Rusia: Acosados, encarcelados, asesinados. ¿Veremos una rebelión de los abogados rusos?

Es una característica del poder de Putin practicar las ilegalidades más descaradas y brutales, encubriéndolas bajo la apariencia de un estrecho legalismo. Desde la agresión militar hasta el aplastamiento de cualquier voz disidente, este poder se esfuerza por mantener las formas, es decir, por no perder la cara que le sirve de máscara. Por ejemplo, a Vladímir Putin poco le importa que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa considere ahora que Rusia es una «dictadura de facto», ya que el presidente ruso puede blandir la Carta de las Naciones Unidas o el Código Penal de la Federación para justificar cada tanque T-72 que entra en territorio ucraniano, cada dron Shahed que se estrella allí, cada opositor enviado a prisión.

Donde algunos hablarían de una «subversión» del sistema legal existente, vemos en cambio —y esto es un hecho mucho más preocupante— una movilización estratégica por parte del Estado ruso de todos los recursos legales a su disposición. Vladímir Putin no está «subvirtiendo» el orden jurídico internacional ni el orden constitucional ruso con los fundamentos jurídicos con los que justifica sus masacres y persecuciones, como tampoco lo hacen los gobiernos de Hungría, India o Turquía cuando despliegan todos los mecanismos del derecho vigentes para iniciar las reformas más reaccionarias. Cuando un sistema jurídico puede ser «subvertido» o «secuestrado», la culpa no es de quienes lo subvierten o secuestran, sino del propio sistema, que se presta a esta subversión o secuestro.

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Así pues, la oposición rusa se reduce a defender la ley contra la ley. Es el caso no sólo de las asociaciones, partidos y grupos de defensa de los derechos humanos, sino ahora también de una parte de la Cámara Federal de Abogados (en lo sucesivo «el Colegio») de la Federación Rusa. Para la profesión, el detonante fue la detención, el 13 de octubre de 2023, de Alexéi Ladin y los tres abogados que trabajaban para el opositor Alexéi Navalni.

Ladin, abogado originario de Tyumen, en los Urales, se ha hecho un nombre en los últimos años defendiendo a los tártaros de Crimea y a los ucranianos acusados de extremismo, espionaje o participación en grupos ilegales. La acusación que llevó a su detención se basa en muy poco: un post de Facebook del 8 de marzo de 2022 en el que aparecía el #НЕТВОЙНЕ («No a la guerra») y otro del 31 de julio de 2018 en el que aparecía un dibujo del activista tártaro Ismail Ramazanov. El tribunal de Simferópol consideró que esta representación del tridente ucraniano acompañado de las palabras «Insumiso» (en tártaro y ucraniano) y el tarak tamga (sello oficial de una dinastía que gobernó el Kanato de Crimea, hoy utilizado por los tártaros de la región como símbolo nacional) era similar a la simbología del Batallón Noman Çelebicihan, organización paramilitar que lucha contra los separatistas prorrusos y la agresión rusa en Ucrania, reconocida como organización terrorista por el Tribunal Supremo ruso en 2022.

El 13 de octubre también fueron detenidos tres abogados de Alexéi Navalni, Vadim Kobzev, Ígor Sergunin y Alexéi Liptser, y se registraron las oficinas del bufete Dalet, del que forman parte los dos últimos y Olga Mijáilova, también asociada de Navalni. Kobzev, Sergunin y Liptser fueron conducidos al tribunal del distrito moscovita de Basmanny. En una audiencia a puerta cerrada, fueron detenidos por participar en un «grupo extremista», en este caso el «Fondo Anticorrupción» de Alexéi Navalni, y acusados de haber actuado como «contrabandistas» de cartas escritas por Navalni desde su celda. Desde entonces han sido trasladados a la «Central del Kremlin», un centro de detención especial en la tristemente célebre prisión de Matrósskaya Tishiná, el «Silencio de los Marineros».

Ésta es la primera traducción de dos peticiones elaboradas en respuesta a estos hechos. La primera es del grupo «Primer Departamento» (Pervyj Otdel), un grupo de abogados y activistas de derechos humanos que toma su nombre del «primer departamento» del FSB encargado de casos de traición y espionaje y del «primer departamento» de los tribunales correspondientes. La petición, firmada ya por más de 4 mil personas y organizaciones, pide que se ponga fin a la persecución de los funcionarios de justicia, y concluye con una nota que puede ser amenazadora o profética, según el estado de ánimo, ya que recuerda a las autoridades, actualmente ocupadas en socavar la labor de la justicia, que ellas mismas tendrán un día gran necesidad de una defensa calificada.

Aún más digna de mención: una segunda petición, también traducida a continuación, llama a todos los abogados del país a una huelga general de tres días. Redactado por profesionales del derecho para llamar la atención de sus colegas y de la opinión pública en su conjunto, este segundo texto pretende ser un grito de alarma: después de enumerar los nombres de 52 abogados que han sufrido agresiones físicas, atentados fallidos o incluso asesinatos en el ejercicio de sus funciones, los autores pasan a enumerar los nombres de decenas de sus colegas que han sido agredidos por la policía, detenidos o procesados por cargos falsos, es decir, políticos. Esta huelga debe lanzarse hoy para alertar a la opinión pública y exigir la instauración efectiva de medidas de protección de los abogados y de los derechos que tienen garantizados.

La indignación suscitada por estos dos llamados se mezclará sin duda con una dosis de circunspección. Hay algo desconcertante en esta letanía de casos presentados como casos de persecución de abogados, cuya naturaleza política no es sistemáticamente justificada por los autores, y cuyo curso concreto sigue siendo difícil de establecer, precisamente a causa de la alineación de las prácticas policiales con los deseos de los gobernantes, como denuncian los propios autores de la petición.

Sin embargo, las formas concretas de la retórica de los autores no cambian el fondo: los muertos no están menos muertos. Aunque algunos de los asesinatos, palizas y ejecuciones de los abogados enumerados fueran de naturaleza extrapolítica, no dejan de ser testimonio de la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los abogados en el ejercicio de sus funciones y para identificar y llevar ante la justicia a los autores de esos delitos. Y lo que es más importante, estas llamadas reflejan una tendencia innegable al deterioro de las condiciones de ejercicio de la profesión. El «Plan Fortaleza» [Plan Krepost’], que permite a las autoridades denegar el acceso a las comisarías en caso de amenaza inminente, se utiliza cada vez con más frecuencia en las grandes ciudades del país para impedir que los abogados visiten a sus clientes. Los autores de las peticiones también tienen razón al denunciar la creciente tendencia de las autoridades rusas a extender a los abogados los delitos de los que se acusa a sus clientes, con lo que confunden la responsabilidad de los primeros con la de los segundos, en contra de todos los fundamentos del derecho. Por último, las detenciones del 13 de octubre marcaron el inicio de una nueva fase en este frenesí represivo: mientras que en el pasado la persecución se dirigía principalmente contra los abogados que también participaban en actividades de defensa de los derechos humanos, los defensores de Navalni fueron perseguidos estrictamente como abogados.

Esto explica la respuesta sin precedentes de un sector de la profesión, a la que los organismos acusados no tardaron en responder. El Colegio de Abogados de la Federación Rusa, acusado de no haber garantizado la seguridad de sus miembros, replicó a través de su presidenta, Svetlana Volodina, y del presidente de su Comisión de Defensa de los Derechos de los Abogados, Guenri Reznik, que no disponía de información fiable sobre los casos mencionados en el llamado de los abogados rebeldes y que existían «otras formas legales de expresar opiniones cívicas que no vulneran los derechos de nuestros clientes ni las normas deontológicas de la profesión». Maksim Besjmelnitsyn, adjunto del ministro de Justicia, adoptó una postura igualmente ofensiva al anunciar que varios de los autores de este «complot» habían sido acusados a su vez del delito de «extremismo» y señalar que cualquier participación en esta acción constituiría una violación de las disposiciones legales que rigen la profesión de abogado, entre las que figura la obligación de desempeñar funciones de defensa. Una vez más: la ley contra la ley. Pero en esta batalla de letra contra letra, espíritu contra espíritu, está claro que la ventaja siempre será para el redactor de la letra, el garante del espíritu, es decir, en última instancia, el Estado.

Petición contra la persecución de los abogados

El artículo 18 de la ley federal nº 63-FZ de 31/05/2002 sobre las actividades de los abogados en la Federación Rusa prohíbe «cualquier interferencia con las actividades de los abogados de conformidad con la legislación vigente, así como cualquier obstrucción de dichas actividades».

La persecución de los abogados en Rusia se origina al más alto nivel del Estado. Los derechos de los representantes legales, a pesar de estar garantizados por la legislación nacional e internacional, se violan sistemáticamente. Las autoridades obstaculizan el trabajo de los defensores, aumentando el número de intimidaciones y procesos penales contra ellos. La sola condición de abogado ya no basta para proteger a las víctimas de estos ataques, y a veces es el motivo mismo de su persecución.

No olvidamos el acoso policial del que fueron abiertamente objeto los abogados del periodista Iván Safronov, los procedimientos penales incoados contra Iván Pavlov, los procedimientos disciplinarios iniciados contra Yevgueni Smirnov y la detención preventiva a la que sigue siendo sometido Dmitri Talantov, acusado de incitar al odio o a la hostilidad valiéndose de su cargo oficial, es decir, de su condición de abogado.

El periodista Iván Safronov había atraído la atención del FSB por sus investigaciones sobre el ejército ruso y sus deficiencias, especialmente en materia de tecnología de defensa y formación de soldados. Fue hallado muerto en 2007 tras caer desde su domicilio, situado en el quinto piso de un edificio de Moscú. Sus tres abogados, Pavlov, Smirnov y Talantov, conocidos por su labor en defensa de los derechos humanos y de las víctimas de juicios políticos, fueron objeto de una serie de medidas intimidatorias y condenas (inhabilitación, procedimientos disciplinarios, identificación como «agentes extranjeros»). Iván Pavlov y Yevgueni Smirnov pudieron salir de Rusia con destino a Tiflis; Dimitri Talantov está detenido desde septiembre de 2022 y amenazado con 15 años de cárcel.

En tiempos más recientes, el arsenal represivo dirigido contra la «difamación del ejército» y la propagación de «falsas noticias de guerra» se ha movilizado activamente contra los abogados: nuestros colegas Mijaíl Beniasch, Edem Semedlyaiev y Serguéi Makarenko se han llevado la peor parte. En el caso de nuestra colega María Bontsler, la policía incluso añadió al expediente de «difamación del ejército» los alegatos que había hecho en defensa de personas acusadas del mismo delito.

Mijaíl Beniasch se distinguió en las regiones de Sochi y Krasnodar por defender a personas detenidas en relación con manifestaciones pacíficas no autorizadas. Edem Semedlyaiev fue acosado por su defensa de los tártaros de Crimea perseguidos por el Estado ruso desde la anexión ilegal de la región, mientras que el principal delito de Serguéi Makarenko fue defender a Lilia Tchanysheva, otra abogada de Navalni acusada de «extremismo». Por último, María Bontsler, que trabajaba con el grupo de defensa de presos políticos OVD-Info, fue condenada por «difamación del ejército» tras pronunciar la palabra «guerra» (prohibida desde el comienzo de la «operación militar especial» en Ucrania) en una defensa de activistas opuestos a la agresión rusa.

El 13 de octubre de 2023 pasará a la historia jurídica rusa como un día negro para la abogacía. Tres defensores del opositor Alexéi Navalni —Vadim Kobzev, Ígor Sergunin y Alexéi Liptser— fueron detenidos y acusados de participar en un «grupo extremista». Se llevaron a cabo registros en sus domicilios y en las oficinas del bufete de abogados Dalet, donde trabaja otra defensora de Navalni, Olga Mijáilova. Al mismo tiempo, en Crimea, también fue registrado el abogado Alexéi Ladin, defensor de prisioneros de guerra ucranianos, tártaros de Crimea y personas acusadas de sabotaje.

La organización de derechos humanos Memorial señala que Olga Mijáilova «no se preocupó, ya que no se encuentra en Rusia», mientras que el abogado Alexéi Ladin fue detenido en Simferopol y «retenido durante 14 días por un delito relacionado con un post en Facebook».

En cada uno de estos casos, como en tantos otros precedentes condenatorios, hemos visto al Estado utilizar todos sus recursos represivos contra abogados cuyos casos eran claramente de naturaleza política. El caso de los defensores de Navalni demuestra que las autoridades asocian literalmente a los abogados con las actividades de los acusados.

Sin embargo, nada podría ser más absurdo. «Defender» no significa en absoluto «ser cómplice». Los abogados no son cómplices ni socios de sus clientes; los defienden, de acuerdo con un derecho consagrado en la Constitución rusa. Si llevamos este razonamiento más lejos, podríamos llegar a sospechar de asesinato a cualquier persona que defienda a una persona acusada de ese delito. Esto no puede ni debe ser así: es una violación flagrante de los principios fundamentales del derecho.

Exigimos que el Estado deje de perseguir, intimidar y obstaculizar la actividad profesional de los abogados. Todo acusado debe poder disfrutar del derecho a la defensa, todo defensor debe disponer de los medios para llevarla a cabo, y ninguna consideración política debe interponerse en ello.

El proyecto de defensa de los derechos «Primer Departamento» hace un llamado a las instituciones públicas y a todos aquellos que se preocupan por estas violaciones para que firmen esta declaración. Aunque no dispongamos de medios para poner fin a las prácticas por las que el Estado se sitúa al margen de la ley, no podemos permanecer callados y tenemos el deber de llamar la atención de las autoridades sobre sus propias infracciones.

Dejen de perseguir a los abogados: un día necesitarán una defensa cualificada, y ustedes mismos están intentando destruirla.

***

A esta carta le siguen 4 124 firmas, entre las que se encuentran varias publicaciones de la oposición rusa, como Mediazona, Meduza, Novaja Gazeta Evropa y Proekt, así como la plataforma OVD-Info para la defensa de los presos políticos y otras ONG, movimientos y grupos de diversas orientaciones políticas, activos a nivel nacional, regional o en el exilio, como Memorial, Rus’ Sidjaščaja («Rusia Tras las Rejas»), Mir, Progress, Prava Čeloveka («Paz, Progreso, Derechos Humanos») y la asociación Russie-Libertés.

Llamado a la huelga de los abogados

Al Colegio Federal de Abogados de la Federación Rusa

A los Colegios de Abogados de los ciudadanos de la Federación Rusa

A las asociaciones de abogados

El artículo 48 de la Constitución de la Federación Rusa garantiza a todos el derecho a una asistencia jurídica calificada. En cuanto al papel de los abogados, los principios fundamentales del derecho establecen que: «Los poderes públicos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin obstáculos, intimidación, acoso ni injerencias indebidas».

Estos principios se adoptaron en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 (artículo 16 de los «Principios Básicos sobre la Función de los Abogados»).

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas subraya que los abogados deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de delitos penales, de conformidad con los principios generalmente aceptados de ética profesional, y «libres de toda influencia, presión, intimidación o injerencia, directa o indirecta, por parte de cualquier persona y por el motivo que fuere».

Se trata de una referencia a la «Observación General nº 32», artículo 14 sobre el «derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio justo», adoptada por el Comité de Derechos Humanos en su 90ª sesión (Ginebra, 9-27 de julio de 2007).

A pesar de que algunos de estos derechos y garantías profesionales de los miembros de la abogacía hayan sido consagrados formalmente en la legislación de la Federación Rusa, en la actualidad estas disposiciones son completamente ilusorias por dos razones: por un lado, en la práctica es difícil o imposible que los abogados ejerzan los derechos profesionales que se les reconocen; por otro, la presión que se ejerce sobre ellos representa una interferencia indebida o un obstáculo para su ejercicio.

A pesar de las innumerables violaciones de estos derechos profesionales, nuestras solicitudes, declaraciones, peticiones y quejas al respecto han sido desoídas.

A pesar del considerable número de nuestros colegas que han sido asesinados, agredidos, amenazados o perseguidos por organismos estatales [véase la lista más abajo], sobre la base de acusaciones administrativas y penales inventadas, la inmensa mayoría de estas violaciones quedan impunes.

En la Rusia actual, los abogados se ven reducidos a ejercer su actividad profesional con miedo: temen por su vida y su salud, así como por las de sus seres queridos. Viven con miedo a ser privados arbitrariamente de su libertad, y son objeto de obstrucciones y presiones que quedan sistemáticamente impunes, en un contexto de violencia y tortura, intimidación y amenazas directas a su libertad, salud y medios de vida.

En el contexto actual, todas las vías legales para impugnar estas violaciones se han visto frustradas, al igual que los mecanismos existentes en el Colegio de Abogados para apoyar a los profesionales. Así, a pesar de que los registros de abogados son frecuentemente declarados ilegales por los tribunales superiores, los órganos ejecutivos y los jueces no dudan en seguir ordenándolos. Aunque no se adjudique realmente la responsabilidad de estos abusos a nadie, los objetivos de estos registros ilegales —obtener información protegida por el secreto profesional e intimidar a los abogados— se cumplen sobradamente. Además, los representantes del Colegio de Abogados que asisten a los registros en virtud del artículo 450.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia no están en condiciones de impedir ni las prácticas ilegales que observan ni la incautación de documentos protegidos por el secreto profesional.

En la práctica, también se produce una violación masiva del derecho de los abogados a reunirse en privado con sus clientes, en condiciones que respeten el principio de confidencialidad (incluso durante su periodo de detención), sin límite en el número o la duración de las reuniones. Los propios jueces abusan cada vez más de sus poderes, despreciando el tiempo y la disponibilidad de los abogados, su derecho al descanso, a las vacaciones y a la atención médica, e incluso negándose a tomar en consideración las conclusiones de los peritos presentadas por los abogados.

A nivel profesional, en Rusia los auxiliares de la justicia son objeto de una discriminación masiva y sistemática en comparación con los que intervienen en el proceso judicial, que son formalmente sus «iguales», en todos los ámbitos, desde el acceso a los edificios públicos hasta la remuneración de los profesionales. Por ejemplo, los abogados trabajan en condiciones menos favorables que los juristas no estatutarios que trabajan en el sector privado: estos últimos pagan un impuesto sobre la renta de entre el 4% y el 6%, frente al 13% de los abogados. Además, la remuneración de un abogado de oficio es muy inferior a la de un fiscal general, por ejemplo.

La ley de 2002 que formaliza la profesión de abogado les otorga el monopolio de la participación en procesos penales, pero las personas con título de leyes pueden comparecer ante los tribunales civiles y ofrecer asesoramiento y preparación de documentos jurídicos para particulares.

En muchos casos, los abogados de oficio también se ven obligados a entablar largos procesos judiciales para obtener sus honorarios, y a iniciar procedimientos ante el Tribunal Penal de la Federación Rusa para cobrar los intereses de demora que se les adeudan. Tampoco en este caso se tiene en cuenta el hecho de que algunos abogados se ven privados de sus medios de subsistencia durante largos períodos, a pesar de lo dispuesto en el artículo 145.1 del Código Penal de la Federación Rusia. Por último, el número de casos documentados de abusos y actos ilícitos dirigidos contra los abogados sigue en aumento, sin que hasta la fecha hayan surtido efecto los numerosos llamados públicos de los abogados.

Se han producido innumerables atentados contra la vida de los abogados, cometidos en la más absoluta ilegalidad y a pesar de la adopción de la Ley Federal nº 63-FZ sobre la profesión de abogado y las actividades de los abogados en la Federación Rusa, cuyo artículo 18 prohíbe «cualquier injerencia en las actividades de los abogados de conformidad con la legislación vigente, así como cualquier obstrucción de dichas actividades», al tiempo que pone «a los abogados, a los miembros de sus familias y a sus bienes bajo la protección del Estado». He aquí algunos de los casos más conocidos de agresión o violencia ocurridos desde la adopción de esta ley federal:

11 de septiembre de 2002: Aleksándr Schupliak, abogado, y su hijo, asesinados en Moscú

14 de octubre de 2002: Grígori Chernyshov, abogado, agredido en San Petersburgo

26 de noviembre de 2002: Iván Tsygantsov, abogado, asesinado a tiros en Novosibirsk

11 de octubre de 2003: Aleksándr Prozorov, abogado, asesinado a tiros en Novosibirsk

11 de diciembre de 2003: Andréi Rastorguev, abogado, asesinado a tiros en Kámensk-Uralski

17 de marzo de 2004: Irina Nikoláyeva, abogada, asesinada en San Petersburgo

24 de abril de 2004: Vladímir Lijarev, abogado, asesinado en Samara

26 de abril de 2005: Amayak Gandelian, abogado, asesinado a tiros en Novosibirsk

4 de julio de 2004: Serguéi Dotsenko, abogado, víctima de un intento de asesinato en Moscú

1 de diciembre de 2004: Evgenij Zamoskvitchev, abogado, asesinado en Astracán

24 de octubre de 2004: Inna Cherniavskaya, abogada, descubrió un artefacto explosivo en su domicilio de San Petersburgo.

21 de diciembre de 2004: Olga Sedova, abogada, víctima de un intento de asesinato en San Petersburgo.

15 de abril de 2005: Ígor Rosenberg y Serguéi Jalilov, abogados, asesinados en Astracán.

18 de julio de 2005: Elena Iatsyk, abogada, asesinada en las afueras de Moscú.

28 de septiembre de 2005: Valentina Baranova, abogada, herida en un tiroteo frente al tribunal de Moscú

11 de octubre de 2005: Dimitri Steinberg, abogado, asesinado en Moscú

25 de noviembre de 2005: Ígor Latyshev, abogado, asesinado en San Petersburgo.

1 de agosto de 2007: Dmitri Sóbolev, abogado, víctima de un intento de asesinato en San Petersburgo.

20 de agosto de 2007: Stanislav Berejentsev, abogado, asesinado en Vladivostok

15 de enero de 2008: Oleg Suetin, abogado, asesinado en Ivánovo

17 de enero de 2008: Serguéi Rudtchenko, abogado, agredido en San Petersburgo

11 de febrero de 2008: Andréi Beliayev, abogado, asesinado en la región de Moscú.

14 de febrero de 2008: Iósif Gabunia, abogado, víctima de un intento de asesinato en San Petersburgo.

28 de febrero de 2008: Serguéi Kourilov, abogado, víctima de un intento de asesinato ante el tribunal de Novosibirsk.

29 de febrero de 2008: Vladímir Garnin, abogado, agredido en San Petersburgo

15 de abril de 2008: Vera Sokolova, abogada, agredida en Togliatti

24 de abril de 2008: Margarita Volkovitch, abogada, agredida en Vladivostok.

30 de mayo de 2008: Víktor Parshutkin, abogado, agredido en Moscú

31 de julio de 2008: Mijaíl Kotok, abogado, agredido en Moscú

26 de agosto de 2008: Ural Jamzin, abogado, agredido en Ufa

15 de octubre de 2008: Iliá Utkin, abogado, agredido en Arcángel

19 de enero de 2009: Stanislav Markelov, abogado, asesinado a tiros en Moscú

2 de noviembre de 2010: Aleksándr Eroshenko, abogado, agredido en San Petersburgo.

16 de noviembre de 2010: Alexéi Griankin, abogado, asesinado en Krasnoyarsk

22 de febrero de 2011: Irina Fetisova, abogada, asesinada en Riazán

18 de marzo de 2013: Serguéi Kuznetsov, abogado, asesinado en la región de Moscú

13 de marzo de 2014: Andréi Fedotov, abogado, asesinado en Surgut.

12 de septiembre de 2014: Tatiana Akimtseva, abogada, asesinada a tiros en Moscú

8 de septiembre de 2015: Stanislav Vetchinkin, abogado, asesinado en Moscú

27 de septiembre de 2016: Dimitri Vaskov, abogado, asesinado a tiros en Ulán-Udé

26 de abril de 2017: Natalia Vavilina, abogada, asesinada a tiros en Moscú

25 de abril de 2018: Aleksándr Lipatnikov, abogado, atacado en Moscú

1 de mayo de 2020: Pável Nosov e Iliá Pozotsvetov, abogados, atacados en Tuapsé

15 de noviembre de 2021: Pável Borovkov, abogado, asesinado en Kazán

19 de noviembre de 2021: Artem Karakayev, abogado, asesinado en Moscú

24 de enero de 2022: Aleksándr Komissarov, abogado, atacado en la región de Moscú

21 de febrero de 2022: Valentina y Olga Pavlova, abogadas, víctimas de un intento de asesinato en Ivánova

27 de marzo de 2023: Nikolái Koshman, abogado, agredido en Cheliábinsk.

4 de julio de 2023: Aleksándr Nemov, abogado, víctima de un atentado en Grozni.

7 de julio de 2023: Elena Ponomareva, abogada, agredida en Moscú.

22 de julio de 2023: Dimitri Trunin y Diana Iakovleva, abogados, agredidos en Arzamás.

15 de agosto de 2023: Alexéi Juralev, abogado asesinado en Moscú.

En la mayoría de los casos enumerados, no ha sido posible establecer la identidad de los autores de la violencia ni llevarlos ante la justicia. De hecho, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen mostrarse muy pasivos a la hora de investigar y resolver delitos contra abogados, si ellos mismos no son culpables. Pueden citarse aquí varios casos en los que se han visto implicados agentes de las fuerzas del orden:

En mayo de 2008, agentes de policía de la región de Cheliábinsk privaron ilegalmente de libertad al abogado Aleksándr Shalagin.

El 13 de julio de 2008, en Kislovódsk, agentes de policía agredieron al abogado Ígor Krasnoperov; del mismo modo, la abogada Sapiat Magomedova fue golpeada por agentes de policía en Jasaviurt el 17 de junio de 2010.

El 17 de agosto de 2016, en Náberezhnye Chelný, agentes de policía atacaron los locales del Colegio de Abogados y agredieron a todos los presentes.
El 12 de septiembre de 2019, en Novomoskovsk, agentes de los agentes judiciales y del Comité de Investigación agredieron a los abogados Dimitri Sotnikov y Svetlana Zavodtsova.

También fueron víctimas de agresión por parte de las fuerzas del orden los abogados Vera Podkolzina (30 de junio de 2017, Moscú), Mijaíl Beniasch (9 de septiembre de 2018, Krasnodar), Magomed Magomedov (14 de enero de 2019, Makhachkala), Alekséi Kalugin (7 de marzo de 2022, San Petersburgo), Yambulat Gasanov (17 de abril de 2020, Majachkalá), Natalia Dobronravova (20 de enero de 2020, Nizhny Novgorod), Mansur Gilmanov (21 de enero de 2021, Moscú), Pável Gerasimov (20 de agosto de 2022, Moscú), Iskandar Kabirov (22 de diciembre de 2022, Ufa), Svetlana Zavodtsova (30 de diciembre de 2022, Domodedovo) y Valentina Yaschenko (5 de octubre de 2023, Moscú).

Estos actos de intimidación, dirigidos contra profesionales individuales y contra el conjunto de la abogacía, no pueden dejar de suscitar una indignación absoluta, al igual que la farsa de investigación a la que dieron lugar y la flagrante falta de implicación del Colegio Federal de Abogados y de los Colegios de los sujetos de la Federación Rusa. Otro hecho digno de indignación es la persistente ausencia de mecanismos reales que garanticen un nivel adecuado de seguridad para la actividad profesional de los abogados, sus familiares y sus bienes.

Además, las fuerzas del orden y los tribunales se han unido con frecuencia para desplegar sofisticados métodos de persecución de los abogados, sobre la base de acusaciones administrativas y penales inventadas. Entre nuestros colegas que han sido víctimas de ello, los casos más conocidos son los de Serguéi Brovshenko, Mijaíl Trepashkin, Borís Kuznetsov, Yuri Knysh, Vasili Aleksanyan, Elena Agranovskaya y Pável Ivlev, Dimitri Bronnikov, Petr Sursky, Dimitri Talantov, Iván Pavlov, Aleksándr Voytsekh, Emil Kurbedinov, Edem Semedlyaev, Nazim Sheikhmambetov, Aider Azamatov, Emine Avamileva, Mijaíl Savelyev, Marina Savelyeva, Diana Tsipinova, Elena Mijno, Serguéi Yuriev, Aleksándr Slivko, Diana Kibets, Murad Musayev, Daria Trenina, Aleksándr Lebedev, Irina Savelyeva, Vladímir Zubkov, Ígor Tretiakov, Mijaíl Beniash, Dimitri Sotnikov, Andréi Markin, Timur Idalov, Dagir Khasavov, Vladímir Dvoryak, Lidia Golodovitch, Serguéi Marakov, Mijaíl Zlomnov, Andréi Zlomnov, Oksana Kebayer, Mansur Gilmanov, Sapiat Magomedova, Dimitri Novikov, Serguéi Makarenko, María Bontsler, Irina Gak.

Una nueva etapa se alcanzó el 13 de octubre de 2023 con el anuncio de la detención y la apertura de un procedimiento administrativo infundado contra el abogado Alekséi Ladin, así como los registros en el bufete Dalet y en los domicilios de los abogados Vadim Kobzev, Ígor Sergunin y Alekséi Liptser, detenidos por ejercer sus actividades profesionales.

A pesar de ello, no se ha hecho ningún esfuerzo por reforzar las disposiciones legales que garantizan el respeto de los derechos profesionales de los abogados. En 2020, a propuesta del Foro Civil de toda Rusia, se elaboró un proyecto de ley que prevé, en particular, la introducción de sanciones penales por obstaculizar el trabajo de los abogados. Sometido a debate público por el Ministerio de Justicia el 1 de septiembre de 2020, aún no ha sido aprobado. Los representantes de los colegios de abogados dicen no saber por qué se han detenido los trabajos sobre el proyecto de ley, pero señalan que «existe una oposición decidida por parte de la policía y la judicatura».

Con base en lo anterior, nosotros, los abogados abajo firmantes
– Declaramos que es imposible ejercer la profesión de abogado en el territorio de la Federación Rusa sin obstáculos, intimidación, acoso e interferencias indebidas;
– Expresamos nuestro apoyo a todos los miembros del Colegio de Abogados que han sido objeto de tratos arbitrarios, presiones o delitos en el ejercicio de sus funciones profesionales;
– Consideramos que la profesión debe reaccionar adecuadamente ante estos ataques flagrantes contra los abogados y la propia abogacía, de la que depende el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.

Para dar contenido a estas aspiraciones, proponemos :

1. Que el Colegio Federal de Abogados, los Colegios de Abogados de los sujetos de la Federación Rusa y las asociaciones de abogados apoyen la puesta en marcha de una acción preventiva colectiva consistente en la paralización generalizada, por un periodo de tiempo determinado, de la participación de los abogados en todos los procedimientos judiciales en curso, desde las 24 horas (hora de Moscú) del 25 de octubre de 2023 hasta la misma hora del 28 de octubre, previa notificación de la necesidad del aplazamiento de dichos procedimientos a todos los implicados en los mismos. Asimismo, solicitamos que la información sobre esta acción sea difundida a todos los abogados y al público en general por todos los medios disponibles.

Consideramos necesario hacer las siguientes peticiones a las autoridades competentes, cuya satisfacción conllevaría automáticamente la suspensión de la acción en cuestión:
– La organización de una investigación objetiva sobre los hechos mencionados y casos similares de amenaza, obstaculización, intimidación o interferencia indebida en el ejercicio de la profesión de abogado;
– El cese inmediato de la persecución de los abogados mencionados y de sus colegas en relación con sus actividades profesionales, y la pronta liberación de todos los abogados detenidos;
– La inclusión en el Código Penal de la Federación Rusa de una disposición, acompañada de penas severas, relativa al delito de obstaculización e interferencia en el ejercicio de la profesión de abogado;

2. Que todos los abogados de la Federación Rusa se adhieran a la acción anunciada.

3. Que los Colegios de Abogados de los sujetos de la Federación Rusa se abstengan de tomar medidas disciplinarias contra los abogados que participen en esta acción.

A esto siguieron 252 firmas de abogados y procuradores, identificados por su número de inscripción al Colegio.