Los fundamentos del productivismo: apuntes para una economía política de la V República

Francia es uno de los principales países industrializados y avanzados del mundo. Su productividad laboral se acerca a la de Estados Unidos y Alemania, mientras que la desigualdad de ingresos es la más baja del G7. Sin embargo, el marco político y económico de esta prosperidad es rechazado masivamente por los electores, que este año han votado dos veces por los extremos. Hay consenso en que el auge populista se debe a un declive económico difícil de conciliar con las estadísticas. Por otra parte, si el populismo es un virus de la democracia que se reproduce allí donde se han bajado las defensas inmunitarias institucionales, podríamos pensar que la V República sufre un agotamiento de la gobernanza.

A falta de ajustes, el modelo surgido tras el big bang constitucional y programático de 1958 ha perdido gran parte de su capacidad. Los resultados relativamente buenos de hoy deben mucho a un enfoque proactivo que se remonta a dos generaciones y que ha permitido a Francia establecerse como líder mundial en los ámbitos nuclear, aeronáutico, espacial y académico, garantizando un crecimiento rápido e integrador. Hoy, sin embargo, el Estado que ha garantizado esta prosperidad —la V República orgullosa, modernista y segura de sí misma— parece ir a la zaga de la «cólera» categórica y de los disturbios subprefecturales que se han elevado a la categoría de batallas civilizatorias. La Francia ingeniosa parece empantanada en el sufrimiento laboral.

Esta evolución nos obliga a echar un nuevo vistazo, a largo plazo, a la economía política de la V República.

Mientras que su «genio» se afirmaba en la movilización productivista que sorteaba el conflicto social, esta dinámica fundamental podría redescubrirse. Para ello, hay que ir más allá de la doxa sociológica del victimismo y reactivar los mecanismos que responden a las aspiraciones igualitarias de los franceses mediante un impulso hacia la excelencia que moviliza el saber hacer, el capital y la mano de obra de alto valor añadido.

El callejón sin salida de las explicaciones materialistas

Según una perspectiva hoy ampliamente aceptada, las condiciones socioeconómicas determinan la política, y el auge populista no es más que una degradación de las condiciones de vida. Este es el análisis que proponen Jérôme Fourquet¹ y Christophe Guilluy,² cuyas explicaciones convergentes dominan el discurso dominante, al menos desde la irrupción de los chalecos amarillos. En el trasfondo del ascenso del partido Reagrupación Nacional, el argumento de la «Francia periférica» describe un país en el que la mayoría de la población sufre un desclasamiento, contrastando los prósperos centros urbanos con un territorio suburbano y rural amorfo en decadencia.

Mientras que su «genio» se afirmaba en la movilización productivista que sorteaba el conflicto social, esta dinámica fundamental podría redescubrirse.

François Godard

Esta narrativa se alimenta de los tópicos de la lucha contra el «neoliberalismo», un género totalmente importado del mundo anglosajón, tan extendido y tan poco criticado en Francia, donde el coeficiente de Gini es inferior al de todos nuestros grandes socios y se mantiene estable desde los años noventa, es decir: la desigualdad no aumenta. La precariedad laboral ha aumentado, pero sobre todo entre los jóvenes sin formación, que es donde reside el verdadero problema. El reflejo proteccionista, tan común en Francia, centra la atención en el desplazamiento de la producción de bajo valor añadido a países con bajos costos de mano de obra, mientras que el arraigo local de las actividades punteras es la base del liderazgo continuado de las economías avanzadas.³ El desplazamiento de la mano de obra a los servicios afecta a la mayoría de los países desarrollados, y sin duda no se invertirá subvencionando fábricas automatizadas.

Los temas xenófobos, nacionalistas y antielitistas son internacionales, pero su cristalización tópica y partidista, así como su intensidad, dependen necesariamente de las condiciones locales. Contrariamente a lo que creen los analistas materialistas, no hay nada mecánico en identificar un motivo de descontento y luego interpretarlo. En Francia, el populismo parece prosperar gracias a la erosión de la capacidad del Estado para influir en las preferencias de la sociedad, tomar decisiones y llevarlas a cabo.

En Francia, el Estado sigue siendo un instrumento muy eficaz. La gestión de la pandemia así lo atestigua: el exceso de mortalidad en Francia fue mucho menor que en nuestros grandes vecinos europeos y en Estados Unidos, mientras que los cierres de escuelas en Francia fueron mucho más breves que en otros lugares.⁴ Otro ejemplo menos trágico es el éxito de los Juegos Olímpicos de 2024, que se celebraron a mitad de costo que los de Londres 2012.⁵ Pero, ¿de qué sirve un Estado eficiente sin capacidad de decisión?

Para ilustrar el problema, podemos comparar la gobernanza francesa con la alemana en tres ejemplos emblemáticos: el desempleo, las pensiones y la deuda pública.

Desde los años ochenta, Francia padece un desempleo muy superior al de sus pares. En Alemania, la situación se deterioró a partir de mediados de los noventa, lo que provocó una rápida respuesta política. Tras ganar las elecciones de 2002, la coalición de verdes y socialdemócratas reformó radicalmente el mercado laboral y las prestaciones asociadas, basándose en las recomendaciones de una comisión de investigación no partidista dirigida por un sindicalista. Desde entonces, la tasa de desempleo se ha desplomado a niveles norteamericanos. En Francia, las reformas dirigidas al desempleo juvenil —sin buscar el consenso— se toparon con el muro de la calle en 1994 y 2006. Al final, el gobierno francés consiguió llevar a cabo una serie de reformas limitadas del mercado laboral en la década de 2010, cada una de ellas muy contestada, pero que, en conjunto, fueron suficientes para que finalmente bajara el desempleo, aunque todavía llevamos décadas de retraso con respecto a nuestros socios.

El ejemplo de las reformas de las pensiones es similar.

En Alemania, la misma coalición SPD-Grünen creó en 2002 una comisión de estudio cuyas recomendaciones fueron votadas por el Parlamento en 2005 y 2007, bajo la «gran coalición» CDU-SPD. La reforma incluía el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años.⁶ El Bundesrat tiene ante sí un nuevo ajuste del sistema. En Francia, las pensiones se rigen por la calle. ¿Hace falta recordar el fracaso de la reforma de 1995, luego el abandono de la reforma de 2019, y finalmente la muy difícil adopción de la reforma de 2023, a pesar de su alcance limitado y de la renuncia a las ambiciones igualitarias y modernistas del proyecto de 2019? Un nuevo aumento de la edad de jubilación parece ya inevitable de aquí a 2030.

La política de endeudamiento es igualmente instructiva.

Alemania construyó un consenso que condujo a la modificación constitucional del freno de la deuda —el Schuldenbremse— en 2009. La fórmula puede parecer rígida, aunque demostró ser flexible durante la pandemia, pero la demostración de control colectivo —y por tanto republicano— sobre el presupuesto no es menos impresionante. En Francia, las múltiples capas de reglas parlamentarias, europeas y presupuestarias no han impedido la deriva repetida de las cuentas públicas, un tema candente que los candidatos a las elecciones legislativas se han cuidado de no abordar de frente, expresión innegable de la impotencia de la república.

Desempleo, pensiones, deuda: en los tres casos, la República Federal ha funcionado con su programa informático de economía social de mercado, apoyado por instituciones independientes y respetadas como el Bundesbank y el Consejo de Expertos Económicos (SRV), en cada caso directamente inspirado en las orientaciones adoptadas a escala de la Unión. Los problemas creados por la recesión cíclica en China y la guerra en Ucrania no deben ocultar estas ventajas estructurales. En Francia, las orientaciones europeas se presentan a menudo como obligaciones externas: las opiniones de las instituciones independientes se olvidan en los cajones y, al final, las decisiones concretas se toman en el Château. Culpar a los sindicatos de bloquear las reformas no es más que otro escalón en la jerarquía de la incapacidad del Estado para estructurar la sociedad civil.

En Francia, las orientaciones europeas se presentan a menudo como obligaciones externas.

François Godard

Disfunción institucional

¿A qué se debe esta incapacidad?

Podemos identificar tres fallos fundamentales: la presidencia ejecutiva, la desarticulación del liderazgo tecnocrático y el debilitamiento de la disciplina productivista.

La presidencia ejecutiva francesa es única en el mundo occidental. Originalmente un sistema gaullista, alineó a Francia con sus principales socios, donde la democracia consiste esencialmente en la elección del jefe de gobierno.⁷ Combinada con un parlamentarismo racionalizado, la nueva presidencia de la V República permitió a la brillante alta función pública surgida tras la Liberación sacar al país del atolladero maltusiano.⁸ Pero en lugar de evolucionar hacia una diferenciación con el gobierno como otros regímenes semipresidenciales como Finlandia o Portugal, la presidencia francesa ha ido hacia una deriva hiperpresidencialista, fagocitando al gobierno.

La excesiva centralización de la toma de decisiones en el Elíseo es de por sí contraproducente. Pero aún hay más: el presidente, como líder de la mayoría parlamentaria, ha ido quitando poder a los ministros, que sólo encuentran legitimidad en el papel de líderes de grupos de presión despilfarradores espoleados por los medios de comunicación, abandonando su función histórica de supervisión sectorial, y dejando solo a Bercy en la defensa del interés público. Al mismo tiempo, el ejecutivo ha perdido su capacidad de recurrir a la inteligencia colectiva de la alta administración, y se encuentra atrapado en la gestión de conflictos categóricos, buscando la mejor manera de quitar a uno para dar a otro.

La relación entre el gobierno y la alta función tecnocrática se ha roto, en un momento en que toda la administración francesa se integraba progresivamente en la gobernanza europea. El sistema judicial forma parte ahora de una jerarquía dominada por los tribunales europeos, y el sistema regulador está organizado por autoridades independientes estrechamente integradas en la Unión, como la Autoridad de la Competencia, el Banco de Francia y Arcom.

El liderazgo político ha perdido la capacidad de recurrir a la experiencia pública para crear consenso. El estribillo más común de los políticos se ha convertido en el de «defender los intereses franceses en Europa». ¿Se está negociando un acuerdo de libre comercio? Los ministros franceses se apresuran a obtener exenciones para sus grupos de presión sectoriales, ignorando por completo las grandes cuestiones industriales que están en juego. Poco a poco, ha surgido un modelo retórico en el que los gobiernos «apoyan» el proyecto europeo, mientras se oponen a sus premisas más fundamentales, como la regulación común de productos y servicios, el derecho de la competencia, la apertura al comercio internacional y la estabilidad monetaria. Las reformas se presentan sistemáticamente como «impuestas» por Europa, y no como necesarias en sí mismas.

La deriva de la gobernanza francesa ha consistido en transformar a los expertos en condicionantes externos, o incluso en adversarios.

François Godard

El secreto de la gobernanza europea reside en la despolitización de las cuestiones en juego gracias a la credibilidad de los expertos independientes e imparciales encarnados por la Comisión de Bruselas. La deriva de la gobernanza francesa ha consistido en transformar a los expertos en condicionantes externos, o incluso en adversarios. El mito del Estado unitario y un Parlamento atrofiado han hecho el resto, dejando la escena política en una cacofonía de categorías al borde del analfabetismo económico. En la actualidad, las promesas a corto plazo sobre el «poder adquisitivo» —un concepto estadístico— hacen eco del mito de la «convergencia de las luchas». La altiva V República vuelve a caer en un arquetipo feudal donde el pueblo pide pan al príncipe, y donde los grandes principios republicanos sólo son útiles cuando se trata del Islam.

El Estado y sus dirigentes se encuentran esclavizados por las preferencias de la sociedad y sometidos a la vetocracia de los grupos de interés. La disciplina productivista que había permitido al régimen superar el conflicto social ha perdido su ímpetu. El objetivo de producir más y mejor parece haberse evaporado en la izquierda ante el sufrimiento laboral y en la derecha ante la obsesión por el costo de la mano de obra. Una configuración reñida con los fundamentos de la V República.

Retrato de un mundo roto

Bajo la dirección de Giuliano da Empoli.

Con contribuciones de Josep Borrell, Lea Ypi, Niall Ferguson, Timothy Garton Ash, Anu Bradford, Jean-Yves Dormagen, Aude Darnal, Branko Milanović, Julia Cagé, Vladislav Surkov o Isabella Weber.

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Redescubrir los fundamentos de la V República

Cuando se fundó en 1958, el régimen de la V República contrastaba con la impotencia de su predecesora. Bajo la IV República maltusiana, la gobernanza consistía en mantener el equilibrio entre productores agrícolas y consumidores urbanos, ahorradores y asalariados, artesanos e industria, a costa de una inflación persistente y al abrigo de la competencia internacional. Como resultado, el crecimiento francés está muy por debajo del de Alemania o Italia. El big bang institucional que reequilibró la república del parlamento al ejecutivo estuvo asociado a una ruptura de la política económica bajo la influencia de un comité dirigido por Jacques Rueff, un doble acto cuyo profundo parecido con la creación de la República Federal Alemana y las reformas de Ludwig Erhard diez años antes apenas se advierte.

Desde principios de los años sesenta, la V República estableció la expansión de la economía francesa entre los líderes del mundo occidental. El ejecutivo impuso al país una «camisa de fuerza» productivista: entró en vigor la apertura de fronteras prevista en el Tratado de Roma, se prohibieron los mecanismos de indexación y se puso fin a la financiación de las inversiones mediante la impresión de dinero. Las empresas ya no podían recurrir al mercado interior cautivo, a las subidas de precios y al crédito automático. Sin embargo, una de las innovaciones productivistas más fundamentales se produjo en mayo del 68, cuando un fuerte aumento del salario mínimo se convirtió en un poderoso incentivo para la inversión: sólo las empresas que seguían el ritmo de crecimiento de la productividad podían pagar el nuevo salario mínimo.

La camisa de fuerza macroeconómica fue acompañada de un intervencionismo a nivel microeconómico, destinado a reasignar el capital y el trabajo bajo el lema de la modernización.

Bajo la Cuarta República, los parlamentarios estaban a merced de los grupos de presión, mejor financiados y mejor informados que ellos. Con el auge de los gabinetes ministeriales, la dirección de la influencia se invirtió. Las clases poujadistas —agricultores y pequeños comerciantes— que habían bloqueado muchas reformas bajo la IV República, e incluso amenazado al régimen, se ablandaron. El gobierno unió fuerzas con el ala modernista de la comunidad agrícola —el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores— para cambiar las prioridades del sector de la subida de precios a la modernización. Con el palo y la zanahoria, el Ministerio de Hacienda consigue extender el IVA al comercio minorista en enero de 1968, borrando así los fracasos de los años cincuenta. En 1965, el Conseil National du Patronat Français (CNPF), un organismo de propietarios-gestores de empresas descapitalizadas, seguía firmemente comprometido con la defensa de la propiedad privada. Pero el ascenso de una nueva clase empresarial asalariada, a menudo formada en las grandes escuelas, alentada por una agenda pública que daba prioridad a la consolidación y a las exportaciones, transformó profundamente el CNPF, que acabó apoyando el programa esencialmente socialdemócrata del régimen en los años 1970.⁹ De este modo, los empresarios se inscribieron en un programa de consolidación empresarial cuyos efectos aún pueden apreciarse hoy en día.

El liderazgo de ministros de perfil apartidista y alta calificación, apoyados por organismos autónomos como el INSEE y el Plan, permitió superar el conflicto social que dominó la IV República, gracias a un compromiso modernizador con los sindicatos.

Un ejemplo emblemático de este nuevo paradigma es la RATP. En los años cincuenta, el Estado, incapaz de financiar las inversiones, impedía el aumento de las tarifas para deprimir artificialmente el índice de precios y acallar así las reivindicaciones de los asalariados parisinos. Bajo la V República, la Régie recuperó su margen financiero y se embarcó en un programa de inversiones masivas, cuyo logro más espectacular fue el RER, un tren regional que recorrió París cincuenta años antes que la Elizabeth Line de Londres. Se introdujo el sellado electrónico de boletos, casi como primicia mundial, y se asignaron nuevas funciones a los cobradores.¹⁰ Grandes éxitos industriales como el teléfono, Ariane, Airbus y la energía nuclear siguieron el mismo programa de excelencia tecnológica, que implicaba tanto a empresarios como a trabajadores. Francia también brilló en la reforma productivista del comercio minorista —inventando el hipermercado—, la banca y la construcción, por citar ejemplos a menudo olvidados por los historiadores económicos demasiado obsesionados con la industria en sentido estricto.

Si el productivismo tiene mala prensa en Francia, se debe principalmente a una política agrícola cuantitativa que se ha ido desvinculando progresivamente de la consideración de las salidas comerciales. Pero se trata de una perversión de una matriz muy fructífera, ya que permite eludir la lógica distributiva que paraliza la inversión y la innovación. Históricamente, Gran Bretaña e Italia han sufrido mucho la incapacidad de superar los vetos categóricos que bloquean la reasignación de recursos, como ocurre hoy con la construcción de viviendas en Gran Bretaña —el Not In My Backyard— o las empresas nacionales a la deriva en Italia. Por otra parte, el genio de la V República, que hay que resucitar, consiste en crear consenso elevando la vara, un planteamiento en sintonía con la normativa europea y totalmente coherente con las exigencias ecológicas. Este productivismo tira de la economía hacia arriba e impide que los sectores menos productivos sobrevivan gracias a una mano de obra mal pagada, a externalidades que nunca se contabilizan y a unas infraestructuras decadentes. Entendido así, es fácil ver por qué el productivismo europeo es fundamentalmente más igualitario que el modelo estadounidense. Como tipo ideal, el productivismo europeo es una alternativa inclusiva al schumpeterismo polarizador de Estados Unidos.

El productivismo europeo es una alternativa inclusiva al schumpeterismo polarizador de Estados Unidos.

François Godard

Alejarse de las falsas soluciones: una agenda para la década de 2025

¿Cómo podemos reactivar estos fundamentos del voluntarismo, el modernismo y el productivismo?

Podemos empezar por descartar los falsos caminos, lo que significa rechazar radicalmente la ideología populista, a pesar de su omnipresencia en los medios de comunicación, el discurso político y las ciencias sociales de derecha. Se me ocurren cuatro temas recurrentes: la transparencia, el poder adquisitivo, trabajar más y reducir el costo de la mano de obra.

La transparencia —y su hermana gemela, la «más democracia»— son el vademécum del conformismo político. ¿Quién se atreve a estar en contra? Emmanuel Macron intentó salir del atolladero político de los chalecos amarillos inventando un sistema inspirado en los teóricos de la democracia participativa. Fue un juego de manos o una confesión de impotencia, porque la «transparencia» no sustituye a la pericia. Manipulada ingenuamente, resulta ser un caldo de cultivo para el populismo y la superstición, como ha explicado Gérald Bronner.¹¹

Además, cuando los políticos hablan de poder adquisitivo, olvidan una cosa esencial. Ya hablen de eximir de impuestos las horas extraordinarias, de suprimir el impuesto a la habitación y el canon televisivo o de bajar el IVA para «aumentar el poder adquisitivo de los franceses»: ¿de qué están hablando realmente? De hecho, el único aumento sostenible del bienestar material sólo puede provenir del aumento de la productividad, porque, citando a Paul Krugman, «la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo ».¹²

La misma lógica se aplica al viejo tópico de que los franceses no trabajan lo suficiente. Desde los años setenta, la mayoría de los europeos, empezando por los alemanes, han tomado la decisión colectiva de aumentar su tiempo de ocio, ¿por qué quiere condenarse? Desde la era Thatcher, a pesar de su deficiente productividad, los británicos han conseguido igualar el crecimiento del continente en gran medida porque trabajan más. ¿Es esto un éxito? Por supuesto, podemos esperar que aumente la tasa de empleo femenino y que el sistema deje de expulsar a las personas mayores. Pero la idea de trabajar más —en lugar de trabajar mejor— para ganar más es una promoción del estajanovismo contra el productivismo.

La falsa solución más grave —avalada por todos, de Hollande a Wauquiez— se refiere al costo de la mano de obra. Los productores franceses sólo pueden tener éxito si sus costos no son superiores a los de los alemanes. Es una vieja cantinela. Ya en los años cincuenta, la patronal francesa utilizó las elevadas cotizaciones sociales y la igualdad salarial entre hombres y mujeres como excusa para oponerse al proyecto de mercado común. Pero alto costo significa alto valor añadido.

Lo que todas las falsas soluciones tienen en común es que persiguen los titulares de los medios de comunicación y las quejas de los grupos de interés, en lugar de fijar la agenda de antemano. Aquí proponemos algunas vías, con, como en 1958, componentes institucionales y políticos.

La idea de trabajar más —en lugar de trabajar mejor— para ganar más es una promoción del estajanovismo contra el productivismo.

François Godard

Instituciones

El aspecto institucional debe abordar el debilitamiento de la capacidad de decisión mediante una reconfiguración pluralista de la cúpula del Estado, en torno a dos ejes que afectan al ejecutivo y a la administración. El primero sería la separación funcional de la presidencia y el gobierno. Existen numerosos modelos de repúblicas unitarias —es decir, no federales— en las que el presidente es elegido por sufragio universal pero no encabeza el gobierno, empezando por Finlandia, Portugal e incluso Polonia. En estos países, el líder de la mayoría parlamentaria es primer ministro y, según la Constitución de 1958, «dirige la acción del gobierno», mientras que el presidente desempeña un papel considerable en política internacional y, en el plano interno, en situaciones de crisis. El mérito de un cambio así sería preservar los logros de la V República, es decir, un ejecutivo fuerte y estable y un sistema parlamentario racionalizado; en este caso, la vuelta al mandato de siete años sería bienvenida.

Un primer ministro que sea el verdadero jefe del gobierno y, por tanto, verdaderamente responsable ante la Asamblea Nacional, daría lugar a un equipo de ministros que también rindieran cuentas ante el Parlamento y no simplemente ante el Elíseo; en otras palabras, ministros que rindieran cuentas de su gestión ante la nación.

El segundo ámbito de la reforma institucional afectaría de hecho a la administración, es decir, a la pericia, el orgullo de la República. Dos medidas reforzarían la autoridad —entendida como credibilidad y legitimidad— de la administración. Por un lado, al coronar la pirámide jurídica con un tribunal supremo único —algo así como el reciente modelo británico— que reúna en un solo órgano al Consejo Constitucional, al Tribunal de Casación y al Consejo de Estado, este último ganaría en influencia en Europa y contribuiría a hacer más claro el orden jurídico y reglamentario en Francia.

Por otra parte, la legitimidad del orden administrativo podría reforzarse considerablemente si se apoyara más claramente en la enseñanza superior y la investigación, es decir, la universidad, las grandes escuelas, el CNRS y el mundo científico en general. La meritocracia escolar es una de las jerarquías sociales más respetadas: los franceses siguen valorando la competencia y el saber, y los ingenieros siguen siendo el modelo del patrón.¹³ La pericia pública es un objetivo recurrente de los populistas: ¿por qué no aceptar el reto y convertirlo en el terreno de su derrota?

Una administración superior más clara, mejor apoyada en la excelencia científica y académica, no puede sino reforzar la imparcialidad del Estado y estimular el poder político en un proceso de rendición de cuentas recíproca. Sería un paso importante hacia la deconstrucción de la «fábrica de desconfianza».¹⁴

Políticas

En cuanto a las políticas públicas, un examen de los fundamentos de la V República muestra que las ambiciones a largo plazo se basan en el liderazgo de las ideas, que permite definir las cuestiones y elegir el terreno del debate público en una fase temprana, frente a una gobernanza basada en la opinión.

Para la Francia de 2025, imaginemos dos grandes ambiciones estructurantes: la revalorización del trabajo y el paso del consumo a la inversión.

Para revalorizar el trabajo calificado para todos, hay que deshacerse de la falacia de la «falta de trabajo» que sigue inspirando tanto el derecho de quiebra como la política urbana. El empleo no es una contrapartida que una empresa asistida da a la comunidad; es el motor de la creación de valor. El esfuerzo en el trabajo no es sufrimiento, es la contribución más visible de cada individuo al bienestar colectivo: the dignity of work, como dice Michael Sandel,¹⁵ una fórmula útil para equilibrar el imperativo, a veces torpe, de la meritocracia. Nuestros vecinos (Alemania, los países del Benelux y el Reino Unido) ya alcanzaron el pleno empleo, y un gobierno decidido debería ser capaz de eliminar los obstáculos restantes. Este cambio de perspectiva permitiría volver a poner sobre la mesa la abandonada reforma de las pensiones de 2019. El igualitarismo republicano puede construirse sobre el trabajo y asumir el estrecho margen de los salarios.

La decisión de apoyar la inversión requiere el coraje que sólo pueden movilizar unas instituciones legítimas, imparciales y sostenibles.

François Godard

Puede que el consumo de masas haya sido un motor de crecimiento y emancipación, cada cual según sus inclinaciones, pero su versión degradada actúa como una toxina. El comercio impulsado por las promociones y no por la calidad está socavando la oferta de empleo y de productos y servicios de calidad; las marcas como valores últimos están alimentando el nihilismo de las ciudades; el exceso de turismo está asfixiando la naturaleza y la ciudad. Sin embargo, Francia necesita infraestructuras físicas y digitales, energía verde, un plan Hausmann/Jane Jacobs¹⁶ para los suburbios, transporte público frecuente, guarderías, asistencia sanitaria de seguimiento accesible e investigación farmacéutica de vanguardia, por poner solo algunos ejemplos. Pasar claramente del consumo a la inversión podría implicar una serie de medidas clave, como la subida del IVA al 25%, como en los países nórdicos, la imposición del capital para orientarlo hacia usos productivos y el refuerzo de la formación a todas las edades.

La decisión de apoyar la inversión requiere el coraje que sólo pueden movilizar unas instituciones legítimas, imparciales y sostenibles. Y la reactivación productiva pasa necesariamente por un gran espacio europeo que reproduzca la profundidad del mercado estadounidense, tanto por el número de consumidores como por la movilización de capitales y —ventaja europea— la creación de normas que acaben imponiéndose en todo el mundo.