Crisis humanitaria yanomami: una herencia de los años de Bolsonaro que le queda a Lula

El pueblo indígena yanomami, uno de los más numerosos de la región (38.000 personas), vive a lo largo de la frontera entre Brasil y Venezuela. Por parte brasileña, se encuentran en un territorio de casi 9,6 millones de hectáreas en los estados de Amazonas y Roraima: la Tierra Indígena Yanomami (TIY), demarcada por el gobierno brasileño en 1992, incluye a muchos pueblos no contactados¹.

• Esta región del Amazonas está especialmente aislada. La TIY está a más de 150 km de la metrópoli más cercana, Boa Vista, en Roraima, sin estar conectada por carretera (en esta región, los principales medios de transporte suelen ser fluviales o aéreos). Es una región pobre de Brasil, difícil de controlar debido a su extensión e inaccesibilidad.
• Como en el resto de la selva amazónica, las tierras indígenas se enfrentan a la deforestación y a la extracción ilegal de oro, que amenazan el modo de vida de estos pueblos. Los mineros del oro contaminan los cursos de agua mediante el uso de mercurio, mientras que la deforestación degrada la biodiversidad y, por tanto, el suministro de alimentos de los pueblos indígenas. Además, los responsables de estas actividades traen consigo enfermedades a las que los pueblos amazónicos son muy vulnerables.

La existencia de estas actividades en tierras yanomami está documentada desde la década de 1960, pero las políticas antiindígenas y proexplotación de Jair Bolsonaro en la Amazonía han contribuido a aumentar la presión sobre la TIY². Bolsonaro siempre ha estado a favor de las mineras de oro y ya en 1998 dijo: «La caballería brasileña era incompetente. La que sí era competente era la caballería norteamericana por haber diezmado a sus indios en el pasado y no tener este problema hoy en su país»³. Bajo el Gobierno de Bolsonaro, los mineros del oro se hicieron más poderosos en la Amazonia, llevando a cabo incluso acciones de represalia, como a finales de 2022, cuando un puesto de salud yanomami fue incendiado poco después de que tuviera lugar una operación policial para combatir la minería ilegal de oro en la misma región⁴.

• La Asociación Yanomami Hutukara, la principal organización que representa al pueblo yanomami, alertó al gobierno federal en 2019 de las amenazas a los yanomami, pero no fue recibida ni escuchada⁵.
• Así, cuando la ONG Survival International publicó en diciembre un informe sobre la situación de los yanomami, entretanto su condición había empeorado considerablemente, sobre todo en Roraima, donde las autoridades locales son bolsonaristas⁶. En enero, 22.000 de los 30.000 yanomami registrados padecían malaria. Entre 2019 y 2022, 570 niños yanomami murieron, 152 de ellos de inanición, un aumento del 360% en comparación con el período 2015-2018.
• Además, hay numerosos relatos de violaciones (sobre todo de niñas menores de edad) y amenazas de mineros del oro a indígenas⁷.

La situación es tan grave que en Brasil se califica de genocidio. En el país, este término se refiere a la falta de acción gubernamental que ha puesto en peligro a sectores enteros de la población. Durante su mandato, Bolsonaro ha sido calificado varias veces de «genocida» por su inacción ante la población indígena brasileña o durante la pandemia del Covid-19.

• El 21 de enero, Lula viajó a Roraima para comprobar el alcance de la situación e indicar la vuelta del gobierno federal a la protección de la población indígena.
• De vuelta en Brasilia, el nuevo gobierno comenzó a trabajar en una respuesta para ayudar a estas poblaciones y expulsar a los mineros del oro de la TIY. En concreto, se está estudiando el cierre de espacios aéreos y fluviales para impedir que los mineros del oro reposten combustible, introduzcan equipos y saquen el oro extraído de sus explotaciones. Se espera que el Ministro de Defensa y los Jefes de Estado Mayor de las fuerzas armadas visiten Roraima personalmente para coordinar las operaciones.
• El juez Luís Roberto Barroso abrió el 30 de enero una investigación contra miembros del Gobierno de Bolsonaro por «genocidio indígena»⁸.

Esta crisis humanitaria es parte de la batalla informativa entre Lula y Bolsonaro. Para el bando del actual presidente brasileño, se trata de un ángulo de ataque adicional para desacreditar al anterior gobierno de extrema derecha. La protección de los pueblos indígenas forma parte de un marco más amplio de protección del medio ambiente. Estos pueblos protegen estas zonas de la explotación intensiva, sobre todo en una parte del mundo donde ésta se considera la principal fuente de enriquecimiento. 

• Dado que Lula se ha comprometido a organizar la COP30 en Belém (Amazonia) y a alcanzar el objetivo de «deforestación cero», su política indigenista contribuirá a esta influencia internacional.
• Nada más tomar el poder, el presidente brasileño anunció la reapertura del «Fondo Amazonia» -financiado en parte por capital extranjero- dedicado a la protección de esta selva, que había sido congelado bajo el Gobierno de Bolsonaro. En cuanto se reabrió, Alemania anunció que aportaría 35 millones de euros al fondo⁹.
• Dado que la conclusión del acuerdo UE-Mercosur se suspendió durante el mandato de Bolsonaro por motivos medioambientales, las medidas concretas de Lula hacia una mayor protección del medio ambiente tienen el potencial de desbloquear las negociaciones.