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Ha intentado calcular el costo que supone la vasallización para Europa y ha llegado a la cifra de 4 mil millones de euros al día. ¿Cómo ha llegado a esa cantidad exorbitante?
Basta con agrupar cuatro partidas clave de nuestras dependencias, que representan aproximadamente mil millones al día cada una: mil millones relacionados con nuestro déficit energético, mil millones que reflejan nuestro déficit industrial con China y mil millones correspondientes a nuestra factura digital con las empresas estadounidenses. Los últimos mil millones son los que los inversores europeos invierten fuera de Europa en lo que se denomina activos «reales».
Esto supone, en total, cerca de 1,5 billones de euros al año: el equivalente al 90 % del PIB de España, o a la mitad de lo que produce Francia en un año, sale de Europa y va, a grandes rasgos, a parar a nuestros «socios», un término que probablemente habría que replantearse.
También se suele mencionar nuestro déficit de tierras raras…
Su cuantía es menor, de unos cientos de millones de euros al año, y, sobre todo, ya está incluido en los déficits digitales y chinos.
La pequeña parte que no se debe a ello es, por así decirlo, «aceptable», ya que está relacionado en gran medida con el auge de nuestras infraestructuras no fósiles, como la producción de energía descarbonizada o la electrificación de los usos, en particular con los imanes permanentes de los aerogeneradores y los motores de los vehículos eléctricos.
¿Qué justifica sumar estas cuatro partidas? Se refieren a dependencias muy diferentes: respecto a los proveedores de hidrocarburos, a China, a Estados Unidos, a los mercados de capitales…
El atractivo de una economía —o, en el caso de Europa, de un mercado económico integrado— se mide por la competitividad relativa de sus factores de producción. Se trata, en primer lugar, de su mano de obra; en segundo lugar, de su energía; en tercer lugar, de su acceso a materias primas esenciales; en cuarto lugar, de su avance tecnológico (barreras de entrada); y, en quinto lugar, de su costo de capital.
Estos cuatro «déficits» son la manifestación de la desintegración de estos factores.
El déficit energético es bien conocido y resulta emblemático de nuestra dependencia de los imperios de los combustibles fósiles. Hoy en día pagamos nuestro gas natural entre 80 y 100 €/MWh. En Estados Unidos cuesta apenas 8 €/MWh. No solo somos dependientes, sino que la crisis rusa nos ha sacado de una dependencia competitiva y continental, ya que estábamos conectados (ahora, casi el 45 % de nuestro gas se compra en forma líquida, frente a aproximadamente el 20 % antes de la guerra, lo que encarece el precio en la misma proporción, aunque solo sea por el costo de su licuefacción y posterior regasificación). Por lo tanto, compramos demasiado y a un precio demasiado elevado.
En cuanto a las materias primas y los materiales críticos, al igual que la mayoría de los países, no disponemos de ellos o disponemos de muy pocos, por lo que dependemos de un mercado de materias primas y nos encontramos en una situación de desequilibrio respecto a los dos principales actores (Estados Unidos y China), una vulnerabilidad agravada por el debilitamiento, desde hace cinco décadas, de nuestros sectores de industria pesada especializados en la transformación de materias primas.
En cuanto al costo laboral, el déficit chino —que puede relacionarse con la desindustrialización de nuestras economías— refleja, evidentemente, la escasa competitividad de nuestro costo laboral. Podremos volver sobre este tema, ya que esta diferencia tiende a reducirse, pero, por ello mismo, lo que se pone de manifiesto no es la competitividad de la mano de obra china, sino la de todo el modelo: rapidez, integración, competencia interna y, por supuesto, una gran estabilidad en las decisiones industriales y las prioridades que el régimen chino impone a la sociedad. Esto se refleja en los avances industriales.
¿En qué sentido?
Se puede optar por comprar la estructura básica de una planta de producción de hidrógeno en China. Probablemente costará tres veces menos, sin que por ello sea realmente menos eficiente. Pero la implantación de la planta, todo el equipamiento auxiliar que hay que traer, todo el proceso de concesión de permisos, las condiciones impuestas para su puesta en marcha y la gestión de las obras de construcción harán que el conjunto instalado en Europa siga costando entre dos y tres veces más que la misma planta instalada en China. A través de nuestros déficits comerciales con China, se aprecia el agotamiento de la dinámica industrial del continente, que se refleja en las dificultades que tienen todos los grandes proyectos industriales recientes en Europa para cumplir sus plazos y sus presupuestos.
En cuanto a la tecnología, es cierto que contamos con algunos sectores fuertes (aeronáutica, sanidad, agroalimentación y, en parte, el sector nuclear, ya que China, Corea del Sur y Estados Unidos son muy competitivos), pero nuestra dependencia digital es enorme.
Esto es algo relativamente conocido y analizado, lo cual no significa que lo tratemos.
Lo más preocupante hoy en día es el quinto factor, menos conocido, que es el costo del capital; es decir, las expectativas de rentabilidad de los inversores en Europa. Aunque, a primera vista, sigue estando bastante en línea (en los análisis de la rentabilidad de los mercados bursátiles) con lo que se observa en Estados Unidos y es algo menor que en China (debido al riesgo país), está aumentando.
¿Por qué motivos?
Debido al aumento de las tasas de interés, que a su vez es consecuencia del incremento de nuestros costos energéticos más que de un desequilibrio entre la demanda y la oferta en el continente. Y, sobre todo, del aumento de las expectativas de rentabilidad, que son el resultado de una reducción del crecimiento (por lo que los inversores se decantan por un mayor margen en lugar de por un mayor crecimiento a largo plazo) y de la incertidumbre sobre la estabilidad de las trayectorias prioritarias de Europa y, por tanto, sobre la constancia de las políticas públicas que orientan las inversiones de crecimiento, las cuales se pierden en la transposición. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la transición energética.
Esta última parte es fundamental, ya que pone en tela de juicio los factores que permitían a Europa mantener su papel de mercado central: la estabilidad normativa e institucional, la calidad de las infraestructuras y los equilibrios sociales.
Nos encontramos, pues, al borde de un círculo vicioso deflacionista, justo cuando la ambición europea de redefinir las reglas del juego internacional parecía volver a situarnos en la carrera al reformular el concepto de producción e imponer a nuestros principales proveedores —debido a nuestros déficits, seguimos siendo un continente y un mercado de primer orden para la energía, los servicios digitales y muchos otros sectores— a que se ajusten a ellas.
Cuando el costo del capital aumenta, los umbrales a partir de los cuales los inversores toman la decisión de invertir también aumentan, lo que dificulta la toma de decisiones sobre nuevos proyectos. Por otra parte, cuando la normativa parece incierta o susceptible de revisión, los inversores se muestran a la espera, pero esto encarece el costo de los proyectos y, a su vez, eleva las expectativas de rentabilidad.
La espiral está en marcha y alimenta nuestras adicciones a un ritmo de miles de millones de euros al día.
Y se trata de un círculo vicioso, ya que son recursos que no reinvertimos en nuestro país y que, de forma muy concreta, nos impiden recuperar nuestra autonomía.
¿De esos 4 mil millones, cuántos se basan en estadísticas oficiales y cuántos en sus propias estimaciones?
Tres de ellos son perfectamente cuantificables.
Según Eurostat, el déficit con China alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente un 15 % con respecto al año anterior. Es la partida que se está deteriorando más rápidamente. El déficit comercial con China es hoy en día casi universal, lo que, paradójicamente, debilita a China en su relación de fuerzas: ya casi no queda ningún sector en el que pueda amenazarnos con aranceles si nosotros los imponemos por nuestra parte.
Según Eurostat, la factura energética ascendió a 336.700 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 11 % con respecto al año anterior. Sin embargo, la guerra desencadenada por Estados Unidos contra Irán la ha incrementado desde entonces en más de 125.000 millones, según la Comisión, lo que la sitúa muy por encima de los 400.000 millones.
Los 300.000 millones invertidos fuera de Europa son una estimación nuestra, que coincide con el orden de magnitud señalado por Enrico Letta y Mario Draghi; también se desprende del superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona euro.
El ámbito de los servicios acordado con Estados Unidos se ha reducido deliberadamente a los servicios digitales (nube, software y servicios digitales), por los que las empresas europeas pagan más de 250.000 millones de euros al año a las empresas estadounidenses, lo que reduce progresivamente la balanza comercial europea con Estados Unidos, que hasta entonces se mantenía en superávit.
La dinámica actual en torno a la IA, evidentemente, pone aún más de relieve este tema.
Estas cuatro partidas no siguen la misma lógica contable. ¿De verdad se pueden sumar?
La idea era más bien simplificar un tema complicado, con algunas simplificaciones sobre los temas centrales de nuestras dependencias: la energía, el sector digital, China y la disminución de nuestro atractivo (que sigue siendo relativa, ya que, por supuesto, seguimos atrayendo a numerosos inversores; en cuanto a los activos reales, se habla de entre 150.000 y 200.000 millones de euros al año, pero estas cifras llevan disminuyendo desde 2023).
¿En qué medida influye esta cifra en el debate sobre el costo de la transición energética?
Preferimos hablar del costo de la transición en lugar de hablar del costo que supone mantener el statu quo.
Lo que reflejan estas cifras es el costo del statu quo. No solo es considerable, sino que además es variable y sensible a cualquier cambio geopolítico. Por último, no circula por la economía europea, sino que alimenta a otras economías.
El costo y los retos de la transición se han expuesto ampliamente: habría que invertir 800.000 millones de euros al año para construir una Europa resiliente, independiente de otros grandes bloques económicos en lo que respecta a sus fundamentos energéticos e industriales.
Lo que no se entiende tan bien es que el sobrecost. que supone la reubicación de nuestras fuentes de energía para nuestras industrias primarias es reducido en comparación con el producto final.
Así pues, la fabricación de fertilizantes «verdes» (que son derivados del amoníaco, a su vez una combinación de hidrógeno y nitrógeno, obteniéndose el primero generalmente a partir del gas natural, salvo cuando se produce mediante la electrólisis del agua) es decir, a partir de recursos descarbonizados, cuesta entre un 30 % y un 40 % más que los fertilizantes rusos, que hoy en día inundan el mercado europeo de fertilizantes (el 50 % de nuestras importaciones), mientras que el 30 % de nuestras fábricas europeas están paradas, el impacto de este aumento en el precio de una baguette se reduce al 1 %. Hay que elegir bien nuestras dependencias, sobre todo cuando su costo final es ínfimo.
Lo mismo ocurre con el acero. Fabricar acero de calidad para los coches europeos, evitando utilizar coque —que emite 2 toneladas de CO₂ por tonelada de acero—, supondrá un costo adicional de entre el 30 % y el 40 % por bobina en caliente. Pero este sobrecosto, de 200 o 300 euros por tonelada de acero, solo representa, una vez más, entre el 1 % y el 2 % del costo de un auto de gama media.
Analicemos las cifras más destacadas a partir de un caso concreto.
El proyecto de Stegra (acero verde en Suecia, con una capacidad de 2 Mt/año, el mayor proyecto industrial actualmente en construcción en Europa, el primer proyecto de una nueva acería desde el mineral hasta el producto acabado en más de 50 años, con un costo aproximado de 10.000 millones de euros) relocaliza tres de los cuatro parámetros mencionados.
El 80 % de los inversores de este proyecto son europeos y hasta hemos conseguido atraer a inversores asiáticos.
Si hubiéramos querido hacer «lo de siempre», habríamos importado mineral prerreducido de China, y el costo de la importación habría sido, según los precios de mercado, de entre 700 y 900 millones de euros.
Si, a pesar de todo, hubiéramos querido aprovechar los recursos mineros suecos, pero hubiéramos producido hidrógeno a partir de gas natural para reducir ese mineral de hierro, habríamos aumentado las importaciones de gas natural de Europa en 300 millones de euros, probablemente en ese caso en otra ubicación más adecuada para importar gas…
En su lugar, utilizaremos hidrógeno producido con energía hidroeléctrica del norte de Suecia, lo que permite que toda la cadena de valor se desarrolle a nivel local y, además, reducir en un 90 % las emisiones generadas durante la producción.
En eso consiste la transición, en todos los sectores.
Se trata de un camino virtuoso en cada uno de los parámetros mencionados, siempre y cuando no se vea entorpecido por el cuarto, que hemos dejado de lado provisionalmente: la cuestión digital.
¿Qué es lo que lo impide, entonces?
Cada vez oigo decir con más frecuencia que la culpa es de la regulación. Esa es una forma errónea de plantear un problema real.
¿En qué sentido?
Europa aprueba el equivalente a dos directivas por semana, que luego se remiten para su transposición. La mayor parte se aplica, salvo en materia de clima y energía, donde el 45 % de las directivas aprobadas en los últimos diez años no se han transpuesto. Solo unas quince son fundamentales para el clima, pero son muy importantes para la transformación de los procesos industriales y de nuestro mercado energético.
No se trata de no regular, sino de aplicar correctamente la regulación y de no cambiarla constantemente.
Desde mi punto de vista: los 20 mil millones que podemos movilizar en Europa no podrán destinarse a este fin si no se transponen las directivas y, una vez transpuestas, si están destinadas a ser modificadas de nuevo dentro de tres o cinco años.
Los proyectos energéticos suponen una inversión de entre cinco y ocho años, tras lo cual constituirán infraestructuras durante 30 años o más. Se está jugando de forma extremadamente peligrosa con el futuro de Europa, su reputación y su independencia.
Y esto resulta verdaderamente desastroso en un contexto en el que la IA está convirtiendo la transición en un agujero negro.
¿En un agujero negro?
Un agujero negro absorbe todo lo que lo rodea y todo se dirige hacia él, sin que nada salga de él, salvo el aumento de la masa del agujero negro. Eso es lo que ocurre.
La tendencia actual es que todos los centros de datos se instalen allí donde la energía es barata, cerca de los nodos de la red de transporte, y aprovechen los recursos escasos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto industrial: agua, mano de obra cualificada, equipamiento, capital, etc.
Nos disputamos los mismos megavatios, los mismos puntos de conexión, los mismos capitales y la misma mano de obra para llevar a cabo los proyectos.
¿Confirman las cifras esta captación?
Según la Agencia Internacional de la Energía, si todos los proyectos anunciados llegan a materializarse —y no todos lo harán—, los centros de datos representarán entre el 5 % y el 10 % del consumo máximo actual en Alemania y Francia, y cerca del 10 % en España y los Países Bajos. La cartera de proyectos equivale al 130 % de la capacidad instalada de los centros de datos en Europa. Sin embargo, hay que contar entre dos y diez años para conseguir una conexión en la Unión Europea, y entre siete y diez años en los grandes centros (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París, Dublín), mientras que un centro de datos se construye en uno o dos años. En Estados Unidos, las previsiones son mucho más impresionantes. Es fácil comprender que quien llega con un cheque inmediato tiene prioridad sobre quien construye una planta en diez años.
¿No son los centros de datos un chivo expiatorio, cuando parece que la industria europea de alto consumo energético está cerrando sobre todo parte de su capacidad debido al precio de la energía y a la competencia asiática?
Ese es precisamente el tema: mientras no cambiemos las reglas del juego sobre lo que debe ser la energía y lo que significa un modelo productivo sostenible, y no establezcamos normas estrictas sobre cómo producir y sobre las importaciones que sean compatibles con ello, seguiremos viendo cómo los puestos de trabajo y las fábricas se deslocalizan por las razones mencionadas anteriormente.
Ya no tenemos ninguna ventaja competitiva en los principales aspectos que determinan el atractivo, a menos que cambiemos esos aspectos, las reglas del juego.
Cuando se sigue siendo la primera potencia (colectiva) mundial en importación de energía y una de las primeras en las principales materias primas del planeta, aún se tienen los medios para decidir qué se compra y qué se produce por cuenta propia. Y esto es así sobre todo cuando la situación de dependencia hace cada vez más asumible el riesgo de represalias en forma de aranceles impuestos por nuestros socios, por no hablar de aquellos que no han esperado a imponerlos de forma unilateral, como Estados Unidos.
Mecanismos como el ajuste de carbono en las fronteras y el conjunto de normas que consisten en fijar un precio al carbono, que es un sustituto de la protección frente a lo que no se produce localmente (puesto que no disponemos de energía fósil local —europea — o disponemos de muy poca) van en esta dirección. Lo mismo ocurre con la Ley de Aceleración Industrial (IAA), junto con los «mercados líderes», siempre que se tengan en cuenta las cadenas de valor de principio a fin para no provocar una pérdida de competitividad en los productos semiacabados o acabados.
¿Por qué iba a ser esto más grave que cualquier otro conflicto laboral?
El tema de la IA es mucho más amplio. En primer lugar, porque las necesidades energéticas son enormes y no se trata de necesidades cuyas salidas de mercado se localicen inmediatamente en Europa, ya que los datos circulan muy rápido y, hoy en día, llegan más lejos.
Por lo tanto, los datos se han convertido, de hecho, en el vector para la captación masiva de un recurso que actualmente escasea: la electricidad competitiva y con bajas emisiones de carbono. Justo lo que necesitamos para transformar nuestras industrias primarias en industrias resilientes y locales.
En segundo lugar, porque la creación de empleo por MW en la economía de los centros de datos es muy escasa y, además, se distribuye entre todos los usos posteriores, a nivel mundial, de los datos y de lo que estos permiten, y porque, además, todo apunta a que el despliegue de la IA en la economía real conllevará una gran destrucción de empleo, una destrucción que no tiene por qué ser necesariamente tan generadora de empleo.
Por último, porque aún no hemos encontrado la herramienta adecuada para garantizar que lo que se crea a nivel local pueda, en caso de necesidad, reservarse y protegerse para almacenar, procesar y satisfacer las necesidades de nuestros territorios, precisamente debido a la gran interconectividad que existe entre todos los servidores del mundo.
Un MWh en una acería, una fábrica de fertilizantes o una planta de metanol permite producir un bien comercializable, generar una cadena de valor y crear miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Ese mismo MWh en un centro de datos genera un servicio cuyo valor se capta en gran medida en otros lugares y unas pocas decenas de puestos de trabajo in situ. Si la decisión se toma en detrimento de los puestos de trabajo y del valor añadido que genera un MWh, entonces estamos creando las condiciones para una mayor desindustrialización.
La IA, como vemos, presenta las características propias que la convierten en una industria «monopolística», ya que los más poderosos, que disponen de los modelos más eficaces, se benefician, al igual que en la economía digital, de un acceso inmediato a grandes volúmenes de datos.
La transición energética en curso es un enfoque que cambia las reglas del juego, pero mantiene la dinámica competitiva del mercado, lo cual resulta beneficioso para los clientes finales. En el caso de la IA, eso no está tan claro.
No se trata de una discusión teórica.
Varios proyectos ya se han visto afectados por esta competencia repentina.
Algunas cosas ya no volverán a suceder.
Otros han visto cómo sus costos de construcción aumentaban hasta el punto de poner en peligro su viabilidad. Otros han tenido que ceder los accesos a los terrenos previstos porque las ofertas de los operadores de centros de datos eran varias veces superiores. Esto ocurre en Europa, en Sudamérica, en Canadá y en cualquier lugar donde haya un potencial hidroeléctrico o nuclear abundante y competitivo.
Cuando hay un déficit temporal de demanda eléctrica (como ocurre en Francia), es un poco como un espejismo y, muy pronto, la demanda se infla con los proyectos, hasta el punto de generar rápidamente una demanda que sustituirá a la que procedía de la puesta en marcha de nuestras industrias descarbonizadas, fuentes de valor añadido y de empleo directo e indirecto muy difícil de deslocalizar.
Francia y otros países europeos lo han comprendido y están definiendo progresivamente una especie de «carriles de nado», por así decirlo, para proteger lo que debe destinarse a la industria y a otros servicios esenciales de nuestras sociedades.
Es urgente plasmar por escrito lo que queremos hacer con la IA, antes de que esta ola acabe de destruir la ambición europea inicial.
Usted lamenta que cada día se gasten mil millones debido a la dependencia digital respecto a Estados Unidos. ¿No es probable que frenar la expansión de los centros de datos en Europa agrave este problema?
Hay varias preguntas.
La primera es qué queremos hacer con esta tecnología. No sabemos cómo frenar una tecnología que altera de forma tan considerable nuestro acceso al conocimiento, aunque forme parte de esa aceleración del ritmo del mundo que supone un desastre para los grandes equilibrios ecológicos, biológicos y climáticos.
Por lo tanto, nos costará mucho impedirlo. No obstante, a la larga debemos ser capaces de encontrar una forma de orientar su uso, de manera prioritaria, hacia aquellos ámbitos que mejor sirvan al bien común y, de este modo, reducir su influencia en nuestras sociedades.
La segunda es garantizar que lo que se construya y se desarrolle en el territorio europeo sirva, ante todo, a los europeos. Ya hemos sentado, a través del RGPD y de toda la normativa sobre servicios digitales y protección de datos de los ciudadanos europeos, las bases de un marco jurídico para proteger nuestros datos y sus usos. También habrá que garantizar que los activos de tratamiento y almacenamiento de datos ubicados en Europa cuenten con normas que den prioridad al uso y la conservación de los datos europeos.
Por último, debemos encontrar nuestro lugar en la cadena de valor de esta tendencia, tanto en las infraestructuras como en la fase final de la cadena. No se trata solo de una cuestión de competitividad, sino también de que, si los beneficios de esta tecnología se quedan en manos de los cuatro o cinco principales líderes estadounidenses o chinos (aún no sabemos todo lo que esto nos va a costar a cada uno de nosotros), entonces los beneficios que genera no podrán redistribuirse y, sobre todo, no podrán impulsar el otro movimiento fundamental que afecta a nuestras economías desarrolladas: la economía de los servicios a las personas, de la que se espera un crecimiento de varios millones de puestos de trabajo, fundamentales para las personas vulnerables y dependientes, para mantener las relaciones en nuestras sociedades que se digitalizan, y cuyos motores de productividad, por naturaleza débiles, serán capturados en su mayor parte por lo digital. De ello depende nuestra soberanía social a mediano plazo.
¿Se aplica este argumento también al capital?
Es aún más notable. En Estados Unidos, la construcción de centros de datos y el equipamiento asociado representaron aproximadamente el 0,8 % del PIB en el primer trimestre de 2026, y el conjunto de las infraestructuras informáticas, alrededor del 1,5 %, frente a una media del 0,7 % entre 2015 y 2022. Varias estimaciones atribuyen a estos gastos entre un tercio y la mitad del crecimiento estadounidense. Se ha convertido en el principal motor de la inversión privada.
En Europa no disponemos ni del mismo volumen de capital ni de la misma cantidad de electricidad disponible. Lo que destinamos a los centros de datos, sencillamente no lo destinamos a otra parte.
Usted describe el principal motor del crecimiento estadounidense. ¿Por qué debería Europa mantenerse al margen? ¿Cree que se trata de una burbuja?
El futuro dirá cuál es el tamaño de la burbuja, ya que, como ocurre inevitablemente en toda gran ola tecnológica sistémica, se produce un efecto de burbuja, cuyo estallido permite posteriormente reajustar el valor de los activos a un nivel que los haga competitivos. Por lo tanto, es probable que eso ocurra, y ya lo veremos.
Europa no puede quedarse al margen, pero sacrificar su ambición general respecto a su modelo económico del futuro sin definir claramente qué responde a nuestras necesidades y qué responde a las necesidades de los demás sería un error muy grave.
¿Entonces, está pidiendo que se elija?
Pido que se elija de forma explícita en lugar de implícita. La Ley del Acelerador Industrial es un medio excelente para volver a situar a la industria en el centro, y no quisiera que se echara por tierra de nuevo con la inteligencia artificial.
Dejemos de cambiar lo seguro por lo incierto. Llevamos 20 años haciéndolo, persiguiendo cada año la nueva burbuja, en lugar de mantener el rumbo.
Decir que necesitamos un poco de inteligencia artificial es cierto, pero primero hay que resolver la cuestión del tratamiento de nuestros datos, algo que aún no está garantizado.
A continuación, hay que definir con precisión qué está destinado a la inteligencia artificial y qué al resto de la industria. De lo contrario, la industria no se recuperará.
En concreto, ¿qué mecanismo propone? ¿Criterios de prioridad para la conexión? ¿Cuotas? ¿Un precio diferenciado? ¿Y quién decide? ¿Bruselas, los Estados o los gestores de la red?
Se necesitan «carriles de nado» y normas de soberanía por defecto sobre los centros de datos que se construyen en nuestro territorio, para que ninguna potencia extranjera pueda cortar de forma brusca el acceso a los datos y el funcionamiento de nuestros sistemas cuando estos se encuentren en nuestro territorio.
De alguna manera, hay que volver a integrar lo digital en la realidad de nuestros territorios.
Y si esta economía puede sufragar parte del costo de nuestra descarbonización financiando la parte que le corresponde del refuerzo de nuestras capacidades de producción, transporte y distribución de electricidad, habrá sido algo positivo en lugar de convertirse en un agujero negro para nuestras esperanzas.
Por otra parte, en lo que respecta a la gobernanza, los Estados deberían tener la madurez y la responsabilidad suficientes para encargar a los gestores de redes y a las autoridades reguladoras nacionales que encuentren el equilibrio adecuado.
Pero llegará un momento en el que Europa tendrá que dar por terminada la partida.
Dicho esto, España, Dinamarca, Noruega y otros países ya han puesto en marcha medidas para frenar esta tendencia. Francia lo ha hecho muy recientemente.
Por último, ¿por qué indicadores europeos? Porque en todos estos temas, si fuéramos capaces de razonar primero a escala europea antes que a escala nacional, daríamos un auténtico paso de gigante.