El sol negro de la izquierda

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Hay que aceptar la realidad que se nos presenta. Las tensiones que atraviesan el modelo económico y político que había garantizado la prosperidad y la estabilidad de Francia y de Europa durante tres cuartos de siglo están a punto de llegar a un punto de ruptura. 

La preservación de la justicia, la seguridad y la sostenibilidad está ejerciendo sobre el Estado, en su calidad de actor económico y estratégico, una presión tal que está desarticulando el marco de referencia heredado del pasado. La innovación tecnológica ya no implica automáticamente un alto nivel de crecimiento; la renovación de la población ya no es un hecho; la seguridad ya no está garantizada por socios benevolentes; y la estabilidad ecológica ya no es un regalo gratuito de la naturaleza. Todo aquello que antes constituía las condiciones prepolíticas de la legitimidad democrática, y que se daba por sentado, nos parece ahora un coste.

El Estado debe asumir ese coste. La seguridad, la habitabilidad y las infraestructuras democráticas básicas —en particular, la educación— son bienes comunes que, como sabemos, el mercado no puede proporcionar. Pero el aumento del gasto público que se vislumbra en el horizonte para anticiparse y conjurar estas amenazas existenciales del siglo XXI hace necesario reflexionar sobre la adaptación de la función económica del Estado a las limitaciones del presente. La justicia fiscal vuelve a estar en la agenda ¹, y con ella una renegociación más general del contrato social, entre clases sociales, entre generaciones y entre sectores industriales. Ante este problema que se pospone sin cesar, la izquierda tiene una responsabilidad singular, ya que debe ser, a la vez, la heredera del movimiento social que exigió el encaje democrático del capitalismo y la impulsora de esta adaptación a las crisis del siglo XXI.

Los movimientos convulsivos que sacuden a la sociedad y a la calle en este otoño de 2026, con la perspectiva de unas elecciones presidenciales de alto riesgo como telón de fondo, son los síntomas de una crisis de legitimidad más profunda que se está gestando. Y esta crisis es aún más grave porque todavía no se ha traducido realmente en medidas políticas. Los dos mandatos de cinco años de Emmanuel Macron, que debían ser los de la adaptación de Francia a las realidades económicas, tecnológicas y geopolíticas del siglo XXI, concluyen con un fracaso manifiesto. En palabras del propio presidente de la República, en su discurso de victoria del 7 de mayo de 2017, el retroceso de la extrema derecha debía ser, de hecho, la prueba definitiva del éxito de dicha adaptación ²; sin embargo, esta no ha hecho más que avanzar. 

Todo aquello que antes constituía las condiciones prepolíticas de la legitimidad democrática, y que se daba por sentado, nos parece ahora un coste.

Pierre Charbonnier, Stefan Eich

Ante este fracaso, por el momento no parece perfilarse ninguna respuesta que sea a la vez creíble y cuente con el apoyo mayoritario. Al igual que ocurrió durante las olas de calor del verano, la mayoría de nosotros vivimos y percibimos el fin de algo sin que ello nos impulse a un cambio; el 90% de los franceses tiene una percepción negativa del futuro ³, y es en este vacío político donde prospera el recurso a la violencia. La sociedad, incapaz de dotarse de un orden endógeno a través de sus fuerzas económicas y morales, busca una protección aparente en el orden policial, condenado a ofrecer solo una simulación de calma y concordia, cuando no las socava directamente.

Cinco cambios estructurales

Para comprender la magnitud de estos atolladeros, hay que darse cuenta, en primer lugar, de la profundidad de los cambios estructurales a los que se enfrenta el sistema económico y político en Francia y en Europa, es decir, la diferencia entre las condiciones en las que se estableció dicho sistema y las condiciones actuales.

Todos los pilares de la estabilidad democrática de la posguerra se ven afectados, empezando, por supuesto, por el papel central de la industria en el sistema de producción y reproducción social. La fábrica, lugar de explotación y alienación, era al mismo tiempo el corazón del crecimiento fordista, articulado a su vez con el sistema de redistribución e integración social. La fábrica era el lugar donde el presente se sacrificaba en parte por el futuro y el individuo por el grupo, el lugar por excelencia donde se forjaba la relación con el tiempo y la afiliación social. El fenómeno económico y moral que supone la desindustrialización no es ni una bendición ni una catástrofe. Presenta ventajas medioambientales innegables y permite centrarse en los empleos de reproducción social y no solo en los de producción. Pero la desindustrialización también va acompañada de un debilitamiento del poder de los sindicatos, muy poco representados en los empleos del sector servicios —a menudo informales—, y, por tanto, de un debilitamiento del contrapoder social. El modelo emergente de la reindustrialización verde se considera ampliamente como un remedio para esta tendencia de larga data en la historia económica europea y francesa; resulta esencial para combinar el empleo, la descarbonización y la lucha contra la lógica oligárquica de los sectores emergentes (en particular, el digital y el de los servicios). Pero, al parecer, no permite volver a una sociedad industrial clásica ⁴, por lo que sus ventajas deben combinarse con otros programas de reorientación de nuestro modelo de crecimiento.

La generación del excedente económico y su distribución social también están vinculadas a otros dos pilares del orden colectivo que hoy se encuentran debilitados y que los movimientos actuales ponen directamente en tela de juicio: el equilibrio demográfico y la innovación tecnológica. Entre 1950 y 2025, la tasa de natalidad en Francia se ha reducido a la mitad; actualmente, el número de fallecimientos supera al de nacimientos, y la proporción entre personas en activo y jubilados, que rondaba el cuatro en las décadas de 1950 y 1960, es ahora inferior a dos ⁵. Al mismo tiempo, la conversión del ideal tecnocientífico en estrategia de inversión pública ha retrocedido de forma espectacular, y la frontera tecnológica se aleja. El programa nuclear y el Tren de Alta Velocidad (TGV), emblemas de la planificación y del prestigio científico nacional y europeo, son hoy los vestigios de una utopía tecnocrática que renace en otros lugares, sobre todo en la carrera por la IA y la revolución electrotécnica china. Esta última, irónicamente, es a la vez la promesa de una economía descarbonizada y la señalada como responsable de un agravamiento de la desindustrialización europea, lo que pone de manifiesto una desorientación más general de nuestros puntos de referencia económicos e históricos. Tanto en materia de demografía como de innovación, la desaceleración es, en ciertos aspectos, bienvenida, ya que es necesario aliviar la presión sobre la tierra y el espacio, y abandonar el mito expansionista infinito. Pero también hay que preparar el aterrizaje y adaptar tanto nuestros ideales como nuestras prácticas.

La mayoría de nosotros vivimos y percibimos el final de algo sin que ello nos sirva de impulso transformador.

Pierre Charbonnier, Stefan Eich

El dinamismo de la industria, la demografía y la investigación y el desarrollo se articulaban a su vez en torno a otro pilar carcomido del equilibrio nacional: la pertenencia de Francia y de Europa al bloque de seguridad atlántico. Esta pertenencia se ve cuestionada en el campo de batalla ucraniano, en el estrecho de Ormuz, en Groenlandia y por el giro neoimperial de la Casa Blanca, que nos obliga a permanecer en la órbita de su régimen militar y energético. Obligados a garantizar nuestra protección por nuestra cuenta, a hacer frente a nuevos rivales y a llevar a buen término la integración europea, sabemos que tenemos que volver a calcular el coste económico de la paz, un cálculo que hacía mucho tiempo que había desaparecido de nuestro imaginario.

Por último, el último pilar que se ha visto debilitado y que nos obliga a replantearnos nuestra relación con el tiempo y con el ejercicio de la autoridad política es, por supuesto, el clima. El pilar fundamental del impulso modernizador había sido el pacto entre la emancipación y la subestimación de los impactos ecológicos del desarrollo. El último medio siglo puede describirse, en este sentido, como una negociación permanente con la realidad: el riesgo ecológico se ha negado, se ha relativizado, se ha recalificado como un problema no ideológico de política pública, como una simple cuestión de reorientación tecnológica, y se ha cargado sucesivamente sobre los hombros de los países en desarrollo, de Asia y del 1%, pero ninguna de estas reinterpretaciones, desviaciones y distracciones cambia realmente la situación. El desafío climático es la forma más aguda de los cambios descritos anteriormente, ya que se sitúa en la encrucijada del problema socioeconómico del modelo de crecimiento y empleo, la demografía y la relación intergeneracional, las decisiones científicas y tecnológicas, y las grandes divergencias geopolíticas. 

Se trata de la prueba definitiva del compromiso realista de los políticos con el largo plazo. El filtro por el que deberán pasar las promesas formuladas en el pasado para que sean válidas hoy y mañana.

La juventud, en el corazón del volcán

El ritmo de los acontecimientos se acelera, sin por ello ir a ninguna parte. Las protestas de los alumnos de secundaria y los universitarios, que ahora han adquirido una dimensión europea, ponen de manifiesto una crisis generacional que llevaba mucho tiempo gestándose y que se inscribe en el marco más general descrito anteriormente. La falta de inversión estructural en educación, formación y vivienda, junto con la perspectiva de la destrucción de puestos de trabajo por parte de la inteligencia artificial, han dado lugar a una generación en la que el credo de la integración a través del trabajo y la participación en un proyecto político común está perdiendo terreno. La promesa republicana, tal y como ha recordado el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko ⁶, no es más que un recuerdo en muchos barrios. 

Sin embargo, este movimiento no ha adoptado la forma de una relación de fuerzas intergeneracional. El peso de las pensiones en el gasto público, las desigualdades en los ingresos y la protección entre jóvenes y jubilados, la cuestión de la herencia y el patrimonio, el peso electoral de las personas mayores y sus consecuencias en los recientes compromisos económicos no se han relacionado con este descontento, ni por parte del propio movimiento ni por parte de sus representantes políticos. El contraste ⁷ entre una generación que parece intocable y otra, abandonada a la anomia, es sorprendente. Aunque no es necesario ver un juego de suma cero entre el gasto en pensiones y el gasto destinado a la juventud, está claro que las reivindicaciones de unos encuentran un acceso más fácil al Estado que las de otros.

Esta situación no es más que una parte de un desajuste más general entre la percepción inmediata de las injusticias sociales y su construcción política, tanto en el plano ideológico como en el de la agenda electoral, de la demanda o de la oferta política. Porque lo que caracteriza al momento actual —y de lo que dan testimonio tanto el desánimo generalizado que observamos como el éxito de la extrema derecha— es la evidente imposibilidad de situarse en la realidad deteriorada de las condiciones socioeconómicas generales y, al mismo tiempo, forjar un discurso político de reconstrucción democrática y social.

El ritmo de los acontecimientos se acelera, sin por ello ir a ninguna parte.

Pierre Charbonnier, Stefan Eich

La actual escena política francesa gira en torno a dos actores principales: la juventud y el presupuesto. Por un lado, el desequilibrio socioeconómico entre generaciones, entre el pasado y el futuro, lo que en el debate público se denomina desequilibrio de las finanzas públicas. En la encrucijada de ambos se encuentra la cuestión de la deuda, que se ha convertido en el eje central del debate sobre el futuro. Es objeto de un conflicto de interpretaciones entre quienes ven en ella la manifestación de un Estado derrochador y malsano que solo merece la motosierra, y otros —entre los que nos incluimos— que prefieren considerarla una herramienta estratégica de inversión cuya orientación, contenido y efecto distributivo deben examinarse. Según esta segunda interpretación, el problema no es el nivel de endeudamiento en sí mismo, sino el uso que se hace de la deuda y su papel en la construcción política en el tiempo largo. Y en el nuevo entorno físico impuesto por la crisis climática, el valor de esta inversión no se medirá únicamente en términos de tasas de crecimiento, sino que dependerá sobre todo de los daños evitados, de la preservación de la habitabilidad y de las condiciones de vida que se transmitan a las generaciones futuras.

El economista Mark Blyth ha planteado el problema de forma muy elocuente ⁸: «A los distintos grupos de interés les preocupan diferentes aspectos del contrato social.» (Diferentes grupos electorales se preocupan por diferentes partes del contrato social). La penetración del Estado fiscal y regulador en la sociedad, que da a Francia el aspecto del Estado absoluto hegeliano, incluso tras las reformas neoliberales, sitúa a la sociedad en una relación con respecto a la soberanía que puede entenderse como una relación sana de protección y regulación, o como una relación de dependencia. Y la diferencia entre estas dos interpretaciones, que suelen asociarse con la tradición socialista, por un lado, y la liberal, por otro, adquiere en el contexto actual un significado especial. De hecho, gran parte de la competencia entre grupos sociales no tiene tanto por objeto el nivel de intervención del Estado en la economía como los intereses particulares que dicha intervención representa y satisface. 

La reinvención de la extrema derecha francesa, y parte de su éxito electoral, se debe a su intervención radical en este debate. El «welfare chauvinism» ⁹ es una estrategia que promete una revisión total de los intereses a los que atiende el poder público, basada en la afiliación etnocultural y en la obediencia acrítica a las élites financieras y policiales ¹⁰, dos elementos que están a punto de reunir, si no una mayoría absoluta, al menos una mayoría relativa del electorado. El RN se inscribe en la cultura política mayoritaria francesa al definir un grupo que puede exigir legítimamente seguridad y protección, y al asumir de forma «sin complejos», como se suele decir, que toda la población inmigrante y de origen inmigrante está expuesta a un riesgo existencial directo. En definitiva, el RN parece haber tomado nota de la centralidad ideológica y política del Estado, y se prepara para aprovechar toda su fuerza (que, paradójicamente, le había conferido el socialismo) en un ejercicio de revolución cultural y presupuestaria, difuminando así la frontera entre protección y amenaza según una lógica bien descrita hace mucho tiempo por Karl Polanyi. 

El contraste con las reivindicaciones del movimiento juvenil es total. Mientras que la extrema derecha defiende la voluntad de la mayoría hasta el punto de estar dispuesta a gobernar la sociedad en contra de una parte de sí misma, los jóvenes constituyen una minoría que plantea reivindicaciones propiamente republicanas. Este movimiento no solo se presenta como una representación de la Francia multicultural y como una oposición a la construcción de la legitimidad política basada en la fuerza (es decir, se trata de un movimiento profundamente republicano), sino que, sobre todo, pone de manifiesto la aparición de reivindicaciones específicas de un grupo políticamente infrarrepresentado. Lo está debido al mecanismo electoral —los menores no votan— y a la estructura demográfica. La juventud está infrarrepresentada y, en ciertos aspectos, ni siquiera constituye un grupo social claramente definido, ya que no participa en el mercado laboral, no invierte ni ahorra, no tiene representación partidista y, por lo tanto, no puede constituirse como un grupo de interés capaz de hacer valer sus propias reivindicaciones ante el Estado ¹¹, salvo traduciéndolas al lenguaje más general de la justicia y la equidad. La ausencia de programas de educación y formación pasa, por tanto, desapercibida. Esta falta de inversión pasa desapercibida, e incluso puede celebrarse como una prueba de austeridad presupuestaria, pero cuando sus consecuencias se hacen evidentes, ya es demasiado tarde.

Por eso, la representación política de la juventud plantea un problema singular en el contexto de un conflicto entre grupos vinculados a diferentes partes del contrato social. Cuando el Estado trasciende su función de selección de los intereses que debe representar para orientar el desarrollo de toda la sociedad, el problema se atenúa. Pero cuando el clientelismo político toma la delantera —lo cual es, en sí mismo, una manifestación de desconfianza democrática—, la juventud sale automáticamente perdiendo. 

El arte de no ver los problemas

La cuestión de la juventud, entendida en sentido amplio como la expresión de una profunda crisis de la reproducción social y de las fuentes de legitimidad política, está directamente relacionada con los cinco cambios estructurales descritos anteriormente. La exposición al riesgo de crisis de deuda, crisis geopolítica, crisis comunicativa y cognitiva (la IA) y crisis climática se distribuye, de hecho, de forma desigual en función de la edad ¹². Se trata de una evidencia que actualmente escapa al debate político y a la conciencia colectiva, porque estas crisis se perciben como horizontes temporales futuros y porque una parte significativa de la población sigue considerándose beneficiaria del statu quo.

Sin embargo, las fuerzas políticas, tal y como están estructuradas actualmente, no logran compensar del todo este déficit de representación ni organizar plenamente su programa y sus promesas políticas en función de este problema. La prueba más evidente de esta incapacidad es la tendencia, dentro de la izquierda francesa y, en particular, en el seno de «La France insoumise» —hoy principal rival electoral de la extrema derecha—, a mantener una relación ambigua con los cinco grandes cambios del mundo contemporáneo.

Esta falta de inversión pasa desapercibida; incluso puede celebrarse como una muestra de austeridad presupuestaria.

Pierre Charbonnier, Stefan Eich

El legado político actual del socialismo, del antirracismo y de la tradición solidaria solo parece capaz de preservar la existencia de estos valores fundamentales a costa de eludir, de forma más o menos explícita, estas crisis o, dicho de otro modo, la realidad. Lo más evidente se refiere a la cuestión geopolítica, ya que la construcción de una posición hegemónica en la izquierda parece ir de la mano de la negación del riesgo que representa Rusia y, por tanto, del precio de la seguridad en el entorno estratégico actual. Sin embargo, la crítica legítima al imperialismo no conduce necesariamente a alimentar la sumisión a otro imperialismo, por lo que cabe pensar que lo que está en juego es más bien eludir la presión geopolítica que se ejerce sobre la economía y la vida política. 

En cuanto al reto demográfico, el panorama es menos claro, pero la promesa de volver a la jubilación a los sesenta años puede interpretarse como un rechazo rotundo al problema del arbitraje intergeneracional: todas las demandas podrían satisfacerse sin conflicto. Esta cuestión está a su vez vinculada al problema de la innovación, la industria y el modelo de crecimiento, ya que el discurso político de La France insoumise no se articula en torno a decisiones explícitas sobre las tecnologías del futuro, las energías (como demuestra la oposición a la energía nuclear) ni las relaciones con China. La izquierda formula una crítica legítima a las subvenciones públicas a las empresas y a la deducción fiscal por investigación, sin por ello destacar aquellas que serían útiles para impulsar fuerzas productivas con bajas emisiones de carbono, como ha hecho China. 

La tentación de la condonación de la deuda se inscribe, en definitiva, en un marco similar, ya que la apertura de nuevas perspectivas para el futuro se concibe como una liberación frente a las restricciones financieras y monetarias mediante un artificio contable cuyos riesgos no se han evaluado con claridad. La paradoja aquí es que el proyecto de condonación de la deuda supone que el Estado ya no debe recurrir al crédito para financiarse, cuando precisamente las necesidades relacionadas con la transición, la adaptación, la juventud y la vivienda hacen más probable un recurso masivo a la deuda. Anunciar, en un estilo populista, que la soberanía se expresa mediante el rechazo de la obligación financiera, corre entonces el riesgo de complicar, en una segunda fase, la justificación del inevitable recurso a esta herramienta. Lo que está en juego no es la idea de aliviar la carga de la deuda: la historia de la posguerra demuestra que un régimen de represión financiera permitió reducir considerablemente las deudas heredadas del conflicto. Pero esto supone un control político del crédito, más que una simple cancelación de la deuda.

En resumen, se promete un Estado del bienestar total, ampliado a nuevas funciones, sin que se aclaren cuestiones como sus bases productivas, las alianzas internacionales que lo hacen posible y su financiación.

La promesa fundamental de dar respuesta a las reivindicaciones de la juventud y a la crisis climática, aunque se sitúe en el lugar adecuado desde un punto de vista puramente normativo, queda, por tanto, condicionada por una serie de descomprometimientos y neutralizaciones políticas que facilitan, de forma en parte artificial, el retorno al orden justo. Una de las consecuencias más llamativas de esta estructuración de la promesa de la izquierda es el abandono, en el centro, de temas como el régimen de crecimiento, la productividad, la innovación, la integración en la arquitectura internacional e incluso la inversión en la juventud. Sin embargo, una vez que el centro se apropia de ellos, estos temas cambian de significado. La inversión en la juventud se convierte así, para algunos economistas, en un argumento para revisar el sistema de pensiones ¹³. El antiguo gobernador del Banco de Francia ¹⁴ establecía así un vínculo entre la tendencia gerontocrática del sistema político francés y el peso del gasto en protección social, sugiriendo que este último debe reducirse en nombre de los intereses de la juventud. Aquí se retoma la interpretación de la deuda que se rechazaba anteriormente. Se invoca el futuro de la juventud para justificar la austeridad en lugar de la inversión, enfrentando a las generaciones cuando lo que habría que hacer es reorganizar su solidaridad.

El legado industrialista y modernizador de la izquierda socialista se encuentra así, en cierto modo, dividido en dos: por un lado, una estructura ideológica que conserva su identidad humanista, solidaria, igualitaria y antirracista, y, por otro, una estructura material e institucional azotada por los vaivenes de los acontecimientos económicos, demográficos y geopolíticos. 

El riesgo asociado a esta situación es doble. Por un lado, como hemos visto, la extrema derecha puede reapropiarse del tema del Estado protector abandonando los valores fundamentales que lo impulsaron en el pasado, y, por otro, la prudencia y el realismo político quedan relegados a un centrismo liberal, que parece haber demostrado su incapacidad para gestionar las crisis.

El dilema de la izquierda

En definitiva, nos vemos abocados a una elección tanto ideológica como estratégica. O bien aceptamos forzar la realidad geopolítica y económica para salvaguardar la estructura ideológica de la igualdad y la justicia. Se niega la amenaza rusa, se silencian las desigualdades generacionales, se elude la cuestión de la financiación y, en estas condiciones, se abre el camino hacia un progreso teñido de nostalgia. O bien, la consideración cruda de las limitaciones históricas, en todo lo que tienen de trágico y doloroso (la guerra, el clima, el retorno de los imperios, la IA, la transición demográfica), lleva a embarcarse en un proyecto de reinvención política más ambicioso, que permitiría dotar a la justicia y la igualdad de una nueva base material, institucional y geopolítica. El riesgo asociado a la primera estrategia es inmenso, pues, en caso de fracaso de lo que hay que considerar como una apuesta (silenciar la realidad para salvar el progreso), los nobles valores que promueve podrían muy bien derrumbarse junto con el programa que debía sustentarlos.

Este dilema resulta sorprendentemente relevante, dada la importancia que tiene en la izquierda el tema de la «ruptura». Los grandes cambios históricos de los que somos testigos exigen, sin lugar a dudas, rupturas, pero en el contexto político francés, este lenguaje coexiste con el, aparentemente opuesto, de la restauración, del retorno a la situación inicial. La de un Estado que protege a su población frente a la autonomización de la razón mercantil, pero que parece poder hacerlo solo a condición de pasar por alto en parte el entorno técnico, geopolítico y antropológico actual, o de trascender su carácter trágico recurriendo a operaciones que lo minimizan.

Una salida a este dilema consiste en rechazar la tentadora promesa de dejar atrás el pasado para empezar de cero. Esa promesa se ha convertido en un lujo ya inalcanzable. Sin embargo, esto no debe conducir a la resignación ni al cinismo. Se trata más bien de adoptar un enfoque del cambio más centrado en la experimentación: una política que aproveche la incertidumbre, que considere sus propias herramientas como provisionales y que, al mismo tiempo, no tema actuar con audacia. La experimentación, en este sentido, exige instituciones capaces de aprender de los fracasos y, al mismo tiempo, abrir nuevas perspectivas, sin pretender conocer de antemano cómo serán estas.

La nostalgia de la ruptura cultiva, paradójicamente, un sueño de continuidad y restauración. Continuidad con una época en la que el Estado podía limitarse a acompañar, mediante los impuestos, la ley y las políticas públicas, la evolución del capitalismo industrial y financiero, con el objetivo de aprovechar su poder modernizador y limitar sus peligros para las personas. Esta forma política se caracteriza por una alineación bastante estable entre el gobierno de la modernización y la construcción de coaliciones mayoritarias, fuentes de legitimidad democrática y de riqueza. La conjunción actual de crisis demográfica, presupuestaria, geopolítica y climática vuelve a poner en primer plano un conjunto de valores fundamentales que no pueden reducirse tan fácilmente a operaciones de este tipo, ni recodificarse en la economía política del capitalismo integrado de la posguerra. El coste del equilibrio demográfico, de la seguridad y de la habitabilidad puede, en efecto, estimarse, y puede realizarse un cálculo económico clásico. Pero este coste es tal, y sus dimensiones extraeconómicas son tan enormes, que la alineación histórica entre el régimen de crecimiento, la estabilidad democrática y el compromiso entre los distintos segmentos sociales y electorales que esperan recibir servicios se ve comprometida. 

Los intereses de los jóvenes no coinciden necesariamente con los de los jubilados; el apoyo a la innovación no genera necesariamente una creación masiva de empleo; las nuevas alianzas comerciales que hay que establecer no son simétricas (en particular con China), y las inversiones destinadas a la adaptación al cambio climático y a la seguridad no auguran necesariamente beneficios visibles en las cuentas nacionales. El Estado parece no tener más remedio que afrontar la dimensión propiamente política de sus decisiones, en la medida exacta en que estas no son necesariamente rentables, ya sea en términos electorales o financieros.

La nostalgia de la ruptura cultiva, paradójicamente, un sueño de continuidad y restauración.

Pierre Charbonnier, Stefan Eich

Entramos en una época marcada por el problema del coste económico de los valores no mercantiles. John Maynard Keynes ¹⁵ ya lo había intuido en 1933, cuando denunciaba la «regla de cálculo financiero autodestructiva» que, según él, regía todos los ámbitos de la vida: «Destruimos la belleza del campo porque los esplendores de la naturaleza que no se pueden apropiar carecen de valor económico. Somos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no reportan dividendos». Desde entonces, la situación se ha invertido: lo que el cálculo financiero ignoraba se nos presenta ahora como un coste.

Todo aquello que nos hemos negado a ver, y que seguimos negándonos a ver, a veces en nombre de la justicia y la igualdad, nos está pasando factura. Y las protestas de los jóvenes son probablemente una de las señales más claras de ello.

Es grande la tentación de negar esta crisis del horizonte temporal de la democracia. De prometer una nueva edad de oro a riesgo de negar el problema de la asignación racional de recursos limitados bajo fuertes restricciones geopolíticas y demográficas. Pero eso no sería, sin duda, más que otra forma de posponer la urgencia del presente y de buscar escapatorias ficticias.