Ecología y geopolítica de la reforma de las pensiones en Francia

El debate sobre la reforma de las pensiones está oscurecido por una atención muy exclusiva a la cuestión del financiamiento de las prestaciones. Es necesario replantearlo, y sólo puede replantearse si comprendemos que tres ámbitos políticos habitualmente distinguidos están de hecho estrechamente vinculados en esta cuestión: la protección social, la construcción europea y la geopolítica, a condición, sin embargo, de que entendamos este último término, como hace Bruno Latour, en el sentido etimológico de su prefijo, que significa «terrestre»¹. Una reforma de las pensiones en la Francia de hoy debe responder simultáneamente a tres preguntas: ¿cómo dar a nuestra vida un poco de seguridad a través de la solidaridad? ¿Qué podemos esperar del proyecto que se está elaborando a través de las instituciones europeas? ¿Y qué trayectorias terrestres elegimos favorecer a través de nuestras políticas públicas y nuestras acciones colectivas e individuales? Podría ser que la reforma que nos agita actualmente no sea sólo un medio de garantizar el equilibrio de las cuentas de la rama de pensiones del sistema francés de seguridad social, sino que sea también, y más profundamente, un golpe de Gaia…

La reforma de las pensiones en su contexto ecológico y geopolítico

Una columna de la periodista Françoise Fressoz publicada en Le Monde el 24 de enero de 2023 sienta las bases de este replanteamiento². Ofrece un análisis de los razonamientos que han llevado a Emmanuel Macron a perseverar en su reforma de las pensiones, en contra de los consejos de algunos de sus aliados más cercanos, a pesar de que el equilibrio del sistema no está realmente amenazado y de que los riesgos sociales y políticos de dicha reforma son considerables. Françoise Fressoz parte del viaje de Emmanuel Macron a Barcelona el día de la primera gran jornada de movilización para firmar un tratado entre Francia y España, que forma parte de la agenda europea del presidente francés. Asegura que no se trata de una coincidencia anecdótica ni de una maniobra torpe, sino de un mensaje del presidente: la reforma de las pensiones forma parte de la voluntad de Emmanuel Macron de reconstruir «la soberanía europea en materia de defensa e industria». Entonces, ¿cuál es la relación entre la protección social francesa y las ambiciones de poder de Europa? 

Para la autora, la respuesta es sencilla y responde a una tradición biopolítica: trabajar más permitiría a las naciones ganar más poder. Escribe: «el aumento de la edad de jubilación (…) no sólo pretende equilibrar el régimen de pensiones de reparto intentando liberar 12 mil millones de euros de aquí a 2030. Debe permitir un aumento sostenible del volumen de trabajo en Francia, en un momento en que el país y sus aliados europeos se enfrentan al regreso de la guerra a sus puertas y al enfrentamiento sino-estadounidense”.

El objetivo sería abordar los conflictos de poder que se vislumbran en el horizonte desde una posición de fuerza (rivalidad sino-estadounidense, resurgimiento de un conflicto Este-Oeste, protestas de varios países del Sur por la cuestión climática, dificultad de Francia para combatir la influencia rusa en África). Para ello, el gobierno francés cuenta con la construcción de una política de poder a escala europea. Para ser el líder, debe ser convincente ante sus socios continentales y explicar dónde piensa encontrar los medios para alcanzar sus ambiciones. El aumento de la cantidad global de mano de obra sería la respuesta, una respuesta tranquilizadora en todos los sentidos, ya que no afecta a las capacidades de inversión, es decir, a los mecanismos de acumulación y circulación del capital, sino que apuesta por la mejora de su rentabilidad gracias al aumento de la cantidad de mano de obra que puede ser contratada por ese capital. Ayudaría así a financiar la reindustrialización de las viejas naciones europeas, la conversión a las energías renovables, la reducción del gasto energético (mediante la renovación de las viviendas), medidas que nos permitirán salir de nuestra dependencia de actores cada vez menos alineados como Rusia o China. Para quienes esperan de Europa una mayor ambición geopolítica y creen que Francia puede ser el motor de la reconversión de las instituciones europeas de una posición de regulador a la de una fuerza de acción con recursos propios, la reforma de las pensiones marcaría el inicio de una ambición política para Europa.

Esta interpretación puede parecer descabellada, pero converge con otras que también arrojan luz sobre el razonamiento del ejecutivo francés, en particular la expuesta por el economista Jean Pisani-Ferry, cercano al jefe del Estado. En un artículo publicado en Le Monde el 19 de enero de 2023³, el comisario general de France Stratégie escribía que los retos del futuro exigían inversiones públicas masivas «en educación, salud, transición ecológica, reindustrialización y defensa, por citar sólo algunas de las grandes prioridades» y que el objetivo de la reforma de las pensiones era reducir el volumen global del gasto público para liberar margen de maniobra para dichas inversiones. No se trata de tomar de los fondos de pensiones para financiar otros presupuestos, sino, por una parte, de reducir el nivel general del gasto público (que se examina a escala europea y en el que se incluye la parte correspondiente a las pensiones) y, por otra, de aumentar el nivel global de actividad y, por tanto, las capacidades productivas de todo el aparato económico, generando así beneficios y capacidades de inversión pública y privada. 

El economista ya había contribuido a llamar la atención de la opinión pública sobre la importancia de las inversiones necesarias para la transición ecológica⁴. En su análisis de la reforma de las pensiones, retoma esta idea situándola dentro de un conjunto más amplio de inversiones. Cabe señalar, sin embargo, que no aprueba la opción elegida por el presidente de la República de jugar con el aumento de la edad de jubilación, y que sostiene que una ampliación del periodo de cotización habría tenido las mismas ventajas en términos de financiamiento, sin los inconvenientes políticos y sociales de la opción elegida por el ejecutivo.

Pisani-Ferry no las nombra, pero no cabe duda de que entre las partidas a las que supuestamente se destinarán esas inversiones se encuentran algunas de las grandes cuestiones de nuestro tiempo que las recientes «crisis» han puesto de relieve: la salud, en respuesta al Covid; la transición ecológica, en respuesta a las perturbaciones climáticas; la defensa, en respuesta a la invasión de Ucrania; la deslocalización de las actividades industriales, en respuesta a la fragilidad de las «cadenas de valor», que la guerra de Ucrania y el Covid han puesto de manifiesto; y, por último, la educación, en respuesta a las revoluciones tecnológicas en curso (en particular, la digital), es decir, los ingredientes de un cambio de paradigma con respecto a los últimos 50 años, en respuesta a lo que Adam Tooze ha denominado una «policrisis»⁵.

Por último, cabe añadir que estas dos interpretaciones convergentes también coinciden con una serie de elementos de la comunicación del gobierno que se pusieron en circulación al principio de su campaña a favor de la reforma, antes de ser abandonados ante los malentendidos y malas interpretaciones que generaron; no obstante, es evidente que siguen estando en el centro de la estrategia del ejecutivo. Así, la primera ministra declaró ante la prensa el 23 de enero: «La urgencia no debe hacernos olvidar el largo plazo. Nuestra responsabilidad es preparar el futuro de nuestro país». El diputado de Renaissance por Hauts-de-Seine, Pierre Cazeneuve, declaró a Le Monde: «El sistema de reparto es una joya que hay que salvaguardar. Y, a largo plazo, nos permite mantener una credibilidad financiera para poder invertir en otros ámbitos, por ejemplo, la transición ecológica o el sistema sanitario»⁶.

En resumen, Emmanuel Macron considera que la transición sólo puede llevarse a cabo a escala europea; para ello, quiere tranquilizar tanto a los socios europeos como a los mercados en los que desea financiarse, y para eso necesita liberar márgenes para las fuertes inversiones que prevé en el futuro; de ahí la reducción de la parte de los ingresos destinada a los inactivos y el aumento global de la actividad. 

El hecho de que este escenario se haya vuelto tan ilegible, que quienes lo imaginaron ya no lo consideren, no impide que nos tomemos en serio el razonamiento que lo sustenta. No se trata sólo de una «narrativa» destinada a obtener la aceptación de una reforma impopular; es una auténtica estrategia política, que merece ser debatida como tal. 

Tres observaciones preliminares

Sin embargo, es necesario hacer algunas observaciones preliminares antes de proponer una evaluación de la racionalidad de esta política. 

La magnitud de las inversiones previstas se debe, en primer lugar, a la magnitud del cambio que deben realizar nuestras sociedades con respecto a lo que han heredado de su pasado reciente. Pero, ¿cómo caracterizar este cambio de paradigma? Se puede decir que se trata de salir de 50 años de neoliberalismo. ¿En qué consistían las políticas neoliberales? En pocas palabras, se trataba de confiar en la liberalización de los mercados a todas las escalas, tanto globales como locales, para mejorar la condición humana, basándose en una idea simple: que la liberalización permitiría que la «productividad» se disparara. En una nueva versión a gran escala de la fábula de las abejas de Mandeville, se apostó a que la máxima satisfacción de los intereses privados serviría al bien público, precisamente porque desata la productividad. Así que se eliminaron las barreras a los negocios, por la creencia de que este frenesí de enriquecimiento privado conduciría siempre a una solución óptima para todos los problemas, sin necesidad de guiarse por visiones del bien común definidas a priori, o al menos en constante negociación.

La eficacia de estas políticas, si se mide en términos de crecimiento de la producción y de salida de la pobreza, ha entusiasmado a quienes creían en ellas, de modo que siguen siendo la única brújula para muchos en puestos de decisión en política pública y económica. Pero este medio siglo de entusiasmo neoliberal choca desde hace varios años con muros que no había previsto, debido a la incapacidad organizada de estas políticas para tener en cuenta sus externalidades negativas. El calentamiento climático es el modelo: ciertamente, la globalización de las economías permite reducir el costo de los productos para los consumidores del Norte, al tiempo que da empleo a los trabajadores del Sur, y crear potencias capitalistas masivas para inversiones sin precedentes, pero también aumenta considerablemente la masa de carbono en la atmósfera, lo que acabará destruyendo muchas de esas riquezas adquiridas y muchas otras riquezas no adquiridas, que el aparato productivo gasta sin tener que ocuparse de ellas, y que no pueden destruirse sin poner en peligro la idea misma del futuro.

Si ampliamos la noción de externalidad más allá de su campo de validez original, podríamos decir que es la incapacidad del neoliberalismo para dar una buena indicación de la relación costo-beneficio de nuestras iniciativas repartidas en el tiempo y en el espacio, lo que se manifiesta hoy a través de la conjunción de las distintas crisis. Así, la globalización neoliberal, que pretendía promover la paz mediante el comercio blando, ha aumentado las dependencias mutuas a escala mundial. La dependencia puede aumentar la solidaridad y disminuir así la probabilidad de guerra, pero puede convertirse en una carga dependiendo de las potencias de las que uno se hace dependiente; Rusia les ha recordado este hecho a las élites dirigentes europeas. Aunque las políticas neoliberales estén dispuestas a aceptar sus consecuencias sociales, a menudo brutales, no pueden justificar externalidades que pongan en peligro la propia sostenibilidad de su objetivo: el desarrollo y el crecimiento.

Parece que las élites económicas y políticas de nuestras naciones han tomado por fin nota y buscan la manera de cambiar de rumbo. La tarea es inmensa: reconstruir todas nuestras cadenas de valor, desandar los caminos de los que somos dependientes, hacer que nuestras economías vuelvan a la tierra. Las élites dirigentes se proponen, pues, corregir el rumbo; pero parece que esperan poder hacerlo sin retroceder en su gramática básica: la lógica de la producción, de su incremento mediante la competencia generalizada y de su armonización a posteriori mediante el mecanismo único de los mercados.

Aquí es donde entra en juego la reforma de las pensiones. Para llevar a cabo ese cambio en las infraestructuras, es necesaria una inversión pública masiva. Sin embargo, la masa de deuda heredada de «crisis» anteriores (la crisis financiera de 2008 en parte, el Covid en particular, y la guerra de Ucrania en un futuro inmediato) hace que el proceso sea difícil de negociar. Emmanuel Macron esperaba encontrar esos recursos haciendo trabajar más tiempo a los franceses para reducir el gasto público, como prometió a sus socios europeos, y disponer de más activos movilizables por el capital y gravables por el Estado. No se trataría de equilibrar las cuentas de las pensiones (ni de sacar de los fondos de pensiones el dinero necesario para las grandes inversiones), sino de aumentar la productividad general, para conseguir los medios de organizar esta bifurcación a gran escala. 

Sin embargo, añadamos una segunda observación: esta «transición ecológica», y más en general esta bifurcación política, no es una elección tomada de la nada y llevada por la visión entusiasta de una sociedad futura ideal; es ante todo una forma de decidir tener en cuenta las restricciones que nos imponen los límites planetarios, en primera línea de los cuales está la descarbonización de la economía. Hay aquí un actor que ejerce presión, un actor que durante mucho tiempo se ha considerado insignificante en los cálculos políticos de los responsables de las infraestructuras materiales e inmateriales del mundo actual: la Tierra, en el sentido del conjunto de los mecanismos biogeoquímicos interconectados a escala planetaria. Es el hecho de que la Tierra esté reaccionando a esas políticas de la manera que los científicos habían previsto desde hace tiempo (tanto los autores del IPCC desde los años noventa como, desde los años setenta, los científicos internos de las grandes compañías petroleras⁷), lo que está obligando a estas políticas a reorientarse. La exigencia de transición es una expresión de la presión que ejerce a todos los niveles el actante Tierra sobre las formas de tejer nuestra existencia en los frágiles bucles de retroalimentación del planeta. Con esta reforma de las pensiones, el gobierno quiere contribuir al «aterrizaje», por utilizar la palabra de Bruno Latour. Por tanto, es legítimo preguntarse si lo hace de la manera más hábil y eficaz con respecto al objetivo de una transición socioecológica.

Pero esto nos lleva a una tercera y última observación preliminar. ¿Por qué el gobierno no asume con claridad este objetivo? ¿No estarían muchas almas buenas más dispuestas a aceptar la reforma de las pensiones en tal perspectiva?

Sin embargo, la insurgencia de los «chalecos amarillos» ha pasado de largo: el ejecutivo sabe que el argumento ecológico no será eficaz mientras parezca implicar sacrificios repartidos tan desigualmente entre todas las partes interesadas. La única transición políticamente viable es una transición justa, o al menos que se perciba como tal. Es en este punto donde las cuestiones de justicia social se articulan concreta, política y económicamente con las cuestiones de transición ecológica. No es una cuestión de moral, sino de eficacia: sólo una política de transición justa es una política de transición eficaz. 

Una primera evaluación: la reforma de las pensiones a contracorriente de la transición socioecológica

Podemos proponer ahora una evaluación de la reforma de las pensiones decidida por Emmanuel Macron; precisamente no es justa, razón por la cual tampoco será eficaz. No sólo es injusta porque penaliza a los pensionistas más pobres, a las mujeres y a los menos calificados, como han puesto de manifiesto numerosos analistas; sino también, más ampliamente, porque pretende encontrar los recursos adicionales en el aumento de la cantidad de trabajo (o, más exactamente, de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo en la vida de las personas para las que es el único recurso), habiendo excluido a priori otras fuentes de financiamiento, para la propia transición. Como decía Jean Pisani-Ferry: «nuestros márgenes de maniobra a través del endeudamiento, los impuestos o la redistribución del gasto son demasiado estrechos para hacer frente a las necesidades» (Le Monde, 19 de enero de 2023). Cualquiera que sea el fundamento de tal afirmación, implica que el costo de la transición recaerá una vez más sobre el trabajo, lo que agravará aún más la desigual redistribución de la parte del valor añadido entre el trabajo y el capital. Esto es tanto más cierto cuanto que el gobierno se ha puesto en una situación presupuestaria más difícil al bajar los llamados impuestos sobre la producción y al tomar medidas fiscales -como la supresión del impuesto a la habitación- que benefician por el contrario a los segmentos más privilegiados de la población. Puesta en su verdadero contexto, que es el del nivel de gasto público, podemos entender por tanto que esta reforma envía una señal terrible: dice que la transición socioecológica la tendrán que pagar los trabajadores, especialmente los peor pagados, a costa de un agravamiento aún mayor de las desigualdades que ya lastran a nuestras sociedades. 

Para que fuera de otro modo, el orden político actual, en Francia y en otros lugares, tendría que estar dispuesto a revisar drásticamente su programa y sus alianzas políticas, para iniciar una profunda transformación de las infraestructuras de interdependencia que él mismo ha creado. Por ejemplo, si Estados como Francia necesitan reducir su nivel de gasto público para poder realizar inversiones a gran escala, es porque están financiados por los mercados financieros, no por los bancos centrales. Estos últimos han retomado recientemente sus prerrogativas de emisión monetaria con ocasión de crisis anteriores (crisis financiera y luego el Covid), pero sólo la tienen para mantener a flote el aparato productivo frente a una amenaza inmediata de colapso, sin tocar la estructura de este aparato productivo. Así es como financiaron a sectores necesitados de una profunda transformación (como el transporte aéreo y la industria automovilística) con grandes gastos y sin contrapartidas, y como ahora se pide a los trabajadores más modestos un esfuerzo suplementario. Llama la atención que los bancos centrales no se planteen aplicar medidas similares de flexibilización cuantitativa para la transición socioecológica; en parte porque queda fuera de sus competencias. Pero esta situación, que se da sobre todo en Europa, es el resultado de un gran número de reformas que están en el corazón de la construcción europea. Volver sobre esas infraestructuras jurídicas, económicas, reglamentarias y diplomáticas es tan difícil como volver sobre las infraestructuras de transporte o urbanas. Es quizá aún más difícil, porque implicaría también preguntarse qué formas de razonamiento económico y político se han desarrollado y transmitido en instituciones concretas, escuelas, universidades y consultorías, para excluir del campo de posibilidades otra forma de hacer las cosas. Lo que necesitamos hoy son «reformas estructurales», no reformas paramétricas como la que propone el gobierno francés. Pero ya no se trata de las reformas de ajuste estructural preconizadas desde los años ochenta: son reformas que modifican la estructura general de financiamiento y organización de la reproducción de nuestras condiciones de vida para que no contribuyan a hacer inhabitable el medio ambiente planetario.

Jean Pisani-Ferry tiene razón: la transición ecológica no sucederá sin dolor. Representa un esfuerzo considerable para nuestras sociedades. Pero una transición de esta magnitud es un poco como una guerra: no se tolerará sin cuestionar la jerarquía social. Cuando pagamos por un bien común, exigimos responsabilidades: tal era el sentido exacto de la expresión «días felices» que se utilizó al final de la Segunda Guerra Mundial, para ser secuestrada recientemente por Emmanuel Macron. ¿Están dispuestos los vencedores del último medio siglo a pagar su parte? ¿O se arriesgarán a una intensificación del conflicto civil y, en última instancia, a un rechazo popular de la transición, con todos los desastres que ello implica, incluso para ellos?

La reforma de las pensiones es, pues, una discreta repetición de la política que llevó al gobierno a la insurrección de los Chalecos Amarillos. Incluso suponiendo que una insurrección popular no pusiera fin a la reforma, es difícil ver cómo podría alcanzar los objetivos que se propone, si es cierto que éstos van más allá del simple reequilibrio de los fondos de pensiones y se refieren al financiamiento de la transición.

Esta respuesta demuestra la falta de imaginación de las élites políticas, económicas y sociales -nacionales e internacionales- para afrontar los retos del presente. Aún no han comprendido la magnitud de la tarea a la que ya nos enfrentamos. El cambio del que estamos hablando requiere mucho más que recursos financieros: requiere reformas estructurales. Creer que tendremos los medios para hacerlo sin cuestionar una arquitectura institucional que sólo permite obtener inversiones haciendo competir a las empresas en función de la rentabilidad de su capital es socavar las condiciones mismas de la transición socioecológica. En este caso, la gente tendrá necesariamente que trabajar más para producir más en las condiciones actuales de producción, que son insostenibles para el propio planeta. Por supuesto, no podemos romper con este aparato de producción de la noche a la mañana, y por eso necesitamos un financiamiento importante y una anticipación meticulosa: pero la planificación ecológica no debe contentarse con sustituir unas infraestructuras materiales por otras; debe cambiar la estructura misma del financiamiento de la actividad y la cooperación humanas, su forma de proyectarse en el futuro, un futuro que hoy es al mismo tiempo el de las sociedades humanas y el del sistema planetario.

Nos encontramos hoy en la curiosa situación de que las autoridades que han trabajado durante tanto tiempo para hacernos comprender esta noción de «reforma estructural» parecen incapaces de aplicar el concepto a la situación que ellas mismas han producido. Es muy deseable que Francia se decida a liderar la transición ecológica en el espacio europeo. Pero eso implica llevar a cabo un cierto número de reformas estructurales para tomarse en serio la emergencia ecológica. La construcción europea es el nivel adecuado para llevar a cabo esta transformación precisamente porque se construyó para estimular y acompañar las reformas estructurales. Ya es hora de que se dé cuenta de que, efectivamente, es necesaria en este papel, pero para reformas estructurales distintas de las que fundaron su legitimidad histórica durante el periodo neoliberal. ¿Será capaz Europa de realizar esta bifurcación? Esta es otra de las grandes cuestiones de nuestro tiempo que subyace al debate sobre la reforma de las pensiones.

Una segunda evaluación: el impasse geopolítico de la reforma de las pensiones

Es en este punto donde debemos reintroducir, con gravedad, la dimensión geopolítica de la cuestión. Porque, como hemos visto, estas políticas se inscriben en un tema de actualidad en los círculos dirigentes: la necesidad de reactivar una política de poder a escala europea. Esta fue la contribución de Françoise Fressoz al análisis de Jean Pisani-Ferry. Detrás de la reforma de las pensiones se esconde una cuestión geopolítica: construir una potencia continental a la vez libre de su dependencia de socios poco fiables y fuerte en las riquezas que produce, capaz de tener peso en un contexto de redistribución de las fracturas y solidaridad a escala mundial vinculado a las relaciones de fuerza militares. 

La reforma de las pensiones sería así, a su manera, la expresión de una cierta «ecología de guerra»⁸. Por tanto, debe evaluarse en función de su pertinencia desde este punto de vista: ¿a qué tipo de ecología de guerra contribuye? ¿Es la más razonable? 

Para ello, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar de una política de poder en un mundo finito? En un mundo con recursos infinitos, uno siempre puede imaginar que las fuerzas pueden mantenerse en equilibrio y aumentando unas contra otras, como dos animales salvajes capaces de crecer desde dentro para mantener al otro a raya. Así, uno puede imaginar que las distintas potencias continentales redistribuyen sus respectivas dependencias para separarse unas de otras, para medirse por su capacidad de aumentar sus propios volúmenes de producción (junto con sus capacidades militares).

Pero si nos tomamos en serio la idea de los límites planetarios, este mismo proyecto de aumento de poder sólo puede conducir a una competencia cada vez más feroz por los recursos finitos, de los que ahora forma parte una cierta estabilidad climática; de hecho, ya no es forzosamente necesario invadir el territorio de una potencia para cortarle sus recursos: puede bastar con una buena sequía inducida indirectamente por una política energética de altas emisiones. Este es un aspecto de la estrategia rusa. Lo más probable es que la consecuencia de esta competencia sea la misma que condujo a la secuencia de la globalización a principios del siglo XX: la guerra. Salvo que esta guerra tendrá un nivel de violencia aún mayor que las dos guerras mundiales. 

La analogía con la disuasión nuclear puede ser esclarecedora: siempre se puede discutir si la carrera armamentística nuclear es un factor de paz o de riesgo agravado, y si el desarme nuclear no sería la mejor respuesta a la existencia de armas atómicas; pero lo cierto es que no puede haber nada racional en la carrera por el poder productivo en un mundo finito: sólo el desarme de este poder es una opción razonable. Esto es ahora evidente en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el clima: ¿qué están haciendo algunos países del Sur cuando chantajean a los países del Norte (como la República Democrática del Congo en la última COP) diciéndoles que reiniciarán la explotación de combustibles fósiles o la deforestación de sus sumideros naturales de carbono si los países ricos no compensan la pérdida de ingresos de esta explotación, alegando su responsabilidad particular en el calentamiento global? La respuesta es que esos países no hacen más que apretar el botón rojo en el terrible juego de la disuasión al que han llegado en parte las negociaciones sobre el clima. Se les puede entender: la incapacidad de estos países del Norte para cumplir sus compromisos, aunque sólo sea en el financiamiento de los famosos 100 mil millones prometidos para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente al cambio climático, es también una forma de apretar el botón rojo… Las negociaciones sobre el clima se han unido a la gran tradición del pensamiento estratégico, en su punto más aterrador: la disuasión.

Sencillamente, no hay solución de poder para la estructura conflictiva del mundo actual. La lógica del poder en la era del Antropoceno, en las garras de Gaia, sólo conduce a un juego en el que todos pierden. Si hay algo que aprender de los últimos 15 años de «crisis», o policrisis, es que debemos salir colectivamente de una lógica de poder.

Encontramos aquí, en la cuestión geopolítica, la misma paradoja que vimos en la cuestión económica. La globalización se hizo en nombre del aumento de la producción. La desglobalización, impuesta por una cierta forma de realismo geopolítico, se hace paradójicamente en nombre del aumento de la producción. Las élites políticas y económicas de este mundo están cometiendo el mismo error al salir del paradigma neoliberal que al entrar en él: creer que sólo hay salvación en el poder, creer que la armonización sólo puede producirse aguas abajo, una vez liberadas las energías particulares para competir entre sí, es decir, no anteponer la solidaridad a la rivalidad. La globalización no se ha negociado con vistas a un mejor reparto de la riqueza a todos los niveles (tanto internacional como intranacional e incluso intrageneracional), lo que ha provocado un aumento de las tensiones geopolíticas entre entidades con mucho poder. Una desglobalización no negociada, llevada a cabo con pánico, nos llevará aún más lejos: hacia un desencadenamiento de estas potencias furiosas, convencidas de que luchan por su supervivencia y que en realidad trabajan por su destrucción colectiva. No necesitamos ni globalización ni desglobalización, sino otro tipo de globalización. El proteccionismo no es en sí mismo una solución; sólo es una solución si no hace del poder su principal objetivo, sino que funciona como una herramienta para reorientar la globalización y tener en cuenta su significado terrestre.

Aquí, como en otras partes, debemos reintroducir el significado etimológico del prefijo «geo», que significa «terrestre». De nada sirve incluir la reforma de las pensiones en una estrategia geopolítica europea si ésta no se define teniendo en cuenta los límites planetarios y las reacciones del Sistema Tierra. Por tanto, es comprensible que sea por la misma razón que la reforma de las pensiones es una cuestión ecológica y que sea una cuestión geopolítica: porque afecta a la forma en que concebimos el lugar de la producción en las artimañas por las que los seres humanos hacen una estancia habitable en esta tierra.

Más que apoyarnos en el nivel europeo para construir poder, debemos apoyarnos en él para proponer una vía de desescalada productiva. No debemos soñar con una Europa-potencia, sino con una Europa-transición, que trabaje para maximizar las posibilidades de un auténtico proyecto cosmopolítico redefinido integrando la dimensión planetaria sin la cual no tiene sentido. Esto implica muchas cosas -sobre todo una política migratoria completamente diferente, una relación diferente con la cooperación internacional, más en general un esfuerzo por tomar nota del fin del imperialismo y desarrollar una política de solidaridad mundial que pueda oponerse a los villanos de este mundo y que sea capaz de aglutinar a los países del Sur-, pero también, internamente, una relación diferente con la cuestión social. No se trata de desarmarse y exponerse impotentemente a los numerosos villanos de este mundo, sino de tratar de protegerse trabajando por un mundo capaz de cooperar mejor con vistas a un objetivo que interesa a toda la humanidad: una reintegración de los modos de vida dentro de los límites planetarios.

*

Vemos así que esta cuestión de las pensiones nos permite evaluar la capacidad de los proyectos políticos actuales para tomarse en serio el nuevo trato que impone a todas nuestras cuestiones la percepción de nuestra insuperable condición terrestre; en resumen, para enfrentarse, como decía Latour, a Gaia. Nuestro sistema de protección social debe aterrizar, es decir, integrar la existencia de límites planetarios. De nada sirve pretender estar inmersos en una «transición verde» si no somos capaces de reconstruir la protección social sobre un modelo de proyección histórica que integre esos límites planetarios. 

Cabe temer que un replanteamiento de este tipo acabe por disolver la especificidad del debate actual sobre el sistema de pensiones francés. Sin embargo, también es una forma de reconocer la especificidad de la cuestión de las pensiones en la vida y en la política. Las pensiones implican el futuro a muy largo plazo, implican la concepción que tenemos del lugar del trabajo en la vida y, más en general, lo que deberíamos llamar el sentido de la vida. En un mundo en el que estamos tomando conciencia de que este tipo de cuestiones ya no pueden separarse de la forma en que actuamos sobre los mecanismos de regulación del medio ambiente planetario, también implican la forma en que somos capaces de proyectarnos en futuros terrestres divergentes. Diferentes reformas de las pensiones corresponden no sólo a diferentes niveles de pensiones o cotizaciones, sino también a diferentes Tierras. Es entre estas Tierras entre las que también tenemos que arbitrar. No es sorprendente, por tanto, que las pensiones impliquen orientaciones políticas y, más en general, geopolíticas bastante fundamentales. 

Uno de los principales defectos del debate actual sobre las pensiones es que se enmarca de tal manera que no presenta estas cuestiones, suponiéndolas separadas de los simples problemas de equilibrio presupuestario. De un lado la calculadora, del otro, las cuestiones ecológicas… Pero es precisamente el momento actual el que se caracteriza por la urgencia: hay que meter a la Tierra en la calculadora y reconstruir los circuitos de la calculadora para que por fin pueda captar los verdaderos equilibrios de ventajas y desventajas de las decisiones que tomamos, para nosotros mismos, para las generaciones futuras y para la propia habitabilidad del planeta. Esto se debe a que no existe el Planeta B. Este hecho es mucho más importante de tener en cuenta (en el sentido mismo de contabilidad) que la retórica thatcheriana que ahora repite el gobierno: no hay alternativa⁹. Sin embargo, una cosa es cierta: no hay futuro en la organización del mundo que se ha construido cuidadosamente durante los últimos 50 años. Hay muchas alternativas, pero la continuación del business as usual neoliberal no es una de ellas.