Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: ¿qué contiene el acuerdo alcanzado por los Estados miembros?

La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en discusión desde su suspensión temporal en marzo de 2020 en el contexto de la pandemia del virus Covid-19 y luego sobre la base de una propuesta de la Comisión publicada en abril de 2023, fue objeto de un acuerdo entre los Estados miembros – y entre Francia y Alemania -el 20 de diciembre-.

• La adopción fue posible gracias a un acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania en vísperas de la decisión.
• Alemania había expresado en varias ocasiones su desacuerdo con la introducción de normas flexibles, tomando la delantera entre los Estados denominados «frugales», a favor de mantener objetivos estrictos y unificados similares a los contenidos en la versión anterior del Pacto.

Varios principios que modifican el marco general de funcionamiento de las normas presupuestarias, establecidos en la propuesta de la Comisión, se han mantenido en el acuerdo final.

• La evaluación de la situación de la deuda de los Estados miembros ya no se basará en un único objetivo fijo, sino en un análisis de la sostenibilidad de la deuda, un modelo que tiene en cuenta las características macroeconómicas y estructurales (incluidas las demográficas) específicas del Estado en cuestión.
• La reforma introduce un horizonte temporal ampliado -de 4 o 5 años, ampliable a 7- para que los Estados miembros se ajusten a los criterios presupuestarios del 60% de deuda sobre PIB y el 3% de déficit ¹.
• Sobre la base de estos planes nacionales a medio plazo, el «gasto público neto» ² será la nueva métrica clave para evaluar la trayectoria de los Estados miembros. El gasto público neto será objeto de recomendaciones y seguimiento por parte de la Comisión para los Estados miembros sometidos a procedimientos de reducción del déficit.

No obstante, en consonancia con los principios defendidos por los Estados miembros «frugales», el nuevo Pacto mantiene una serie de objetivos numéricos vinculantes y uniformes para los Estados miembros.

• La introducción de un «margen de resistencia del déficit» común impone de facto a los Estados miembros un objetivo adicional de déficit estructural del 1,5%, destinado a proporcionar un margen de seguridad que garantice el cumplimiento del criterio del 3%, incluso en caso de gastos o acontecimientos económicos imprevistos. También se fija el ritmo de reducción del déficit para alcanzar este objetivo, entre el 0,25% y el 0,4% del PIB al año.
• Como concesión a los «frugales», el aumento del coste de la deuda vinculado al contexto mundial de tipos de interés elevados se deducirá sin embargo temporalmente del cálculo del déficit, de 2025 a 2027.
• Los Estados miembros cuya ratio deuda/PIB supere el 90% tendrán que reducirla al menos un punto porcentual al año de media durante el periodo de ajuste -0,5 puntos porcentuales al año para aquellos cuya ratio supere el 60% pero se mantenga por debajo del 90%-.

Según las primeras estimaciones publicadas por Bruegel, los objetivos de reducción del déficit podrían alcanzar, a lo largo de 4 años, una media del 0,3% del PIB anual para Alemania, del 0,9% para Francia y España, y del 1,2% para Italia y Bélgica, en función de los criterios contenidos en la reforma ³.

La otra gran innovación esperada de la reforma se refería al tratamiento reservado a las inversiones estratégicas consideradas prioritarias, en particular las inversiones verdes.

• El horizonte de ajuste presupuestario de 4 o 5 años podrá ampliarse a 7 años siempre que las reformas y las inversiones se inscriban en el marco definido por la reforma, que incluye, por una parte, medidas susceptibles de «mejorar el potencial de crecimiento» y «mejorar estructuralmente las finanzas públicas», y, por otra, inversiones alineadas con los objetivos de la Unión, entre ellos la transición ecológica y digital, la seguridad energética y, «en caso necesario», el refuerzo de las capacidades de defensa.
• No obstante, estas inversiones no se excluyen del cálculo de los objetivos de déficit y deuda en relación con el PIB, lo que constituía una de las principales reivindicaciones políticas en relación con la reforma, en particular por parte de los partidos Verdes, incluso en Alemania ⁴.

• Esta decisión final sobre el tratamiento de las inversiones verdes se hace eco de la crisis presupuestaria que sacudió Alemania a finales de noviembre, tras la sanción del presupuesto federal por el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, sobre la base de las propias normas presupuestarias del país.

Sobre la base de este acuerdo en el Consejo, la parte preventiva de la reforma se debatirá con el Parlamento en enero, con vistas a su adopción antes de las elecciones de junio de 2024.