Trump quiere forjar un nuevo eje del litio en América Latina

Los tres principales países productores de un recurso decisivo —el litio— están ahora gobernados por figuras que han hecho de su cercanía a Donald Trump un elemento decisivo de su trayectoria política: Javier Milei en Argentina desde 2023, Paz Pereira en Bolivia desde 2025 y Kast en Chile desde hace un mes. ¿Cómo aprovecha la Casa Blanca esta nueva convergencia?

Más de la mitad de las reservas mundiales de litio ¹ se concentran en tres países, dentro de lo que se conoce como el «triángulo del litio», una vasta meseta desértica en la Cordillera de los Andes que se extiende desde el norte de Chile y Argentina hasta el sur de Bolivia.

Este giro político ² en países anteriormente gobernados por la izquierda parecería indicar una reorientación estratégica: el abandono de proyectos de coordinación del tipo «OPEP del litio» y de formas de nacionalismo de los recursos, ³ en favor de una apertura a las inversiones extranjeras y a los acuerdos bilaterales, en particular con el Estados Unidos de Donald Trump.

Sin embargo, la orientación política que muestran estos gobiernos oculta una realidad diferente. Su proximidad al presidente estadounidense y su discurso pro-mercado no bastan para redefinir los equilibrios del sector.

¿Por qué?

El factor decisivo radica en el arraigo material de China en estas economías: a pesar de los discursos proestadounidenses, sus inversiones masivas, ya comprometidas y concentradas en sectores estratégicos además del litio, como la energía y las infraestructuras, son difíciles de cuestionar.

No obstante, la administración de Trump ha afirmado claramente su voluntad de convertir a América Latina en su patio trasero. ¿Están los nuevos gobiernos del «triángulo del litio» alineados con esta voluntad de vasallización de Washington?

Ya no nos encontramos en un periodo unipolar como el que existió en los años noventa, tras el fin de la Guerra Fría y antes del auge de la «ola rosa» en América Latina. Si se examina ese periodo, que se extiende aproximadamente desde 1989 hasta principios de la década de 2000, Estados Unidos era claramente la única potencia dominante de la región, y ocupaba una posición preponderante en términos de influencia política y elaboración de políticas.

Más de la mitad de las reservas mundiales de litio se concentran en tres países, dentro de lo que se conoce como el «triángulo del litio».  

Thea Riofrancos

Al igual que en el resto del mundo, Estados Unidos ya no ocupa una posición hegemónica en América Latina. Esta nueva rivalidad geopolítica coloca a los países del Sur en una situación ambivalente —a la vez restrictiva y, en ocasiones, ventajosa— en función de sus estructuras de exportación, sus necesidades financieras y sus vínculos comerciales. Otros actores del Norte, como Canadá, tienen importantes intereses mineros en la región, mientras que China ha reforzado considerablemente su papel en numerosos ámbitos.

¿Cuáles?

Se pueden distinguir tres ámbitos clave: el comercio, el crédito y las inversiones extranjeras directas.

En estos tres sectores, China ha reforzado considerablemente su presencia. Ahora es un destino importante para las exportaciones, una fuente esencial de importaciones, un importante proveedor de préstamos y un inversor de primer orden, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Por lo tanto, resulta totalmente irracional que estos países pongan en peligro sus relaciones con Pekín, sobre todo en el contexto mundial actual.

¿En qué sentido?

Los considerables recursos militares de Estados Unidos se dispersan de forma desordenada en varios frentes, mientras que el apoyo interno a la política exterior de Trump se desmorona, lo que hace que cualquier apuesta por su continuidad a largo plazo resulte especialmente arriesgada.

¿Cree, pues, que Estados Unidos no podrá debilitar las posiciones chinas en América Latina?

Teniendo en cuenta los cambios geopolíticos y económicos en curso, China debería salir reforzada de los próximos años, tanto en el plano económico, político y energético como en el diplomático. Por el contrario, Estados Unidos se enfrenta a retos internos y externos. Sería arriesgado para los países de América Latina reducir sus vínculos con China en favor de un acercamiento a Washington.

Queda por ver cómo actuarán concretamente Argentina y Chile, que han firmado acuerdos bilaterales con Estados Unidos. ¿Respetarán estrictamente estos acuerdos y reducirán su compromiso con China, o seguirán profundizando sus vínculos económicos con Pekín independientemente de sus compromisos formales?

Usted destaca una paradoja: Milei es el presidente más alineado con la Casa Blanca de entre los del «eje del litio», y sin embargo es en Argentina donde la brecha entre el discurso antichino y la reorientación efectiva hacia Estados Unidos es más flagrante. ¿Cómo se explica esto?

Efectivamente, en Argentina, la discrepancia es especialmente clara. Javier Milei ha firmado un acuerdo comercial que favorece a las empresas mineras estadounidenses, explícitamente en detrimento de las economías consideradas «manipuladoras» —en el fondo, China—, aunque a su vez se podría calificar fácilmente a Estados Unidos de manipulador del mercado, dada la injerencia de Trump en Sudamérica.

Pero esta orientación choca con una realidad más contundente: la presencia china se ha intensificado rápidamente en estos sectores clave a través de inversiones ya comprometidas y arraigadas en activos duraderos. 

¿Por qué motivo?

De nuevo, hay una razón estructural. No es seguro que estos acuerdos supongan un aumento de las inversiones estadounidenses, ya que las empresas chinas son muy activas en las cadenas de suministro de litio. Por otra parte, el acuerdo no prohíbe las inversiones chinas, se limita a desalentarlas, mientras que las autoridades provinciales conservan su autonomía.

Hay, además, una razón más específica. La gobernanza del litio en Argentina es interesante porque el sector no está regulado a nivel nacional. El país es, en efecto, un Estado federal en el que las provincias desempeñan un papel clave. Algunas son especialmente importantes para la extracción de litio, en particular las situadas cerca de Chile y Bolivia, en la región de la meseta andina.

En la década de 1990 se puso en marcha una política para descentralizar la gestión minera del gobierno federal. Esta reforma formaba parte de un programa neoliberal más amplio, basado en la idea de que la gestión local sería más eficaz. En consecuencia, cada gobernador administra las reservas de litio de su provincia y se encarga de la negociación de contratos e inversiones con empresas extranjeras.

Este sistema es poco eficaz para la gestión de los recursos naturales, ya que crea una asimetría de poder y de conocimientos entre las autoridades locales y las multinacionales mineras.

Esta nueva rivalidad geopolítica coloca a los países del Sur en una situación ambivalente —a la vez restrictiva y, en ocasiones, ventajosa— según sus estructuras de exportación, sus necesidades financieras y sus vínculos comerciales.

Thea Riofrancos 

¿Cuáles son los efectos concretos de esta competencia entre los territorios argentinos?

Esta estructura ha dado lugar, en particular, a una forma de dumping en la que las provincias compiten entre sí para atraer inversiones. La competencia crea un entorno de desregulación.

En 2023, en la provincia de Jujuy, se produjeron violentos enfrentamientos entre el gobierno provincial y las comunidades locales después de que el gobernador intentara debilitar las normas medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de este sistema desregulado, Argentina es, sin embargo, actualmente el cuarto mayor productor mundial…

Sí, y es debido a la descentralización que la llegada de un gobierno conservador no ha modificado radicalmente las estructuras de gobernanza, ya que el control de la política del litio sigue siendo provincial.

Dicho esto, bajo la anterior administración de Alberto Fernández, de centroizquierda, hubo algunos intentos de replantear la gobernanza del litio, en particular debates sobre la centralización, la nacionalización o la creación de empresas públicas, siguiendo las tendencias de otros gobiernos de izquierda en la región. Estos esfuerzos no se concretaron plenamente y Milei ha abandonado ahora esa política.

¿Tiene, pues, el presidente argentino las manos atadas?

Asistimos al mantenimiento de un statu quo negativo que, no obstante, va acompañado de algunos cambios: la escala de la gobernanza sigue siendo la misma, pero la orientación del país y las relaciones comerciales están cambiando.

Milei ejerce influencia en las políticas nacionales, especialmente en materia de comercio y relaciones internacionales. Se ha podido observar hasta qué punto se alineaba con la administración de Trump, que proporcionó apoyo financiero directo a Argentina.

A los cambios geopolíticos se suma un cambio en la gobernanza medioambiental, especialmente en Chile. ¿Cómo ha revisado Kast la política de su predecesor?

El sistema de gobernanza chileno difiere del argentino, ya que está fuertemente centralizado. Esto confiere al gobierno nacional un control mucho mayor sobre la política minera.

El actual gobierno de extrema derecha, liderado por José Antonio Kast, ya ha comenzado a implementar cambios significativos, especialmente en materia de gobernanza medioambiental. Pero su popularidad ya ha caído a raíz de la crisis de precios relacionada con la guerra en Irán. De hecho, Kast ha declarado que no aliviará la situación de la economía y la población controlando los precios, a diferencia de lo que se observa en cierta medida en el Sudeste Asiático y en Europa.

Antes de los efectos de la guerra de Irán, ¿cuáles eran las medidas del nuevo presidente chileno?

En primer lugar, un acuerdo previsto con Estados Unidos, cuyos detalles aún no se han hecho públicos, prevé ventajas para las empresas estadounidenses que deseen invertir en Chile. La mayor empresa de litio del país ya es estadounidense, pero la otra es chilena y muchos otros actores extranjeros también tienen intereses en este sector de la economía nacional. Queda por ver si las empresas estadounidenses invertirán como se ha prometido y comenzarán a explorar el suelo chileno.

Dado que Chile está mucho más centralizado que Argentina, la situación puede deteriorarse mucho más rápidamente. El expresidente Gabriel Boric, que no contaba con un apoyo total en el Congreso Nacional, siempre tuvo que formar coaliciones o recurrir a decretos. En muchos casos, para las regulaciones medioambientales, recurrió a decretos, lo cual a veces es eficaz porque tienen un efecto inmediato, pero también peligroso porque son fáciles de derogar.

Por ejemplo, antes de dejar el cargo, Boric creó un gran número de parques nacionales, reservas naturales y zonas de protección de ecosistemas para cumplir su promesa de proteger más desiertos de sal, las salinas, frente a la extracción de litio. Reservó aproximadamente un tercio de las decenas de salinas para la conservación del medio ambiente.

Cada una de estas medidas requería un decreto y Kast los ha derogado todos.

Esto plantea interrogantes sobre cómo reaccionarán las comunidades locales. Estas podrían movilizarse más y mostrar una mayor resistencia; o bien la extracción de litio podría desarrollarse ahora con mayor facilidad.

No obstante, los proyectos mineros son complejos y su desarrollo lleva tiempo, ya que implican inversiones financieras, técnicas y sociales. Esto significa que, aunque un gobierno sea realmente favorable al libre mercado y a las empresas, estas podrían no llegar debido a la complejidad del proceso para poner en marcha una mina.

Las manifestaciones —con un fuerte componente comunitario— también se han vuelto mucho más frecuentes, lo que hace que los inversores se muestren aún más reticentes. En Chile, Argentina y Bolivia se han celebrado numerosas concentraciones de este tipo en los últimos años.

Además, muchos países intentan ahora desarrollar la explotación minera del litio en su propio territorio, lo que intensifica la competencia para atraer inversiones.

El sistema de gobernanza chileno difiere del argentino, ya que está fuertemente centralizado. Esto confiere al gobierno nacional un control mucho mayor sobre la política minera.

Thea Riofrancos 

Precisamente, ¿podría volver sobre el caso boliviano? ¿Cómo ha llevado a cabo el presidente Octavio Paz su nuevo reajuste?

El gobierno de Octavio Paz es mucho menos extremista que los de Kast y Milei. A pesar de la controversia que suscitaron, el gobierno ha mantenido los acuerdos relativos a la gestión del litio firmados por la administración anterior con empresas rusas y chinas. Esta decisión sugiere un enfoque menos alineado, lo que refleja una tendencia más amplia entre los países del Sur que buscan equilibrar sus relaciones con varias potencias en lugar de alinearse exclusivamente con una sola.

La extracción también implica fuertes inversiones tecnológicas. ¿Podrían los gobiernos de extrema derecha promover tecnologías como la extracción directa de litio (direct lithium extraction, DLE) para reducir el impacto medioambiental? ¿Existe un discurso tecnológico específico de la extrema derecha, en particular en América Latina?

En Estados Unidos se observa esta alineación entre la industria tecnológica y la extrema derecha. A menudo se habla de «oligarquía tecnológica» y se analiza la propagación de una ideología neorreaccionaria.

En América Latina, sin embargo, no veo pruebas de un acercamiento similar entre los gobiernos de extrema derecha y los promotores de soluciones tecnológicas específicas como la extracción directa de litio. Esta se presenta como un método más respetuoso con el medio ambiente para extraer el litio de los yacimientos de salmuera, un agua subterránea muy salada, rica en litio, situada bajo las salinas: en lugar de extraer grandes cantidades de agua y dejarla evaporarse, lo que supone una pérdida considerable en entornos ya áridos, la DLE consiste en filtrar los iones de litio mediante procesos químicos o físicos, dejando el agua bajo tierra.

No obstante, estudios científicos recientes han comenzado a cuestionar la capacidad de la DLE para minimizar realmente el impacto medioambiental. Este método podría tener, a pesar de todo, consecuencias ecológicas y aún es difícil evaluar en qué medida preserva los ecosistemas.

En este momento, no veo pruebas sólidas que indiquen que los gobiernos de derecha promuevan esta nueva tecnología de una manera que difiera significativamente de la de los gobiernos progresistas anteriores.

En términos más generales, ¿cuál es la relación de estos diferentes gobiernos con los grandes grupos industriales?

En Chile, bajo el anterior gobierno de Boric, existía una estrategia nacional sobre el litio destinada a reformar la gobernanza de este recurso, aumentar la implicación del Estado, reforzar las protecciones medioambientales y mejorar la consulta a las comunidades indígenas.

En el marco de esta estrategia, el gobierno negoció la creación de una empresa conjunta entre la empresa pública Codelco y la empresa privada SQM, especializada en litio. Esta última tiene un pasado controvertido, marcado por vínculos con la dictadura de Pinochet, conflictos sociales, tensiones con las comunidades locales, así como acusaciones de corrupción y evasión fiscal. A pesar de ello, el gobierno de Boric estableció una asociación que preveía que las actividades de SQM continuaran durante varios años, lo que le permitió prolongar considerablemente su presencia en Chile, al tiempo que preveía que su proyecto se convirtiera, a largo plazo, en una empresa conjunta de la que no sería el único propietario.

Este proyecto también estaba vinculado al uso potencial de la tecnología DLE: los responsables políticos esperaban que redujera los daños medioambientales. Sin embargo, esta tecnología aún no se ha implementado a escala comercial completa. Actualmente solo existe un proyecto en Argentina que la combina con los métodos de evaporación tradicionales.

Queda una pregunta en el aire: ¿mantendrá el actual gobierno chileno este acuerdo de empresa conjunta o lo abandonará? Aunque ha dado marcha atrás en materia de protección del medio ambiente, es menos seguro que Kast interfiera en los acuerdos de inversión existentes. Todavía es difícil definir la visión económica de Kast, aunque ya sabemos que es reaccionaria y conservadora. En cualquier caso, dar marcha atrás en estos acuerdos supondría un enfoque más intervencionista en materia económica.

¿Existe entre los dirigentes de derecha de América Latina un discurso medioambiental capaz de encontrar eco entre una parte del electorado?

En América Latina, la combinación energética varía de un país a otro. Chile, por ejemplo, ya cuenta con un sistema relativamente bajo en carbono, gracias a una importante contribución de la energía hidroeléctrica, la energía solar y la eólica. En términos más generales, muchos países de la región se benefician de un legado de infraestructuras hidroeléctricas, así como de inversiones más recientes en energías renovables.

Por esta razón, las cuestiones de la transición energética no están muy politizadas. Los indicios de una intensa «guerra cultural» en torno a las energías renovables que se observan en otras regiones son menos evidentes aquí. En cambio, algunos países de América Latina, como Argentina, dependen en mayor medida de los combustibles fósiles, en particular del petróleo y el gas. Milei no tiene intención de cambiar esta situación.

Apenas existe ecologismo de derecha en América Latina: el discurso ecologista suele ser radical y tiende a asociarse con las políticas de izquierda. Se vincula con bastante facilidad a los derechos de los pueblos indígenas, a las críticas anticapitalistas y a una concepción holística de la degradación del medio ambiente.

Las actividades de extracción de recursos en América Latina se encuentran entre las más intensas del mundo. En consecuencia, el discurso de los activistas antiextracción se centra en gran medida en el medio ambiente, la tierra, el suelo, el agua, etc.

Dada la intensidad de los conflictos locales relacionados con la extracción de recursos en la región, el tema del medio ambiente, al igual que el feminismo, está estrechamente vinculado a los movimientos de oposición. Por lo tanto, los líderes de derecha tienden a considerar el ecologismo como una causa fundamentalmente de izquierda y apenas hay una apropiación de estos temas medioambientales por parte de su facción política.

¿Podría el giro hacia la derecha del «triángulo del litio» marcar una nueva era para América Latina, o tal vez un retorno a patrones anteriores, como la alineación autoritaria de los años setenta y ochenta? ¿Estamos asistiendo al regreso de un modelo en el que países como Chile sirven de laboratorios para las reformas neoliberales, en particular en lo que respecta a los minerales críticos?

Es muy importante abordar América Latina desde una perspectiva histórica, ya que la región ha experimentado ciclos políticos recurrentes.

Lo que observamos son varias oleadas de alineación política entre los países de la región. En distintos momentos, sus gobiernos tienden a compartir orientaciones ideológicas similares, ya sean de izquierda, de derecha, democráticos o autoritarios.

Los indicios de una intensa «guerra cultural» en torno a las energías renovables que se observan en otras regiones son menos evidentes en América Latina.

Thea Riofrancos 

Entre los años 1930 y 1970, numerosos Estados de América Latina implementaron estrategias de desarrollo nacional. Entre estos países había tanto regímenes democráticos como regímenes más autoritarios, pero todos compartían un compromiso con un desarrollo impulsado por el Estado, que en ocasiones implicaba nacionalizaciones y medidas de protección de los trabajadores, como fue el caso de Salvador Allende en Chile o Juan Perón en Argentina.

A este periodo le siguió el auge de las dictaduras, en su mayoría de derecha, y la generalización de las políticas neoliberales en los años ochenta y noventa. Incluso tras el retorno a la democracia, numerosos gobiernos —incluidos los centristas y socialdemócratas— mantuvieron este marco económico, a menudo bajo la presión de las instituciones internacionales, la clase dirigente del país y los grupos de presión.

En la década de 2000, la «ola rosa» marcó un punto de inflexión. En su apogeo, dos tercios de la población de América Latina vivían bajo gobiernos de este tipo. No creo que exista otro ejemplo de una región del mundo tan extensa en la que tantos gobiernos se hayan alineado.

¿Cuál es la situación actual?

Durante la última década, la situación se ha fragmentado. Ahora, en América Latina hay gobiernos de izquierda, de derecha y de extrema derecha.

Brasil y México se sitúan claramente a la izquierda, lo cual es relevante no solo porque son países importantes de la región (son uno de sus motores económicos y concentran más de la mitad de su población), sino también porque tanto Lula como Claudia Sheinbaum cuentan con partidos políticos muy institucionalizados. La izquierda también ha vuelto a Uruguay con el Frente Amplio.

Por otro lado, Javier Milei, José Antonio Kast y Nayib Bukele en El Salvador están al frente de los gobiernos más marcados por la extrema derecha que ha conocido América Latina en décadas.

Milei representa una versión muy ortodoxa del neoliberalismo: ha hecho suyas por completo las ideas económicas libertarias, de las que se enorgullece. Sin embargo, no todos los gobiernos de derecha son iguales. Kast habló mucho de orden público durante su campaña, pero mucho menos de economía: su visión no se inscribe realmente en una ideología ortodoxa y puramente liberal. Aunque a menudo se le asocia con el neoliberalismo, el régimen de Pinochet, por quien Kast siente gran estima, también se apoyó en gran medida en la intervención del Estado para promover las industrias de exportación.

Cuando se reflexiona sobre lo que es el neoliberalismo, la verdadera cuestión no es cómo deshacerse del Estado, sino cómo utilizarlo para apoyar la inversión privada y la acumulación de capital en lugar del bienestar de los trabajadores o la regulación medioambiental. Pinochet recurrió así ampliamente a los poderes del Estado y a los fondos públicos para construir una economía orientada a la exportación, centrada en el cobre, el salmón, la silvicultura, las frutas y las verduras, productos y recursos de los que Chile es hoy un importante exportador. Esta política no se llevó a cabo a través del libre mercado, sino utilizando el poder del Estado para obligar a estas industrias a atraer inversiones privadas, a ser rentables y a orientarse hacia la exportación. No sé qué hará Kast, pero este es un legado en el que puede apoyarse.

En todo el mundo se está produciendo un retorno generalizado de las políticas industriales, incluso por parte de gobiernos de derecha. Estas políticas tienen como objetivo promover el crecimiento económico mediante la intervención del Estado, pero con objetivos diferentes a los de los gobiernos de izquierda.

¿Qué vínculos existen entre el mercado del litio y el de las energías renovables? ¿Podría el desarrollo de este último beneficiar a los países de América Latina?

La crisis actual podría acelerar la transición hacia las energías renovables, ya que pone de manifiesto la volatilidad y los riesgos asociados a los combustibles fósiles.

La demanda de litio sigue siendo fuerte. Los vehículos eléctricos son su principal motor. Aunque el crecimiento de esta demanda se está ralentizando en Estados Unidos debido a la política de Trump, observamos en Europa, Asia y África un aumento de la movilidad eléctrica.

En el mercado del litio, otros sectores mucho más en sintonía con la política de Trump están cobrando importancia. Uno de ellos es el sector militar, ya que la guerra moderna depende cada vez más de las baterías de iones de litio: los drones son solo uno de los muchos ejemplos de sistemas para los que son indispensables. Los utilizados por Irán o Ucrania no podrían funcionar sin ellas.

Los centros de datos constituyen otra fuente de demanda en plena expansión, ya que requieren sistemas de almacenamiento en baterías a gran escala. En Estados Unidos, por ejemplo, parte de la producción de baterías se ha desviado de los vehículos eléctricos para orientarse hacia los centros de datos. Este cambio refleja la evolución de las prioridades políticas.

Con la rápida expansión de las infraestructuras de inteligencia artificial, ¿no corren los países de América Latina el riesgo de ser incapaces de responder a la explosión de la demanda?

Los centros de datos solían depender en mayor medida de generadores diésel para el suministro de emergencia. Hoy en día, se observa una transición creciente hacia los sistemas de baterías. Aunque inicialmente hubo inquietudes sobre la seguridad y la fiabilidad de las baterías de iones de litio, estas tecnologías se están adoptando ahora a mayor escala.

Al mismo tiempo, el mercado del litio se ha caracterizado por una fuerte volatilidad. Si bien en los últimos años la oferta ha sido relativamente abundante, lo que ha mantenido los precios a un nivel bajo, hoy en día empezamos a observar un cambio de tendencia. La demanda está aumentando ahora más rápidamente que la oferta.

Se está asistiendo en todo el mundo a un retorno generalizado de las políticas industriales, incluso por parte de gobiernos de derecha.

Thea Riofrancos 

Esta diferencia ejerce una presión al alza sobre los precios, lo que podría fomentar nuevas inversiones. Sin embargo, como he mencionado, los proyectos mineros tardan mucho tiempo en desarrollarse y a menudo transcurre más de una década entre el descubrimiento y la producción. Para cuando el litio esté listo para su extracción, la situación de la demanda podría haber cambiado.

En su libro Extraction, ⁴ explica cómo América Latina se ha integrado históricamente en la economía mundial como proveedora de materias primas. Teniendo en cuenta las recientes políticas estadounidenses, en particular bajo el mandato de Trump, ¿cree que esta dinámica vaya a continuar? ¿Podría provocar una reacción política contra los países demasiado alineados con Estados Unidos?

Se observa claramente cómo se intensifica esta dinámica. De hecho, es tan evidente que casi parece trivial analizarla: refleja patrones históricos de larga data.

Desde hace siglos, el papel de América Latina en el sistema mundial está marcado por la extracción de recursos y los intercambios desiguales: los países de la región han exportado materias primas e importado productos acabados.

Se han realizado intentos para salir de este esquema. Entre los años 1930 y 1970, numerosos gobiernos pusieron en marcha estrategias de desarrollo. Más recientemente, durante la «ola rosa» a la que me refería, se han realizado nuevos esfuerzos para promover la industrialización y reducir la dependencia. Hoy en día, líderes como Lula en Brasil y Sheinbaum en México también llevan a cabo políticas industriales.

Bajo el mandato de Trump, sin embargo, Estados Unidos ha adoptado una política exterior aún más brutal, violenta, explícita y transaccional que en el pasado. Esta refleja una forma de poder más directa y coercitiva. En ciertos aspectos, recuerda algunos períodos de injerencia continua de Estados Unidos, política a veces calificada como «diplomacia de las cañoneras».

Históricamente, Estados Unidos ha intervenido en América Latina para asegurarse el acceso a los recursos y apoyar a gobiernos amigos.

Sin embargo, la situación actual difiere del pasado en un aspecto importante: los países de América Latina disponen de más alternativas.

Pueden establecer relaciones con China, con otras economías emergentes, así como con socios regionales o europeos. Esta diversificación podría ofrecer cierta protección frente a las presiones unilaterales ejercidas por Estados Unidos.