Después del derecho al aborto, la Corte Suprema de Estados Unidos podría ocuparse del sistema electoral

La Corte Suprema de los Estados Unidos es el más alto tribunal estadounidense. Establecido por el artículo III de la Constitución de Estados Unidos, la Corte se creó en el contexto particular de finales del siglo XVIII, cuando su propósito era crear una «unión más perfecta» (a more perfect union). La Corte es la institución judicial federal más poderosa de Estados Unidos y tiene la última palabra en cualquier caso que se presente ante ella.

Los nueve jueces de la Corte Suprema son nombrados de por vida y son prácticamente inamovibles. Su nombramiento es, por tanto, una cuestión política e ideológica de primer orden: se confía al Presidente, antes de ser confirmado por el Senado. Tras la decisión de la Corte Suprema que puso fin a la jurisprudencia del caso Roe v. Wade y del caso Planned Parenthood v. Casey, que tuvo el efecto de dificultar el nombramiento del Presidente. Casey, que acabó definitivamente con la garantía federal del derecho al aborto -devolviendo así la decisión a los Estados-, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez pidió una investigación parlamentaria para destituir a dos jueces de la Corte Suprema, Neil Gorsuch y Brett M. Kavanaugh. Sin embargo, este procedimiento tendrá dificultades para prosperar porque las promesas hechas por estos dos jueces de no revertir los logros de Roe se hicieron en un entorno privado y no bajo juramento¹.

A raíz de esta decisión, que hará que la interrupción voluntaria del embarazo sea mucho más arriesgada y complicada para las mujeres estadounidenses -que pueden tener que recorrer largas distancias para encontrar una clínica en un estado que aún permita el aborto-, la Corte Suprema ha decidido atender un recurso en el caso Moore v. Harper. El caso impugna una sentencia de la Corte Suprema de Carolina del Norte que invalidó los mapas electorales elaborados por la Asamblea General del estado, dominada por los republicanos, por motivos de manipulación partidista².

Llamado así por el gobernador de Massachusetts de principios del siglo XIX, Elbridge Gerry, al que se acusó de « rediseñar » los distritos electorales de un condado para favorecer a su partido, el «gerrymandering» es una práctica que tiene lugar cada década, aproximadamente, tras la publicación decenal de la Oficina del Censo de Estados Unidos (o Census bureau)³. Aunque a veces se critica que favorece injustamente al partido en el poder en el estado que realiza el rediseño de los distritos electorales, tanto los republicanos como los demócratas lo utilizan para maximizar sus posibilidades antes de las elecciones⁴.

Este peligro para la democracia estadounidense proviene de una determinada interpretación de la Constitución, la «”Independent State Legislature Theory” (o la Teoría de la legislatura estatal independiente). Esta es la lectura constitucional que se planteó para justificar el intento de anular las elecciones presidenciales. Incluye una controvertida interpretación del término «legislatura», otorgando un «poder exclusivo y casi absoluto» a las legislaturas estatales, es decir, a sus parlamentos, sobre la regulación de las elecciones federales⁵. Llevada a cabo en Carolina del Norte por funcionarios electos republicanos, esta teoría daría a los legisladores estatales el derecho no solo de anular la Constitución de su estado, sino también de no rendir cuentas ante los tribunales.

En el caso Moore v. Harper, la Corte Suprema de Carolina del Norte dictaminó en febrero que los nuevos mapas electorales del estado eran inconstitucionales. Esta decisión será decidida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos este otoño. En respuesta a esta decisión, la Asamblea General del estado -el órgano legislativo bicameral- afirmó posteriormente que la Cláusula Electoral de la Constitución de Estados Unidos impide la revisión judicial de los mapas por parte del sistema judicial del Estado⁶.

En otras palabras, si la Corte Suprema considerase que las leyes electorales locales son una prerrogativa exclusiva de las legislaturas estatales, y que los tribunales estatales no pueden pronunciarse sobre ellas, entonces los límites y el poder de los organismos estatales y locales y de los gobernadores para aplicar las normas para llevar a cabo las elecciones recaería únicamente en las legislaturas estatales, sin que los Tribunales del Estado pudieran revisarlas⁷.

Como recordatorio, desde las últimas elecciones de noviembre de 2021, el partido republicano controla 32 legislaturas y el partido demócrata 18. Aunque los cargos electos republicanos suelen ser más radicales a nivel estatal, la decisión de la Corte Suprema podría ser decisiva para las próximas midterms (elecciones de mitad de mandato), del próximo noviembre⁸. Lo que está siendo calificado como un caso «extremadamente peligroso» por muchos juristas, llevado al Tribunal Supremo, podría acabar haciendo legal lo que Donald Trump y algunos miembros del partido republicano habían intentado hacer en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

El anuncio de la Corte Suprema de que trataría el caso Moore v. Harper en otoño se produjo poco después de que se dictara otra decisión, esta vez relativa a las prerrogativas de la Agencia de Protección Ambiental (o EPA)⁹. El 30 de junio, la Corte Suprema (por 6 votos a 3) redujo considerablemente los poderes de la agencia al dictaminar que el Congreso no la había autorizado a fijar límites de emisiones de carbono por Estado¹⁰. Esta decisión limitará gravemente la capacidad de Biden para actuar contra el cambio climático, obligándole a negociar más estrechamente con las ciudades y los estados de Estados Unidos, con el riesgo de perder un valioso tiempo para cumplir los objetivos climáticos fijados por la Casa Blanca.