominio de las tecnologías. 

En este debate, la postura más extendida parte de un diagnóstico de desconfianza. Los riesgos son demasiado amplios, las instituciones demasiado frágiles y los incentivos demasiado peligrosos. Una tecnología capaz de modificar el clima mundial, puesta en manos de gobiernos sujetos a ciclos electorales, en un contexto de rivalidades geopolíticas, parece exceder las capacidades habituales de la política. Desde esta perspectiva, la prudencia exige prevenir el uso unilateral y trabajar por una prohibición internacional lo más amplia posible.

Otra postura parte de un diagnóstico diferente: los riesgos de la tecnología son reales, pero también lo son los riesgos de un mundo más cálido y de la ignorancia organizada. El dominio tecnológico debe ser supervisado, cuestionado y sometido a deliberación, sin dar por sentado que es imposible. Desde esta perspectiva, se trata de establecer unas condiciones: ¿cuáles son los conocimientos, las instituciones, las garantías y los mecanismos que permitirían tomar una decisión sólida, incluida, en su caso, la decisión de renunciar? 

Estas dos posturas son más serias que sus caricaturas. Es preferible explicar esta divergencia a lanzar una acusación vaga de «tecnosolucionismo». El problema no es que la SRM sea «tecnológica»: cualquier política climática moderna ya lo es, desde las redes eléctricas hasta las bombas de calor, desde la captura de carbono hasta los sistemas de alerta temprana. El problema es saber al servicio de qué concepción del mundo se estudiaría, se regularía o se rechazaría esta tecnología.

¿Es el ecologismo una forma de humanismo?

Hay un segundo desacuerdo, aún más profundo, que atraviesa el debate: ¿qué importancia hay que dar a los intereses humanos frente a los propios entornos naturales?

La SRM obliga a indicar qué tipo de ambiente se pretende crear, para quién y según qué criterios.

Un enfoque antropocéntrico considerará prioritario reducir los daños que sufren las sociedades humanas: las muertes relacionadas con el calor, las pérdidas agrícolas, la disminución de la productividad, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Esta perspectiva reconoce el valor de los entornos naturales, pero solo los protege en la medida en que su degradación nos afecta en forma de pérdidas económicas, sociales y sanitarias. La ciencia, el ingenio y la tecnología se convierten en medios legítimos para acelerar las transiciones y limitar el sufrimiento. En este contexto, la cuestión principal es saber si una reducción parcial del calentamiento global puede preservar más vidas, capacidades productivas y bienestar que los escenarios sin SRM.

Otro enfoque, basado en una ecología de los límites, otorga a los entornos naturales un valor propio, que no puede reducirse a los servicios que prestan a la humanidad. Reconoce obligaciones para con otras especies, los ecosistemas, los paisajes, los ciclos biogeoquímicos y las formas de vida no humanas, admitiendo que el desarrollo humano pueda verse limitado por dichas obligaciones. Desde esta perspectiva, una intervención intencionada sobre la radiación solar puede parecer una transgresión moral que consolida una lógica de gestión tecnológica permanente de lo vivo, aunque algunos beneficios para el ser humano parezcan plausibles, a menos que la SRM pueda proteger también los ecosistemas o favorecer las vías de restauración de la naturaleza, en cuyo caso se plantea otro dilema, puramente tecnológico.

Ningún modelo podrá eliminar esta discrepancia. Los modelos pueden estimar los efectos sobre la temperatura, las precipitaciones, los rendimientos, la mortalidad o los ingresos. Pero no pueden decidir por sí solos cuál es la jerarquía de riesgos y prioridades.

La SRM obliga a estas dos corrientes ecológicas a dialogar entre sí. Obliga a preguntarse qué clima se pretende conseguir, para quién y según qué criterios. Obliga a dejar claro el lugar que se desea otorgar a la restauración de la naturaleza y el que se quiere reservar para el desarrollo humano. La ciencia aclara las consecuencias; no elige los fines.

Una doctrina de moderación activa

Es en este estrecho margen donde la Comisión sobre el Exceso Climático ha buscado un terreno viable. La Comisión, que hemos presidido y asesorado, creada por el Foro de París por la Paz, ha reunido durante 18 meses a responsables y expertos procedentes de todas las grandes regiones del mundo (Unión Europea, Estados Unidos, China, África, India, Indonesia, América Latina, islas del Pacífico), investigadores de primer orden (Stanford, Oxford, Harvard, Tsinghua y la vicepresidencia del IPCC) y jóvenes representantes de los movimientos climáticos. Nuestro trabajo se centró, en términos generales, en los riesgos del sobrecalentamiento climático y estudió los cuatro enfoques para hacerles frente: reducción de emisiones, adaptación, captura de carbono y modificación de la radiación solar. En este orden: C antes que A, A antes que R y R antes que E, lo que la Climate Overshoot Commission había resumido en la doctrina CARE: Cut emissions, Adapt, Remove carbon, Explore solar radiation modification. ⁴

El consenso alcanzado sobre la SRM se resume en unas cuantas propuestas sencillas.

En primer lugar, ignorar la SRM aumenta los riesgos. Es necesario reducir las incertidumbres físicas, políticas e institucionales, ya que la falta de conocimientos favorece las decisiones precipitadas y las acciones aisladas. En segundo lugar, la SRM solo puede desempeñar un papel complementario respecto a la reducción de emisiones. Actúa sobre una parte de los efectos del calentamiento, mientras que las emisiones son su causa principal. Si el stock de gases de efecto invernadero sigue aumentando, la presión sobre cualquier intervención radiativa aumenta con él. Por último, la falta de gobernanza aumenta la probabilidad de que se produzcan implementaciones peligrosas o injustas, mientras que un marco común puede reducir el incentivo para actuar de forma aislada.

De ahí se deriva una doctrina de moderación activa, basada en tres principios:

El primero es una investigación responsable, es decir, pública, abierta, transparente, ajena a la lógica comercial, sujeta a la normativa medioambiental y destinada a esclarecer tanto los efectos físicos como las consecuencias económicas, sociales y geopolíticas. El Reino Unido ha puesto en marcha un importante programa público de investigación sobre las técnicas denominadas de «enfriamiento climático», lo cual hay que celebrar. Esta investigación debe, en términos más generales, incluir a los países en desarrollo como generadores de conocimiento.

El segundo es iniciar cuanto antes diálogos informales sobre la gobernanza de un posible despliegue. Hay que hacerlo ahora. Los acuerdos internacionales llevan tiempo; las capacidades técnicas avanzan; las crisis reducen el margen de deliberación. Entre estas temporalidades, hay que definir principios, métodos comunes de evaluación, garantías de transparencia, mecanismos de decisión y de supervisión.

Por último, la tercera medida es una moratoria sobre cualquier despliegue o experimentación a gran escala que implique un riesgo transfronterizo significativo, mientras no se consideren suficientes los conocimientos y los marcos de gobernanza. Esta moratoria dota a la investigación de coherencia política. Permite comprender mejor la cuestión al tiempo que se suspende su puesta en práctica. Afirma que el conocimiento y la autorización son dos decisiones distintas. Protege a la investigación de la sospecha de convertirse en una vía de acceso al despliegue, independientemente de los resultados de dicha investigación.

De la doctrina a la norma

La gobernanza de la SRM comenzará antes que cualquier gran tratado universal. La diplomacia suele funcionar así: antes de un tratado, se necesita una norma; antes de una norma, se necesita un grupo capaz de definir qué exige un comportamiento responsable.

Una coalición reducida de gobiernos de diversa procedencia geográfica podría desempeñar esta función. Debería reunir a países del Norte y del Sur, a grandes emisores y a Estados vulnerables, a países que cuentan con importantes capacidades científicas y a otros que, en primer lugar, necesitan reforzar sus propias capacidades. Su función consistiría en reducir la probabilidad de que la primera medida seria en materia de SRM provenga de un actor aislado o sin la supervisión adecuada.

Una coalición de este tipo podría defender tres principios: una moratoria sobre el despliegue en la actualidad, el rechazo a una carrera comercial y una investigación transparente y compartida. Daría voz a los gobiernos indecisos y crearía un lenguaje común entre Estados que, de otro modo, correrían el riesgo de descubrir demasiado tarde sus desacuerdos. Una diplomacia climática de gran envergadura podría haber abordado este tema para encauzarlo antes de que se trasladara a ámbitos menos controlados, donde alimenta narrativas simplistas y recelos entre el Norte y el Sur.

El mundo más deseable sigue siendo evidente: es aquel en el que las emisiones se reducen rápidamente, la adaptación se financia en función de las necesidades, en el que una captura de carbono de alta calidad permite corregir parte del stock histórico, y en el que una cooperación internacional lo suficientemente sólida hace innecesaria cualquier intervención sobre la radiación solar. Pero desear ese mundo no basta para hacerlo realidad. Y negarse a estudiar la SRM no garantiza que esta vaya a seguir siendo una quimera. Lo único que garantiza es que, si la cuestión vuelve a plantearse con más fuerza, lo hará en un panorama más pobre en ciencia, más frágil en gobernanza y más injusto en la distribución de capacidades.

La geoingeniería solar obliga a la política climática a entrar en una era de mayor responsabilidad ante la complejidad. Nos obliga a distinguir qué queremos reducir, qué queremos restaurar, qué riesgos estamos dispuestos a asumir, qué les debemos a los países vulnerables, qué les debemos a los entornos naturales y a qué instituciones podemos confiar las decisiones que traspasan fronteras y perduran en el tiempo. Ya es hora.