Una nueva ley del gobierno polaco podría interferir en las elecciones

Tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como la Comisión Europea han expresado su preocupación por la creación de este nuevo organismo, que se encargará de investigar la influencia rusa en la política polaca entre 2007 y 2022 y tendrá potestad para prohibir a determinadas personas ejercer cargos públicos durante un máximo de diez años.

• En las elecciones parlamentarias que se celebrarán este otoño, el partido nacional-conservador en el poder, Ley y Justicia (PiS), se presenta a un tercer mandato. Jaroslaw Kaczynski, líder del PiS, lleva años acusando a Donald Tusk (Plataforma Cívica), su principal rival político, de tolerar la influencia rusa (sobre todo en las políticas energéticas) cuando fue primer ministro de 2007 a 2014.

• De acuerdo con esta ley, los miembros de la nueva comisión, nombrados por el Sejm, la cámara baja del parlamento donde el gobierno tiene mayoría, pueden decidir unilateralmente prohibir a una persona condenada ocupar un cargo público, sin recurrir a tribunales independientes.

Ante las críticas y las dudas de los juristas, el Presidente polaco Andrzej Duda devolvió la ley al Tribunal Constitucional para que la revisara, pero mientras tanto entrará en vigor. 

• Los abogados polacos han criticado la medida por considerarla contraria a la legislación de la Unión Europea, mientras que el Defensor del Pueblo del país ha afirmado que algunas de sus disposiciones son contrarias a la Constitución polaca.

En una declaración emitida el mismo día¹, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que «el Gobierno de los Estados Unidos [estaba] preocupado por la adopción de la nueva legislación, que podría utilizarse indebidamente para interferir en unas elecciones libres y justas en Polonia». 

• El Departamento de Estado afirmó que «compartía la preocupación expresada por muchos» de que la comisión «pudiera utilizarse para bloquear la candidatura de políticos de la oposición sin el debido proceso».
• Mientras tanto, el martes 30 de mayo, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, también expresó su preocupación²: «La Comisión [Europea] analizará la legislación, pero no dudaremos en tomar medidas si es necesario, porque es imposible aceptar un sistema así sin acceso a la justicia, a un juez independiente». 

Ya en 2017, la Comisión activó un procedimiento del artículo 7 para hacer frente a un posible riesgo de que Polonia violara los valores de la Unión y el Estado de Derecho. A finales de 2020 se puso en marcha un mecanismo de condicionalidad que supeditaba los fondos de la Unión Europea al cumplimiento del Estado de Derecho; se activó contra Polonia en el verano de 2022, lo que dio lugar a la congelación -aún en curso- de 35 400 millones de euros en fondos de recuperación.