Acuerdo de libre comercio con Mercosur: los objetivos climáticos en el centro del debate

El acuerdo de libre comercio entre la Unión y Mercosur, anunciado el 28 de junio de 2019, prevé la reducción y eventual eliminación de los derechos de aduana y los contingentes de importación. Además, ofrece a las empresas extranjeras de las partes del acuerdo la posibilidad de participar en licitaciones públicas.

Las negociaciones se han estancado hasta ahora, con el gobierno francés en particular anunciando que solo ratificaría el acuerdo a condición de que Brasil cumpla con el acuerdo climático de París, en el contexto de una reanudación masiva de la deforestación bajo el presidente Bolsonaro¹.

En la ronda de negociaciones que se abrió a principios de marzo de 2023, la Comisión presentó su propuesta a los países del Mercosur para concretar los compromisos climáticos en el acuerdo comercial.

• El texto propuesto por la Unión Europea, cuyo borrador se filtró a principios de abril², insta a ambas partes a comprometerse con las medidas contenidas en el acuerdo climático de París, que exigen a los firmantes reducir a la mitad la deforestación para 2025 y revertir la pérdida de bosques y el mal uso de la tierra para 2030.
• La propuesta también incluye la obligación de responder a «cualquier otra decisión» que tome la ONU en relación con el acuerdo de París, y de proporcionar recursos adecuados a los reguladores medioambientales; incluye la aplicación del convenio sobre biodiversidad negociado en Montreal, y la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT.

La propuesta de la Comisión también refleja la presión de los grupos parlamentarios verdes europeos, ya que el acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento y, de forma individual, por los poderes legislativos de los cuatro países miembros del Mercosur y los veintisiete miembros de la Unión.

• Los Verdes alemanes han condicionado hasta ahora su consentimiento a garantías sobre el cambio climático; los parlamentos holandés y austriaco se han pronunciado en contra del acuerdo, argumentando que el aumento de las importaciones procedentes de Sudamérica haría a los consumidores europeos responsables de la deforestación.

Aunque la propuesta europea establece objetivos climáticos para los Estados firmantes, no prevé sanciones para hacerlos cumplir.

• El Mercosur teme que la Unión Europea introduzca sanciones de forma indirecta a través de una adenda que imponga sanciones comerciales en caso de incumplimiento.
• Además, a los gobiernos del Mercosur les preocupa cómo encajará en el acuerdo el reglamento europeo sobre productos libres de deforestación o el mecanismo de ajuste del carbono en frontera, aprobados por el Parlamento Europeo el miércoles 19 de abril.
• El reglamento sobre deforestación³ exige a las empresas que venden productos en el mercado de la Unión que certifiquen que no han sido producidos en tierras deforestadas; quienes no lo hagan se enfrentan a una multa de hasta el 4% de su facturación.

El acuerdo de libre comercio con Mercosur sería el tratado de mayor trascendencia económica jamás firmado por la Unión Europea: dado que Brasil protege sus mercados con aranceles elevados -alrededor del 35% en el caso de los automóviles, por ejemplo-, el acuerdo ahorraría a los exportadores 4.000 millones de euros en derechos al año. En comparación, el acuerdo alcanzado con Japón en julio de 2018 ahorra alrededor de 1.000 millones de euros.