Por qué la IA es Temis y no Prometeo

La «Operación Prometeo» tiene el mérito poco común de cuantificar el costo del desarrollo de una IA francesa soberana. Este plan, que comprometería a Francia durante varias generaciones, se basa en dos supuestos: por un lado, que la carrera por el modelo más potente seguirá siendo decisiva y, por otro, que Washington dará tiempo a Francia para adquirir los chips necesarios para ponerse al día. Sin embargo, podría perfilarse un escenario alternativo: el de una IA «comoditizada», en la que bastaría con adquirir los modelos de un mercado cada vez más amplio y accesible, a imagen del modelo chino Kimi K3. Nadie puede pronunciarse al respecto hoy por hoy. Ahora bien, los componentes de tal esfuerzo no tienen el mismo horizonte temporal: los chips se pueden adquirir en 18 meses, pero la energía, los terrenos con conexiones, las competencias de formación y las instituciones de toma de decisiones requieren entre cinco y diez años. Por lo tanto, debemos sentar las bases de una estrategia de independencia mediante activos de desarrollo lento que, en el futuro, nos otorguen el poder real de elegir. Este artículo propone, por tanto, una estrategia independiente de la evolución de la tecnología: invertir desde ahora en lo que resultará útil en todos los escenarios, identificar los riesgos más críticos para aportarles soluciones, construir las palancas económicas y geopolíticas que hagan creíbles dichas soluciones, preparar el «esfuerzo de frontera» sin lanzarnos a ciegas, y, por último, dotarnos de los instrumentos de gobernanza necesarios para tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno.

Un debate marcado por la incertidumbre tecnológica

El artículo publicado el 8 de julio de 2026 por el Grand Continent, «Operación Prometeo: Francia puede ganar la carrera por la IA. ¿Cuál sería el precio?», ha aportado al debate francés algo que pocos textos han logrado. Mientras que la mayoría de los llamados a favor de una IA soberana se limitan a meros deseos, este artículo propone una estrategia coherente y cuantificada, que asume sus riesgos y sus límites. Solo se puede debatir de verdad con quienes ponen sus hipótesis sobre la mesa, y eso es precisamente lo que han hecho. La presente respuesta va dirigida tanto a ellos como al debate público, con el mismo espíritu: nuestras hipótesis están sobre la mesa y nuestros posibles matices, como veremos, se refieren menos a la ambición y a la soberanía francesa y europea que al orden de las etapas.

De hecho, el debate francés y europeo sobre la IA soberana se ha articulado en torno a dos polos aparentemente irreconciliables. Por un lado, un fatalismo sofisticado: Europa no dispondría ni del capital, ni del talento, ni del aparato industrial necesarios para recuperar el retraso tecnológico. Por lo tanto, su racionalidad económica le obligaría a adquirir los mejores modelos estadounidenses y a renunciar a unas ambiciones de autonomía consideradas ruinosas. Por otro lado, un prometeísmo asumido cuya nota constituye la expresión más lograda: 700.000 millones de dólares en tres años, 12 gigavatios de potencia de cálculo en 2029 y una «ley Prometeo» excepcional para elevar a Francia al rango de tercera potencia en el ámbito de la frontera digital.

Estas posturas opuestas se basan en respuestas contradictorias a la misma pregunta, que rara vez se formula de forma explícita: ¿a qué ritmo seguirán avanzando los modelos? 

Hay un primer futuro posible: las ganancias se vuelven marginales, la diferencia entre los mejores modelos y sus competidores se reduce, y la inteligencia artificial se convierte poco a poco en un producto corriente, comparable a la electricidad, que se elige en función del precio. Llamemos a esto el escenario de la mercantilización. En este mundo, la carrera por la frontera sería un pozo sin fondo y sin recompensa, y el bando del fatalismo acabaría imponiéndose. 

En un segundo escenario posible, las capacidades siguen avanzando, y los mejores modelos se utilizan para entrenar a los siguientes y para automatizar la propia investigación. La evolución tecnológica se vuelve entonces exponencial y la brecha se amplía en lugar de reducirse. Llamemos a esto el escenario de la huida. En este mundo, la posición en la vanguardia se convierte en un atributo de poder comparable al arma nuclear y el prometeísmo tiene razón desde el punto de vista estratégico.

Una pregunta sin respuesta definitiva

Hoy en día, nadie sabe qué escenario prevalecerá. Los defensores del enfoque incremental destacan la reducción de las diferencias en la mayoría de los benchmarks públicos. La última oleada de modelos de bajo costo, entre los que se encuentra el Muse Spark 1.1 lanzado por Meta el 9 de julio a una quinta parte del precio de los modelos de gama alta, es el ejemplo más reciente. ¹ Los defensores de esta tesis también esgrimen argumentos de fondo. En primer lugar, un nivel de capacidad determinado se reproduce a un costo decreciente: la destilación y la compresión de los modelos permiten obtener, con una fracción del cálculo inicial, lo esencial del rendimiento de antaño. En segundo lugar, las barreras de entrada se están reduciendo en este segmento comoditizado, debido a la difusión de los algoritmos de entrenamiento y a la abundancia de arquitecturas abiertas, salvo en lo que respecta a la energía y los chips. Por último, el paradigma de los modelos actuales podría estar llegando a sus límites: Yann LeCun sostiene desde hace tiempo que los grandes modelos de lenguaje son un callejón sin salida hacia la inteligencia artificial general, y que será necesaria una ruptura arquitectónica, lo que pondría en cero el contador de la carrera. 

Por su parte, los optimistas tecnológicos responden que estas pruebas de rendimiento no miden lo que realmente importa. De hecho, estas pruebas se saturan. Al convertirse en objetivos de optimización, dejan de servir para medir. Es la ley de Goodhart, y los mejores modelos ya están llegando a los límites de lo que estas pruebas pueden evaluar. Una constatación que también se hizo durante el primer Foro de Expertos sobre IA de Frontera organizado por la Comisión Europea en abril de 2026. ² No recogen ni las tareas prolongadas encomendadas a los agentes, ni los saltos de capacidad del tipo Mythos. ³. Añaden que la preferencia de los clientes por los mejores modelos se refleja claramente en las cifras de ingresos. Esta constatación la corrobora el Foro de Expertos de la Oficina Europea de IA, que señala que los comportamientos de compra de las industrias ya revelan una marcada preferencia por los sistemas punteros frente a sus competidores más cercanos. De hecho, la diferencia entre la facturación de Anthropic y la de Mistral se ha ampliado en lugar de reducirse. Asimismo, señalan que la meseta anunciada aún no se refleja en los datos, y que la duración de las tareas realizadas de principio a fin por los agentes se duplica aproximadamente cada siete meses, según las mediciones del Instituto METR, ⁴ a un ritmo que se acelera, y que las barreras de entrada, tanto en materia de capacidad de cálculo como de talento excepcional, se encuentran entre las más altas de la historia industrial.

La situación actual puede resumirse en una paradoja que aclara en parte la controversia: las mejoras en la eficiencia abaratan, año tras año, un nivel determinado de capacidad (lo que ayer costaba Mythos, mañana ya no costará más que una minucia), pero no abaratan la propia frontera, cuyo costo sigue aumentando. Por lo tanto, ambas partes pueden tener razón al mismo tiempo: rápida banalización de las capacidades de ayer y encarecimiento continuo de las de mañana. La cuestión es, pues, saber si las capacidades de mañana justificarán su precio y su necesidad. Este desacuerdo se da tanto en los laboratorios como entre los inversores.

Establecer un método para garantizar la solidez de la estrategia europea

De ello se deriva una consecuencia metodológica: ante una profunda incertidumbre, una estrategia racional no busca necesariamente tomar la decisión óptima en un escenario predefinido, sino que combina medidas robustas, reversibles y complementarias, con el fin de evitar que un escenario desfavorable provoque una pérdida colectiva catastrófica. En la teoría de la decisión, este criterio tiene un nombre: la minimización del arrepentimiento máximo. La mejor estrategia no es aquella que reporta mayores beneficios en un mundo determinado, sino aquella que no resulta catastrófica en ningún escenario. Consiste en adquirir opciones en lugar de asumir compromisos irreversibles, y en convertir la opción en compromiso solo una vez que se haya disipado la incertidumbre. Es a este criterio, la robustez ante ambos escenarios, al que someteremos a Prometeo, al fatalismo del escenario de la mercantilización y a nuestra propia propuesta.

Esta interpretación de la situación actual de Europa cuenta ahora con respaldo institucional. El Foro de Expertos convocado por la Oficina Europea de IA, que cuenta con más de un centenar de especialistas en inteligencia artificial de vanguardia, ha llegado a dos conclusiones. La primera es que el año 2026 será decisivo para Europa, que deberá entonces elaborar y adoptar una estrategia coherente tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros, teniendo en cuenta el ritmo de evolución de las capacidades, el mercado y las infraestructuras, así como sus implicaciones para la soberanía europea. La segunda es que, en ambos escenarios, Europa debe reforzar su capacidad soberana para «acceder a los modelos de frontera, seleccionarlos, controlarlos y aprovecharlos», lo que supone tener una visión clara de las palancas de las que dispone o que podría poner en marcha en cada nivel de la pila tecnológica. Ninguna de estas dos tareas se ha llevado a cabo aún, y los próximos meses revelarán si Bruselas y los Estados miembros las abordan o si las dejan desvanecerse en una nueva oleada de comunicados y anuncios. La propuesta que esbozamos aquí pretende dar respuesta a las dos conclusiones de los expertos de la Comisión: una estrategia diseñada para adaptarse a ambos escenarios y zanjar, en el momento oportuno, la cuestión de la frontera, así como un mapeo de las dependencias y los instrumentos que los expertos reclaman. Centrémonos ahora en la propuesta «Prometeo».

La propuesta «Prometeo» señala, con razón, los riesgos de la dependencia europea y los límites de la inacción fatalista

El análisis geoeconómico que se desprende de la propuesta «Prometeo» sobre el riesgo asociado a la dependencia en materia de IA es acertado. 

Las restricciones estadounidenses, impuestas en la primavera de 2026 en torno a los modelos más avanzados de Anthropic, y su posterior flexibilización parcial a finales de junio, han situado el acceso a los modelos de vanguardia en un régimen similar al de los semiconductores: acceso revocable sin previo aviso, ambigüedad estratégica deliberada y discrecionalidad administrativa. La interpretación más plausible de este episodio resulta, además, preocupante: todo apunta a que una alerta de seguridad, probablemente relacionada con las capacidades de piratería del modelo, llevó a la administración estadounidense a querer retirar el acceso a todos los usuarios, incluidos los estadounidenses. El control de las exportaciones habría sido el único instrumento jurídico disponible para lograrlo. Europa ha sido, por tanto, una víctima colateral. Más allá incluso del escenario de una coacción selectiva, esto significa que el acceso europeo a las capacidades de vanguardia queda ahora supeditado al cálculo del riesgo interno estadounidense, sin que ningún comportamiento, concesión comercial o buena voluntad diplomática pueda garantizarlo.

Hay que completar este análisis señalando un mecanismo que convierte la amenaza en algo estructural y no solo pasajero y político: la escasez de recursos computacionales. Ofrecer un modelo de vanguardia no es lo mismo que vender un programa informático, cuya copia adicional no cuesta nada. Cada respuesta de un gran modelo consume tokens, la unidad de cuenta del consumo de IA (el equivalente al kilovatio-hora en el caso de la electricidad), y detrás de cada token se esconde una potencia de cálculo muy real. Los grandes laboratorios también se encuentran en una situación de escasez crónica y se ven obligados a arbitrar constantemente entre sus clientes, sus suscripciones para el público general y sus propias necesidades de investigación. En un mundo de tokens racionados, el acceso de los clientes extranjeros es la variable de ajuste natural por razones puramente económicas, incluso antes que cualquier intención política. La jerarquía de asignación observada en los principales laboratorios lo confirma: la potencia disponible se destina en primer lugar a los contratos gubernamentales estadounidenses, luego a las empresas y, por último, al público en general, como demuestran las interrupciones de servicio diferenciadas durante los picos de carga. Las restricciones de acceso a los clientes extranjeros no han esperado a que los laboratorios aplicaran una política deliberada para producirse. Eso es precisamente lo que hace que el mecanismo sea estructural, más que intencional. Anton Leicht ya lo había planteado incluso antes del episodio de esta primavera: la IA no creará abundancia, sino escasez.

El análisis de la asimetría en las medidas de presión entre la Unión y Estados Unidos que ofrece la propuesta «Prometeo» también es acertado. Cortar el acceso a un modelo es algo instantáneo, mientras que bloquear las exportaciones de ASML, la empresa neerlandesa que fabrica las máquinas indispensables para la producción de chips avanzados, es una medida de presión lenta cuyos efectos solo se notan una vez que se agotan las existencias. También hay que tener en cuenta el riesgo de represalias en otros ámbitos: Estados Unidos puede responder a un bloqueo de ASML con restricciones comerciales o con la retirada de las garantías de seguridad del continente y de Ucrania. La influencia europea existe, pero es insuficiente.

Por último, la advertencia de la propuesta «Prometeo» contra una interpretación ingenua de los laboratorios chinos está justificada. Su rápido avance se debe en gran parte a la destilación, una técnica que consiste en realizar un gran número de consultas a un modelo avanzado para entrenar el propio a partir de sus respuestas; en otras palabras, aprovechar una potencia de cálculo financiada por otros. Esto no significa en absoluto que la entrada en este mercado vaya a resultar barata para un nuevo competidor europeo. Además, hay que extraer una consecuencia adicional que la nota no menciona: los laboratorios estadounidenses y el gobierno tienen ahora todas las razones para cerrar la puerta a la destilación, reforzando los controles de identidad de los usuarios y restringiendo el acceso. La vía del seguidor, que permite alcanzar a los líderes a bajo costo basándose en sus modelos, se está cerrando, lo que hace que disponer de una capacidad de entrenamiento autónoma resulte aún más valioso.

Las tres incertidumbres relacionadas con el proyecto Prometeo

El análisis del proyecto Prometeo pone de relieve tres aspectos que merecen ser debatidos. 

El primero está relacionado con el calendario: el proyecto establece sus prioridades basándose en tres años de aumento progresivo de un flujo ininterrumpido de entregas de chips estadounidenses, mientras que la visibilidad del proyecto incitará a Washington a frenarlo en seco. El sistema es, por tanto, más vulnerable justo en el momento en que más se expone. Resulta difícil sostener al mismo tiempo que la interdependencia comercial es incapaz de proteger nuestro acceso a los modelos, pero que garantizará un flujo de componentes mucho más estratégicos. Sin embargo, hay dos objeciones a este escenario, formuladas por los autores de «Prometeo», que merecen ser tomadas en serio. La primera es la siguiente: hasta ahora, Washington ha preferido vender; la actual administración ha flexibilizado parte de las restricciones heredadas y Nvidia aboga eficazmente por la apertura de los mercados. No obstante, una política discrecional favorable sigue siendo una política discrecional, y el principal riesgo es que cambie. La segunda objeción es la siguiente: un esfuerzo soberano de esta naturaleza debería protegerse mientras se desarrolla, y es probable que Estados Unidos no lo tomara en serio durante sus primeros años. En nuestra opinión, este argumento podría ser válido para un programa políticamente discreto, pero no encaja con un plan que reivindica 12 gigavatios, una ley de excepción y un tratado multilateral, es decir, la máxima publicidad.

El segundo elemento tiene que ver con la propia economía de la recuperación tecnológica. El argumento es el siguiente: el capital invierte en recuperación, pero lo hace lentamente, mientras que el costo de la frontera tecnológica se duplica cada siete meses; por lo tanto, en tres años, el objetivo habrá cambiado en varios órdenes de magnitud. Los ejemplos recientes son numerosos, y Meta ofrece el más elocuente. La empresa ha realizado un esfuerzo financiero colosal que solo ha dado lugar a un reposicionamiento hacia la gama media en términos de relación calidad-precio: eficaz y rentable, pero lejos de la vanguardia absoluta. Tres años de inversiones que se cuentan entre las más cuantiosas del mundo solo han permitido alcanzar una posición sólida en el pelotón, pero lejos de la cabeza de la carrera. La trayectoria de xAI y Grok 4.5 confirma esta regla: para alcanzar el nivel de la generación anterior de sus competidores, xAI ha tenido que dedicar tres años de desarrollo, apoyarse en SpaceX y adquirir empresas clave como Cursor. Si bien el atractivo de una misión nacional constituye una poderosa palanca propia de las estructuras estatales, al igual que el proyecto Manhattan o los inicios de la Comisión de Energía Atómica, la estructura de Prometeo acumula una serie de trabas organizativas que la propia nota identifica como su principal factor limitante. Su horizonte de tres años coincide con el periodo en el que los proyectos sobrecapitalizados fracasan habitualmente por no haber aprendido a tomar decisiones con recursos limitados.

El tercer elemento es el objetivo móvil. Aspirar a una capacidad de 12 GW en 2029 equivale a fijarse como meta el nivel de los líderes mundiales a finales de 2026. Al ritmo actual de expansión, el límite se situará varios órdenes de magnitud por encima de ese nivel cuando venza el plazo del plan. El Foro de Expertos convocado por la Oficina Europea de IA describe una capacidad computacional mundial que se duplica aproximadamente cada siete meses; solo las instalaciones más grandes previstas superarán los 3 gigavatios en 2027. Aspirar a 12 gigavatios para 2029 equivale a aspirar al presente de los líderes, pero probablemente no a su futuro. De hecho, el propio informe reconoce que esos pocos gigavatios no bastarán para cubrir la demanda económica mundial. Por lo tanto, el proyecto es insuficiente desde el punto de vista tecnológico, mientras que resulta abrumador desde el punto de vista presupuestario, ya que exige entre el 4,5 % y el 8 % del PIB anual. A modo de comparación, el plan Messmer de 1974, que permitió construir el parque nuclear francés, solo movilizó alrededor del 1 % del PIB para desplegar a gran escala una tecnología ya probada, cuya transferencia inicial no era revocable trimestre tras trimestre. A esto hay que añadir una incertidumbre adicional: según los expertos consultados por la Comisión, aún no se ha demostrado ningún modelo económico sostenible en el mercado. Si bien algunas generaciones recientes de modelos son rentables, los espectaculares ingresos de los líderes siempre van acompañados de captaciones masivas de capital y de pérdidas operativas persistentes. Apostar 700.000 millones por una posición cuya rentabilidad comercial aún está por demostrar es añadir una apuesta a la apuesta. En el escenario de la mercantilización, Prometeo invierte cientos de miles de millones de euros para conquistar una frontera tecnológica cuyo valor de mercado se desploma. En el escenario de la huida, el proyecto corre el riesgo de quedar supeditado a la voluntad del proveedor estadounidense de chips en el momento más crítico de su construcción.

Las noticias de mediados de julio dan un rostro concreto a esta incertidumbre. Moonshot AI acaba de publicar Kimi K3, un modelo de 2,8 billones de parámetros cuyos pesos deberían poder descargarse gratuitamente a finales de mes. Las primeras evaluaciones independientes lo sitúan al nivel de varios grandes sistemas cerrados recientes, aunque sigue estando por detrás de los mejores, sobre todo en determinadas tareas. No obstante, su próxima disponibilidad en formato abierto y su precio de acceso competitivo aumentan considerablemente la probabilidad de que se produzca un escenario de «comoditización», es decir, un cuasi-monopolio reproducible, ampliamente accesible y que ejerza una presión continua sobre los precios de los modelos propietarios.

Esta apertura puede entenderse como una estrategia de poder industrial: desplazar la competencia del modelo propietario hacia el ecosistema, acelerar la adopción mundial de las arquitecturas chinas y reducir los ingresos que financian la carrera por el poder de cálculo de los laboratorios estadounidenses. En igualdad de condiciones, la situación parece análoga a la de otros sectores industriales europeos que han sufrido la misma competencia con precios subvencionados, lo que ha provocado una dinámica geoeconómica bien identificada: una oferta abundante, respaldada por capital estratégico, puede hacer que la producción competidora resulte económicamente inviable, incluso antes de haber alcanzado una posición dominante.

Kimi K3 pone así de manifiesto un tercer riesgo para Prometeo. Tras el riesgo tecnológico de no alcanzar una frontera que no deja de desplazarse y el riesgo geopolítico de perder el acceso a los chips necesarios para recuperar el retraso, surge el riesgo comercial de triunfar demasiado tarde en un mercado cuyos precios se habrían desplomado. De hecho, el cierre financiero de Prometeo supone una trayectoria progresivamente autosuficiente, en la que la demanda privada tomaría el relevo del Estado una vez alcanzada la frontera. Si las capacidades similares siguen siendo accesibles de forma abierta a largo plazo, el laboratorio francés podría alcanzar su objetivo técnico sin llegar nunca a su equilibrio económico. El activo de 700 mil millones se depreciaría entonces incluso antes de materializarse.

Esta consecuencia también se aplica a nuestra propuesta. En un mercado susceptible de verse distorsionado de forma duradera por estrategias de precios y de apertura respaldadas por capital geopolítico, hay que dar prioridad a los activos cuyo valor resiste mejor al colapso del precio de los modelos, es decir, la energía y los terrenos con conexión a la red, la flota de inferencia multimodelo respaldada por compromisos de compra, la coordinación, la capacidad de evaluación y las competencias de entrenamiento. Sobre todo, hay que admitir que el mantenimiento de una capacidad de entrenamiento nacional probablemente no podrá basarse únicamente en el mercado. Al igual que ocurre con la industria de defensa, deberá mantenerse mediante contratos públicos plurianuales.

La creciente importancia estratégica de la capa de orquestación de modelos 

Desde hace unos meses, el valor y el control estratégico se están desplazando hacia la capa de orquestación. Este término hace referencia a los sistemas que conectan los modelos con los datos y los procesos de las organizaciones, y que se encargan, entre otras cosas, de la gestión de la memoria, el control de permisos, la certificación de resultados y la asignación de tareas en función de su costo o complejidad. Si los modelos son los motores de la inteligencia artificial, la orquestación es su chasis, su transmisión y su tablero de mando.

Las señales de este cambio son numerosas. OpenRouter, una plataforma de enrutamiento que abarca varios cientos de modelos, ilustra la rapidez con la que el mercado está reevaluando este sector: valorada en 1.3 mil millones de dólares en mayo de 2026 durante una ronda de financiación liderada por el fondo de crecimiento de Alphabet y el fondo de capital riesgo de Nvidia, según el Wall Street Journal, sería objeto de negociaciones de adquisición por parte de Stripe por unos 10.000 millones de dólares apenas dos meses después. ⁵ Del mismo modo, el éxito comercial de los laboratorios ya no se basa en la venta bruta de tokens, sino en el despliegue de productos de agente que encapsulan los modelos en flujos de trabajo estructurados. Por último, la aparición de ofertas de bajo costo, como Muse Spark o el modelo de pesos abiertos Inkling, acelera la adopción de enrutadores multimodelo capaces de seleccionar la solución más económica para cada consulta. Al hacer que las arquitecturas tecnológicas sean intercambiables, la orquestación ejerce una presión continua hacia la banalización de los modelos. Gran parte de la capacidad de un modelo es, en realidad, latente y se revela o se pierde en función de la calidad del sistema que lo rodea. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos matices. En la cima de la jerarquía de capacidades, las pilas integradas de los laboratorios de vanguardia conservan, por el momento, una clara ventaja sobre los ensamblajes equivalentes construidos en torno a modelos abiertos: la intercambiabilidad es plenamente efectiva para las tareas habituales, pero aún no lo es para los flujos de trabajo autónomos más exigentes. Por otra parte, el enrutamiento responde ante todo a una lógica de optimización económica: así, grandes gestores de activos franceses han desplegado pasarelas internas que dirigen cada solicitud de sus desarrolladores hacia el modelo menos costoso capaz de procesarla, ajustando la potencia consumida a la complejidad de la tarea.

Este cambio redefine radicalmente las relaciones de dependencia. Ahora es en el ámbito de la coordinación donde se cristalizan la adhesión del usuario, la memoria institucional y los costos de transferencia de un sistema a otro. Una economía que domine esta capa de aplicaciones puede, así, sustituir a un proveedor de modelos por otro a un menor costo, del mismo modo que se sustituye un motor en un mismo chasis. Por el contrario, quien cede el control queda cautivo, aunque disponga de un modelo soberano: ya no es el algoritmo en bruto lo que retiene al cliente, sino el ecosistema que lo rodea. La soberanía de uso se decide, por tanto, en primer lugar en la orquestación.

No obstante, conviene distinguir cuidadosamente entre dos planos. Desde el punto de vista económico, la capa de orquestación es, sin duda, donde se crea el valor añadido. Desde el punto de vista geoeconómico, los modelos son sustituibles entre sí gracias a la capa de orquestación, que permite pasar de un proveedor estadounidense a uno chino, europeo o abierto, siempre que exista una solución alternativa. Eso es precisamente lo que garantiza la base que proponemos más adelante. No obstante, quedan por identificar y conjurar dos riesgos propios de esta capa: un proveedor de modelos puede restringir el acceso de los orquestadores competidores a las interfaces de las que dependen, y los actores de la orquestación vinculados a los laboratorios desde el punto de vista capitalístico pueden sesgar el juego en beneficio de su empresa matriz.

Esta capa de coordinación constituye un terreno propicio para Europa, mientras que los modelos transfronterizos se le han escapado hasta ahora. La integración en las empresas depende del software especializado, del conocimiento de los procesos y de la experiencia sectorial, es decir, el núcleo de negocio de empresas emblemáticas como SAP o Dassault Systèmes. En este ámbito, la clave del éxito se mide en términos de capital humano y experiencia industrial, y no en potencia de cálculo. Sin embargo, la urgencia es igual de real en este campo: los laboratorios estadounidenses están invirtiendo ahora de forma agresiva en esta capa de aplicaciones y la ventana de oportunidad corre el riesgo de cerrarse rápidamente.

Además, una estrategia sólida en este tema crucial permite hacer frente a los dos escenarios de evolución tecnológica. En caso de que los modelos se conviertan en un producto básico, los márgenes y el valor se trasladarán al ámbito de la coordinación. En caso de disrupción tecnológica continua (la «huida»), esta capa determina la capacidad de una economía para convertir la potencia bruta de la IA en ganancias reales de productividad. Con igualdad de acceso a los grandes modelos, la brecha de valor se ampliará en función de la calidad de la integración, una brecha que ya separa a las empresas estadounidenses de sus homólogas europeas.

Sin embargo, la coordinación no puede considerarse una panacea: complementa la cartera estratégica, pero no compensa la falta de acceso a los modelos de potencia (de la clase Mythos), que son indispensables para la ciberdefensa y la inteligencia. No obstante, permite corregir un sesgo persistente en el debate público: al centrar excesivamente la atención en la vanguardia tecnológica, descuidamos el segmento en el que nuestras ventajas son reales, y las barreras de entrada, superables. Esta tarea no requiere una financiación desmesurada; simplemente exige activar los mecanismos de ejecución ya disponibles: una contratación pública exigente en materia de soberanía de las capas de aplicaciones críticas, la obligación de contar con múltiples proveedores para garantizar la continuidad de la actividad y la estructuración de datos comunes sectoriales para proteger nuestra ventaja sobre el terreno.

La prueba de solidez aplicada al escenario fatalista y al escenario de la huida

El enfoque fatalista resulta ineficaz ante los retos que hemos identificado. En el escenario de la mercantilización, priva de entrada a Europa de las posiciones industriales que podría ocupar en un mercado que se ha vuelto accesible. En el escenario de la huida, la deja indefensa ante restricciones de acceso repentinas.

Antes de formular nuestra propuesta, anticipemos una primera objeción que se le planteará de inmediato. La exigencia de solidez que defendemos debe hacer frente a su crítica más seria: ¿una estrategia de repliegue basada en un actor situado por debajo de la frontera tecnológica, como Mistral, solo sería válida en el escenario en el que resultara inútil? Si se produce la mercantilización, este repliegue es fácil, pero superfluo; si la frontera tecnológica se aleja, un modelo con 18 meses de retraso se vuelve obsoleto para los usos de vanguardia. Esta objeción requiere una respuesta en dos fases.

En primer lugar, el principal riesgo del que queremos protegernos no es el rezago tecnológico, sino la interrupción del acceso, una amenaza latente en ambos escenarios. En caso de bloqueo, ya no se trata de competir con el mejor estándar mundial, sino de preservar una autonomía mínima. Un modelo soberano cercano a la frontera, sin llegar a cruzarla, siempre será infinitamente más útil para las funciones vitales del Estado y la continuidad económica que la nada. El ejemplo de Ucrania es significativo en este sentido: sin llegar a dominar la frontera de los sistemas autónomos, su ejército ha transformado sus capacidades militares gracias a drones diseñados a partir de componentes tecnológicos accesibles e integrados sobre el terreno.

Por último, tenemos en cuenta que una simple lógica de seguridad no basta en el escenario de una huida. Si las capacidades fronterizas constituyen un atributo de soberanía de primer orden, Europa tendrá que disponer de ellas tarde o temprano, o garantizar su acceso estratégico. Por eso nuestra propuesta no se limita a una política de protección: se articula como una doctrina de opción, en el sentido financiero del término. Mientras que el seguro indemniza un siniestro a posteriori, la opción permite adquirir hoy, por una fracción de su costo real, el derecho a entrar en la carrera en el momento elegido. Por lo tanto, todo el reto de la trayectoria que proponemos consiste en determinar qué hay que construir desde ahora mismo para asegurar esta opción, sin tener que pagar por adelantado su precio exorbitante.

Nuestra propuesta: construir una base industrial imprescindible en todos los escenarios tecnológicos

El plan que proponemos tiene en cuenta una asimetría temporal que a menudo se pasa por alto en el debate sobre la IA soberana. De hecho, no todos los componentes de una iniciativa pionera comparten el mismo horizonte temporal: mientras que los chips pueden adquirirse en 18 meses una vez que se haya asegurado el capital y el acceso a las subvenciones, la energía, los terrenos con conexiones, las competencias de entrenamiento a gran escala, los protocolos de evaluación y los órganos de decisión requieren entre cinco y diez años de desarrollo. La operación Prometeo propone financiar de inmediato el componente más rápido y costoso: el cálculo de entrenamiento en la frontera. Sin embargo, la incertidumbre sobre su valor nos parece demasiado grande. Por lo tanto, proponemos comenzar por las primeras etapas del cohete: construir, desde ahora y con un costo controlado, las infraestructuras lentas que conservarán su valor sea cual sea el escenario final.

Esta trayectoria alternativa se basa en cinco líneas de actuación prioritarias.

El primero se refiere a la energía y a los terrenos conectados a la red. Independientemente del escenario tecnológico, Europa tendrá una necesidad masiva de energía, y la electricidad descarbonizada y abundante es el único eslabón de la cadena de valor en el que Francia cuenta con una ventaja comparativa a nivel mundial, siempre que adapte su política energética. La brecha de competitividad está documentada: en 2025, el precio de la electricidad industrial en la Unión Europea era, de media, el doble que en Estados Unidos y un 50 % superior al de China. La energía, los permisos y la conexión constituían, por tanto, el verdadero cuello de botella del cálculo en Europa, más que el capital o los chips. Para remediarlo, es imprescindible acelerar las conexiones, eliminar los proyectos fantasma que saturan innecesariamente las listas de espera, crear polígonos industriales específicos para reducir los plazos de autorización a unos pocos meses, establecer una ventanilla única y relanzar la energía nuclear. Este capítulo de la operación Prometeo debe ejecutarse íntegramente, ya que es imprescindible, aun cuando no se fabricara ningún modelo en nuestro territorio. Su costo presupuestario directo sigue siendo modesto, ya que lo esencial recae en la acción reguladora, mientras que la adquisición de terrenos públicos y las garantías de red ascienden a cientos de millones de euros al año.

La segunda línea de acción consiste en desplegar una flota de inferencia soberana, es decir, un conjunto de centros de datos dedicados a la ejecución diaria de los modelos. A corto plazo, Europa tendrá que aceptar depender de Nvidia en este aspecto. Negarse a comprar procesadores estadounidenses con el pretexto de la dependencia equivaldría a confundir el stock con el flujo: el riesgo estratégico reside en los suministros futuros y en los accesos a software revocables, y no en las infraestructuras físicas instaladas. La soberanía de esta flota no depende del origen de sus componentes, sino de dos condiciones imprescindibles: su ubicación en territorio europeo y su explotación exclusiva por parte de actores europeos. Un centro de datos situado en Europa, pero gestionado por un extranjero, puede desconectarse a distancia de forma instantánea; un centro gestionado por una empresa europea, con material importado, ofrece, en el peor de los casos, varios años de respiro antes de la obsolescencia tecnológica, plazo suficiente para invertir la relación de fuerzas. Esta estimación no tiene nada de utópico: las previsiones de demanda más conservadoras indican que, de aquí a 2028, las necesidades de inferencia de un gran país europeo superarán con creces el conjunto de las capacidades actualmente previstas en el continente. El peligro inminente es la falta de infraestructura, y no el exceso de capacidad. En este momento, Nvidia y AMD siguen siendo imprescindibles, pero la soberanía en materia de hardware supone, a mediano plazo, trasladar una parte cada vez mayor de la inferencia a aceleradores especializados (ASIC) y, a más largo plazo, controlar toda la pila: interconexión, memoria, encapsulado, compiladores y bibliotecas, y no un chip aislado. Desarrollar desde ahora una industria europea de aceleradores es un paso natural para ampliar la flota de inferencia.

Para esta flota, fijarse como objetivo una capacidad de entre 2 y 3 GW para 2030 supondría una inversión de entre 66.000 y 101.000 millones de euros en cinco años, según los costos unitarios presentados por el propio proyecto Prométhée (unos 33.400 millones de euros por gigavatio de capacidad y 800 millones al año en concepto de explotación). Si bien la magnitud de la inversión impresiona, es el rigor del plan financiero lo que garantiza su credibilidad.

El equilibrio económico de un parque de este tipo depende de dos variables fundamentales: la tasa de utilización de la capacidad y la depreciación acelerada de los chips, que pierden la mayor parte de su valor en un plazo de cuatro a cinco años. El primer riesgo puede neutralizarse recurriendo a inquilinos de referencia. Estos clientes estratégicos garantizarán la rentabilidad de la infraestructura gracias a contratos firmes de tipo «take-or-pay» (el compromiso de pagar la capacidad reservada, se utilice o no). Estos compromisos serán suscritos por la administración pública, por el gestor de competencias de la tercera fase del proyecto y por las grandes empresas europeas cuyos planes de continuidad exigen precisamente una capacidad de recambio en el territorio nacional. El segundo riesgo se gestiona mediante la estructura de capital. El núcleo de la ronda de financiación debe reunir a inversores a largo plazo (Caja de depósitos, Banco Europeo de Inversiones, fondos de infraestructura), respaldados por un tramo de primera pérdida asumido por el Estado, con el fin de tranquilizar a los capitales privados, tal y como explican acertadamente los autores de la nota de Prometeo. Calibrada en función del riesgo de depreciación, esta aportación pública inicial representaría entre el 10 % y el 20 % del total, es decir, entre 2.000 y 4.000 millones de euros al año. El resto del capital se obtendría de fondos soberanos deseosos de protegerse contra su propia dependencia del duopolio sino-estadounidense, como Noruega, capaz de combinar la potencia de su fondo de 1,8 billones de euros con sus activos hidroeléctricos, o los Estados del Golfo, cuyo interés ya se ha materializado con la presencia del fondo emiratí MGX en el capital de Campus AI, junto a Mistral, Bpifrance y Nvidia.

El análisis de los autores de Prometeo sobre la necesidad de las potencias medias de reducir el riesgo es acertado. Nuestra propuesta consiste simplemente en orientar esta dinámica hacia un activo rentable en todos los escenarios tecnológicos. Esta flota de inferencia constituye a la vez un escudo contra las interrupciones de acceso, el soporte físico de nuestra doctrina de opciones y un patrimonio tangible cuyo valor residual, basado en los edificios, la red eléctrica y los terrenos, la convierte en la inversión más sólida de toda la cartera.

El tercer ámbito de actuación es el del guardián de la competencia de entrenamiento. Se trata de una reformulación, más exigente, del papel del actor de repliegue. La función estratégica de Mistral, desde el punto de vista del Estado, no reside en su catálogo de modelos, sino en el hecho de ser hoy en día el único lugar de Europa donde el saber hacer en materia de entrenamiento de grandes modelos, esa forma de capital humano y colectivo que no se puede adquirir en 18 meses, existe y se renueva. Este saber hacer cobra aún más valor a medida que se va cerrando la vía de la recuperación mediante la destilación: en el futuro, habrá que saber entrenar por uno mismo o ser completamente dependiente. 

La base de la contratación pública plurianual (defensa, seguridad, funciones soberanas) debe dimensionarse y formalizarse contractualmente para cumplir esta función: mantener un equipo de primer nivel en condiciones de entrenamiento continuo, a una distancia razonable de la frontera, con hitos de capacidad verificables. En la práctica, se trata de un compromiso de compra en firme de entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año durante un periodo de entre cinco y siete años, al que hay que añadir un presupuesto específico para entrenamiento de entre 500 y 1.000 millones al año, lo que supone un total de entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año. Gracias a esta palanca, el Estado adquiere una opción. Esta fórmula tiene una contrapartida exigente: el apoyo es condicional y reversible. Si el prestador designado no cumple de forma duradera los objetivos fijados, el encargo puede transferirse a otra entidad, consorcio, estructura nueva o equipo reconstituido en torno a las mismas infraestructuras. No se apuesta por una empresa, sino por una competencia, independientemente de dónde se encuentre. Dicho esto, sin un garante de dicha competencia, la opción transfronteriza no existe, sea cual sea el capital disponible el día en que se quiera hacer uso de ella.

Cuarto ámbito de trabajo: la capacidad de evaluación soberana y la cartografía de las dependencias. Evaluar de forma autónoma el rendimiento real, las vulnerabilidades y los usos críticos de los modelos más avanzados cuesta unos 100 millones de euros al año a escala europea. Esta evaluación condiciona la clasificación oficial de los usos (aquellos en los que la dependencia es aceptable, los que exigen una solución alternativa y los que la excluyen), la credibilidad de las negociaciones de acceso y, sobre todo, la interpretación de los indicadores de los que depende la decisión de ejercer la opción. Es el sistema nervioso de la doctrina, el que la hace operativa y mobilizable.

El quinto ámbito de actuación se centra en la negociación colectiva de las garantías de acceso. Es necesario explicar con precisión qué es lo que dotaría a Europa de una verdadera influencia, contrariamente a la idea generalizada de que bastaría con el tamaño del mercado europeo. De hecho, en un contexto de escasez de capacidad de cálculo, la pérdida de clientes europeos solo afecta de forma marginal a los laboratorios estadounidenses, que reasignan sin dificultad la potencia liberada a su demanda interna o a su propia investigación. Por lo tanto, la mera condición de «comprador interesado» es, desde un punto de vista estructural, inofensiva.

El verdadero eje estratégico europeo se encuentra en otra parte. Reside, en primer lugar, en nuestra oferta de infraestructura: Europa, y más concretamente Francia, puede ofrecer a los proveedores estadounidenses un recurso del que carecen, a saber, emplazamientos conectados a la red y electricidad descarbonizada en abundancia, a cambio de garantías contractuales de acceso a los mejores modelos. Este mecanismo presenta una valiosa característica asimétrica: una vez que el centro de datos se ha instalado en territorio europeo, el capital invertido queda como rehén de la relación. El proveedor que incumpliera sus compromisos se encontraría con miles de millones en activos privados de energía, mientras que el gobierno estadounidense, si intentara imponer restricciones, se toparía con el poderoso lobby de sus propias empresas.

Esta ventaja se basa, a su vez, en la combinación de los cuellos de botella industriales. El monopolio de ASML no es un caso aislado; la cadena de valor mundial de los semiconductores también depende de la óptica de la empresa alemana Zeiss, de los láseres de la empresa alemana Trumpf y de las arquitecturas de memoria de las empresas surcoreanas SK Hynix y Samsung. Coordinada entre La Haya, Berlín, Seúl y Tokio, esta posición colectiva tiene un peso geopolítico que la mera demanda comercial ya no tiene. A esta estructura hay que añadir las cláusulas contractuales habituales: preaviso, continuidad del servicio, depósito de los parámetros del modelo en un tercero de confianza en caso de interrupción del acceso, así como una condición que con demasiada frecuencia se elude: la seguridad absoluta de nuestras propias redes, ya que ningún laboratorio acepta confiar sus modelos más valiosos a infraestructuras consideradas vulnerables. Es cierto que ninguna de estas garantías equivale a la soberanía plena y absoluta, y los acontecimientos recientes nos recuerdan que un acceso concedido puede ser revocado. Sin embargo, combinadas con nuestra flota de inferencia y nuestra gestión de competencias, cambian radicalmente las reglas del juego: la interrupción del acceso ya no condena a Europa a la parálisis; impone al proveedor un costo de cambio prohibitivo. Así, la disuasión económica no elimina la dependencia, pero hace que su explotación resulte costosa.

En total, el costo de esta plataforma para Francia y sus socios se sitúa entre 5.000 y 7.000 millones de euros al año, lo que supone aproximadamente el 0,2 % del PIB francés. Esta cifra debe compararse con el 1,5 % requerido solo para el componente público de Prometeo, y con el 4,5-8 % de su costo total. A lo largo de estos cinco años, nuestro enfoque moviliza entre 90.000 y 135.000 millones de dólares, financiados en su gran mayoría por el sector privado y respaldados por ingresos de explotación. Mientras que Prometeo destina fondos en gran parte públicos, proponemos movilizar un capital mayoritariamente privado, respaldado por activos productivos e ingresos de explotación. Partiendo de esta trayectoria de solidez, pasemos ahora a analizar los dos escenarios maximalistas.

Rama A: si se generaliza la mercantilización, la ofensiva pasa por la difusión

Si los próximos 18 meses confirman la hipótesis incremental —caracterizada por un estrechamiento de los rendimientos, una mercantilización de las capacidades y una guerra de precios cuyo reposicionamiento de Meta es el primer indicio—, el centro de gravedad estratégico se desplazará definitivamente hacia la difusión, es decir, hacia la adopción efectiva de la IA por parte del tejido económico. Tal y como establece el informe Draghi, el retraso de la productividad europea es tanto un retraso en la adopción como en la producción. El billón de euros de gasto anual mencionados por Arthur Mensch ⁶ serán absorbidos por los modelos realmente desplegados sobre el terreno, y no necesariamente por las arquitecturas de frontera más pesadas. En este contexto, el costo de uso, la rapidez de ejecución, la integración en los procesos de negocio, el cumplimiento normativo, la localización de los datos y el control de los flujos de trabajo de los agentes se convierten en las variables clave de la competencia. Todos ellos son ámbitos en los que los actores europeos pueden forjarse una ventaja comparativa duradera. La nacionalidad del proveedor sigue teniendo, además, una importancia estratégica fundamental en lo que respecta a la reasignación del valor generado en Europa, el aprovechamiento de los datos de uso para enriquecer los modelos futuros o la resiliencia frente a posibles restricciones.

En este escenario tecnológico, hay que poner en marcha varias medidas de inmediato. Se trata, en primer lugar, de las medidas públicas que permiten acelerar la difusión del uso de la IA: el precio de la electricidad, factor clave del costo de uso; la contratación pública, que actúa como cliente de referencia; la administración, que sigue siendo el principal comprador de servicios intelectuales del continente; la creación de repositorios de datos sectoriales en los ámbitos de la sanidad, la industria y la movilidad; las iniciativas de formación; así como una reforma normativa que fomente activamente el despliegue operativo.

En segundo lugar, la preferencia europea debe calibrarse rigurosamente para que no suponga un freno a su difusión. De hecho, una preferencia generalizada podría encarecer artificialmente el costo de la IA para el conjunto de la economía, cuando es esencial fomentar su difusión a gran escala. Peor aún, una preferencia ciega correría el riesgo de dotar a nuestros hospitales, redes y administraciones de herramientas de ciberdefensa de segunda categoría, mientras que las capacidades ofensivas de vanguardia de nuestros adversarios se están generalizando. Por lo tanto, esta preferencia debe estar doblemente limitada: debe reservarse a los usos críticos identificados por nuestro marco de referencia y estar condicionada a umbrales de rendimiento verificados de forma soberana. No debe aplicarse ningún mecanismo de preferencia sin un umbral mínimo de eficacia: si el actor europeo resulta incapaz de mantener el nivel requerido en un segmento determinado, la cláusula queda automáticamente suspendida. Se trata de una condición clave para alinear la preferencia económica con los imperativos de seguridad a los que pretende servir.

Construir esta doctrina de políticas públicas exigirá influir en un equilibrio de fuerzas que ya se ha iniciado, pero que aún está totalmente abierto. La Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, presentada el 3 de junio de 2026 como pieza central del Paquete de Soberanía Tecnológica, propone un marco con cuatro niveles de exigencia de soberanía para la contratación pública de servicios en la nube, pero este texto no es más que una propuesta: su contenido real se decidirá en la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, donde el grado efectivo de exigencia sigue siendo objeto de debate. Por lo tanto, nuestra recomendación tiene por objeto influir en esta negociación, más que convencer a una Comisión que hablara con una sola voz, sabiendo que en ella seguirá reflejándose el equilibrio interno entre una DG GROW, más favorable a una política industrial firme, y una DG COMP, más comprometida con la neutralidad competitiva.

Rama B: el escenario de la huida y el ejercicio de la opción

Sin embargo, si los indicadores de rendimiento de los modelos confirman el escenario de la «huida», caracterizado por un aumento de las diferencias en las tareas largas y complejas, repetidos saltos en el rendimiento, un agotamiento de las arquitecturas abiertas y un endurecimiento de los controles de acceso por decisión estadounidense o china, el esfuerzo por alcanzar la vanguardia queda plenamente justificado. Nuestra base habrá sido entonces diseñada precisamente para hacer posible esta ambición, con un costo y un riesgo menores. Esta rama operativa no hace más que retomar la esencia del proyecto Prometeo, pero se pone en marcha en un momento en el que este se convierte en una opción segura y ganadora (desde el punto de vista de la soberanía, la tecnología y el comercio).

Sin embargo, este lanzamiento se diferenciaría del sprint prometeico inicial en cinco aspectos fundamentales.

En primer lugar, el punto de partida está consolidado: ya existen las infraestructuras energéticas, las instalaciones conectadas, la flota de computación de inferencia y los equipos de entrenamiento. El sobrecosto se centra exclusivamente en el cálculo de entrenamiento propiamente dicho, lo que permite ahorrar fondos públicos durante la fase de puesta en marcha. La activación de esta opción no abarata la frontera; garantiza una decisión informada, un terreno preparado y una carga que se puede compartir.

En segundo lugar, el factor desencadenante se basa en hitos empíricos constatados y no en una hipótesis teórica. Ahora bien, el contexto geopolítico que impondría la activación de la opción también alteraría profundamente los equilibrios: un endurecimiento de las condiciones de acceso impuesto por Washington legitimaría nuestra coalición, disiparía las dudas de nuestros socios —paralizados por el temor a ofender al aliado estadounidense— y aceleraría la aparición de arquitecturas de chips alternativas.

En tercer lugar, la coalición adoptaría una forma más compacta y de geometría variable, estructurada en torno a nuestro gestor de competencias, en lugar de a un nuevo organismo creado desde cero. El Estado intervendría en ella como garante del control estratégico, y no como responsable científico. Si la filosofía de la Comisión de Energía Atómica, citada por Prometeo, es la correcta, el mecanismo del tratado propuesto —es decir, derechos de acceso garantizados a cambio de una aportación financiera— debe ampliarse más allá de la mera Unión Europea. Debe incluir al Reino Unido, Suiza y Noruega por sus competencias y su energía; a Japón y Corea del Sur por la cadena de producción de semiconductores; así como a los estados del Golfo por su capital. Todos estos países comparten un interés vital común: eludir el duopolio sino-estadounidense.

En cuarto lugar, la financiación se basaría en la arquitectura ya probada para la flota de inferencia, con una aportación de capital a largo plazo por parte de los grandes fondos soberanos, remunerada mediante derechos de uso garantizados en lugar de simples promesas de rentabilidad financiera.

Por último, el objetivo estratégico ya no se basaría en la promesa incierta de «alcanzar a los líderes en tres años», cuya fragilidad han puesto de manifiesto las recientes dinámicas del mercado. La ambición sería incorporarse al grupo líder en un lustro, siguiendo una trayectoria de aprendizaje realista, acorde con la historia industrial de las recuperaciones tecnológicas con abundante capital.

Los factores desencadenantes y la gestión de la decisión de nuestra propuesta

Una doctrina de opción solo tiene valor si una instancia supervisa sus indicadores críticos y está facultada para ponerla en práctica. Sin embargo, ese es precisamente el punto ciego del debate actual, que acumula análisis estratégicos sin dotarse de un órgano decisorio. Para remediar este problema, nuestra propuesta se articula en torno a tres disposiciones concretas, unificadas por un principio transversal: la geometría variable. Ninguna de las iniciativas que se exponen a continuación debe quedar supeditada a la unanimidad de los Veintisiete, cuyos intereses nacionales son demasiado divergentes como para permitir llevar a cabo una política de poder en este ámbito. De hecho, hay que apoyarse desde el principio en un núcleo de Estados dispuestos a actuar.

En primer lugar, la gestión requiere un cuadro de mando público de indicadores de escenarios, gestionado por una autoridad de evaluación soberana, en colaboración con la Oficina Europea de IA, pero independiente de su organismo de tutela. Esta herramienta permitiría medir de forma objetiva la evolución de las diferencias de rendimiento en la ejecución de tareas complejas, y no solo las clasificaciones de preferencia, la frecuencia y el alcance de las restricciones de acceso estadounidenses y chinas, la vitalidad del flujo de modelos abiertos, el endurecimiento de las protecciones contra la filtración tecnológica, la tasa de penetración de los agentes autónomos en la economía real, así como la madurez industrial de los chips alternativos a Nvidia. Este cuadro de mando se revisaría trimestralmente según criterios predefinidos, cuyo incumplimiento activaría los protocolos correspondientes.

En segundo lugar, la gobernanza debe basarse en un mandato de decisión claramente definido y deliberadamente flexible. Los Estados que participen en la cofinanciación, sean europeos o no, formarían un consejo de contribuyentes, mientras que la Comisión Europea prestaría apoyo técnico y jurídico, sin disponer, no obstante, de derecho de veto. Se trata de la arquitectura que ha demostrado su eficacia en los grandes éxitos industriales del continente, desde Airbus hasta la cooperación espacial, a diferencia de las iniciativas multilaterales que se diluyen en la gobernanza. La decisión de poner en marcha esta iniciativa pionera corresponde al ámbito político y presupuestario. Debe basarse en escenarios cuantificados y actualizados continuamente para no tener que improvisarse ante la urgencia de una crisis de acceso tecnológico.

En tercer lugar, el marco debe incluir un componente privado, ya que la importancia crítica de estas tecnologías afecta en primer lugar a las empresas. Los consejos de administración europeos deben considerar el acceso a los modelos como un riesgo de abastecimiento de gran importancia. Esto implica aplicar políticas de doble proveedor de inferencia, probar rigurosamente planes de continuidad que incluyan la transición a modelos gestionados bajo jurisdicción europea e introducir cláusulas contractuales de preaviso vinculantes. Todo este arsenal operativo debe estructurarse, por tanto, aprovechando todas las lecciones aprendidas de la prueba de fuego a la que se vio sometida esta primavera, con la suspensión parcial del acceso a Mythos y Fable.

El precio de la independencia de Francia y de Europa

La referencia a las palabras de De Gaulle en Rambouillet —«Es muy caro, pero es el precio de la independencia»— es contundente, pero también pone de relieve lo que podría debilitar el proyecto Prometeo. Si bien la disuasión nuclear fue una apuesta tecnológica audaz, su fuerza residió en la capacidad de Francia para transformar una dependencia inicial (el agua pesada noruega sustraída en 1940, los conocimientos balísticos alemanes recuperados en 1946) en una cadena nacional cerrada en 15 años, desde el plutonio de Marcoule (1956) hasta los misiles de la meseta de Albion (1971). Este cierre del ciclo fue posible gracias al abandono de la tecnología del agua pesada, que dependía de suministros externos, en favor de la cadena de grafito y gas.

La objeción fundamental a la búsqueda de un modelo de frontera a corto plazo no se refiere únicamente al costo del proyecto, sino también a la secuencia de las inversiones. En nuestra opinión, primero hay que sentar las bases que lo hagan posible: la energía, las infraestructuras, las competencias y las instituciones decisorias. Hay que dar prioridad a lo que requiere tiempo. Si se confirman las hipótesis de los promotores de Prometeo, nuestro enfoque tendrá al menos el mérito de allanar el terreno: el proyecto contará entonces con socios decididos y con un mercado de componentes potencialmente libre de los monopolios actuales.

En un mundo incierto, la soberanía tecnológica e industrial no pasa por una apuesta maximalista, sino por un plan sólido capaz de tener en cuenta todos los escenarios tecnológicos. Esto implica la capacidad de prosperar si la tecnología se generaliza, de protegerse si se cierran los accesos y de lanzarse a la carrera por la vanguardia en el momento oportuno. Esta base industrial, que proponemos como opción, cuesta casi diez veces menos que la operación Prometeo y no requiere la autorización de nadie en Washington.