El debate sobre la reforma del Banco Mundial

Al lanzar la Iniciativa Bridgetown antes de la COP 27, la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, pidió una reforma de las principales instituciones financieras internacionales -el Banco Mundial y el FMI- con el fin de dotarlas de la capacidad de proporcionar a los países en desarrollo financiación suficiente para luchar contra el cambio climático sin dejar de invertir en su propio crecimiento y desarrollo.

En octubre, OIaf Scholz anunció que Alemania, Estados Unidos y otros países (que constituyen más de la mitad de los accionistas del Banco, incluidos los miembros del G7) habían propuesto «una serie de planteamientos de reforma para que el Banco Mundial esté mejor equipado para afrontar los futuros retos mundiales»¹.

• La ineficacia del Banco para hacer frente a la magnitud de estos retos -que tarda una media de 465 días en desembolsar fondos y va a la zaga de otros bancos multilaterales de desarrollo en la parte de su financiación dedicada a proyectos climáticos²– también es compartida por los países en desarrollo, que reclaman un aumento del capital de la institución para incrementar su capacidad de préstamo sin perjudicar su calificación crediticia.
• Las críticas a la institución comenzaron a surgir después de que su presidente, David Malpass -cuya dimisión está prevista para finales de junio-, sugiriera en repetidas ocasiones que tenía dudas sobre las causas y consecuencias del cambio climático³.
• El Asesor Especial del Secretario General sobre Acción Climática y Transición Justa, Selwin Hart, acusó al Banco Mundial -y a los «grandes bancos» en general- de mostrarse demasiado pasivo mientras «el mundo en desarrollo arde»⁴.

El miércoles 12 de abril, durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Malpass anunció que los países miembros habían llegado a un acuerdo sobre medidas que, entre otras cosas, «añadirán hasta 50.000 millones de dólares a la capacidad de préstamo del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que presta servicios financieros a los países de renta media) en los próximos diez años»⁵. Este aumento de la capacidad de préstamo de la institución representa un incremento del 15% sobre los actuales niveles de financiación del BIRF (a razón de 5.000 millones de dólares anuales).

A pesar de estos esfuerzos iniciales, el Comité de Desarrollo del Banco ha advertido que este aumento de la capacidad de préstamo de la institución «no será suficiente para satisfacer las enormes necesidades de los países clientes»⁶.

• Además, el Comité de Dirección de la institución reclama un aumento del capital del Banco, que por sí solo le permitiría ampliar su capacidad para ayudar a los países de renta baja y media a hacer frente al cambio climático sin dejar de invertir en la reducción de la pobreza, algo que Washington y las autoridades europeas se resisten a conceder.
• La espinosa cuestión de una ampliación de capital para la institución está siendo defendida por los países en desarrollo, que la ven como «una forma de aprovechar los recursos disponibles y la señal más clara de un fuerte apoyo de los accionistas», según escribieron en Project Syndicate tres de los directores ejecutivos de la institución que representan a 41 países asiáticos, africanos y sudamericanos⁷.
• También exigen que los países ricos «cumplan sus compromisos actuales» en materia de financiación climática, como la promesa realizada en 2009 en la COP de Copenhague de apoyar a los países en desarrollo en la lucha contra el calentamiento global.

Por ejemplo, algunos países en desarrollo temen que el refuerzo de la capacidad del Banco para luchar contra el calentamiento global se haga a expensas de los países más pobres, por ejemplo «desviando capital muy necesario a países comparativamente más ricos» o reduciendo proporcionalmente la financiación para la reducción de la pobreza⁸. El candidato de la Casa Blanca para suceder a Malpass al frente de la institución, Ajay Banga (antiguo director general de Mastercard), está estudiando otras soluciones, como revisar el énfasis en el sistema de clasificación de ingresos que impide a algunos países miembros acceder a una financiación más barata.