¿Qué movilizaciones en España en vísperas de la votación?

Este texto será el punto de partida del Miércoles del GC y del Círculo de Bellas Artes de Madrid de esta semana, 21 de junio, de 19 a 20h.

A menudo se dice que la izquierda no tiene proyecto, que no representa una alternativa o que, una vez en el poder, no cumple las promesas que ha hecho a su electorado. No cabe duda de que algo de razón hay en ello. Si echamos la vista atrás a la última década, basta pensar en la presidencia de Hollande en Francia o en el gobierno de Syriza en Grecia. A veces, sin embargo, la izquierda demuestra que tiene un proyecto y gobierna en consecuencia, lo que le permite obtener resultados significativos. También demuestra que una alianza entre sus polos socialdemócrata y radical no sólo es posible, sino también beneficiosa para ambos partidos y para el país. La prueba está en el gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos que se ha puesto en marcha en España desde principios de 2020.

El caso del país ibérico pone de manifiesto la superficialidad de la narrativa de una izquierda incapaz. Pero parece que no es suficiente para garantizar a la izquierda otro éxito electoral. Planteemos la pregunta de otra manera: ¿cómo es posible que, con unos datos macroeconómicos más que positivos y un conjunto de políticas sociales eficaces, la derecha haya ganado con solvencia las elecciones municipales españolas del 28 de mayo y tenga muchas posibilidades de ganar las elecciones generales anticipadas del 23 de julio? Es crucial responder a esta pregunta. 

Del 28-M al 23-J: razones del voto

En las elecciones municipales del 28 de mayo, los electores votaron en todos los municipios y en doce de las diecisiete regiones. Era, por tanto, una prueba importante para el gobierno progresista dirigido por Pedro Sánchez antes de las elecciones políticas previstas inicialmente para principios de diciembre. La derrota fue amarga: la derecha gobernará en nueve de las doce regiones, mientras que hasta el mes pasado sólo controlaba dos, y en la mayoría de las ciudades grandes y medianas. Si a eso se añaden las cinco regiones que no se sometieron a votación a finales de mayo -tres de las cuales están firmemente en manos de la derecha, mientras que las otras dos están gobernadas por los nacionalistas vascos y catalanes-, el mapa de España se tiñe ahora de azul y verde, los colores del Partido Popular (PP) y Vox. Parece un claro mensaje del electorado español al gobierno de Sánchez, un voto de desconfianza, sin otra interpretación posible. Pero, ¿es realmente así? 

Detengámonos un momento. Si tomamos como patrón de comparación los resultados de las elecciones municipales a nivel nacional, la derecha ganó un millón de votos respecto a 2019: el voto conservador se concentró esencialmente en el PP (31.5% de los votos), que se benefició de la desaparición de Ciudadanos, mientras que la extrema derecha de Vox se consolidó al obtener un 7%, con picos del 17% en algunas regiones, como Murcia. La izquierda, por su parte, perdió más de millón y medio de votos: los socialistas (28.1%) perdieron «sólo» 400 mil -se mantuvieron en la mayoría de las regiones y, en algunos casos, como Cataluña, incluso mejoraron sus resultados-, mientras que la izquierda radical perdió más de un millón de votos, sin superar siquiera el umbral del 5% en algunas zonas, como Madrid y Valencia. 

El estudio de los flujos electorales es un tema complejo, pero a primera vista parece que, por un lado, el electorado se desplazó hacia la derecha y, por otro, que parte del electorado progresista se quedó en casa, mientras que el electorado conservador acudió masivamente a las urnas. En primer lugar, hay que recordar que, en 2019, por primera vez, la derecha se dividió en tres formaciones (PP, Ciudadanos y Vox), lo que, debido a la existencia de un umbral electoral por debajo del cual un partido no tiene representantes electos, le penalizó. Por otra parte, el electorado de derecha estaba mucho menos movilizado. En definitiva, el 28 de mayo, la derecha volvió a estar donde estaba en 2011 -cerca de 9 millones de votantes- cuando, tras ocho años de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, conquistó el Palacio de la Moncloa. La izquierda, por su parte, vuelve a estar donde estaba antes del ciclo que se inició con la crisis económica y el movimiento de los indignados; un ciclo que encontraría su expresión política en el nacimiento de Podemos y la conquista de muchas ciudades por plataformas municipalistas en 2015, como Barcelona con Ada Colau y Madrid con Manuela Carmena. La pérdida de medio millón de votos respecto a 2019 -debido a la abstención y, lo que es más preocupante, al aumento del número de votos en blanco y nulos- penalizó esencialmente a la izquierda. Por último, cabe mencionar un último dato, en absoluto secundario: hace cuatro años, en muchas regiones y municipios, la izquierda ganó por un estrecho margen, logrando formar ejecutivos regionales y ayuntamientos gracias a coaliciones amplias que a menudo solo contaban con una mayoría de uno o dos concejales. 

Quién se movilizó y quién no

En definitiva, la derecha movilizó a todo su electorado y se benefició de la desaparición de Ciudadanos, logrando incluso que volvieran a las urnas votantes que se habían quedado en casa durante la última década, descontentos con las políticas de austeridad del ejecutivo liderado por Mariano Rajoy y los frecuentes casos de corrupción del Partido Popular. ¿Cómo lo consiguió la derecha? Podemos sugerir tres respuestas. 

En primer lugar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la ayuda de los medios de comunicación conservadores, omnipresentes en esta operación, consiguió convertir las elecciones municipales en un referéndum sobre el gobierno de Sánchez. Con un discurso de tonos trumpianos que incluyó incluso acusaciones de posible fraude electoral, la derecha aceleró la línea que venía siguiendo desde principios de 2020, cuando había calificado al gobierno de «ilegítimo» y a Sánchez de «traidor», tras el pacto de coalición del PSOE con Unidas Podemos y el necesario apoyo en el Parlamento de los grupos regionalistas y nacionalistas, incluidos los independentistas vascos y catalanes. Aunque los índices de aprobación de muchos alcaldes y presidentes autonómicos de izquierda eran altos, los electores votaron por tanto a nivel nacional, ignorando los datos macroeconómicos positivos: el PIB crece más que la media europea, el paro es el más bajo desde 2008 y la inflación está en el 3.2%, una de las mejores cifras de la Unión Europea.

En segundo lugar, fue una movilización contra las políticas sociales del gobierno y la ampliación de derechos: la reforma laboral, que ha reducido considerablemente la precariedad, y otras medidas adoptadas por el ejecutivo en los últimos tres años han afectado, aunque parcialmente, a diversas prestaciones adquiridas, mientras que las políticas contra la violencia de género o a favor del colectivo LGTBQIA+ han sido mal recibidas por una parte de la población. Mediante la frecuente difusión de «fake news», la derecha ha aprovechado estas cuestiones para polarizar aún más a la sociedad contra un gobierno que se presenta como «bolivariano». 

En tercer lugar, el PP y Vox se han beneficiado del viento conservador que sopla en toda Europa: la guerra de Ucrania, con todas sus consecuencias, ha favorecido a las fuerzas ultraconservadoras, como vimos en todos los países que votaron el año pasado. 

Sin embargo, con un electorado más de izquierda, el resultado habría sido diferente. Así que volvamos a la pregunta original: ¿por qué los votantes progresistas no acudieron a votar como en 2019 o 2015? Entre las respuestas que circulan, suele mencionarse la campaña de los medios conservadores, mayoritarios en el país. Aunque no hay duda de que ese fue un factor, el clima no era diferente hace cuatro años. La respuesta debe estar en otra parte. Las políticas de derechos progresistas tampoco son la causa principal. La polémica en el seno del movimiento feminista sobre la llamada ley «Trans» ciertamente elevó las tensiones, pero fue una polémica interna dentro de los progresistas: más que una desmovilización, puede haber desplazado algunos votos de UP al PSOE o viceversa. 

Si la situación internacional ha penalizado a la izquierda, como ha favorecido a la derecha, hay que añadir al menos otros cuatro elementos. En primer lugar, el gobierno ha funcionado bien, pero no siempre ha sabido comunicar sus políticas y resultados de la mejor manera posible. En segundo lugar, las disputas entre los miembros del ejecutivo y en el seno de la heterogénea mayoría parlamentaria superaron a menudo los niveles de prudencia, ofreciendo la imagen -explotada por la derecha y los medios de comunicación conservadores- de un gobierno «Frankenstein». En tercer lugar, Sánchez cometió un error en su campaña: no tanto en sus anuncios diarios, que tenían algo de forzados, de inversiones y nuevas medidas sociales, sino en validar el discurso del PP sobre la importancia nacional de la votación. En lugar de dar más importancia a los alcaldes y presidentes autonómicos, el presidente del gobierno socialista, conscientemente o no, asumió el reto de la derecha y convirtió una votación administrativa en una especie de primera vuelta de las elecciones parlamentarias.  

Por último, hay un cuarto elemento, tan importante como siempre: la división y las tensiones dentro de la izquierda radical. En resumen, el PSOE ha sido abandonado sobre todo por su socio de coalición. Los miembros de Unidas Podemos llegaron a las urnas enfrentados, llenando las páginas de los periódicos de acusaciones mutuas durante meses. En lugar de trabajar juntos para sentar las bases de Sumar, la nueva plataforma lanzada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el objetivo de aglutinar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, Podemos, liderado entre bastidores por Pablo Iglesias, no hizo más que poner trabas a la iniciativa, quejándose de que no tenía el lugar que merecía. El grupo de Sumar, por su parte, apoyado por Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís y los Comuns de Ada Colau, primero se tomó su tiempo, aplazando la pregunta, y luego forzó la situación con una presentación pública a principios de abril que agrandó aún más la brecha con Podemos.

Parte del electorado, cansado de tanta polémica, la mayoría inútil ya que Sumar y Podemos comparten prácticamente el mismo programa, decidió quedarse en casa. Es más, en las elecciones locales, a las que la nueva plataforma de Díaz había decidido no presentarse, la izquierda radical se dividió en varios casos, dispersando valiosos votos e impidiendo así la reelección de gobiernos progresistas. En Cádiz, por ejemplo, Podemos, en lugar de sumarse a la candidatura Adelante Izquierda Gaditana, apoyada por todos los demás partidos, presentó una lista propia que no superó el umbral electoral, entregando el municipio a la derecha, a pesar de que la ciudad llevaba dos legislaturas gobernada por la izquierda radical. 

La apuesta de Sánchez

Como es sabido, Sánchez sorprendió a todos al día siguiente de las elecciones municipales convocando elecciones anticipadas para el 23 de julio. Más que una opción desesperada, el planteamiento del líder socialista es inteligente, aunque no garantice remontar los pronósticos desfavorables. Al jugarse el todo por el todo, Sánchez quería recuperar la iniciativa política y volver a movilizar al electorado progresista tras la victoria de la derecha. En las próximas semanas se constituirán los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos: en muchos casos, los populares tendrán que firmar pactos con Vox. Ante la entrada generalizada de la ultraderecha en ayuntamientos y diputaciones, Sánchez pregunta a sus votantes: ¿quieren que los aliados de Meloni, Orbán y Bolsonaro entren también en el Consejo de Ministros? Esta estrategia funcionó en las elecciones de abril de 2019, pero ¿qué pasará ahora? Da que pensar si la extrema derecha, ahora normalizada, despertará a los votantes que no acudieron a las urnas el 28 de mayo. Por otro lado, todo el mundo sabe que el PP no tiene ningún problema en formar una alianza con Vox: ya gobiernan en coalición en la comunidad de Castilla y León. La apuesta de Sánchez también podría favorecer al Partido Popular, que obtendrían mayoría absoluta: los votantes buscarían desbancar a Vox, sin que la izquierda volviera tampoco al poder. Así se vio el año pasado en las elecciones autonómicas de Andalucía. 

Por otro lado, el presidente del gobierno socialista quería evitar verse superado en los próximos seis meses por una derecha desbocada y un socio de gobierno enzarzado en interminables desencuentros. Hay quien dice que, al acelerar el calendario, Sánchez quería forzar a Sumar y Unidas Podemos a llegar rápidamente a un acuerdo. En parte lo consiguió, ya que el 9 de junio los dos partidos firmaron un acuerdo para presentarse como coalición. Dicho esto, las tensiones continuaron hasta el último minuto, con vetos cruzados y declaraciones incendiarias. Y, a pesar de los esfuerzos de algunos, que intentan reconstruir la unidad, ésta continuará sin duda en los próximos días, a medida que se vayan confeccionando las listas. Por otro lado, hay quien sostiene que Sánchez quiere hundir de una vez por todas a la izquierda radical, aprovechando las diferencias entre los demás para convencer al electorado progresista de que opte por el «voto útil» al PSOE. Cuesta creer que en ese caso las cifras puedan garantizar un gobierno socialista, pero quizá los empleados de la calle Ferraz [sede del PSOE] den ya por perdidas las elecciones y se conformen con salvar lo salvable eliminando a un aliado rival en la izquierda y volviendo al desaparecido mundo del bipartidismo. 

Teniendo en cuenta todas estas variables, el resultado del 23 de julio aún no está escrito: el juego sigue abierto. La incógnita es, pues, esencialmente la siguiente: ¿conseguirá la izquierda movilizar a su electorado? Si es así, podría ser reelegido un gobierno progresista en minoría que, como en esta legislatura, necesitará los votos de las formaciones regionalistas y nacionalistas del Parlamento. De lo contrario, España también acabará siendo gobernada por la derecha, con la extrema derecha como aliado decisivo. Si nadie tiene mayoría en las Cortes de Madrid -un escenario que no se puede descartar-, el país tendrá que volver a las urnas en otoño. 

El 23 de julio será una fecha clave para la izquierda europea, en la medida en que el gobierno de coalición presidido por Sánchez ha sido su principal -y de hecho único- bastión en los últimos tres años. Pero también será importante para el futuro de la propia Unión Europea, ya que una alianza entre el PP y Vox reforzaría al sector del PPE que quiere aliarse con el ECR de Meloni y Morawiecki, del que forma parte Vox, para las próximas elecciones europeas. El próximo mes promete ser decisivo.