La crisis de legitimidad de las instituciones democráticas en Perú

En todo Perú, y especialmente en la provincia meridional de Puno, los manifestantes bloquean las carreteras en un intento de paralizar el país. En las últimas semanas, se han incendiado edificios gubernamentales y la policía y el ejército han disparado a manifestantes en las calles.

Desde la destitución de Castillo –procedente de una de las regiones más pobres del país (la provincia de Chota)-, sus partidarios se manifiestan contra el gobierno. Consideran que Dina Boluarte, actual presidenta del país, es demasiado débil, incapaz de congregar a los congresistas peruanos y no representa a la población.

• El 7 de diciembre de 2022, el ex presidente anunció que quería disolver el Congreso para impedir que estudiara una moción de censura contra él. Posteriormente intentó acudir a la embajada mexicana para solicitar asilo político, pero fue devuelto a las autoridades.
• Los manifestantes exigieron inicialmente la liberación de Castillo, que desde entonces está encarcelado, y la celebración de nuevas elecciones.
• Desde entonces, las reivindicaciones han evolucionado y los partidarios del ex presidente piden una nueva Constitución, retomando la promesa de Castillo en abril de 2022 de someter a referéndum un proyecto de nueva Constitución¹.

El apoyo a Castillo tiene una dimensión tanto económica como étnica. Las provincias del sur del país, de donde procede el ex presidente, están pobladas principalmente por quechuas y aymaras. Estas poblaciones indígenas, minoritarias (sólo en la capital, Lima, vive casi un tercio de la población del país), presentan la brutal represión policial como un intento de genocidio.

• Estas acusaciones también son compartidas por algunas figuras políticas y miembros de la administración.
• El 11 de enero, la fiscal general, Patricia Benavides, anunció que abría una investigación contra Dina Boluarte por «posible genocidio y homicidio» en relación con los enfrentamientos que han dejado al menos 60 muertos y centenares de heridos desde principios de diciembre².
• Según el nuevo presidente, los manifestantes no tienen «ninguna agenda social» y sólo quieren «romper el Estado de derecho, generar caos y desorden y tomar el poder».

Dina Boluarte fue nombrada por el Congreso con la misión de restaurar la estabilidad democrática en una sociedad altamente polarizada. Sin embargo, su índice de popularidad está cayendo en picado. Según una encuesta realizada en diciembre, en la metrópoli de Lima, donde los partidarios de Castillo están menos presentes, sólo el 31% de la población aprobaba la forma en que Boluarte dirigía el país.

La desconfianza de la población en los partidos tradicionales o en los políticos de carrera también se refleja en una crisis de legitimidad de las instituciones democráticas que llevó a más del 50% de los peruanos en 2021 a creer que un golpe militar «se justifica cuando la corrupción es galopante», el nivel más alto de Sudamérica³. Este fin de semana, las autoridades peruanas anunciaron el cierre y posterior evacuación del sitio turístico de Machu Picchu debido al bloqueo de carreteras «para proteger a los turistas y a la población»⁴.