Se vota la reforma judicial húngara para desbloquear fondos europeos

A finales de 2020, durante las negociaciones sobre el plan de recuperación y el marco financiero plurianual, se había establecido un mecanismo de condicionalidad que supeditaba los fondos europeos al respeto del Estado de derecho; Polonia y Hungría habían llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en marzo de 2021 para impugnar su legalidad. El 17 de febrero de este año, el Tribunal rechazó sus recursos, allanando el camino para la aplicación concreta del mecanismo.

• El procedimiento, iniciado en abril de 2022 contra Hungría, desembocó a finales de septiembre en una propuesta de la Comisión en la que se solicitaba la suspensión de parte de los fondos de cohesión asignados al país. En concreto, se trata de 5.800 millones de euros de fondos de recuperación tras la pandemia, que se suman a los 6.300 millones bloqueados por sospechas de corrupción.

Así pues, las reformas judiciales adoptadas por Budapest forman parte de un paquete de 27 medidas destinadas a abordar las preocupaciones sobre el Estado de Derecho; sólo el cumplimiento de los requisitos podría desbloquear parte de los fondos.

• Entre los cambios, el proyecto de ley sobre el poder judicial refuerza los poderes de un consejo de jueces para supervisar los tribunales, limita el derecho del Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional y automatiza la asignación de casos a los jueces para evitar interferencias.
• Sin embargo, estos cambios sólo responden parcialmente a las preocupaciones; en una carta conjunta de Amnistía Internacional, el Comité Húngaro de Helsinki y el Instituto Eötvös Károl al Comisario Europeo de Justicia ¹, las organizaciones advierten de que la sinceridad de las promesas húngaras es cuestionable, argumentando que el proceso legislativo está deliberadamente diseñado para eludir la consulta pública y el debate parlamentario, y constituye una violación del reglamento interno del Parlamento húngaro.

A pesar de la aprobación de la ley de reforma judicial por el Parlamento húngaro, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, declaró el miércoles 3 de mayo que sólo la aplicación de la ley, junto con un cuerpo legislativo que cumpla los 27 puntos señalados por Bruselas, podría permitir el desembolso de un primer pago.