Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo tuvieron como consecuencia un importante cambio de poder territorial. La derecha, con el Partido Popular al frente, alcanzó un importante número de gobiernos autonómicos y municipales. El PSOE, que estuvo al frente en la anterior legislatura de los ejecutivos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Canarias, La Rioja o Aragón, asistió a la pérdida de todos ellos. Pese al cambio de color en el mapa territorial, la derrota electoral del PSOE no fue catastrófica. No hubo una debacle como tal, puesto que los socialistas obtuvieron un 28% de los votos en las elecciones municipales, tan solo tres puntos menos que el PP. Este dato sirve para ilustrar también que, en muchos casos, esta pérdida de los Gobiernos progresistas vino provocada por el cambio de mayorías parlamentarias en las que el mal resultado de Podemos y otras formaciones de izquierda fue decisiva, además del propio retroceso socialista.
Ante este escenario político que configuró el resultado de la noche del 28M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo uso de su facultad constitucional de anunciar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas. El movimiento, rápido y audaz, se ejecutó en la misma mañana del lunes 29 de mayo. Sánchez rompía así el escenario prediseñado tras los comicios municipales y autonómicos en el que el ciclo electoral estaba ya marcado por un cambio de signo político en el que la derecha llegaría al poder consumida la legislatura. Es decir, Sánchez evitaba así agonizar durante casi seis meses hasta que se celebrasen los comicios generales. También renunciaba a un periodo en el que podía haber seguido desarrollando su programa de gobierno y, por lo tanto, políticas públicas de corte progresista, una vez constatado en la campaña del 28M que estas ya no operaban como elemento movilizador del voto.
El cambio de ritmo promovido desde La Moncloa tenía como objetivo revertir la situación y llevar al país a una «segunda vuelta». El 23 de julio los votantes tendrán que elegir qué modelo de país quieren para el futuro más inminente. A estas alturas, se puede afirmar que el adelanto electoral ha sido un acierto estratégico, ya que ha modificado las tendencias previas al anuncio de convocatoria. Si el triunfo del PP en las municipales y autonómicas invitaba a presagiar una ola triunfal que llevaría a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno, esta última cuestión es ya cuestionable, ante el crecimiento y recuperación del Partido Socialista.
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Como ya se ha señalado, el resultado de las elecciones municipales no mostró un gran vuelco electoral. Es más, los datos de estos comicios no son asimilables a las elecciones de los años 2000 y 2011 en los que el cambio de ciclo se constató, siendo ambas elecciones antesala de mayorías absolutas del PP. El escenario electoral previo al que más se asimila la situación actual es a las elecciones generales de 2008. En aquel precedente, el PSOE revirtió una derrota previa en las municipales cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegaba a las elecciones generales en un ambiente marcado también por la polarización. Los cuatro años previos habían caracterizado una legislatura en la que la derecha tensionó la vida democrática con los bulos relativos al atentado yihadista del 11M —en el que habían encontrado la explicación central a su derrota en las urnas— y con dos cuestiones de Estado, como eran el debate territorial y la lucha antiterrorista, también ambos fueron utilizados en aquella ocasión con fines electoralistas. Aquel triunfo de Zapatero se basó en una apelación y movilización amplia del votante progresista que compensó con creces la pérdida de electorado moderado hacia el PP.
El escenario actual también contiene elementos particulares que merecen atención. En España, al igual que en otros países de su entorno, la derecha conservadora se está encontrando excesivamente condicionada por la competencia de nuevos partidos ultraderechistas. En este sentido, el PP no es una excepción. La intensidad competitiva por los votos ha decaído, en cuanto a que Vox ya no amenaza con sobrepasar a los populares en términos electorales. Ahora bien, la necesidad de contar con el partido de Santiago Abascal para poder alcanzar los puestos de gobierno tras la desaparición de Ciudadanos está arrastrando al PP a asumir posicionamientos y discursos impropios de un partido perteneciente a su familia política. Esta cuestión está encontrando su máximo exponente tras las negociaciones y acuerdos de Gobierno a nivel autonómico y municipal. El PP se ha enredado en estas negociaciones mientras que Vox ha marcado el relato y también el éxito de las mismas.
Los acuerdos entre PP y Vox han supuesto también un incentivo importante para la izquierda, que encuentra en el retrato de los acuerdos entre ambas fuerzas para mostrar a un PP que no tendrá reparos en incluir a Vox en el Gobierno de España si les resulta necesario para alcanzar el poder. Esta estrategia se diferencia sustancialmente de la mera alerta antifascista —que ya se comprobó en las elecciones autonómicas madrileñas de 2021 que no resultaba eficaz en términos electorales—. No sigue siendo el miedo a la ultraderecha, sino que lo determinante es un PP aparentemente radicalizado por la necesidad de pactar con Vox y los acuerdos y políticas que ya se están llevando a cabo. Estos pactos son un aliciente para la izquierda, la cual ha pretendido utilizarlo para movilizar al votante propio y desincentivar a aquellos electores que a día de hoy se muestran tentados de cambiar al PSOE por el PP.
La izquierda y la derecha ante el 23J
El 23 de julio se presenta como una elección entre dos modelos antagónicos de entender el país. Ante esto, la ciudadanía está llamada a responder a la siguiente pregunta: ¿Qué modelo quieres para los próximos cuatro años? El PP lo ha fiado todo a la idea de «derogar el sanchismo». Por su parte, la izquierda ha sabido colocar el marco adecuado en la idea de «La mejor España» del PSOE, que ha dejado paso al “Adelante” mientras que Sumar ha hecho lo propio al escoger «La España que merecemos» para acabar transformándolo en el eslogan de campaña “Es por ti”. En todos los casos, los dos bloques deben movilizar a sus propios electorados en esta dualidad de modelos de país. El antagonismo entre ambos puede apreciarse en las estrategias adoptadas a ambos lados del espectro político: por un lado, los progresistas buscan defender su balance y proponen la continuidad –mirando al futuro– «para mejor», como declaraba el domingo Yolanda Díaz en una entrevista a El País. Por otro lado, la derecha y la extrema derecha –dentro de cierto culto hacia el pasado– quieren reconstruir y eligen las guerras culturales como campo de batalla electoral.
La izquierda ha entendido que estas elecciones se juegan en el campo de las emociones, aunque también sea necesario ofrecer a los votantes horizontes y expectativas vitales. El PSOE ha planteado una campaña basada en un cambio de ritmo consistente en llevar la iniciativa e ir al ataque. La campaña de Sánchez es emocional, es épica, es remontada. Volver a lo imposible para seguir avanzando. Más que el relato sobre los últimos cuatro años, es un modelo antagónico al del bloque de la derecha. La agenda y el marco durante las primeras semanas de la precampaña le han sido favorables al actual presidente. La violencia machista o la censura se han instaurado como ejes de debate. También los citados pactos del PP con Vox. Situaciones como la de Extremadura, o las figuras que Vox ha colocado en las presidencias de parlamentos autonómicos como el valenciano o el balear también están siendo protagonistas del debate político. Son cuestiones en las que el PP no está cómodo, ya que le enmarca en bloque reaccionario y que permanecen con el paso de los días.
El desafío para los socialistas en esta campaña pasa por minimizar fugas de votantes hacia el PP –las transferencias de voto del PSOE hacia el PP serán decisivas en el resultado final–. De momento, diferentes sondeos como los del CIS, 40dB o Ipsos, sitúan a este grueso de votantes en torno al 10% de antiguos electores socialistas –y compensar estas con una gran movilización de amplios sectores progresistas–. Aquí está entrando en juego su capacidad para atraer a votantes descontentos de Unidas Podemos que Sumar ha sido incapaz de retener. Ahora bien, el PSOE también se ha encontrado con una tasa de fidelidad de sus votantes baja —alrededor del 65%— que está trabajando en revertir.
La combinación de ambos factores dibuja un reto difícil para el PSOE, pero no imposible, como evidencia la mejora de las últimas semanas. Unas elecciones altamente tensas pueden ayudar a una amplia movilización que sirva para mantener a Sánchez en la Moncloa o, en el peor de los casos, evitar que la derecha y la ultraderecha sumen mayoría absoluta. Cuestión importante también en términos electorales es la fortaleza de la que vuelve a gozar el PSC en un territorio, Cataluña, en el que el Partido Popular siempre lo tiene más difícil por discurso e implantación.
En este contexto, el PP insiste en el rechazo que la figura de Sánchez genera en buena parte del electorado de derechas y que actúa como elemento movilizador del voto. La dificultad que el partido de Feijóo estaba encontrando en los pactos autonómicos y locales con Vox está intentando ser contrarrestada por una continua apelación al voto útil por parte del PP. Los populares pretenden así escenificar la aspiración de gobernar en solitario, pese a que ninguna encuesta refleja esa posibilidad. Esto se entiende, precisamente, por la intención de no perder votante moderado, como el ya señalado proveniente del PSOE, que pueda verse espantado por la influencia de la ultraderecha.
Los escenarios posibles tras el 23J
La media en estimación de voto de los últimos días sitúa al Partido Popular en cabeza con el 33,8% de los votos. El PSOE sería segunda fuerza con el 28,2%. La tercera posición aparece en disputa entre Vox y Sumar con unas medias de 13,5% y 13,1%, respectivamente. Si las encuestas se confirman, habrá un repunte de los dos grandes partidos que pueden alcanzar la suma del 60%. En cualquier caso, esto no debe ser entendido como una vuelta al denominado bipartidismo, puesto que ambas formaciones están lejos del 85% de los votos que aglutinaban antaño.
La proyección media de escaños sitúa al PP en 143 escaños, seguido del PSOE con 107, Vox 35 y Sumar 32. Con estos datos, PP y Vox sumarían mayoría absoluta. Aunque el resultado electoral no se conocerá hasta la noche del 23 de julio, los tres escenarios posibles en los que se pueden adentrar la política española se describen a continuación.
Mayoría absoluta de la derecha
El resultado más probable según los barómetros electorales publicados hasta la fecha y el único que permitiría a Feijóo con total seguridad alcanzar la Presidencia del Gobierno —se descarta una mayoría absoluta del PP, la cual no se recoge en ningún sondeo electoral—. Para que se produzca, PP y Vox necesitan sumar al menos 176 escaños (solos o con UPN) para asegurarse el cambio de Gobierno. Si ambas formaciones suman, habrá acuerdo, aunque se teatralicen tensiones previas o el PP apele a una abstención del PSOE para justificar sus pactos y venderlos a menor coste.
La suma de PP y Vox podría obtener un resultado histórico si alcanzase el 47% que vaticinan las encuestas electorales y que nunca se ha producido. Una mayoría absoluta de este bloque y la posterior conformación de un Gobierno de coalición entre conservadores y ultraderechistas introduciría una novedad sustancial en la política estatal que tendría repercusión en Europa. No es solo el giro político que se puede producir, sino en los términos en los que se llevará a cabo. La antesala de las disputas y el protagonismo en áreas en las que Vox pueda llevar a cabo su particular disputa cultural ya han sido expuestas en el Ejecutivo de Castilla y León.
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Bloqueo institucional y repetición electoral
Otro escenario probable, sobre todo si los partidos de izquierdas recortan aún más la distancia durante los últimos días de campaña. Un resultado en el que el bloque de la derecha no alcance la mayoría absoluta y en el que la izquierda obtenga un resultado positivo pero no suficiente para revalidar la investidura junto a otras formaciones de ámbito no estatal. La necesidad del PP de incluir a Vox en todas las variantes posibles para llegar a acuerdos, pone de manifiesto una incompatibilidad con otros hipotéticos socios, como el PNV o Teruel Existe.
De producirse este escenario, la presión para que el PSOE facilitase la investidura será notable por la opinión publicada, pese a que como ya se ha recordado en la actual campaña el PP no hizo lo propio en 2019. También el clima de crispación aumentará —siempre y cuando el PP sea primera fuerza política—. La tensión de la vida democrática del país es probable que se eleve hasta niveles insoportables si la deslegitimación de las instituciones ya vista durante los últimos años aumenta al grito de presidente ilegítimo.
En cualquier caso, dado el mecanismo constitucional vigente, las Cortes Generales no se disolverían para una nueva convocatoria electoral hasta que hubiese una sesión de investidura fallida. Esa sería una de las dos principales incógnitas a desvelar, quién de los dos aspirantes pasa ese trance. El otro interrogante es a quién le pasaría más factura una repetición electoral. Tradicionalmente, en 2016 y 2019, el PSOE obtuvo un resultado peor que en los comicios previos. En 2016, a los socialistas les sirvió acudir nuevamente a las urnas para confirmarse como primera fuerza de la izquierda, pero a costa de perder cinco escaños. En 2019, la repetición solo confirmó la necesidad de pactar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Ahora podría ser distinto, si el suflé de la derecha y el cambio de ciclo se desinflan por no alcanzar una victoria holgada a la que parecían estar llamados.
Un nuevo Gobierno progresista
El menos probable de todos los escenarios, pero no por ello imposible. Supondría un vuelco electoral respecto a lo que pronostican los sondeos. El PSOE necesitaría ganar las elecciones o, como mínimo, quedar muy cerca del PP para poder gobernar siendo segunda fuerza. Necesitaría también de un buen resultado de Sumar y apoyos suficientes (176 votos) que garantizase la investidura. La buena campaña de los socialistas en las últimas semanas y lo que pueda ocurrir en los días previos a la votación, pueden propiciar esta situación. Más teniendo en cuenta que por el camino habrá acontecimientos que pueden influir y condicionar el comportamiento de unos electores que cada vez deciden su voto más tarde, tanto es así que un buen porcentaje lo elegirá la última semana o el mismo día de las elecciones.
En definitiva, las elecciones generales del 23 de julio se presentan como decisivas para el futuro más inmediato de España. La disputa entre los dos modelos que representan cada bloque marca una campaña caracterizada por el factor emocional y el intento de revertir un estado de ánimo adverso para el PSOE tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En el horizonte, la posible entrada de Vox al Gobierno, un partido abiertamente ultraderechista, puede marcar un antes y un después en la reciente historia democrática del país. Las primeras respuestas las darán las urnas en la jornada electoral.