El Estado del Partido en Polonia

Desde su éxito electoral en 2015, reiterado en 2019, la coalición de derecha conservadora, liderada por el partido Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), ha construido un nuevo tipo de gobernanza de los asuntos públicos en Polonia, marcado esencialmente por el progresivo desmantelamiento del Estado de derecho. Para entender esta evolución, es necesario integrar los aspectos jurídicos en consideraciones más amplias, partiendo de la premisa de que el derecho debe verse como «un proceso, una empresa, donde las normas sólo tienen sentido en el contexto de las instituciones, los procedimientos, los valores y las formas de pensar»¹. Veremos entonces que, lejos de ser simplemente un caso de incumplimiento de una u otra disposición constitucional de los Tratados de la Unión Europea, la crisis del Estado de derecho en Polonia es sintomática de un malestar más profundo. Cuando el Estado de derecho se rompe, se pone de manifiesto la fragilidad de las interacciones dentro de una comunidad. Los lazos y la confianza se desmoronan, y el conflicto político cambia de forma y naturaleza.

Un desmantelamiento a veces caótico, pero metódico

La nueva forma de gobernar del PiS refleja una tendencia autocrática perceptible en otros países europeos, pues carga consigo la sombra de demonios nacionales. Pierre Buhler resumió los principales elementos en estas columnas². Nos gustaría llamar la atención sobre dos de sus características esenciales. En primer lugar, el presidente del PiS, Jarosław Kaczyński, cuya palabra es decisiva para las direcciones políticas más importantes del país, prefiere mantenerse al margen de cualquier cargo gubernamental. Solo durante un breve periodo (de octubre de 2020 a junio de 2022) ocupó el cargo de viceprimer ministro encargado de la seguridad nacional y la defensa, no porque quisiera, sino para salvar una coalición de gobierno tambaleante.

Este hecho refuerza la imagen borrosa del poder en el Estado polaco, ya que la persona que dirige de facto el país no asume la función que prevé la Constitución. Las decisiones más importantes se toman en la sede del partido (situada en la ya famosa calle Nowogrodzka), y el gobierno queda como una mera máquina administrativa y de propaganda. Al separar de esta manera el centro de decisión de la arquitectura institucional del Estado, se logró una característica esencial compartida por todas las dictaduras, a saber, la falta de responsabilidad «jefe»³.

 En segundo lugar, la primera ley aprobada por el nuevo Parlamento en 2015 apunta inmediatamente al Tribunal Constitucional, ampliando un problema de constitucionalidad en relación con el nombramiento de varios jueces iniciado por la anterior mayoría política⁴. Ese fue el comienzo de un proceso de reformas legislativas del poder judicial que es metódico, aunque a veces parezca caótico. Hasta la fecha, se han aprobado más de 30 leyes que modifican el sistema judicial. Algunas de ellas han sido modificadas en varias ocasiones, a veces con un intervalo de pocas semanas. Entre líneas se lee que el objetivo principal es lograr una sustitución generalizada del poder judicial. El resultado hasta la fecha: unos 1,800 jueces y asesores han sido nombrados de forma legalmente cuestionable, más de 70 presidentes de tribunales han sido destituidos de forma abrupta y varios jueces se enfrentan ahora a procedimientos disciplinarios e incluso penales por comentarios realizados en público, por el contenido de su decisión judicial o por haber planteado una cuestión (prejudicial) al Tribunal de Justicia de la Unión.

El rasgo común de todas estas acciones es ampliar las posibilidades de que la mayoría gobernante interfiera políticamente, de forma cada vez más sistemática, en la composición, las competencias, la gestión y el funcionamiento del poder judicial. Como resultado, el control de la legalidad de las acciones del ejecutivo y la administración se ha vuelto incierto, mientras que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una de las herramientas de gobierno en manos de la mayoría gobernante. Así lo demuestran las sentencias sobre el derecho al aborto o la (no) compatibilidad de la Constitución polaca con los Tratados de la Unión y la Convención Europea de Derechos Humanos. Algunos consideran que la actual injerencia política en los asuntos judiciales es mayor de lo que fue bajo el régimen comunista⁵.

Estas reformas están provocando repetidas crisis políticas y constitucionales, así como tensiones periódicas entre el gobierno polaco y la UE, que desde 2015 no deja de buscar herramientas políticas y jurídicas para frenar lo que considera un ataque a uno de sus valores fundamentales. La independencia e imparcialidad de los más altos tribunales de Polonia se cuestionan directamente en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto lleva a algunos a expresar abiertamente la posibilidad (o el deseo) de la salida de Polonia de la Unión Europea (Polexit) si fracasan las últimas tácticas de presión, como el uso de sanciones presupuestarias y financieras, o la suspensión de ciertos derechos del país, como su derecho de voto en el Consejo de la Unión⁶. La guerra de la Federación Rusa en Ucrania no ha mermado los ánimos del gobierno polaco para llevar a cabo cambios en la administración de justicia⁷, a pesar de que es la UE a la que Varsovia ha acudido en busca de ayuda para hacer frente a la afluencia de refugiados ucranianos, que han sido acogidos principalmente por innumerables voluntarios.

Mantenerse firme ante la adversidad

Lo que no deja de inquietar es la brusquedad y la facilidad con la que se ha derribado el orden político y jurídico, y ello con la indiferencia (o el apoyo) de una gran parte de la sociedad polaca. Lo que se desmoronó rápidamente ante nuestros ojos fue la relación mostrada por los dirigentes y sus numerosos partidarios con el respeto de la ley (nacional e internacional) y el ejercicio democrático del poder. La convicción de que la transformación política y jurídica se había consolidado suficientemente bien desde la caída del régimen comunista en 1989, y sobre todo desde la adhesión del país a la Unión Europea en 2004 y el inicio de un periodo de desarrollo económico y progreso social sin precedentes, resultó ser ilusoria.

Algunos de los estallidos de protesta contra las acciones del PiS en Polonia, como el que se produjo contra la reforma del Tribunal Supremo en el verano de 2018 o en oposición a las nuevas restricciones al aborto en 2016 (Huelga de Mujeres – Strajk Kobiet), han de gran magnitud. Pero no se han traducido en una pérdida significativa de popularidad para el PiS, como muestran sistemáticamente los sondeos de opinión, ya que el partido sigue liderando con cerca del 30% de las intenciones de voto⁸. La oposición política, que sigue fragmentada a pesar de los repetidos intentos de representar un frente unido, no ha aprovechado estas manifestaciones. También se encuentra en una posición problemática, ya que si quiere representar una forma de «protesta total» ante el PiS⁹, no puede oponerse a los programas de prestaciones sociales ni apoyar abiertamente los intentos de la UE de sancionar a Polonia.

Lo que caracteriza los cambios desde 2015 es el continuo trabajo estético sobre la noción de soberanía y sus implicaciones institucionales. Esta obra inscribe el poder en la verticalidad: el polaco («verdadero«) —un hombre católico y heterosexual— «deja de estar de rodillas«¹⁰ y por fin se pone de pie con orgullo, en una revancha con los adversarios de ayer (el nazismo y el comunismo) y con lo que el nuevo poder ve como sus encarnaciones contemporáneas (una Europa alemana y el nuevo «fascismo de izquierda«)¹¹. En cuanto al funcionamiento del Estado, esto se traduce en la creación de una vasta red de personas vinculadas a PiS que se encuentran dispersas en todos los organismos públicos: desde establecimientos culturales, como museos y teatros, hasta instituciones cuya razón de ser es representar una forma de contrapoder (el Banco Nacional, la Oficina Central Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas) o incluso fundaciones y empresas públicas. Esta red se basa en vínculos informales, personales o de parentesco, que permiten imponer las decisiones desde arriba, superando los límites habituales de un Estado de derecho. Podemos ver un patrón de pensamiento heredado de la época comunista, donde el Estado (e idealmente la sociedad en su conjunto) está vinculado al partido.

Esta visión del ejercicio del poder se deriva de la extrema desconfianza que los actores del PiS muestran hacia elementos ajenos a su red, como los opositores políticos, los jueces, los funcionarios profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación independientes, las ONG y las instituciones internacionales. Esta desconfianza parece estar arraigada en la creencia de que la esfera política (y, más ampliamente, la vida) está dominada por intereses especiales. El peligro que suponen estos intereses no sólo se debe a su naturaleza (política, personal, ideológica, financiera, de privilegios), sino sobre todo a su propensión a permanecer velados, ocultos tras máscaras. Dado que esas máscaras no pueden verse, la sospecha de su existencia sólo puede ser omnipresente.

Así, tras su máscara de desinterés, un rival político sería en realidad un traidor (una de las figuras de este «agente», que forma el «frente interno», en términos de Kaczyński)¹², mientras que el juez sería propenso a la «oikofobia» (una combinación de los términos griegos oikos, hogar, familia; y fobia, miedo)¹³. En ambos casos, son figuras del enemigo oculto, que encarnan vectores de apología de sistemas de valores ajenos. El efecto de esa convicción es que todas las interacciones se caracterizan por la sospecha y la desconfianza generalizadas (no es posible la cooperación ni la amistad). La persona que adopta una apariencia desinteresada lo haría sólo por vanidad, en respuesta al deseo de ser percibido como desinteresado, o para ocultar mejor sus verdaderas motivaciones¹⁴.

El euroescepticismo como defensor del dogma nacional

Esa actitud de desconfianza no hace más que reforzar un «euroescepticismo«, para el que la profundización de la integración europea equivale a «una pérdida de soberanía, una liquidación de la democracia y una amenaza para la libertad», como afirmó Kaczyński junto al primer ministro húngaro Viktor Orbán y a Marine Le Pen¹⁵. Cuando el presidente polaco Andrzej Duda se refiere a la UE como una «comunidad imaginaria» —probablemente sin darse cuenta de que está utilizando un famoso concepto de Benedict Anderson relativo a la artificialidad de los nacionalismos¹⁶— resume la esencia del pensamiento de esos movimientos, para los que la UE sólo puede ser un agregado de comunidades soberanas (en el sentido de fuentes únicas de poder político y creación de derecho), cada una de las cuales busca para sí misma, en un juego de suma cero, la máxima acumulación de beneficios. Por muy ingenua y simplista que sea esta construcción intelectual¹⁷, no deja de ser un verdadero desafío.

Lo que empezó a materializarse con el fracaso del proyecto de tratado que establece una Constitución para Europa (2005) es el hecho de que cualquier intento de crear una auténtica comunidad política a partir de los Estados-nación choca inevitablemente con su edificio dogmático, creador de diferencias e identidades nacionales distintas. A menudo, los Estados no pueden o no quieren deconstruir ese edificio para adaptarlo a la construcción de Europa y a la nueva narrativa de la identidad política que ésta conlleva. El miedo a abrir la caja de Pandora domina. En el caso de Polonia, este edificio mantiene los conceptos de soberanía (unitaria), Estado (fuerte), nación (étnicamente homogénea) y patriotismo (patriarcal) en un estado de sobreénfasis, y les atribuye una dimensión mesiánica y una actitud victimista, en parte extraída del catolicismo¹⁸.

Este sobreénfasis puede verse tanto en los discursos de Kaczyński, como en los planes de estudio de historia polaca, que siempre se han centrado, en mayor o menor medida, en el martirologio y el heroísmo polacos¹⁹. Desde el siglo XIX, el tema de la independencia y la identidad nacional ha estado en el centro de la vida intelectual del país, principalmente debido a la fragilidad de los procesos de formación del Estado y de democratización, interrumpidos continuamente desde finales del siglo XVIII, sobre todo por el intervencionismo militar y político de los tres imperios circundantes²⁰. Por ello, todavía hoy se reprime cualquier idea de transferencia o reparto de la soberanía. Los principios del Estado de derecho, que competían y eran sofocados por la retórica y los ideales patrióticos/nacionalistas, no pudieron surgir y arraigarse como lo hicieron en Occidente.

Justicia de Estado sin verdad

Para entender tal evolución, es necesario examinar la semántica de las categorías fundamentales del discurso del PiS, las que se encuentran en el propio nombre del partido: derecho (prawo), justicia (sprawiedliwość) y su relación con la verdad (prawda). La palabra rusa pravda se traduce más a menudo como “verdad”, “truth”, “Wahrheit”. Sin embargo, en las lenguas eslavas no sólo significa verdad, sino también justicia y legitimidad. El aspecto pragmático es importante (la verdad en acción, la verdad manifestada, la justicia impartida), lo que hace de este término un imperativo ético, que entra en la esfera del deber moral, del deber ser. 

La evolución semántica de la pravda en los países eslavos no estuvo influida sistemáticamente por el derecho romano, de ahí la falta de codificación de sus diferentes significados en una red conceptual que separa los ámbitos religioso, moral y jurídico. El término sigue utilizándose en contextos relativos a juramentos, reglamentos, leyes, contratos o sentencias. Pero no sólo eso. Los movimientos revolucionarios del siglo XIX, el absolutismo zarista y los regímenes de terror condujeron a una desconfianza mucho más radical hacia la administración pública y el orden jurídico que en Occidente, lo que añadió el significado de pravda de «la palabra que imparte justicia (…), como tribunal en ausencia de ley, como legislador de una justicia alternativa» al significado instituido por el Estado²¹.

Parece que estas dimensiones semánticas ocultas siguen existiendo en potencia hoy en día y se reflejan en parte en el discurso ideológico moderno. Esta actualización de la identificación arcaica verdad=derecho=justicia podría explicar la dimensión escatológica en la ideología del PiS: sólo el PiS y su líder pueden salvar a Polonia. También explica por qué Kaczyński puede afirmar que su «formación política (…) quiere defender la democracia en Polonia, el Estado de derecho en el verdadero sentido de la palabra, los derechos civiles»²². No miente, pero utiliza esos conceptos en una configuración tal que adquieren un significado cercano a lo que un Estado autoritario como China entiende por el desarrollo de «un Estado de derecho socialista con características chinas». Tales países quieren ser gobernados por la ley, cuya legitimidad no se basa en un texto (una constitución, unos tratados), sino en un registro performativo de enunciación (el de una narración histórica, el de un partido), que es el único que determina el marco de lo justo y lo verdadero. El ordenamiento jurídico es entonces sólo un instrumento que asegura la verticalidad del poder y el juez sólo puede aplicar la ley con «una mentalidad servil hacia el Estado y la nación»²³, en palabras de uno de los ilustres autores de las últimas reformas en Polonia y ahora juez del Tribunal Constitucional.

Podemos concluir que, aunque la cultura jurídica polaca haya conseguido, al menos en parte, adoptar los principios del Estado de derecho en los últimos treinta años, como demuestran las acciones y las palabras de muchos jueces, magistrados y abogados que han estado desafiando, a riesgo de sus carreras, las reformas emprendidas desde 2015, estos principios parecen, sin embargo, haber corrido un destino similar al de los derechos humanos en la Polonia del siglo XVIII²⁴. Como resumió el historiador polaco Jerzy Jedlicki, «las ideas universales y progresistas, incluido el concepto de los derechos humanos naturales, no surgieron en Polonia desde las profundidades de la sociedad, sino que aparecieron en el traje de la corte aristocrática y fueron adoptadas inmediatamente como un producto sofístico extranjero»²⁵.^[25]

El Estado de derecho tomó la forma de un producto de este tipo y no se arraigó en la sociedad polaca, ya que se vio frenado por un edificio dogmático, que sigue dominado por la fascinación selectiva por el pasado y la nostalgia de una grandeza mítica, en la que la experiencia histórica, especialmente la de la lucha, se sitúa como única fuente para el conjunto de valores e ideales que sustentan la cohesión de la nación. Las acciones del PiS desde 2015 no han hecho más que sacar a la luz una relación del país con su «archivo de traumas colectivos»²⁶, cuyo objetivo esencial es evitar cualquier vejación, ya que ésta revelaría la fragilidad de un montaje identitario construido sobre la desintegración social y étnica emprendida en el siglo XX y la desaparición casi total de las minorías, incluida sobre todo la de los judíos (que representaban un tercio de la población urbana antes de la Segunda Guerra Mundial)²⁷.

Un montaje identitario insostenible

El deseo del gobierno actual de mantener este montaje a toda costa, con la complicidad tácita de la oposición, se ve mejor en el intento (parcialmente exitoso) en 2018 de criminalizar las afirmaciones de que Polonia y sus ciudadanos fueron de alguna manera cómplices de los crímenes nazis²⁸ y en la adopción en 2020 de una ley que limita las reclamaciones de restitución de propiedades judías²⁹. Lo que está en juego es la negativa a aceptar los resultados de los recientes trabajos de la «nueva escuela histórica» en Polonia, que demuestran, con el apoyo de innumerables y a menudo espeluznantes documentos y testimonios³⁰, que la figura del polaco no es sólo la de un testigo, sino también la de un actor de una máquina de exterminio organizada por el régimen nazi³¹.

Podemos ver en el ejemplo de estas dos leyes una operación de memoria que pretende, por decreto, prohibir el recuerdo de las desgracias pasadas, es decir, no juzgar los delitos cometidos en la comunidad. Los ciudadanos de Atenas se referían a esta operación como me mnesikakeîn³². A diferencia de los actos de los «Justos entre las naciones», que hoy son elevados por las autoridades polacas al rango de virtudes intemporales de toda una nación, se niegan las denuncias, expolios de bienes y asesinatos cometidos por los polacos contra los judíos, lo que es «una forma de proclamar» que, para los peores actos, «existe una prescripción (…) con el fin de restablecer una continuidad que no interrumpió nada, como si nada hubiera ocurrido»³³. Una reacción inmunitaria, por tanto, que procede, para (re)establecer la paz civil, a la negación y al olvido (aunque nunca total) de los actos de transgresión última del orden moral. En esta operación frente al pasado, en la que se borra el acto de matar a los conciudadanos, es su propio reflejo idealizado el que la sociedad trata de (re)construir, como después de una guerra civil.             

La distancia que separa este asunto de la crisis del Estado de derecho actual es ilusoria. Existe un vínculo íntimo entre la escritura de la historia y la administración de justicia. Ambas se mueven por una preocupación por la verdad cuando se basan en un conjunto de pruebas y testimonios para establecer los hechos, y cuando someten el veredicto al escrutinio público³⁴. Pero cuando el relato histórico se enmarca en la ley en nombre del interés colectivo y cuando la justicia se guía por motivaciones políticas, se convierten en dispositivos disciplinarios, que hacen que los sujetos pierdan la posibilidad de «decir la verdad»³⁵. Estos dispositivos se emplean en Polonia como respuesta al «choque identitario», que fue el movimiento iniciado desde la década de 2000 de «deconstrucción de la legitimidad sociocultural del antisemitismo» en la sociedad polaca y tras el cual, como señala la investigadora Elżbieta Janicka, «resultó imposible mantener los mitos fundacionales de la Tercera República de Polonia»³⁶. Sobre esta tensión nació el partido PiS. Encarna el intento de preservar la imagen de una nación desprovista de pliegues y fracturas, lo que se traduce en la incapacidad de enmarcar el conflicto político de otra manera que no sea constituyendo, de forma utópica y profética, un «nosotros» infalible³⁷.