Catalunya vuelve a ser el foco de la disputa política en España después de las elecciones generales del 23 de julio. El ajustado resultado entre bloques, con una izquierda que pese a la remontada vivida durante la campaña no ha podido sobreponerse a un bloque conservador que ha padecido una amarga victoria, vuelve a situar en el centro del tablero a los partidos independentistas catalanes. La cuestión catalana se posiciona como eje fundamental de la próxima legislatura en el caso de que se conforme un gobierno progresista entre PSOE y Sumar.
La izquierda y las fuerzas políticas plurinacionales han parado al bloque reaccionario
Sin embargo, hace falta primero repasar brevemente la historia de estas elecciones. Tal y como relata Pablo Stefanoni en estas páginas, Sánchez convocó elecciones generales anticipadas con el objetivo de evitar el desgaste de su ejecutivo, pillar a contrapié al resto de actores políticos y aprovechar las negociaciones entre PP y Vox en la formación de gobiernos locales y autonómicos para movilizar a la izquierda ante la amenaza de un retroceso claro en materia de derechos y libertades. Sánchez y el PSOE se erigieron en el baluarte contra la España en blanco y negro que representaba la alianza PP-Vox, que reavivaba a gran parte del electorado progresista. A su izquierda, Sumar también cohesionaba a gran parte de la izquierda transformadora y permitía aguantar un resultado digno estirando el bloque progresista bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Paralelamente, los votantes de partidos nacionalistas e independentistas también se reactivaban ante las amenazas de regresión en materia territorial que supondría un gobierno nítidamente nacionalista español como el que hubiese encabezado el candidato popular.
Esta múltiple movilización junto a una última semana de campaña desastrosa para Feijóo −que ha acabado desmovilizando a parte de los votantes más centristas de los populares−, es lo que ha permitido un resultado más ajustado del que la mayoría de las encuestas apuntaban. Es por ello que la mejora del resultado electoral del PP no ha servido para que la suma con Vox les permita alcanzar la mayoría absoluta necesaria en el Congreso. Suceso que ha abierto una posibilidad al bloque progresista y plurinacional, que tiene ahora la oportunidad de negociar la formación de un nuevo ejecutivo de coalición progresista entre PSOE y Sumar. Esta conjunción de voto de las clases trabajadoras, de los hijos del 15M y de las minorías nacionales, es la que ha conformado un bloque político capaz de parar la ola reaccionaria en España, siendo así el primer país europeo en los últimos dos años, en el que conservadores y ultras no arrasan electoralmente.
La diferencia, sin embargo, con la anterior legislatura, es que si en noviembre de 2019 para investir a Sánchez fueron necesarios los votos de PSOE, UP, Más País, ERC, PNV, Bildu y Teruel Existe, en estas elecciones −debido a la debilidad de las izquierdas que pierden 12 diputados (141 para PSOE y Sumar), y a la subida de las derechas que suman 18 diputados más (169 para PP y Vox)−, para que haya una coalición de gobierno progresista es necesaria la concurrencia de un nuevo actor político: Junts. El partido de centroderecha independentista vuelve a situar a Catalunya y a las reivindicaciones del movimiento independentista en el centro del tablero político. Es por esto que, antes de analizar las derivadas de esta correlación de fuerzas, es necesario hacer un repaso de los últimos años en Catalunya y del mapa político que dibujan las elecciones de 2023 allí.
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Catalunya: auge y caída del movimiento independentista
Catalunya ha dominado las últimas legislaturas en la política española. Desde el inicio del conocido como proceso independentista, la agenda catalana −ya sea en su gestión o en su omisión−, ha estado presente en la discusión política en el Congreso, siendo también una de las principales problemáticas a las que los diferentes gobiernos españoles se han enfrentado desde el año 2012.
Los votantes de partidos nacionalistas e independentistas también se reactivaban ante las amenazas de regresión en materia territorial que supondría un gobierno nítidamente nacionalista español como el que hubiese encabezado el candidato popular.
MARIO RÍOS FERNÁNDEZ
El inicio del proceso independentista coincidió con los cambios políticos y sociales que trajo consigo la Gran Recesión y la crisis de la deuda europea en la mayor parte de democracias continentales. Fue en este contexto de crisis social, económica y política cuando el independentismo catalán se convirtió en la utopía disponible para cientos de miles de catalanes que vieron en la lucha por un Estado independiente propio una vía de escape a los problemas que afrontaba España. Esto movilizó a buena parte de la sociedad catalana, especialmente aquella ubicada en el nacionalismo catalán.
A partir de aquí, los partidos independentistas −ERC, Junts y la CUP, empujados por esta movilización masiva que sacaba a millones de personas a la calle cada 11 de septiembre−, fueron entrando en una espiral incrementalista en la que cada formación competía con sus adversarios buscando una reivindicación cada vez mayor. De la mejora del autogobierno se pasó a un pacto fiscal; del referéndum pactado a uno unilateral; y de este referéndum a una declaración unilateral de independencia. Cabe recordar que desde 2012 hasta ahora, el independentismo ha gobernado Catalunya siempre con mayoría absoluta.
Los acontecimientos se precipitaron en octubre de 2017. Después de que el Parlament de Catalunya −con mayoría independentista−, y el Gobierno de Cataluña −conformado por una coalición presidida por Carles Puigdemont entre Junts y ERC−, elevaran la enésima propuesta de referéndum al Gobierno español de Rajoy y este se negara a negociar, se decidió desde el independentismo preparar todo el entramado legal y político para hacer efectiva una consulta unilateral que tendría lugar el 1 de octubre. Los hechos, de sobra conocidos, dieron la vuelta al mundo: miles de voluntarios prepararon el referéndum unilateral en secreto y el día de su convocatoria aparecieron miles de urnas y más de 2 millones de catalanes fueron a votar.
La gestión del Gobierno de Rajoy −puramente represiva− trató de impedir el referéndum unilateral enviando desde el resto de España a miles de policías que agredieron y reprimieron a centenares de votantes. Después de este referéndum, en el que sólo participó el independentismo civil y político, se produjo una movilización masiva con una huelga general el 3 de octubre que paralizó Catalunya. Pocos días después, el ejecutivo catalán declararía unilateralmente la independencia para anularla y abrir un proceso negociador con el Estado. Esta estrategia no dio el fruto deseado, y ante lo que el gobierno de Rajoy consideró un ataque a la Constitución, el ejecutivo español activó el 155: un artículo de la Carta Magna española que permite al Gobierno central suprimir el autogobierno de una Comunidad Autónoma si esta vulnera el interés general.
Poco después, la justicia española iniciaría todo el proceso judicial derivado de lo que la fiscalía consideró rebelión. Proceso en el que los principales líderes del independentismo catalán −entre ellos el vicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras−, fueron detenidos. Otros líderes, como el presidente Carles Puigdemont, huyeron a Bélgica para evitarla. Además, la aprobación del artículo 155 llevaba aparejada consigo la convocatoria de elecciones autonómicas. Elecciones que, con un 80% de participación electoral, fueron las más participativas de la historia dando la victoria en escaños (pero no en votos) al independentismo.
Sin embargo, después de la conformación del gobierno de Quim Torra, en mayo de 2018 y tras una investidura también tortuosa, la tensión social y política en Catalunya empezó a aflojar. Situación que en 2019, con motivo de la sentencia a los presos del proceso independentista −acusados de sedición, malversación y desobediencia−, volvió a encender las calles en Catalunya con miles de manifestaciones, boicots y ocupaciones a lo largo del otoño de ese mismo año. Un otoño electoral en el que después de la victoria del PSOE en abril y ante la incapacidad de conformar gobierno con Unidas Podemos, llevó a una repetición electoral que coincidió en el tiempo con las manifestaciones más duras en Catalunya. Unas manifestaciones que impactaron en parte de la población española, que optó electoralmente por Vox como opción dura contra el independentismo. Sin embargo, el resultado electoral a nivel de bloques no cambió, dejando a PSOE y Unidas Podemos conformar gobierno. Gobierno que tendría como uno de sus principales objetivos la gestión del conflicto en Catalunya.
Esta gestión −basada en el reconocimiento del conflicto en Catalunya como un conflicto político y no como una cuestión de orden público tal y como lo había entendido el gobierno conservador anterior−, dio inicio a una negociación entre los dos gobiernos (el español y el catalán), dando lugar a la aprobación de unos indultos que permitieran la libertad a los presos independentistas. Se buscó además la reforma de los delitos de sedición y rebelión para rebajar las penas existentes y aplicadas estos líderes. El gobierno español articuló un programa para desinflamar el conflicto en Catalunya, rebajar la tensión y que se diese así un retorno a la convivencia, y el resultado fue un éxito.
La gestión de Pedro Sánchez se basó en el reconocimiento del conflicto en Catalunya como un conflicto político y no como una cuestión de orden público tal y como lo había entendido el gobierno conservador anterior.
MARIO RÍOS FERNÁNDEZ
A partir de este momento, la mayoría de los indicadores sobre opinión pública que nos muestra el Centre d’Estudis d’Opinió tras las generales de 2019 y de la aprobación de estas medidas, muestran un claro retroceso en el apoyo al proyecto independentista. Proceso que pasó de un SÍ mayoritario a que el NO a esta opción se situase a 10 puntos de ventaja. También la consideración del conflicto entre Catalunya y el Estado como el primer problema de los catalanes se ha visto reducida en los últimos años, donde la economía o la insatisfacción política han tomado la delantera. Estos cambios, además, van de la mano de una despolitización enorme de gran parte de la sociedad catalana que ha pasado de estar ampliamente interesada e informada sobre política a mostrar sentimientos negativos como desencanto, enfado o desinterés hacia ella.
Dos años más tarde, este desinterés se materializó en las elecciones al Parlament de Catalunya de 2021, las menos participativas de la historia del autogobierno catalán. La participación electoral pasó de casi el 80% en 2017 al 51,5% en 2021: una caída de casi 30 puntos en tan solo cuatro años. Es cierto que las elecciones se celebraron durante la pandemia, concretamente al final de la tercera ola del Coronavirus, pero los estudios postelectorales realizados mostraron que la pandemia o el miedo al contagio sólo fueron la causa de la abstención para algo más del 20% de la población. La abstención de 2021 fue eminentemente política y estaba basada en dos bloques que habían sido movilizados electoralmente al máximo desde 2015. Sin embargo, en el momento en que el independentismo asumió la imposibilidad de su proyecto, ambos se desmovilizaron: los unos por desmotivación ante el final de etapa, y los otros porque ya no era necesario defender el status quo existente.
Las elecciones generales en Catalunya: una defensa ante el conflicto territorial
Todo este viaje por la historia política catalana de los últimos 10 años nos sirve para ubicar las elecciones generales de 2023. Estas elecciones se han producido, como hemos visto, en un momento en que la sociedad catalana da claros signos de fatiga a nivel político. Un momento en que las pasiones políticas se han enfriado después de años en los que la política −ya fuese por el 15M o, especialmente, por el proceso independentista−, fue el centro de atención de gran parte de la sociedad catalana.
Lo primero que hay que apuntar sobre estas elecciones generales es que son una de las menos participativas en la historia electoral de Catalunya. El final de ciclo del proceso independentista nos ha dejado una sociedad más despolitizada y desmovilizada que se ha dejado notar en la participación, una de las más bajas registrada nunca en unas generales: sólo por encima del 64,7% de marzo de 2000 en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta. El porcentaje de votantes ha sido del 65,4%: 7 puntos por debajo de noviembre de 2019 y 12 puntos inferior a las de abril del mismo año. De hecho, es una participación electoral similar a la de la repetición electoral de junio de 2016 en las que también ganó el PP de Rajoy. Si analizamos la participación a nivel territorial vemos que mientras en las zonas metropolitanas y costeras la caída es de alrededor de 4 puntos de participación, en los feudos independentistas de Girona o de la Catalunya Central (ciudades como Figueres, Girona, Olot, Manresa o Vic), la caída es de entre 8 y 10 puntos.
Para analizar e interpretar políticamente el resultado, es interesante saber de qué iban las elecciones generales en Catalunya en este 2023 y cuál era la pregunta a la que se enfrentaban los electores a la hora de decidir su voto. A diferencia de las últimas generales en las que el independentismo impuso el marco antirrepresivo tras los juicios a los líderes independentistas −obteniendo su mejor resultado histórico en unas generales con el 43% de los votos y 22 diputados−, en esta ocasión los comicios han girado alrededor de mantener el Gobierno de coalición. El debate se situaba en si los catalanes y catalanas preferían un gobierno de Sánchez y Díaz o uno de Feijóo y Abascal. Una pregunta claramente estatal que imponía un marco y una dinámica de política española que como veremos ha favorecido principalmente a dos fuerzas políticas como son el PSOE y Sumar.
Estas elecciones de 2023 se han producido en un momento en que la sociedad catalana da claros signos de fatiga a nivel político.
MARIO RÍOS FERNÁNDEZ
Paralelamente a la caída de la participación electoral que hemos comentado antes, se ha vuelto a producir un clásico del comportamiento electoral en Catalunya: el voto dual. Históricamente, en Catalunya se producía una dinámica política en la que una parte considerable del electorado catalán en las elecciones autonómicas se inclinaba por partidos nacionalistas o independentistas, pero cuando llegaban las generales votaban a partidos de ámbito estatal y, especialmente, a los socialistas. El proceso independentista acabó en gran medida con este comportamiento y eso permitió a los partidos independentistas obtener sus mejores resultados en el Congreso como fue el caso de ERC en 2019. Sin embargo, en este 2023 se ha vuelto a dar este comportamiento electoral. Una espectacular victoria del PSC −que ha obtenido 19 diputados y un 34,5% de voto−, y un buen resultado de Sumar-ECP (la candidatura catalana de Yolanda Díaz) −con 7 diputados y un 14% de voto−, que han superado a ERC −ganadora en 2019 con 13 escaños y más de 800.000 votos, y quien ha perdido la mitad quedándose en 7 representantes y 460.000 sufragios−, se explica por este cambio en el comportamiento electoral.
Como muestran los politólogos Jordi Muñoz y Toni Rodón en sus análisis sobre las transferencias de voto a partir de los resultados electorales, el independentismo ha enviado una gran cantidad de voto a PSC y Sumar-ECP. Tanto ERC y Junts, como la CUP, han transferido voto útil a las candidaturas de ámbito estatal. Más de 250.000 hacia los socialistas y 120.000 a Sumar-ECP. Sin embargo, este hecho que confirma la vuelta del voto dual, no nos explica la razón del por qué se ha dado en este momento tras unas elecciones generales que lo habían reducido enormemente como fueron las de 2019.
Una de las causas que explican este cambio es que los catalanes y las catalanas han entendido que cualquier resolución a su conflicto político pasa porque el Gobierno de coalición progresista se mantenga. Sea cual sea la resolución, sólo podrá venir si la izquierda está en el poder en Madrid. Eso y el miedo a una ultraderecha que agitaba la aplicación de nuevo del 155 para suprimir el autogobierno catalán, ha llevado a muchos ciudadanos independentistas a apoyar a las opciones estatales de cara a evitar un recrudecimiento del conflicto y un retroceso en materia territorial, cultural y lingüística como ya se ha producido en los gobiernos entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana o en Baleares.
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Por lo tanto, si queremos entender lo que ha pasado en Catalunya en estas elecciones, debemos comprender que un independentismo en depresión por el final del proyecto que ha sido hegemónico en Catalunya en los últimos 10 años, ha decidido no jugar a la ruleta rusa apostando por un independentismo sin estrategia política clara y se ha inclinado por fuerzas estatales que garanticen que el conflicto no se iniciará de nuevo y cuya agenda reformista ha permitido desinflamar la situación e iniciar una gestión política del contencioso territorial. La defensa del autogobierno catalán esta vez no la han representado los partidos independentistas, como tradicionalmente han hecho, sino las fuerzas de izquierdas estatales.
Una agenda reformista a nivel territorial: el resultado de un posible acuerdo entre izquierdas y fuerzas plurinacionales
Pero más allá de la interpretación de los resultados de este 23J es necesario repasar qué escenarios pueden abrirse con la actual correlación de fuerzas. Así como Bildu y PNV han dejado claro ya que apoyarán la actual mayoría de gobierno, en el independentismo catalán se ha producido un cambio estratégico. ERC, que durante toda la legislatura ha sido un sostén −tanto en la investidura como en la mayoría de las leyes y presupuestos aprobados por el Gobierno de Sánchez−, ha empezado a mostrar dudas sobre su apoyo, y lo ha hecho precisamente en el momento en el que Junts, el partido de centroderecha independentista y más ubicado en la vía unilateral −al menos a nivel discursivo y simbólico−, es un actor imprescindible para que la investidura salga y evitar así la repetición electoral.
Esta situación de dependencia de ambas formaciones independentistas para Sánchez puede llevar a que ERC y Junts inicien una competición al alza en sus demandas al PSOE y Sumar, lo que puede hacer descarrilar cualquier negociación. Si se inicia una subasta con ambas formaciones apostando fuerte en la negociación, puede darse un bloqueo que lleve a una repetición electoral: hay cosas que Sánchez no puede aceptar como son un referéndum o una amnistía para que Puigdemont pueda volver a Catalunya.
Sin embargo, si tomamos en consideración el resultado electoral, observamos que tanto ERC como Junts han enviado a casi 300.000 personas a la abstención, y a unas 260.000 a PSC y Sumar. Esto es una advertencia clara de que, si hay repetición electoral, el empeoramiento de su resultado electoral puede ir a más. Los votantes de ambos partidos no entenderían cómo estos llevan a Catalunya a una repetición electoral que puede acabar con Santiago Abascal de vicepresidente del Gobierno atacando el autogobierno, la lengua y la cultura catalana con una mayoría absoluta.
El contexto político actual, por lo tanto, permite al independentismo una mayor capacidad de influencia en la dirección del Estado y le permite lograr algunos de sus objetivos y reivindicaciones históricas.
MARIO RÍOS FERNÁNDEZ
Además, ambas formaciones tienen la posibilidad de aprovechar el contexto político que se ha abierto e impulsar junto a la coalición de izquierdas una serie de reformas y medidas en la estructura territorial, política e institucional del Estado. Un bloque histórico de izquierdas y plurinacional podría acometer la reforma del Poder Judicial y sus órganos principales (CGPJ, por ejemplo) con el objetivo de que se parezcan más a la España real. Es decir, que la magistratura no esté copada por los sectores más conservadores y tradicionalistas del Estado y tenga en cuenta las diferentes minorías nacionales existentes en España −especialmente la catalana y la vasca−. Una reforma de la situación financiera de la Generalitat y de la capacidad de gestión de sus propios recursos económicos y financieros también podría ponerse sobre la mesa.
Además, podría impulsarse la Mesa de Diálogo entre ambos ejecutivos iniciada en 2020, y conseguir reforzar el autogobierno catalán con traspasos, inversiones y competencias. Un impulso que podría llegar al blindaje competencial, cultural y lingüístico y a un reconocimiento de las realidades nacionales que conforman España mediante legislación estatal como el que se dio en la Cámara de los Comunes canadiense respecto al Quebec como sociedad distinta.
El contexto político actual, por lo tanto, permite al independentismo una mayor capacidad de influencia en la dirección del Estado y le permite lograr algunos de sus objetivos y reivindicaciones históricas aunque no sean las dos principales (referéndum y amnistía). Del análisis de la situación política concreta depende que tanto ERC como Junts, apuesten por reformar el Estado y no por darle una nueva oportunidad al bloque conservador de llevar a España a un retroceso político, democrático y territorial sin precedentes en las últimas décadas.
