Persisten los desacuerdos antes de la reunión del Consejo sobre migración

Desde la gran afluencia de migrantes y solicitantes de asilo en 2015-2016, los Estados miembros están desesperados por alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la política migratoria europea. Según fuentes cercanas al asunto, no hay garantías de que hoy se alcance un acuerdo entre los 27¹.

• El aumento del número de personas que llegan a la Unión Europea ha vuelto a situar la migración en el centro del debate. Aunque el año pasado el número de solicitantes de asilo y de primeras solicitudes seguía siendo significativamente inferior al máximo alcanzado en 2015, se ha producido un claro aumento desde 2020.
• Además, la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado entretanto una oleada de salidas de ciudadanos ucranianos, que han buscado refugio principalmente en Rusia y otros países de la Unión Europea. 
• La gran mayoría de estos refugiados, que se beneficiaron del mecanismo de emergencia de «protección temporal» (que otorga a los refugiados ucranianos derechos sociales, así como acceso a la vivienda y al mercado laboral), se establecieron temporalmente en Alemania y Polonia, que albergaban a más de 2 millones de ucranianos en abril de 2023.

Hoy en Luxemburgo, los ministros de Interior de los Estados miembros intentarán llegar a un acuerdo sobre dos cuestiones: la introducción de normas normalizadas para tramitar las solicitudes de asilo y un mecanismo que garantice un reparto más equitativo de las solicitudes entre los 27 Estados miembros. Sin embargo, sigue habiendo puntos de fricción entre los países del sur de Europa (Italia y Grecia, sobre todo) y los del centro (Polonia y Hungría, en particular), en particular sobre el programa de «reubicación», cuyo objetivo es distribuir de forma más equitativa a los solicitantes de asilo que llegan a la Unión Europea.

• La «reubicación» de los solicitantes de asilo de un Estado miembro a otro se puso en marcha por primera vez en septiembre de 2015, en aplicación del principio de solidaridad.
• Los países miembros del Grupo de Visegrado y Croacia se oponen al «sistema de redistribución voluntaria», que se debatirá hoy². Esta disposición pretende establecer una cuota de solicitantes de asilo que el país estará obligado a recibir, u ofrecer pagar una «compensación» al país de llegada, que costaría entre 10.000 y 22.000 euros por persona³.
• Dado el carácter controvertido de una disposición de este tipo -que podría animar a algunos países a convertirla en un modelo de negocio-, Alemania podría votar en contra de la propuesta y alcanzar así el umbral necesario para una minoría de bloqueo.

Sin embargo, las previsiones de escasez de mano de obra en los países europeos en las próximas décadas podrían acabar llevando a los Estados miembros a tratar de atraer trabajadores del extranjero para limitar la caída del crecimiento y las presiones inflacionistas provocadas por este fenómeno. Sin una migración neta positiva, la población activa alemana podría disminuir un 30% en 2060 con respecto a los niveles de 2020, pasando de 47,4 millones de personas en edad de trabajar a 31,6 millones⁴.