¿Hacia un fondo soberano europeo? 

La aprobación de la Inflation Reduction Act (IRA) por Joe Biden el 12 de agosto de 2022 ha suscitado fuertes reacciones en los Estados miembros, que consideran que las desgravaciones fiscales para los coches eléctricos contenidas en el texto violan las normas de la OMC.

• La ley acerca mucho más a Estados Unidos a su objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 50% para 2030. Las proyecciones del Grupo Rhodium, Energy Innovation y el proyecto REPEAT de Princeton concluyen que la IRA debería permitir a Estados Unidos alcanzar en 2030 un nivel de emisiones de CO2 inferior en un 40% al de 2005, es decir, una reducción de entre 10 y 15 puntos porcentuales más de lo que habría sido posible con una política constante.
• Al dar un trato preferente a los equipos producidos en Estados Unidos (una bonificación de alrededor del 10% si al menos el 40% del valor del equipo es de origen estadounidense), estos créditos fiscales discriminan a los productos importados, sobre todo a los europeos.
• Canadá y México tienen una excepción debido a su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. 

Aunque el diagnóstico es compartido por los 27, en este momento no hay consenso sobre la respuesta común que debe darse. Se están estudiando varias medidas, al tiempo que se entablan negociaciones entre la Unión y Estados Unidos sobre una posible adaptación de las previsiones contenidas en la IRA.

En esta fase, se están debatiendo tres respuestas principales.

1. Flexibilización de las normas sobre ayudas estatales. Aunque el artículo 107 del TFUE prohíbe las ayudas estatales, la Comisión adoptó el Marco Temporal de Crisis para las ayudas estatales el 23 de marzo de 2022 (y lo modificó a finales de octubre) ¹. Esto permite ayudar a las empresas en el contexto de la guerra en Ucrania.

• El 19 de marzo de 2020 ya se había adoptado un marco temporal similar para mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19. Esta ayuda, que expiraba el 30 de junio de 2022 (junio de 2023 en el caso de determinadas opciones de conversión y reestructuración de instrumentos de deuda, como préstamos y garantías, en otras formas de ayuda), fue utilizada por los 27 Estados miembros y permitió un total de 1,5 millones de euros.

• Sin embargo, este enfoque plantea una cuestión fundamental. Los Estados que más podrán apoyar a su industria son los que disponen de un importante margen presupuestario y fiscal. De los 672 000 millones de euros aprobados por la Comisión en el marco temporal de crisis, Alemania ha obtenido autorización para ayudas estatales que representan el 53% del total. Francia representa el 24% e Italia en torno al 7% ².

2. La creación de un fondo alimentado -total o parcialmente- por las sumas no asignadas contenidas en el plan de recuperación NextGenerationEU cuenta con el apoyo, en particular, de Alemania. Hasta la fecha, sólo 7 países -Italia, Grecia, Rumanía, Polonia, Chipre, Eslovenia y Portugal- han hecho uso de los préstamos disponibles.

• En sus planes nacionales de recuperación, los Estados miembros se han comprometido a destinar al menos el 37% del importe total a la transición ecológica. En total, asciende a unos 215.000 millones de euros. Además, el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027, que asciende a 1.074.300 millones de euros, dedica el 30% del gasto a través de los distintos programas a la lucha contra el cambio climático ³. Aunque a nivel europeo ya se destinan importantes sumas a este fin, para los países más favorables a la movilización de los instrumentos presupuestarios existentes, se trata ahora de una cuestión de orientación. 

3. La creación de un «fondo soberano» que podría apoyar el surgimiento de una política industrial verde europea -mencionada por primera vez por Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión en septiembre de 2022- no goza de consenso. Defendida en particular por Thierry Breton (que había cifrado en 350.000 millones de euros el importe necesario), también ha recibido el apoyo de Charles Michel. Sin embargo, hay opiniones divergentes sobre su financiación ⁴.

• Si en diciembre Alemania se había opuesto a la emisión de deuda adicional a través de Christian Lindner y Olaf Scholz, en un documento estratégico del 11 de enero el partido de la Canciller, el SPD, añadía que: «también deberían discutirse constructivamente instrumentos adicionales de financiación conjunta» ⁵.
• Italia, España y Francia, en particular, son partidarios de financiar las políticas comunes mediante la emisión de deuda común. Los Países Bajos y los países escandinavos son los que más se oponen.

En una nota fechada el 16 de enero, París se pronuncia a favor de un enfoque en dos etapas: la constitución de un «fondo de emergencia» que se apoyaría «en gran medida» en las financiaciones existentes, y luego la creación de un fondo soberano de aquí a finales de 2023, para lo cual habrá que reflexionar sobre «el posible origen de las financiaciones». La estrategia francesa, denominada «Made in Europe», se basa en cuatro pilares 

• acelerar la aplicación de la agenda de Versalles, en particular definiendo objetivos de reducción de la dependencia y adoptando una legislación sectorial sobre los sectores sensibles
• modernización y simplificación del marco de ayudas estatales (aumento de los umbrales y ampliación del ámbito de notificación en virtud del Reglamento general de exención por categorías -o RGEC-, aplicación de cláusulas de alineación);
• la creación de un fondo soberano;
• una «movilización total» de la política comercial europea, que implicaría un diálogo constante con los socios de la Unión (a semejanza del grupo de trabajo Estados Unidos-Unión Europea), así como la defensa de la política comercial europea, en particular recurriendo en mayor medida a los instrumentos de defensa comercial definidos por el marco multilateral de la OMC.

Aunque las discusiones continuarán en los próximos meses, el diferente enfoque de Estados Unidos y Europa sobre el cambio climático puede prolongar las tensiones comerciales entre ambas potencias mucho más allá de la Inflation Reduction Act. De hecho, la administración Biden apuesta por una nueva política industrial, principalmente a través de programas de subvenciones específicas para sectores clave. Actualmente, la UE es partidaria de un planteamiento basado en gran medida en un precio del carbono, acompañado de un impuesto sobre el carbono en las fronteras, para lograr una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.