Sudán: el origen de la tragedia

Desde el 15 de abril, en varias de las principales ciudades sudanesas, incluida su capital, se han producido combates con armas pesadas, vehículos blindados y aviones de guerra. Se oponen las dos principales figuras del establishment militar desde 2019, los generales Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo «Hemeti». El primero es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), mientras que el segundo es el jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una entidad paramilitar creada en 2013 y heredera de las milicias árabes, también conocidas como Janjawid, que se armaron para luchar contra los movimientos de oposición en Darfur en la década de 2000.

La doble interrogante estratégica de Sudán

En el momento de escribir estas líneas, el resultado de la batalla es incierto, aunque el autor, siguiendo a otros observadores, cree que las FAS lograrán vencer a su poderoso rival gracias a una superioridad aérea indiscutible y a una logística garantizada por el apoyo apenas disimulado de Egipto. Sin embargo, más allá de los legítimos debates sobre las posibles o necesarias recomposiciones políticas que seguirán al silencio de las armas, hay dos cuestiones estratégicas sobre el futuro de Sudán que deben ser respondidas radicalmente para evitar volver a caer en los errores del pasado reciente.

La primera se refiere al apetito miliciano que forma parte del ADN de las FAS. ¿Hace falta recordar que, desde la independencia, las FAS han estado muy presentes en la arena política (1958-1964, 1969-1985, 1989-2019, 2019-) mientras que, curiosamente, su implicación directa en las múltiples guerras internas de Sudán se ha limitado, la mayoría de las veces, al uso indiscriminado de artillería y bombardeos aéreos? Limitando al máximo los combates terrestres, las FAS crearon numerosas milicias progubernamentales, a menudo arraigadas en determinados grupos tribales o étnicos movilizados en torno a reivindicaciones de estatus y/o asignación de tierras. Dichas milicias han dirigido la lucha contra los movimientos armados de la oposición en nombre de las FAS, aunque ello haya supuesto daños colaterales y la conversión de los enfrentamientos políticos en venganzas étnicas. Los combates actuales entre las FAS y las FAR son la culminación de esa historia, en la que la herramienta se vuelve contra su creador y lleva el germen de la guerra civil por todo el país.

La importancia de reflexionar sobre esta cuestión se debe, en particular, al enorme error cometido en las últimas semanas de paz civil en Jartum, cuando se concibió la apuesta de integrar las FAR a las FAS según un modelo que habría hecho estremecer de placer a los turiferarios del DDR de la ONU. Al poner entre paréntesis las cuestiones históricas y sociales de esta cuestión e ignorar el reclutamiento masivo en nuevas milicias orquestado por la inteligencia militar y los islamistas, las negociaciones sólo podían conducir al fracaso y reforzar la posibilidad, debido a un clima político ya profundamente deteriorado, de enfrentamientos con cuestiones radicales. Sólo habrá un ejército nacional en Sudán cuando este método de hacer la guerra interna haya sido rechazado por el estamento militar.

La segunda cuestión se refiere a la visión que los sudaneses tienen de su propio país. Durante mucho tiempo, en el Estado sudanés han existido sistemas de desigualdades sociales, étnicas y regionales sin recurrir a la violencia extrema para mantenerlos. No fue hasta la década de 1960, en un contexto de doble polarización internacional vinculada al posicionamiento de la cuestión israelí y a la competencia Este/Oeste, cuando nuevas dinámicas condujeron a un uso cada vez más marcado de la coerción. Este fenómeno tiene, pues, orígenes múltiples y complejos, pero se instaló en el discurso político sudanés a través de un debate más o menos riguroso sobre los márgenes de Sudán y las fuertes desigualdades de representación en los ámbitos económico, político e institucional que los definen. En cierto modo, su expresión condensada se encuentra en el Libro Negro publicado a principios de la década de 2000 por los islamistas partidarios del entonces destituido Hassan al-Turabi, que contiene numerosas estadísticas sobre las representaciones regionales en el aparato del Estado y que, menos la homogeneidad islámica, se hace eco del libro programático de John Garang escrito con un espíritu completamente distinto a principios de la década de 1980: Sudán está gobernado por una pequeña élite del Valle del Nilo y del Norte, que se apropia de todos los privilegios a expensas de otras regiones definidas de repente como zonas periféricas.

El conflicto entre Burhan y Hemeti refleja esta situación y hace eco de la recurrencia de los enfrentamientos en Darfur, de los combates en Kordofán del Sur y el Nilo Azul durante las dos últimas décadas, y de las tensiones en Sudán Oriental a pesar de una frágil normalización en 2006. La cuestión, mañana más que hoy, será definir el Sudán del que hablamos: el que forma parte de la arena política, el que se mantiene al margen en una estrategia de evasión del Estado y el que se opone a él lo más frontalmente posible. Tres Sudanes disímiles construidos sobre narrativas identitarias, frustraciones regionales y desigualdades de estatus, que deben coincidir para que la paz, una paz que no se limite a Jartum, pueda reinar en el territorio nacional.

Un ADN miliciano y golpista

Sin pretender hacer una arqueología de las prácticas bélicas de la institución militar sudanesa, hay que señalar que las movilizaciones milicianas tienen una historia antigua que se remonta al menos a la sublevación mahdista de finales del siglo XIX y que se arraigó profundamente gracias a la política militar del Estado colonial británico, que no tenía dinero y no quería implicarse directamente en las múltiples revueltas que inflamaron el Sudán rural a partir de la década de 1920.

El Sudán independiente se vio pronto marcado por esa realidad debido al conflicto en Sudán del Sur y a los incidentes en otros lugares, especialmente en el oeste del país. Pero el gran periodo de las milicias comenzó en la década de 1980 -antes de que los islamistas llegaran al poder-, cuando la lucha contra el movimiento de John Garang, el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS), se apoyó en la formación de milicias. Pero en Sudán del Sur ya proliferaban las milicias étnicas de las FAS, que habían identificado a las comunidades hostiles a los dinka, que entonces formaban la columna vertebral del MPLS: anuak, nuer, toposa, etc. Otros grupos de milicianos, los Murahilin, que finalmente fueron absorbidos por las FAR en 2013, actúan en la zona fronteriza entre Sudán del Norte y Sudán del Sur.

La llegada al poder de los islamistas a finales de junio de 1989 sistematizó esa prioridad hasta el punto de transformar la guerra contra el MPLS en Sudán del Sur en una verdadera guerra civil sursudanesa. Las milicias presentan entonces varias particularidades. A menudo son el resultado de reivindicaciones específicas contra los dinka y de un deseo de venganza contra el comportamiento depredador de numerosos comandantes del MPLS. También se crean en las proximidades de las zonas petrolíferas: el objetivo es alejar a la población para que la exploración y la explotación petrolíferas puedan llevarse a cabo sin poner en peligro a las empresas extranjeras. Sin embargo, las FAS deben tener cuidado para evitar la constitución de una milicia demasiado poderosa, que provoque rivalidades internas y escisiones y, por tanto, mecánicamente, nuevos enfrentamientos. 

La elección del régimen es racional. Para los dirigentes sudaneses, la economía está desorganizada, el Estado, arruinado y sometido a sanciones internacionales: descargar la guerra en las milicias no es muy costoso. Además, tienen cierta desconfianza en la institución militar y se sienten más cómodos con la creación de fuerzas alternativas. Además, existe una dimensión más ideológica: durante años, la guerra en Sudán del Sur se describió como una guerra santa dirigida por las Fuerzas de Defensa Popular (FDP) -otras milicias- lideradas por muchos jóvenes islamistas que perdieron la vida en grades cantidades.

La elección no fue menos racional para los militares. Es cierto que Omar al-Bashir es paracaidista y pertenece a una de las pocas unidades que entran regularmente en contacto. Pero el ejército sabe protegerse creando grupos de combatientes a los que asesora, arma y paga para que hagan la guerra sucia. El uso intensivo permite también a la propaganda militar subrayar el atraso de las poblaciones del sur, despolitizar los términos del conflicto o más bien culpar de él a potencias extranjeras demasiado famosas.

Darfur lleva esa política a su punto culminante porque el régimen ve en el conflicto una amenaza para su control de las negociaciones con el MPLS, que consiste en controlar los ingresos del petróleo. Sin embargo, esta guerra es fundamentalmente local y pone de relieve el colapso de un tipo de gobernanza producido por una alianza de notables tribales, líderes religiosos y la administración local. Se hace eco de las migraciones forzosas vinculadas a causas tanto políticas como medioambientales y de un debilitamiento de la reglamentación de la tierra que, año tras año, había funcionado bastante bien. Los Janjawe sembraron el caos expulsando a las poblaciones no árabes de sus tierras antes de dividirlas y hacer de los enfrentamientos la tumba de un Darfur pacificado. Pero ante la presión internacional, es necesario institucionalizar esas fuerzas para controlarlas mejor y evitar que sus dirigentes se conviertan en interlocutores exigentes de Jartum: la formación de una Policía Fronteriza y el ascenso al poder de uno de los principales líderes de los Janjawid, Musa Hilal, gracias a la ayuda de las FAS, antes de ser depuesto por su adjunto, Hemeti, quién tomó el mando de una nueva milicia: las Fuerzas de Apoyo Rápido, que incluyen a su vez a los guardias fronterizos y se convierten en 2017 en un componente del ejército… Musa Hilal, problemático aliado y luego opositor, fue detenido por haber tenido algún atisbo de independencia, pero volvió a quedar libre en 2021 y hoy es promovido por las FAS como posible alternativa a Hemeti. En efecto, son las FAR las que hay que romper ahora.

Si esta efervescencia miliciana se produce en las zonas periféricas de Sudán, la institución militar nunca abandona sus normas internas de funcionamiento: el ejército no cambia sus reglas y, al contrario que en Chad, no hay que esperar un general a los 27 años o un coronel a los 20 años. Sin embargo, si el acceso a la academia militar para convertirse en oficial sigue siendo indispensable, la selección de los jóvenes candidatos está validada por los servicios de seguridad y el partido en el poder: la segregación social que reina en el seno de este cuerpo sólo se cuestiona así de forma marginal y la mayoría de los oficiales siguen procediendo de las mismas regiones del país, y, aunque esto sea un poco simplista, principalmente de tres grupos: Sha’iqi, Ja’alin y Danaqla.

Mientras que el ejército, más que la administración civil superior, agudiza los particularismos locales y las jerarquías sociales opuestas al ideal republicano e islamista con su forma de mantener el orden, se considera la única verdadera institución nacional por encima de los intereses partidistas y regionalistas. La segregación no es sólo social, también es económica y política. Cuando se habla hoy del cuerpo de oficiales, hay que señalar el impacto del antiguo régimen en el acaparamiento de una parte de la economía para mayor beneficio de los oficiales superiores y mayor preocupación de los oficiales subalternos, ávidos a la vez de acceder a esas rentas de posición, pero también más cercanos al pueblo por su nivel de vida. En cierto modo, Burhan es tanto el presidente de un consejo de administración como el jefe indiscutible de las Fuerzas Armadas Nacionales.

El enfrentamiento entre Burhan y Hemeti manifiesta así el final de un ciclo: el frente de milicias que se dirige a la institución militar para disputarle la totalidad de su poder. Si el término paramilitar y el pasado de los miembros de las FAR asustan a la opinión pública, debemos considerar a dicho cuerpo guerrero como el éxito más logrado de las FAS, el espejo de su realidad militar y hoy también el instrumento de una venganza histórica. La destrucción prevista de la capital debería, pues, incitar a los diferentes protagonistas, sudaneses y extranjeros, a interrogarse sobre la urgencia de un replanteamiento más radical de sus proyectos de reforma del sector de la seguridad. 

Un Sudán múltiple en riesgo de fragmentación

La secuencia nos obliga a volver a una cuestión más fundamental: ¿qué es Sudán y qué significa pertenecer a esa comunidad nacional? Tendemos a olvidar lo dividido que estaba Sudán sobre esa cuestión durante el nacimiento del debate independentista desde los años veinte y, por tanto, su complicada relación con el nacionalismo egipcio. Acontecimientos tan traumáticos como el periodo de colonización egipcio-otomana (1821-1884) o el levantamiento mahdista (1881-1898) influyen en ciertas posturas hasta el día de hoy. La existencia de dos grandes corrientes políticas -una unionista que expresa simpatía por Egipto y otra mahdista cuyas raíces históricas implican el rechazo de una soberanía limitada-, pero también el gran silencio de las escasas élites sursudanesas hasta 1947 son significativos. Esta realidad política fragmentada arroja luz no sólo sobre la búsqueda de una constitución islámica, que no se produjo hasta 1991 bajo una dictadura que hizo gala de su apoyo al Islam para negar cualquier otra expresión, sino también sobre los breves y cálidos periodos en los que pudo existir un clima democrático sin que surgieran necesariamente actores políticos democráticos.

Si todo parecía sencillo en Sudán del Norte (el actual Sudán) y mucho más complicado en Sudán del Sur, el aumento de las desigualdades sociales y económicas puso rápidamente en tela de juicio la identidad afroárabe que se defendía en los círculos diplomáticos y académicos, pero que nadie quería realmente en Sudán. Los años ochenta fueron sin duda esenciales en esa toma de conciencia. Sin embargo, las semillas ya habían aparecido tras la caída del régimen de Abbud en 1964, con la aparición de partidos regionalistas basados en una gran decepción ante la pasividad de los grandes partidos frente a sus reivindicaciones. La década de 1980 era ya una época de crisis de la deuda y de renovadas hostilidades en Sudán del Sur. John Garang publicó entonces un manifiesto que sirvió de catecismo a sus partidarios para dar sentido a una nueva guerra, cuyo desenlace describió con cierta ambigüedad: ¿se trataba de la separación del Sur del Norte o, por el contrario, de la llegada al poder de los marginados, de los que los sursudaneses -o sólo su movimiento- eran la expresión colectiva? Sabemos lo que ocurrió después.

El nuevo régimen que surgió del golpe de junio de 1989, consciente de su propia marginalidad política y social (¿cuántos soldados islamistas había?, ¿en qué regiones o clases sociales se reclutaba a los militantes de la organización de Tourabi?), hizo una apuesta acertada para construir una base social en el campo, descentralizar el impacto de una economía arruinada y reducir sus costos de funcionamiento en el centro: el federalismo. Para una organización tan leninista como la de Tourabi, para un régimen tan autoritario como el de Omar el-Bachir, fue más que un reto, pero funcionó hasta la década de 2010.

El federalismo permite promover cuadros conservadores locales a los que no se les pide que se adhieran al proyecto islamista, sólo que apoyen al régimen. Las administraciones federales crean puestos de trabajo, estructuras administrativas y educativas, promueven la burocratización en un clima policial. La esencia del federalismo está ausente, pero es posible consolidar las relaciones de poder locales, obtener una vía de acceso a la administración central, al partido presidencial, etc. En ausencia de dinero, y también en ausencia de cualquier interés real que no sea político, la organización federal del país pone claramente de manifiesto las prioridades financieras y las opciones regionales, y dice de repente lo que todo el mundo sabía y nadie se atrevía a decir: las desigualdades en el desarrollo, la etnización de las selecciones en la función pública, los retrasos orquestados en el financiamiento de ciertas tierras y el aumento de las asignaciones para otros.

Una lectura puramente étnica o regionalista es perfectamente incapaz de captar las múltiples motivaciones que subyacen a las decisiones tomadas, pero las cifras que figuran en el famoso Libro Negro son exactas, aunque haya que cuestionarse los procesos que condujeron a las importantes diferencias. Esta repentina puesta de relieve de las diferencias se produce en un momento crucial, a principios de la década de 2000: es cuando los ingresos del petróleo están en su punto más alto y generan una imaginación de ostentación entre los más ricos o la esperanza de que este dinero pueda comprar el desarrollo entre los más pobres; es también el momento en que los disturbios o la guerra se manifiestan en las regiones que el federalismo puso muy rápidamente entre paréntesis. 

Hoy existen conflictos periféricos más o menos violentos o potenciales en Darfur (con muchas variantes), en Kordofán del Sur, en el Nilo Azul, pero también en Sudán Oriental. Sudán ha llegado a un punto en el que, durante las negociaciones de Juba en octubre de 2020, los movimientos insurgentes conocidos de esas regiones tomaron la iniciativa de crear nuevos grupos para el norte y el centro del país, como si quisieran decir que Sudán se había convertido en la suma de sus periferias, excepto la capital, que se redefinió como el centro. Se puede cuestionar la buena fe y las exageraciones retóricas de ambas partes, pero el hecho es que, de repente, la cuestión del reparto equitativo de los recursos y el fin de las desigualdades es coreada por muchos activistas sin que la idea de tener que compartir más de lo que se recibe haya sido realmente debatida.

¿Cómo definir entonces Sudán si todo el mundo se declara marginado, abandonado a su suerte, y si el gobierno pretende demostrar la existencia de un Sudán útil y capaz de recuperarse económicamente, pero se esfuerza por redefinir una ciudadanía inclusiva, dado que las reivindicaciones son tan numerosas, a menudo excesivas por las frustraciones que expresan y, en cualquier caso, alejadas de las negociaciones entre élites que han caracterizado las opciones tomadas desde la independencia?

El enfrentamiento entre Burhan y Hemeti puede verse entonces de otra manera: la de una lucha entre un viejo sistema incapaz de cumplir su mandato y uno nuevo que sólo vale por su singularidad identitaria. Aparte de que los marginados apenas han podido elegir a su representante (como los del centro, cuya definición precisa escapa a todos), queda una pregunta esencial a la que tanto el libro de John Garang como el Libro Negro de los islamistas han sido incapaces de responder: ¿por qué razones las múltiples periferias de Sudán deben converger en una misma oposición al centro para reconstruir un nuevo Sudán más equitativo y desarrollado cuando las periferias no se definen de la misma manera, no mantienen las mismas relaciones con el centro y, sobre todo, nunca se han querido unir políticamente?

*

Se podría decir sin rodeos que esas preguntas y algunas otras son esenciales, pero el realismo que impera hoy en las cancillerías llevará probablemente a relegarlas -una vez más-.

Al final, un alto al fuego parecerá una gran victoria, suficiente quizás para hacer olvidar la ceguera de unas negociaciones que se han prolongado durante más de tres años sin cuestionar nunca la legitimidad de los actores armados, explicando cada cual que esas aproximaciones o las ingenuidades que sugerían tenían más que ver con la búsqueda de un consenso -la lógica implacable del multilateralismo- que con la comprensión de la situación. Después, sólo queda convencer a la población sudanesa.