El miércoles 4 de septiembre, los embajadores de los Estados miembros llegaron por fin a un acuerdo sobre los aspectos de la futura política europea de migración y asilo relacionados con la crisis. Este mandato del Consejo permitirá iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo, cuya posición sobre los cuatro textos del pacto se fijó en abril.

El objetivo del acuerdo es dotar a los Veintisiete de herramientas jurídicas para responder a situaciones de «crisis» y «fuerza mayor», como el aumento del número de migrantes y solicitantes de asilo llegados a Europa en 2015-2016 o la pandemia de Covid-19.

  • La Unión Europea recibió casi 900.000 primeras solicitudes de asilo el año pasado, la cifra más alta de los últimos seis años.
  • Al mismo tiempo, Frontex ha registrado un aumento del número de personas que cruzan ilegalmente las fronteras de la Unión desde 2018.
  • La mayoría de ellas llegan a Italia, Grecia y España. En septiembre, la llegada a Lampedusa de 7.000 migrantes en el espacio de dos días provocó la saturación de las instalaciones de acogida de la isla, lo que llevó a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia.

Este es el tipo de situación a la que pretende hacer frente el acuerdo alcanzado ayer. Además de las consecuencias directas para el Estado miembro y las personas afectadas, el texto subraya que una afluencia masiva durante un breve periodo también puede tener consecuencias «en el funcionamiento del sistema de asilo y migración en toda la Unión»1.

  • El acuerdo permitirá ampliar a 20 semanas el periodo máximo de retención en las fronteras exteriores para dar tiempo al Estado miembro afectado a «reorganizar sus recursos y aumentar su capacidad, en particular con la ayuda de las agencias europeas competentes».
  • El Consejo también introdujo el concepto de «instrumentalización» de los migrantes, propuesto en 2021 por la Comisión, definido como una situación en la que «un tercer país o un agente no estatal está en el origen de la migración irregular hacia la Unión Europea alentando o facilitando, o incluso forzando, el desplazamiento de los nacionales»2.
  • En la versión final del texto no se menciona específicamente a las ONG, aunque Roma quería incluir su papel en el rescate de migrantes en el mar como parte de esta «instrumentalización»3.

En caso de «situación de crisis», cada país podrá pedir a los demás Estados miembros contribuciones excepcionales de solidaridad: reubicación de una parte de los solicitantes de asilo de un país a otro, transferencia de la carga administrativa de tramitación de las solicitudes, contribuciones financieras, etc.

Varsovia y Budapest votaron en contra del texto, mientras que Austria, la República Checa y Eslovaquia se abstuvieron4. Según la hoja de ruta anunciada en septiembre de 2022, las negociaciones deberían concluir en febrero de 2024, antes de las elecciones europeas de junio5.