Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar ayer, domingo 28 de julio, en Venezuela dentro de un contexto particular, se inscriben en un proceso de transición democrática iniciado en los años setenta en América Latina.

  • En la época de la tercera ola democratizadora que en América Latina se extendió entre 1978, cuando se dieron los comicios en la República Dominicana, y 1994 cuando en El Salvador se celebraron las denominadas “elecciones del siglo” las transiciones a la democracia desde gobiernos autoritarios estuvieron signadas por procesos electorales medianamente transparentes, homologados por la comunidad internacional y, fundamentalmente, con resultados aceptados por todas las partes en liza. 
  • En aquella oleada de convocatorias a las urnas, quizá el proceso nicaragüense tuviera características más relevantes por cuanto que supusieron una “doble transición”: del autoritarismo de los Somoza, al régimen revolucionario con vocación de partido único del sandinismo y de este a una democracia plural y competitiva. 
  • Las elecciones de febrero de 1990 en las que Violeta Barrios de Chamorro resultó vencedora frente a Daniel Ortega con una participación del 86% del electorado supusieron el momento estelar del momento. Los sandinistas dejaron el poder, aunque no el control de las Fuerzas Armadas, y se llevaron a sus casas muchos de los activos que manejaron en el poder en lo que se denominó “la piñata”. 
  • La ironía hizo que tres lustros después una facción encabezada por el propio Ortega empezaran a establecer un nuevo régimen autoritario —el que conocemos ahora—.

Las elecciones celebradas en Venezuela el pasado domingo pueden enmarcarse en ese escenario en un ejercicio de análisis comparado.

  • En estos comicios se enfrentaron Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia —que era la cuarta opción que tuvo que presentar la oposición para poder inscribir formalmente un candidato—.
  • De acuerdo con las noticias recabadas hasta el momento la instancia oficial encargada del proceso electoral ha señalado el triunfo de Nicolás Maduro con el 51%. Un resultado que la oposición —encabezada por María Corina Machado y Edmundo González— ha rechazado: González ha incluso reclamado la victoria. La puntuación total obtenida por los candidatos, sobre la base del 80% de las papeletas escrutadas, alcanzó más del 130%, lo que plantea serias dudas en cuanto a la fiabilidad de los resultados.
  • Por encima de cualquier consideración hay una circunstancia que debe ser valorada: es necesario llevar a cabo una auditoría que verifique que los votos emitidos han sido contados efectivamente así como que el sufragio de quienes lo hicieron quedó depositado sin duda alguna. En un clima de enorme polarización y en un escenario en el que las autoridades controlan todos los resquicios del aparato institucional del país es la tarea urgente que llevar a cabo.

Por otra parte, de los diversos escenarios que se dibujaban y con la excepción de las elecciones legislativas de 2015 este supone la continuidad de las prácticas llevadas a cabo por el chavismo desde que su devenir electoral mostró su debilidad. 

  • Estados Unidos y muchos otros países de la región siguen muy de cerca estas elecciones —incluso países a priori aliados—: todos quieren evitar nuevas oleadas de emigrantes venezolanos.
  • Antes de las elecciones, presidentes como el chileno Boric y el brasileño Lula habían declarado que había que respetar los resultados de las urnas —algo que disgustó a Caracas—.
  • Con estos resultados se produce una huida hacia adelante que significa más dolor en los hogares venezolanos con el consiguiente incremento de la ya de por sí trágica marea migratoria, empobrecimiento por la incapacidad de gestionar la economía del régimen y aislamiento internacional que ahora se extiende a la propia América Latina en donde Nicolás Maduro solo contará con el apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua —los países que han reconocido los resultados anunciados por el gobierno y han felicitado a Maduro por su victoria—. 
  • A la inversa, Boric declaró que Chile sólo reconocería resultados «verificables». El ministro español de Asuntos Exteriores Albares, por su parte, pidió «total transparencia» a Caracas, al igual que el gobierno de Petro en Colombia, cuyo cuerpo diplomático quiere desempeñar un papel central en la mediación entre el chavismo en el poder y la oposición.

Una suerte de oligarquía consultiva, que es el término que Carmelo Mesa Lago dio al final del castrismo en Cuba, no deja de controlar el poder en Venezuela. Sin embargo, hoy la novedad es que, a diferencia de los años anteriores, la oposición está articulada en un frente único. Lo cual, irónicamente, puede ser una situación que favorezca las acciones de represión del régimen al poder centrar sus acciones de persecución en figuras que han mostrado su capacidad de atracción popular.