Tras la dura prueba de la prueba dura

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La teoría política clásica consideraba que los debates de la esfera pública eran a la vez el reflejo y el baluarte de la democracia. Este espacio parece haberse convertido más bien en el lugar donde asistimos, consternados, al derrumbe, lento y, sin embargo, brutal, de su estructura.

Algunos pensadores, como Chantal Mouffe, objetarían que la situación es menos grave de lo que parece: el polemos sería la forma habitual, agonística, del debate democrático. El conflicto, y no el consenso, sería su estado normal, incluso deseable. En contra de lo que Mouffe denomina la «ilusión deliberativa» de Habermas, el conflicto sería constitutivo de toda política auténtica, ya que los desacuerdos profundos nunca se resuelven mediante la discusión racional: están condenados a enfrentarse de forma duradera. Lejos de ser una disfunción que haya que corregir, el conflicto es la esencia misma de lo político, ya que los hombres y las mujeres, sus intereses y sus valores, presentan una pluralidad irreductible (lo que Mouffe denomina pluralismo agonístico). En este sentido, el conflicto político es «trágico»: opone puntos de vista irreconciliables.

Si esto es así, hay dos posibilidades: o bien nuestro espacio público no adolece de ningún mal, o bien lo que en él reviste carácter patológico debe analizarse no como un fracaso del consenso, sino como una patología del propio desacuerdo. Mouffe lo da a entender cuando distingue el agonismo —relación entre adversarios que se reconocen mutuamente el derecho a existir— del antagonismo, división entre amigo y enemigo que conduce a la guerra civil. En una democracia pluralista, el oponente no es un enemigo al que hay que derrotar, sino un adversario legítimo: se cuestionan enérgicamente sus ideas, pero nunca su derecho a defenderlas. De ahí surge la pregunta: ¿cuándo se convierte el adversario en enemigo? Y, más fundamentalmente, ¿qué es lo que, en la arquitectura informativa del espacio público actual, hace posible esta transición? Si el mal radica menos en nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo que en un desacuerdo que se ha vuelto patológico, es la propia estructura de las controversias lo que hay que examinar.

Para comprender sus mecanismos, planteo un axioma: la defensa de una causa justa debe seguir la verdad de los hechos, sin adelantarse a ella ni ignorarla. Procederé de forma inductiva y empírica, comparando dos controversias —el caso Dreyfus y la polémica sobre la calificación de genocidio aplicada a la guerra de Gaza— para sacar a la luz la infraestructura del debate contemporáneo y, con ello, el malestar que carcome el espacio público. La comparación se justifica aún más si se tiene en cuenta que el caso Dreyfus presenta todas las características de las polémicas violentas: dos bandos claramente identificados, una prensa comprometida, una polarización que atraviesa la sociedad hasta el seno de las familias, acusaciones morales por ambas partes, intentos de asesinato (contra Labori, el abogado de Dreyfus, y contra el propio Dreyfus), quizá incluso un asesinato (la muerte de Zola, asfixiado en 1902 por una chimenea obstruida, tal vez no fuera accidental). El caso reunía así todos los ingredientes de la polarización, hasta llegar a la violencia; y la división, lejos de limitarse a los intelectuales, atravesaba toda Francia. Último punto en común: ambos casos plantean, cada uno a su manera, la cuestión del antisemitismo, uno a escala nacional y el otro a escala mundial. Por muy profundas que sean sus diferencias, se parecen lo suficiente como para que su comparación resulte instructiva.

La verdad, un reto real y verificable

En septiembre de 1894, el contraespionaje militar francés interceptó en la embajada de Alemania en París un documento anónimo, el «bordereau», una carta manuscrita que anunciaba la entrega de documentos militares confidenciales. Demostraba que un traidor, dentro del ejército, proporcionaba información a Alemania, enemiga de Francia desde la guerra de 1870.

El caso Dreyfus se basaba en una cuestión concreta, fáctica y susceptible de ser resuelta: ¿era Dreyfus culpable de espionaje? Para responder a ella, se recurrió a documentos, peritajes grafológicos, testimonios y pruebas materiales. La polémica giraba en torno a hechos tangibles y, sobre todo, todos los consideraban verificables. La mejor prueba de este consenso epistemológico: muchos de los implicados cambiaron de opinión a lo largo del proceso ¹.

Georges Picquart, el glorioso antisemita

El oficial Georges Picquart compartía los prejuicios antisemitas del ejército de su época. Nombrado en 1895 al frente del contraespionaje militar (la «sección de estadística»), vio surgir nuevos indicios. En marzo de 1896, se encontró en la papelera del agregado militar alemán, Schwartzkoppen, una tarjeta telegráfica rasgada (un «petit bleu») dirigida al comandante Esterhazy, que revelaba sus relaciones con Alemania. Picquart comparó la letra de Esterhazy con la del resguardo, el documento que había llevado a la condena de Dreyfus: eran idénticas. La nota estaba escrita de puño y letra por Esterhazy. A continuación, Picquart se hizo con el expediente secreto que se había facilitado ilegalmente a los jueces del consejo de guerra y descubrió que no contenía prácticamente nada concluyente: la mayoría de las pruebas no guardaban relación con Dreyfus o se habían interpretado de forma errónea. De ello dedujo la inocencia del capitán.

Cuando comunicó su descubrimiento a su superior, el general Gonse, este se enfadó: el caso estaba cerrado, no se iba a reabrir por el mero hecho de que el hombre fuera inocente. Picquart se negó a ceder; para silenciarlo, lo enviaron a Túnez. Temiendo por su vida, confió en secreto sus descubrimientos, en 1897, a su abogado, Louis Leblois; así llegaron al vicepresidente del Senado, Auguste Scheurer-Kestner.

Esterhazy, juzgado ante un consejo de guerra, fue absuelto el 11 de enero de 1898, y Picquart fue detenido justo en el momento en que Zola publicaba J’accuse. El 22 de septiembre de 1898, lo encarcelaron en la prisión militar de Cherche-Midi, la misma en la que Dreyfus había estado recluido antes de su juicio.

Picquart, cuyo papel fue decisivo, al principio no sentía ninguna simpatía por Dreyfus: lo creía culpable, estaba apegado al ejército y pretendía defender su versión. Si cambió de opinión, fue por razones puramente documentales. Constituye el caso ejemplar de un hombre guiado por los hechos en contra de sus intereses y, sobre todo, en contra de sus convicciones. Las pruebas lo convencieron intelectualmente antes de comprometerlo moralmente. La reacción de sus superiores (silenciar sus descubrimientos, fabricar nuevas pruebas falsas y, posteriormente, encarcelarlo) no hizo más que confirmar que la condena de Dreyfus se basaba en una mentira. Hay que rendir homenaje a este hombre que supo anteponer la verdad tanto a su lealtad hacia la institución a la que servía como a sus propios prejuicios antisemitas.

Jean Jaurès, una conversión ideológica

La trayectoria de Jaurès, más compleja, resulta políticamente más instructiva. Al principio indiferente, incluso reacio, a la causa de Dreyfus, no estaba del todo exento del antisemitismo imperante. Su perspectiva socialista le hacía ver en el caso una disputa burguesa entre un rico oficial judío y la institución militar; ninguna de las dos partesde representaba a la clase obrera.

Pero a medida que la culpabilidad de Esterhazy se hacía cada vez más difícil de negar y las maniobras del Estado Mayor salían a la luz, Jaurès comprendió que la coalición antidreyfusista (el ejército, la Iglesia, los monárquicos) encarnaba las fuerzas reaccionarias que el socialismo debía derrotar. El caso se convirtió para él en una lucha por la República. Se sumergió en las actas de los juicios y publicó, en otoño de 1898, Les Preuves, un desmontaje metódico de la acusación. En ella demostraba, en particular, que el expediente secreto se había comunicado a los jueces a espaldas del abogado de Dreyfus, incumpliendo las normas más elementales del Estado de derecho. «Queremos proporcionar al proletariado los elementos de discusión y las pruebas que hemos recopilado», escribía en el prefacio (el subrayado es nuestro). También para él, las pruebas venían primero y el imperativo moral, después. Hay que rendir homenaje, una vez más, a Jaurès, que supo cambiar de perspectiva política y revisar sus categorías de análisis. 

Émile Zola, de observador a protagonista

Zola seguía el caso con un malestar creciente. Cambió de postura en otoño de 1897, tras escuchar a Scheurer-Kestner y conocer el expediente que demostraba la inocencia de Dreyfus. Comprendió que se necesitaba un golpe de efecto espectacular para sacar a la opinión pública del punto muerto. Su carta abierta tenía como objetivo deliberado provocar un juicio por difamación, en el que las pruebas salieran a la luz. Más aún que los hechos, fue su encubrimiento lo que le impulsó a actuar: lo consideraba moralmente intolerable.

El coronel Henry había falsificado documentos para suplir la escasez de pruebas del expediente auténtico. Cuando fueron descubiertos, en agosto de 1898, y él se quitó la vida en su celda de Mont-Valérien, muchos de los que se oponían a Dreyfus quedaron conmocionados. El caso concluyó con un indulto (1899), una ley de amnistía (1900) y una sentencia del Tribunal de Casación de 1906 que anulaba el veredicto sin remitirlo a un nuevo tribunal. Aunque sus motivaciones fueran más políticas que morales, las instituciones no tuvieron más remedio que ceder ante el conjunto de pruebas: Dreyfus fue rehabilitado ese mismo año. Si la polémica llegó a su fin en lo esencial, fue porque había tenido un objeto claro y delimitado, y porque se había ajustado a las normas de la práctica probatoria.

En el caso Dreyfus, los hechos ocuparon un primer plano y acabaron por imponerse, si no ante el bando antidreyfusista, al menos ante muchos de los que podrían haber permanecido indiferentes. El fraude institucional (pruebas falsificadas, sesiones a puerta cerrada, testimonios falsos) había precipitado incluso el derrumbe de la posición antidreyfusista: cada fraude revelado desacreditaba todo el edificio, ya que cada bando se sostenía únicamente gracias a su fiabilidad epistémica. El bando antidreyfusista había acabado por mostrarse indiferente al régimen probatorio, a pesar de que este había prevalecido en las instituciones (el Tribunal de Casación, la República).

La figura del intelectual: su origen y su legitimidad

El sustantivo «intelectual» se impuso durante el caso Dreyfus. Los antidreyfusistas, con Barrès a la cabeza, lo emplearon para burlarse de Zola y de los firmantes de las peticiones dreyfusistas: en sus escritos, la palabra tenía un sentido peyorativo. El caso inventó así la figura del intelectual que defiende, en un mismo gesto, la verdad y los principios morales que están vinculados a ella, y que se han vuelto indisociables.

Esta figura se sustenta en un tipo particular de autoridad. Zola no es ni jurista, ni militar, ni político: es un novelista famoso que interviene en nombre de la autoridad moral que le otorgan sus novelas naturalistas y su descripción del mundo obrero. Su J’accuse saca su fuerza del hecho de que no es parte implicada en el conflicto, como sí lo eran Bernard Lazare o Mathieu Dreyfus. No es judío, al igual que la mayoría de los defensores de Dreyfus, desde Anatole France hasta Jaurès, pasando por Charles Péguy y Octave Mirbeau, por citar solo a algunos; en cuanto a los orígenes judíos de Proust, por parte de su madre, no tienen nada que ver con su compromiso. Estos intelectuales podían presentarse de forma convincente como ajenos al grupo al que se asignaba a Dreyfus y, por tanto, desinteresados (muchos tenían más que perder que ganar al defender a un capitán judío). Una postura tan desinteresada podía, al mismo tiempo, aspirar a lo universal.

Zola no solo era famoso: era moralmente serio, en el sentido que le daba el siglo XIX. Los Rougon-Macquart lo habían convertido en el intrépido investigador de la verdad social, y su autoridad literaria se transformaba en autoridad epistémica. Eran pocos los que podían dirigirse a toda la nación, y esa escasez daba peso a cada voz; la de Zola podía llegar a un público indeciso.

La lentitud, condición de la seriedad

El caso duró doce años, de 1894 a 1906. Durante doce años se acumularon los argumentos, las pruebas salieron a la luz poco a poco, las posturas evolucionaron y algunos cambiaron de bando tras examinar los hechos. Las actas taquigráficas de las vistas permitían al público seguir los debates palabra por palabra; se leían folletos y libros. La polémica tenía profundidad porque disponía de tiempo.

Doce años son suficientes para sacudir profundamente la vida política. El caso profundizó la brecha entre republicanos y antirrepublicanos; e incluso contribuyó a cohesionar el bando republicano. Se tomó tan en serio que varias personalidades destacadas tuvieron que dimitir a medida que la verdad salía a la luz: el jefe del Estado Mayor, Boisdeffre, dimitió al día siguiente de la confesión de Henry, en agosto de 1898, y el ministro de Guerra, Cavaignac, unos días más tarde. Una vez más, la lentitud del proceso y la gravedad de estas dimisiones ponían de manifiesto la seriedad del caso. 

El caso del «genocidio» en Gaza

Hablo de «caso» en relación con la acusación de genocidio en Gaza porque, al igual que en el caso Dreyfus, se formula una acusación de extrema gravedad, esta vez contra un Estado. Llevada ante la justicia y ampliamente cuestionada, a muchos les parece motivada por el antisemitismo. Enfrenta a dos bandos políticos fuertemente antagónicos y provoca manifestaciones y actos de violencia antisemita. La acusación ya no es de alta traición, sino del «crimen de los crímenes».

El genocidio, como categoría jurídica y moral, a menudo se ha reconocido a posteriori. El genocidio armenio apenas se denominó como tal durante décadas. La Shoá no se reconoció plenamente hasta años después de los hechos. En Ruanda, en 1994, mientras se producían las masacres, los responsables occidentales se esforzaban por evitar el término y hablaban de «actos de genocidio» para eludir sus obligaciones jurídicas. Se necesitaron años de procedimientos para que el genocidio de Srebrenica quedara jurídicamente establecido. El patrón se repite: se produce la atrocidad, las pruebas se acumulan durante meses o años, investigadores y juristas debaten las definiciones, y las instituciones acaban juzgando, cuando lo hacen. La palabra «genocidio» llegaba tarde, con pesadez, tras una larga deliberación y sobre la base de pruebas abrumadoras; si algunos siguen negando lo ocurrido en Srebrenica, no es por falta de pruebas. ¿En qué se basa entonces la acusación de que la respuesta masiva de Israel en Gaza constituiría un genocidio?

Análisis de las pruebas en las que se basan las acusaciones de genocidio contra Israel

El caso Dreyfus tuvo lugar en un mundo en el que el encubrimiento de los hechos era el principal obstáculo para la verdad. El ejército ocultaba documentos, falsificaba pruebas y controlaba lo que el público podía saber. La fuerza retórica de Picquart y Zola provenía de la revelación: ¡esto es lo que han ocultado! Dicha revelación tenía un valor tanto probatorio como moral, ya que el encubrimiento constituía un escándalo.

Gaza plantea el problema contrario, el de un exceso de documentación: imágenes de satélite, testimonios, recuentos de víctimas, demandas presentadas ante la CIJ, investigaciones de la ONU, vídeos grabados. El obstáculo no es la falta de pruebas, sino la imposibilidad de que cada una de ellas resulte decisiva en un espacio informativo saturado y fragmentado, donde cada documento se enmarca de inmediato en un contexto moral preestablecido. Por eso se ha podido ignorar la arquitectura jurídica del genocidio, y el veredicto lo ha dictado la opinión pública ². 

El umbral jurídico de la «intención genocida» es extremadamente elevado

Para que la acusación sea fundada, debe demostrarse el dolus specialis, es decir, la intención específica y demostrable de destruir a un grupo como tal, y no como consecuencia inevitable de operaciones militares, por muy espantosos que sean sus resultados.

Según una jurisprudencia internacional bien establecida, los actos de genocidio deben tener como objetivo deliberado la destrucción del grupo. El cambio de un criterio volitivo (querer la destrucción) a un criterio cognitivo (preverla como probable) ha permitido difuminar la cuestión central de la acusación, la de la intención, en lo que respecta a la responsabilidad de un Estado ³. Aunque sea previsible, un gran número de víctimas civiles no constituye jurídicamente un genocidio si la intención no es destruir al grupo. Sin embargo, a falta de una investigación oficial que haya llegado a su fin, seguimos sin saber cuáles fueron las órdenes y las intenciones del ejército, ni si la muerte de los civiles fue intencionada como tal (los daños colaterales, por muy dolorosos que sean, no entran dentro de la definición de genocidio).

El uso selectivo y fuera de contexto de las declaraciones como pruebas

Para demostrar la intención, Sudáfrica, que ha presentado la demanda ante la CIJ, se ha basado en una recopilación de declaraciones de responsables políticos israelíes. El equipo jurídico israelí replicó que se trataba de declaraciones sacadas de contexto, simples «afirmaciones aisladas». Amos Yadlin, antiguo jefe de los servicios de inteligencia militar israelíes, consideró que la acusación carecía de fundamento: el objetivo, según él, era destruir a Hamás, no a los palestinos ⁴. John Spencer, oficial estadounidense retirado y especialista en guerra urbana, aunque reconoció la magnitud de la destrucción, sostuvo que Israel no estaba cometiendo un genocidio, alegando «la gran cantidad de pruebas de lo que Israel está haciendo para preservar las infraestructuras, la vida civil y para prestar servicios» ⁵.

Por su parte, el informe de Amnistía Internacional publicado en diciembre de 2024 llegaba a la conclusión de que se trataba de un genocidio. Para ello se basaba en gran medida en declaraciones de responsables políticos, en su mayoría sin autoridad alguna sobre Tsahal, y no daba ningún peso a los elementos contrarios: los recordatorios del fiscal general militar de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el deber de los soldados de respetar el derecho de la guerra, los informes desclasificados del gabinete en los que se ordenaba al ejército aumentar la ayuda humanitaria en Gaza, o las advertencias en las que se instaba a la población civil a evacuar sus hogares. La sección israelí de Amnistía Internacional, la más cercana a los acontecimientos y al terreno, por su parte, había desautorizado el informe de la organización matriz tras su publicación. Este desacuerdo no dio lugar a ningún debate ni a ninguna deliberación sobre los métodos de análisis y recopilación de pruebas: la delegación israelí fue suspendida durante dos años en enero de 2025 y, en la actualidad, se encuentra definitivamente cerrada. 

Seleccionar las declaraciones incendiarias de personajes de segunda fila y descartar todos los elementos contrarios constituye un vicio probatorio, sobre todo teniendo en cuenta que los indicios apuntan tanto a una destrucción masiva como a una política sistemática que va en sentido contrario (el ejército israelí, por ejemplo, autorizó la distribución de vacunas o intentó alejar a los civiles del peligro mediante miles de mensajes de advertencia). La acusación de genocidio exige una lenta acumulación de pruebas de intención, que quizá salga a la luz al término de la investigación, pero que por el momento brilla por su ausencia. Lo que sí sabemos con certeza, en cambio, es que hay suficientes elementos que contradicen la tesis del genocidio como para que podamos afirmar, con la humildad necesaria ante una acusación tan grave: no sabemos si ha habido genocidio. 

La confusión entre crímenes de guerra y genocidio

Es probable que Israel haya cometido graves violaciones del Derecho internacional humanitario, pero estas no constituyen, por sí mismas, un genocidio. Su representante legal, Christopher Staker, defendió ante la CIJ que «las muertes inevitables y el sufrimiento humano propios de cualquier conflicto no constituyen, en sí mismos, una conducta que demuestre de manera plausible una intención genocida» ⁶.

Investigadores del Centro Begin-Sadat de la Universidad Bar-Ilan han señalado que, para demostrar el genocidio, quienes acusan a Israel deberían demostrar que este país intentó maximizar las pérdidas civiles, y que las numerosas medidas adoptadas para reducirlas, por muy imperfectas que fueran, hacen que la acusación sea insostenible. Ni las probables violaciones del derecho de la guerra ni la decisión, por catastrófica que fuera, de bloquear la ayuda humanitaria durante once semanas en la primavera de 2025 constituyen un genocidio. Danny Orbach, historiador especializado en historia de la guerra de la Universidad Hebrea de Jerusalén y autor principal del estudio, afirmó que la acusación «es insostenible a la luz de las medidas adoptadas por Israel para reducir las bajas civiles, aunque las Fuerzas de Defensa de Israel no hayan tratado de minimizar los daños colaterales en el 100% de los casos, y aunque dichas medidas no siempre hayan sido eficaces» ⁷. Lo que hiere la sensibilidad moral y humanitaria no equivale, por sí mismo, a un veredicto jurídico. Esta distinción, aunque elemental, ya no sabemos hacerla. 

Suavizar el genocidio

Cuando las pruebas son débiles, solo queda un recurso: ampliar y flexibilizar deliberadamente la definición de genocidio. Para que la guerra en Gaza pueda calificarse de genocidio, Amnistía Internacional ha criticado explícitamente como «demasiado restrictiva» la definición adoptada por la jurisprudencia internacional, en particular los criterios de la Corte Internacional de Justicia, que harían muy difícil calificar un conflicto armado como genocidio. Ha optado por un enfoque más «flexible», deduciendo la intención a partir de patrones de comportamiento, declaraciones de los responsables y la magnitud de la destrucción. En cuanto al criterio de la CIJ, según el cual la intención genocida debe ser la única conclusión razonable que se pueda extraer de los hechos, el informe afirma: «Como se expone a continuación, Amnistía Internacional considera que se trata de una interpretación demasiado restrictiva de la jurisprudencia internacional, que excluiría de hecho cualquier conclusión de genocidio en el contexto de un conflicto armado. » Así, Amnistía ha descartado el criterio jurisprudencial de referencia y lo ha remodelado para encajar la acción militar en Gaza en su propio escenario. El procedimiento da que pensar. 

El informe afirma además que «no se ha encontrado ninguna prueba, en ninguno de los casos, de la existencia de un objetivo militar legítimo en el lugar del ataque o en sus inmediaciones». Pero el hecho de no encontrar rastros de un objetivo militar no demuestra que la intención fuera atacar a civiles, y mucho menos cometer un genocidio. La ausencia de pruebas de un objetivo militar no equivale a una prueba de que se apuntara a civiles: sin embargo, Amnistía equipara una cosa con la otra, a costa de un sofisma probatorio elemental. 

La extraña tergiversación de la resolución de la CIJ

La principal fuente de confusión en el debate público radica en que la orden sobre medidas cautelares dictada por la CIJ el 26 de enero de 2024 se ha interpretado como una resolución sobre el fondo del asunto. Sin embargo, la propia Corte señala: «En esta fase del procedimiento, […] la Corte no debe pronunciarse definitivamente sobre si existen los derechos que Sudáfrica desea que se protejan. Solo debe determinar si los derechos que Sudáfrica reivindica y cuya protección solicita son plausibles» ⁸. Considerar una alegación «plausible» —lo cual basta para ordenar medidas cautelares— no equivale a establecer que se haya producido un genocidio, sino únicamente a reconocer que la cuestión merece ser examinada (y soy la primera en exigir que se lleve a cabo dicho examen). No obstante, la resolución se interpretó en gran medida como un veredicto, algo que en absoluto era.

El 29 de abril de 2026, Karim Khan, fiscal de la CPI que en aquel momento se encontraba de baja, concedió una entrevista muy comentada al periodista Mehdi Hasan para su plataforma Zeteo. Hasan le presionó en varias ocasiones para que declarara que las acciones de Israel en Gaza constituían un genocidio. Khan, que no es en absoluto un simpatizante de Israel (fue él quien solicitó en 2024 las órdenes de detención contra Benyamin Netanyahu y Yoav Gallant), se negó a hacerlo: «Habría que ser un fiscal imprudente para actuar simplemente bajo la presión de la opinión pública. Se actúa basándose en las pruebas» ⁹.

Khan se negaba a ratificar el veredicto de genocidio, lo que tal vez indicaba que aún no se habían reunido todas las pruebas. Cuando Hasan objetó que «prácticamente todos los expertos» hablan de genocidio, se mantuvo firme: «No se descarta ningún delito si hay pruebas», afirmó, sin llegar a decir que dichas pruebas existieran.

Esta declaración debería haber tenido dos efectos: suspender la acusación hasta que el Tribunal hubiera concluido sus trabajos y centrar el debate en la proporcionalidad de la respuesta israelí y sus violaciones del derecho de la guerra. No fue así; los periódicos y las redes sociales apenas se hicieron eco de la aclaración. En realidad, a la parte acusadora le son indiferentes los procedimientos judiciales, las definiciones jurídicas y las pruebas efectivas. Estos procedimientos, que fueron el núcleo del caso Dreyfus, han desaparecido aquí discretamente. Se prefiere la infamia que conlleva una palabra cargada de historia. 

La velocidad de la información

Apenas unos días después del inicio de la respuesta israelí, en octubre de 2023, académicos, activistas e intelectuales ya hablaban de genocidio. Ya el 13 de octubre, Raz Segal, un historiador israelí especializado en genocidios y por entonces poco conocido, calificaba en Jewish Currents las operaciones israelíes de «caso de libro de genocidio». Esta tesis, formulada casi al día siguiente del estallido de la guerra, fue tomada en serio de inmediato por los medios de comunicación y los activistas.

El 29 de diciembre de 2023, menos de tres meses después del inicio de la guerra, Sudáfrica presentó una demanda ante la CIJ basándose en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, alegando que Israel estaba cometiendo un genocidio contra los palestinos de Gaza. (El único precedente más rápido: Ucrania, que recurrió a la CIJ dos días después de la invasión rusa, pero precisamente para denunciar el uso abusivo que Putin hacía de la acusación de genocidio.)

Concebida para procesos institucionales lentos, la arquitectura jurídica de la Convención se estaba aplicando a un ritmo para el que nunca se había previsto. Apenas se había iniciado la respuesta en Gaza, ya se había pronunciado la palabra y se había aplicado con autoridad a una situación que, como es bien sabido, se encontraba sumida en la confusión de la guerra.

El «J’accuse» de Zola debía en parte su fuerza al hecho de que se publicó tras más de tres años de recopilación de documentos, recursos desestimados, pruebas de falsificación y descubrimientos silenciados. Dreyfus era un solo hombre, su caso era sencillo y, sin embargo, hicieron falta tres años para que saliera a la luz la verdad. La intervención de Zola coronaba un largo proceso probatorio, y su autoridad se debía también a ese carácter tardío.

Las acusaciones relativas a Gaza surgieron con una rapidez asombrosa, al inicio de la guerra, y no en su ecuador ni al final de la misma. Por eso dan la sensación de haber hecho caso omiso del propio concepto de prueba. Entendámonos bien: esta prisa no siempre es un error, ya que la Convención tiene precisamente por objeto permitir la alerta temprana, para que el «nunca más» no se quede en un simple lamento retrospectivo. Pero una alerta no es una acusación. La acusación, por su parte, criminaliza a una entidad sin asumir el peso de unas pruebas que aún no ha reunido, en un entorno informativo que ya no espera a que así sea.

Con esta documentación en tiempo real, el espíritu de investigación deja de funcionar. Imágenes de satélite, declaraciones grabadas de responsables israelíes, balances diarios de víctimas: el expediente parecía constituirse por sí solo, de forma pública e instantánea, como si llevara en sí mismo su propia evidencia y hiciera innecesaria la investigación. En genocidios anteriores, había sido necesario desenterrar pacientemente los documentos. En este caso, se difundían por sí solos, y la interpretación solo tenía que recurrir sin esfuerzo al viejo acervo de estereotipos antisemitas. 

Este rápido uso generalizado difuminó las distinciones entre falta de proporcionalidad, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Una vez que el término se incorporó al discurso de los activistas, las redes sociales y los medios de comunicación, perdió su definición jurídica para convertirse en una acusación difamatoria. Una vez pronunciado, resultaba difícil rebatirlo sin ser acusado de «negacionismo». Dotado de una autoridad moral performativa, deslegitimaba las condiciones básicas del ejercicio de la justicia: la suspensión del juicio hasta el veredicto, el escrúpulo epistemológico y la capacidad de sopesar elementos contradictorios en una situación tan compleja como la guerra. 

El colapso del intelectual de referencia

Otra diferencia llamativa con respecto al caso Dreyfus: la posición social de quienes acusan. En la Tercera República, era el ejército el que elaboraba falsificaciones burdas y presentaba pruebas tan endebles que podían rebatirse con eficacia. En el caso de Gaza, es precisamente el bando que se autoproclama heredero de los dreyfusistas (todo un ecosistema de ONG y especialistas en genocidios, respaldado por medios de comunicación, blogueros, usuarios de TikTok y activistas) el que ignora las pruebas.

Este ecosistema ha amplificado al instante unos juicios preliminares, eludiendo el proceso de deliberación al que normalmente se recurre. Investigadores como Segal o Bartov, al considerarse con autoridad para decidir, han sustraído la acusación de cualquier deliberación (este último, es cierto, se sumó al debate un poco más tarde que el primero).

En pocas semanas, el término «genocidio» pasó de los medios de comunicación a las asociaciones universitarias, las ONG y la ONU. Mediante un mecanismo típico de lo que los sociólogos denominan «isomorfismo institucional» (la imitación), unido a la autoridad simbólica que confiere el estatus académico, los activistas se han sumado a una realidad creada por las instituciones. Objetivada por demandas judiciales mal interpretadas, informes de ONG que han transformado la definición de genocidio y la repetición interminable de los trolls en las redes sociales, la etiqueta de «genocidio» se ha convertido en un hecho establecido. En conjunto, estas organizaciones producen lo que parece una evidencia, pero que no es más que un efecto de autoridad: reconocemos aquí lo que Berger y Luckmann denominaron la construcción social de la realidad ¹⁰.

Esta realidad fue posible gracias a una infraestructura jurídica y académica ya existente: una comunidad de especialistas en genocidios, juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos, dispuesta a aplicar rápidamente ese marco. La Convención sobre el Genocidio, la CIJ y todo el aparato del derecho internacional humanitario podían movilizarse previa solicitud. Si Sudáfrica pudo presentar su demanda en pocas semanas, fue en parte porque el propio tipo de demanda ya estaba establecido. Raz Segal y Omer Bartov sostuvieron que lo que estaba ocurriendo se ajustaba a las definiciones jurídicas e históricas de genocidio, pero razonaban partiendo de la teoría y de su opinión, no de los hechos ni de las resoluciones judiciales. Bartov, que en noviembre de 2023 afirmaba que aún no se estaba produciendo un genocidio, cambió posteriormente de opinión. En un artículo de opinión publicado en el New York Times con el curioso título «Soy especialista en genocidios. Lo reconozco cuando lo veo» ¹¹, el historiador del Holocausto afirmaba, desde su cátedra universitaria, que veía un genocidio. En realidad, no había visto nada: no podía entrar en Gaza, ya que el Gobierno israelí había prohibido el acceso tanto a periodistas como a investigadores. Se basaba en declaraciones de dirigentes israelíes y en las imágenes de la destrucción masiva en Gaza: hospitales, universidades, colegios, mezquitas, lugares de interés patrimonial, depuradoras y tierras de cultivo. Veía en ello una política destinada a impedir «el renacimiento de la vida palestina», confundiendo los estragos y los efectos de la guerra con la intención genocida. Los efectos y las intenciones deben seguir siendo categorías analíticas distintas. Es poco probable que estos investigadores sean antisemitas. Han aplicado sus categorías analíticas a un acontecimiento confuso, y los periódicos y las redes sociales, a menudo impulsados por intenciones maliciosas, se han apresurado a difundir sus afirmaciones.

Este proceso de proyección es bien conocido en las ciencias sociales. El psicólogo Nick Haslam propuso el concepto de «expansión conceptual» (concept creep) para describir la ampliación de ciertos conceptos, tanto horizontalmente (a nuevos fenómenos) como verticalmente (a casos menos graves) ¹². Así, el «trauma» se aplica ahora indistintamente a la familia, al trabajo o a la guerra, lo que hace que el concepto resulte a la vez vago y desmesuradamente amplio. El «genocidio», a su vez, parece seguir una trayectoria similar. ¿A qué se debe esta ampliación conceptual? Cuatro rasgos de la sociología de las comunidades científicas lo explican. Los intereses profesionales: ampliar un concepto significa disponer de más casos que estudiar y enseñar, organizar más coloquios, obtener más citas y una mayor repercusión pública. El emprendimiento moral: Howard Becker acuñó el concepto de «emprendedores de la moral» para designar a los actores —expertos y activistas— que se esfuerzan por que los problemas sociales se reconozcan como graves amenazas morales y, con ello, ganan influencia y recursos ¹³. Las estructuras de incentivo: el mundo académico premia la novedad y la pertinencia más que el rigor terminológico ¹⁴. La concesión de cátedras, la promoción, la financiación y las políticas editoriales de las revistas valoran las tesis nuevas, sensacionalistas o socialmente relevantes más que la precisión conceptual o la replicabilidad. Las disciplinas académicas como corporaciones: el sociólogo Randall Collins ha sostenido que las disciplinas académicas funcionan como corporaciones, en las que las teorías y los conceptos constituyen un capital cultural que sirve para trazar fronteras, competir por el estatus y alimentar la inflación de los títulos. Los investigadores amplían su ámbito de actuación para aumentar la influencia de su corporación ¹⁵.

Cabe destacar que la reivindicación de la justicia social y la radicalidad de los intelectuales van de la mano del crecimiento exponencial de las retribuciones económicas en el ámbito público. Zola asumió riesgos enormes: tuvo que exiliarse a Inglaterra y quizá pagó con su vida su compromiso. Pero un Zola, un Drumont o un Maurras de hoy se haría rico gracias a una audiencia mundial, al circuito internacional de conferencias, a los blogs, a los podcasts y a una red de organizaciones y donantes (La France juive, de Drumont, que contó con más de un centenar de ediciones en su primer año, y La Libre Parole también fue un éxito comercial; pero se trataba de excepciones). El activismo de los intelectuales está estrechamente ligado al hecho de que las ideas circulan ahora en un mercado altamente estructurado en el que los públicos partidistas recompensan las ideas que les reconfortan. La defensa de causas y la denuncia, desde todos los espectros políticos, «dan más de sí», ya que activan redes, organizaciones y públicos dispuestos a pagar por una opinión. 

La fragmentación del espacio público

Otra característica destacada: la fragmentación del espacio público. En la época del caso Dreyfus, competían entre sí unos cincuenta periódicos; hoy hay miles de fuentes de información, cada una con su público. Un Zola de hoy solo sería aclamado por quienes ya están convencidos, y el resto lo ignoraría o se burlaría de él. La autoridad se ha desplazado hacia los podcasters con millones de oyentes, los autores de Substack con un público fiel y los blogueros. Estas figuras refuerzan las comunidades existentes más que convertir a los adversarios. Zola, por su parte, llegaba a personas que no creían en él. Esa capacidad de adoptar otro punto de vista, de cambiar de postura, parece comprometida: en un espacio fragmentado, la palabra sirve sobre todo para proporcionar a cada uno argumentos con los que justificar su postura previa.

Dado que el público está tan fragmentado, una intervención al estilo de Zola se diluiría en lugar de resultar explosiva. Paradójicamente, la democratización de la palabra la ha devaluado: cuando todo el mundo tiene una tribuna, la señal se convierte en ruido. La autoridad moral e intelectual exige una exclusividad y una seriedad que han desaparecido.

Internet expone a cualquier autoridad a las críticas de personas sin título, pero con una audiencia inmensa. En cuanto una figura del estilo de Zola toma la palabra, se alzan mil voces, no para rebatir el argumento, sino para cuestionar las motivaciones del orador, sus fuentes de financiación ocultas, su identidad étnica o sus declaraciones anteriores. Se ataca a la persona; las pruebas son secundarias.

Cada bando da por sentados los hechos y sospecha que el otro miente o ha sido sometido a un lavado de cerebro. El espacio psicológico en el que podría funcionar una intervención al estilo de Zola suponía un público inseguro respecto a los hechos, dispuesto a dudar y susceptible de ser persuadido. Ese público ya no existe; se ha endurecido en sus convicciones y, al mismo tiempo, se ha dispersado tanto espacial como socialmente. 

Coherencia e incoherencia ideológicas

Los dreyfusistas y los antidreyfusistas no estaban simplemente «a favor» o «en contra» de Dreyfus. Encarnaban dos visiones del mundo coherentes y elaboradas: por un lado, los valores republicanos, los derechos individuales y la separación entre la Iglesia y el Estado; por otro, el nacionalismo, la autoridad militar, la religión y el antisemitismo como doctrina política. Estas posturas tenían una profundidad filosófica. Se podía comprender la ideología de los antidreyfusistas al mismo tiempo que se luchaba contra ellos.

Las polémicas actuales funcionan de otra manera. Son amplios paraguas bajo los que se refugian grupos heterogéneos.

A primera vista, el bando pro-palestino, el que acusa de genocidio, parece ideológicamente coherente: progresista, poscolonial, solidario con el Sur global y profundamente receloso del poder occidental. Pero, si se analiza más de cerca, esa coherencia se desmorona. En él se encuentran militantes de izquierda que aplican esquemas antiimperialistas para combatir a la extrema derecha; simpatizantes o compañeros de viaje islamistas con motivaciones religiosas y nada emancipadoras; defensores liberales de los derechos humanos, apegados al marco del derecho internacional; académicos poscoloniales para quienes la causa palestina es el último caso sin resolver del colonialismo clásico; y jóvenes usuarios de TikTok con un compromiso humanitario impulsado por las redes sociales y con conocimientos históricos limitados.

Estos grupos comparten una realidad, la del genocidio, por motivos a veces incompatibles. El universalista laico y el islamista no son aliados naturales; el jurista liberal y el pensador antioccidental no tienen mucho en común desde el punto de vista filosófico. Lo que les une es el objeto de su oposición, no un proyecto común. El bando proisraelí, una coalición igualmente fracturada, adolece de la misma incoherencia. En él se encuentran neoconservadores para quienes Israel es una línea de frente de la civilización occidental frente al islamismo; cristianos evangélicos movidos por compromisos teológicos con Israel; sionistas de izquierda angustiados por las pérdidas civiles, pero que, por el momento, rechazan la calificación de genocidio; comunidades judías que actúan, ante todo, bajo el efecto del trauma histórico y el miedo existencial; judíos de derechas que justifican la política del Gobierno israelí; y nacionalistas de extrema derecha, tanto en Europa como en América, que apoyan a Israel porque proyectan sobre el país su propia hostilidad hacia las poblaciones musulmanas.

En ambos casos, lo que mantiene unidos a grupos tan dispares es el odio: el objeto del odio los une mucho más que el discurso. Un odio alimenta al otro, hasta tal punto que el odio y el contraodio parecen haberse convertido en el cemento de estos bandos y en la norma habitual del espacio público.

El contraste histórico es revelador. La coalición dreyfusarde no estaba exenta de tensiones: en ella convivían anarquistas, socialistas, republicanos moderados e incluso algunos católicos liberales. Pero al organizarse, encontró una visión y una definición, la legalidad republicana, que se convirtió en su verdadera lengua común.

En el debate sobre Gaza, nada de eso. O mejor dicho, si se va forjando un lenguaje común a medida que se desarrolla la controversia, ese es el del antisionismo, un concepto políticamente pobre e inepto, incapaz de proporcionar una base filosófica o moral.

Conclusión: la separación entre la verdad y la justicia

A menudo se cita el caso Dreyfus como modelo de controversia democrática, porque muestra a una sociedad capaz de dividirse ante una cuestión de justicia y, posteriormente, de rectificar. El caso distó mucho de ser perfecto, pero sigue siendo ejemplar en la medida en que logró la síntesis entre la justicia y la epistemología. Lo que falta en las controversias contemporáneas es precisamente el deseo de contar con una base fáctica, una figura de autoridad intelectual desinteresada y la primacía de la investigación sobre la convicción.

La acusación de genocidio moviliza a una densa red de organizaciones, investigadores, instituciones y ONG que actúan en simbiosis y son capaces de crear, mediante la sinergia y el isomorfismo, una realidad poderosa, con categorías que parecen evidentes. Se ha construido ignorando las normas básicas de la prueba. El caso Dreyfus, por su parte, fue posible gracias a una estructura de la esfera pública en la que intelectuales desinteresados analizaban las pruebas a lo largo de un amplio período institucional. 

Esa economía moral ha desaparecido en el caso de Gaza. Se ha roto el vínculo entre el hecho demostrado y la respuesta moral. Las convicciones morales preceden a los hechos; hay demasiados hechos que se disputan el estatus de argumento definitivo, y demasiados actores confunden la pericia con la autoridad que les confiere una institución. La nueva arquitectura de la información permite reunir a públicos fragmentados en torno a realidades emocionales que invaden el espacio psíquico. Es esta conversión de los valores en pseudofactualidad lo que caracteriza el debate contemporáneo.

La polémica dreyfusiana aún se desarrollaba en el ámbito del logos, de la argumentación razonada. Algunos desacuerdos pueden resolverse y, en ese sentido, son más racionales que otros. Las controversias contemporáneas (sobre el clima, las vacunas, la inmigración, la identidad) se desarrollan cada vez más en el terreno de la identidad y el afecto; se vuelven, al mismo tiempo, más intensas y menos fáciles de resolver. Al versar sobre valores, identidades y visiones morales del mundo, no pueden, por principio, resolverse. Ya no existe un equivalente al «bordereau» que pueda someterse a examen. La cuestión del genocidio en Gaza se ha convertido en una controversia moral, ahogada en una mezcolanza de hechos. La fuerza del bando dreyfusista residía en el estrecho vínculo que había establecido entre la verdad y la justicia: la moral no podía separarse de la epistemología. El bando que hoy se autodenomina defensor de la justicia se ha vuelto indiferente a las pruebas y a la verdad. Al disociar ambas, ha vaciado de contenido sus reivindicaciones y las ha reducido a una mera gesticulación. En esto coincide con el bando antidreyfusista, que no cambió de opinión porque, en realidad, se burlaba de la verdad. Aquellos que creen haber heredado el legado de los dreyfusistas se parecen más a estos últimos. En el fondo, ellos también se burlan de la verdad. Su exigencia de justicia no es más que una retórica hueca, sin profundidad ni seriedad. Utilizada de forma demasiado amplia, demasiado imprecisa y demasiado precipitada, la palabra «genocidio» funciona más como un eslogan político que como una calificación jurídica y moral. Se trata de una grave desviación de nuestro vocabulario y de la propia política. 

Un ejemplo de la confusión de nuestra época: ya solo nos queda recurrir a los tribunales, con la esperanza de que hagan su trabajo sin prejuicios. Hasta entonces, debemos llorar a los fallecidos y no emitir ningún juicio.