Organizar la violencia: el poder de los grupos de autodefensa en México

Introducción

Hace diez años, en febrero de 2013, un centenar de hombres se alzó en armas en el corazón de la región de Tierra Caliente, en el estado Michoacán, al occidente de México¹. Se denominaron a sí mismos «autodefensas de Michoacán» y su objetivo era combatir y destruir al cártel de los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba gran parte del estado. En gran medida, las autodefensas lo consiguieron. En paralelo a los dos años de movilizaciones que reunieron a más de quince mil hombres armados en 34 municipios de Michoacán, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lideró en 2014 un proceso de negociación sin precedentes entre civiles armados y el poder público. En un año, parte de las autodefensas pasaron de ser grupos armados ilegales a fuerzas públicas, mediante un proceso de «legalización» que llevó a la creación de una nueva policía local, la ya desaparecida Fuerza Rural.

Formalmente activos entre 2013 y 2015, los grupos de autodefensa de Michoacán constituyen un fructífero caso de estudio para analizar el vigilantismo armado, sus vínculos con grupos criminales y autoridades públicas, y el uso que estas últimas hacen de los intermediarios locales para la gobernanza. Sobre todo, y más allá del periodo activo del movimiento, los levantamientos y la multiplicación de los grupos han dejado huellas que siguen siendo fundamentales en el paisaje de la política, la (in)seguridad y la violencia en México.

A partir de trabajo de campo realizado desde 2013 en los estados de Michoacán y Guerrero, este ensayo deja de lado el tema de las policías comunitarias -que pertenecen a comunidades indígenas- para centrarse en los grupos de autodefensa y plantear las siguientes preguntas sobre la gobernanza de la violencia en México: ¿por qué se han multiplicado los grupos de autodefensa?, ¿cuál es su relación con los grupos criminales, por un lado, y con las autoridades públicas, por el otro?, ¿y qué papel desempeñan en la regulación de la violencia y en la gobernanza local, sobre todo en zonas emblemáticas de la «guerra contra las drogas»?

Para responder a esas preguntas, examinaremos cómo los líderes civiles armados y el gobierno mexicano han dialogado, colaborado y se han enfrentado durante la última década. Sobre todo, veremos cómo los primeros, a través de su movilización en grupos de autodefensa, pero también de sus relaciones con las autoridades públicas, se han convertido progresivamente en patrones políticos -caciques, para llamarlos con un nombre mexicano- capaces de controlar territorios, recursos políticos estratégicos, mercados económicos lícitos e ilícitos, y redes cruciales de intermediación y clientelismo entre los ciudadanos y los tres niveles de gobierno.

El análisis de la última década en Michoacán documenta así el surgimiento de operadores políticos armados capaces de utilizar sus habilidades para volverse dominantes -e indispensables- en los esquemas de gobernanza local. Al mismo tiempo, este caso nos permite estudiar cómo las autoridades son capaces de negociar, cooptar, reprimir o institucionalizar a diversos actores informales, incluso violentos, en el México contemporáneo.

Sin embargo, veremos que gobernar a través de «hombres fuertes» locales -ya sean líderes de grupos de autodefensa, jefes criminales, miembros de partidos políticos, activistas o élites económicas- contribuye a promover el uso de la fuerza y las armas como recurso clave para obtener o mantener el poder. En última instancia, eso limita, debilita e incluso, en algunos casos, impide la participación y representación política de los ciudadanos sin armas, cerrando así la vida democrática de regiones enteras.

¿Hacer el trabajo que el gobierno no hace?

Los grupos de autodefensa han afirmado estar «haciendo el trabajo que el gobierno no hace» en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, al tiempo que le piden a ese mismo gobierno que los apoye con recursos políticos y militares. De ahí la paradoja: mientras reivindicaban una tradición de localismo, autoorganización y autojusticia, las autodefensas exigían una mayor presencia e intervención del Estado, principalmente para apoyar sus levantamientos y la lucha contra los Templarios.

Sin embargo, tras diez años de promesas de paz y seguridad, Michoacán no sólo se mantuvo entre los cinco estados más violentos del país, sino que registró un aumento de 186.97% en los homicidios entre 2015 y 2021. En 2022, a pesar de una disminución de 10.9%, se mantuvo como el cuarto estado más violento, con un total de 2 423 homicidios registrados y una tasa de 51 asesinatos por cada cien mil habitantes. Además, en 2021 ocupó el primer lugar nacional en desplazamiento forzado interno, con 13 515 personas oficialmente desplazadas.

Además, Michoacán es hogar de decenas de organizaciones criminales y grupos armados. En los últimos años, ha sido escenario de un conflicto especialmente violento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una coalición de grupos criminales locales y antiguos grupos de autodefensa, los Cárteles Unidos. Por último, Michoacán es una región crucial para la importación y el tráfico de cocaína, la importación de precursores químicos de Asia para la producción de fentanilo y metanfetaminas, para la extorsión y el cobro de piso a empresas locales, y exportaciones multimillonarias de productos mineros y agroindustriales como limón, bayas y el famoso aguacate (del que Michoacán es el mayor productor mundial), formando un paisaje particularmente imbricado y complejo de mercados delictivos.

Para este análisis, identifico cuatro fases que ayudan a entender el panorama actual de violencia. La primera es la creación y expansión de grupos de autodefensa, su lucha contra los Templarios y su institucionalización parcial bajo la Fuerza Rural, entre 2013 y 2015. En la segunda fase, entre 2015 y 2018, el poder local se consolidó en manos de líderes que habían acumulado recursos y control sobre mercados lícitos e ilícitos a través de su participación en grupos de autodefensa. La tercera fase está marcada por una violenta ruptura de alianzas entre los grupos dominantes que desembocó en el conflicto entre Cárteles Unidos y el CJNG, episodio al que los lugareños se refieren ahora como «la guerra» y que tuvo lugar entre 2019 y 2022. Por último, el periodo actual, caracterizado por una violencia crónica mezclada con una aparente estabilidad post-“guerra”, que nuestros interlocutores, en el invierno de 2022, describieron como “tensa calma”.

Esa etiqueta, lejos de representar un avance hacia la paz duradera, indica más bien que los habitantes se han acostumbrado a niveles y prácticas de violencia extremos. Juan (nombre ficticio), un activista que lleva décadas trabajando en la región de Tierra Caliente, Michoacán, describe la situación actual de la siguiente manera:

«Paz no hay. La tensa calma, sí, eso es algo que muchos dicen… Creo que somos resistentes, pero estamos frustrados, resignados. ¿Se puede construir algo concreto así? ¿Se puede trabajar sobre esa base? A lo mejor ya no vivimos con el miedo de antes, a lo mejor los grupos de autodefensa nos han quitado parte del miedo, pero no te engañes… No es la paz o el conflicto, no sé lo que es… Es la vida que tenemos. Cuando las cosas se calientan, es cuando ves que la gente se encierra inmediatamente en sí misma… Es algo aprendido. No sales, no hablas, te cuidas, sabes buscar información importante… Pero todo es por miedo, temor. La gente no se arriesga, porque todos conocemos la realidad de la amenaza. Aquí, si vas demasiado lejos, estás muerto. Y hay una delgada línea entre hacer lo correcto e ir demasiado lejos. Quizá seamos más cínicos que antes, más escépticos ante cualquier promesa, cualquier proyecto, cualquier discurso… La gente aquí es muy pragmática, sabe que la violencia es lo que te da el poder real, el poder de hacer política principalmente. Vivimos en una tierra de violencia, una tierra de cárteles y grupos armados. Pero ojo, no es una zona sin ley, en Michoacán hay ley y orden. […] Vivimos bajo la ley de los cárteles, del ejército, del gobierno.»²

El argumento de Juan sobre el orden es crucial para entender gran parte de la violencia en Michoacán, pero también en México en general. Ese «orden» no implica necesariamente la ausencia de violencia, sino su regulación por parte de diversos actores públicos y privados que negocian la forma en que se ejercen el poder y la autoridad a nivel local. Esas negociaciones -o diálogos- se dan de manera permanente, lejos de la idea de grandes pactos «mafiosos». Tienen lugar más bien en el marco de lo que se puede llamar «relaciones político-criminales», es decir, las relaciones entre universos políticos y actores locales más o menos violentos: caciques, hombres fuertes, miembros de la élite económica local, operadores políticos, representantes políticos y, por supuesto, narcotraficantes. En resumen, autoridades de facto que se han convertido, como veremos más adelante, en intermediarios indispensables para el buen funcionamiento de la gobernanza local.

Restablecer el orden moral y social

Numerosos trabajos de académicos, expertos y periodistas han sostenido que la multiplicación de las organizaciones criminales y de los grupos civiles armados, como las autodefensas, es un síntoma del debilitamiento del Estado. Se conciben como enemigos absolutos de los poderes públicos. 

Este análisis presenta una hipótesis distinta: sostengo que la multiplicación de actores violentos en México -incluidos los grupos narcotraficantes- lejos de implicar un repliegue mecánico y una derrota del Estado, ilustra una transformación de las modalidades de negociación entre las autoridades públicas, los civiles armados y los grupos criminales para la gobernabilidad de amplias zonas del país, especialmente en el contexto de la «guerra contra las drogas».

Retomando el argumento de Juan sobre el “orden” en Michoacán, vale la pena recordar el objetivo inicial de los grupos de autodefensa: abolir el control impuesto por los Templarios y hacer desaparecer al cártel. Esa «limpieza» se acompañaba del deseo de producir un nuevo orden social y moral que recuerda la tensión que anima a la mayoría de los grupos de autodefensa, en México y en el mundo, y que pueden analizarse como movimientos comprometidos con «violar la ley para hacerla cumplir»³.

Inicialmente, las tareas «judiciales» de los grupos de autodefensa podían incluir la confiscación de bienes de los Templarios, así como el castigo corporal o la eliminación directa de sus miembros. Sin embargo, los grupos de autodefensa demostraron que los “vigilantes” no pretendían erradicar totalmente el crimen organizado. Se han preocupado más por regular sus actividades, incluso intentando poner fin a ciertas prácticas consideradas intolerables (extorsión, tiroteos, violencia contra las mujeres o los jóvenes) y separando las actividades delictivas -como la producción y el tráfico de drogas- del resto de la sociedad. Para decirlo más sencillamente, y haciendo eco de una idea que se oye con frecuencia sobre el terreno, se trata de volver a un pasado (a veces fantasioso) en el que los narcos «no molestaban a la gente». En otras palabras, para vivir en paz habría que restaurar la coexistencia de dos universos paralelos, con la delincuencia por un lado y la sociedad «sana» por el otro.

Así, aunque esos grupos sean el resultado de una acumulación de descontento, su ambición moral y social no es eliminar el crimen organizado, el narcotráfico, ni enfrentarse al Estado, sino cambiar la forma de actuar de ambos. En esta situación, la justicia por mano propia se presenta como un imperativo moral: cuando el gobierno no hace su trabajo contra los grupos criminales, hay que tomar la justicia por mano propia y convertirse en protector de la comunidad.

El control territorial y la construcción de feudos de poder y mediación

La capacidad de los grupos de autodefensa para restablecer el orden ha descansado en su organización territorial. Entre 2013 y 2015, sus líderes construyeron su autoridad sobre pequeñas áreas de territorio para aparecer como los únicos líderes, tanto ante la población como ante el gobierno federal. Al asumir la seguridad y el control de sus feudos, los líderes de las autodefensas pudieron presentarse ante las autoridades como aliados en la gestión de la gobernanza, posición que pueden seguir ocupando a pesar de la desmovilización oficial de los grupos.

La territorialización de los grupos de autodefensa les ha permitido, por ejemplo, entablar una cooperación militar activa con las fuerzas del Estado, incluso en la persecución de líderes templarios fugados. A cambio, al colaborar con los líderes, el gobierno consiguió recuperar cierta legitimidad local o, al menos, asegurarse una presencia militar a través de un socio local. Las autodefensas ofrecieron a las fuerzas armadas habilidades y conocimientos valiosos, no sólo en términos de inteligencia sobre la vida local, sino también en términos de control del terreno de operaciones. El conocimiento detallado del territorio, por ejemplo, no fue plenamente adquirido por las fuerzas federales, a pesar de su despliegue masivo en la región. El conocimiento local de los grupos de autodefensa resultó ser una de sus principales ventajas para ganarse la confianza de las fuerzas públicas y de las autoridades federales.

Esas relaciones se basan en el control territorial, lo que puede parecer contradictorio, pero de hecho constituye el núcleo de la influencia de los «jefes» locales. Los líderes de las autodefensas han construido y controlado progresivamente feudos que pueden dar la impresión de estar geográfica y socialmente aislados, pero que sin embargo les permiten abrir un diálogo político con las autoridades. Al asegurarse un control estricto sobre su territorio, los líderes adquieren importancia para la gobernanza local. De hecho, al igual que muchos otros actores violentos en México, incluidos los narcotraficantes, los grupos de autodefensa en Michoacán han luchado más por convertirse en socios, enlaces e intermediarios de las autoridades; engranajes que conectan y controlan los flujos de recursos estratégicos (como el financiamiento público, la aplicación de políticas de seguridad, los escaños electorales o los puestos de trabajo, por ejemplo) que conectan al gobierno y a la sociedad local. 

Así, oscilando entre la presión y la colaboración, los jefes de las autodefensas, como señores feudales apoyados en su territorio, han construido su papel de mediador con el Estado. Al mismo tiempo, las autoridades reforzaron su capacidad operativa política, mejoraron su capacidad para recabar información sobre las dinámicas locales de violencia y ganaron nuevos aliados, aumentando así su capacidad de gobernanza local.

Líderes armados y delegación de poder

El papel del intermediario es común en el México rural. Puede considerarse un equivalente de los caciques, por ejemplo. Históricamente, el Estado mexicano ha tolerado, apoyado e incluso permitido que las autoridades informales -caciques o caudillos- asumieran ciertas tareas de gobierno e incluso que recurrieran a la violencia, siempre y cuando se mantuvieran alineados con los intereses fijados por las autoridades públicas y abiertos al diálogo con ellas. Se trata de prácticas clásicas de delegación del poder, en las que el Estado se apoya en representantes indirectos para gobernar localmente. En el caso de Michoacán, la experiencia, carisma y poder acumulados por los líderes de esos grupos desde 2013 son centrales en la actual arquitectura de seguridad (o inseguridad) local.

Carlos, líder de un grupo armado que incluye tanto a exmiembros de las autodefensas como de la policía, analizó esas dinámicas en una entrevista en noviembre de 2022:

«Tengo la capacidad de sacar a mis hombres a la calle en un segundo. Basta con tocar las campanas de la iglesia o enviar una serie de mensajes de WhatsApp para que la gente salga inmediatamente. Eso es lo que ha cambiado con las autodefensas, la gente les ha perdido el miedo a los grupos criminales y al gobierno, y nosotros estamos organizados, tenemos la experiencia… Este es nuestro territorio y lo conocemos como la palma de la mano. Es poco probable que alguien pueda entrar en nuestro territorio sin que lo sepamos inmediatamente, y si nos enteramos de una amenaza, reaccionamos y sacamos a la gente de sus casas, con o sin armas. Los otros grupos lo saben, y las autoridades también… Así que lo piensan dos veces antes de hacer alguna estupidez contra nosotros».⁴

Este testimonio ilustra un legado crucial de los grupos de autodefensa: el aprendizaje de la movilización colectiva, la ocupación del territorio, el patrullaje armado y el sentimiento de pertenencia y apoyo mutuo. Esas habilidades se combinan con el sentimiento más difuso, descrito por Carlos, de «haber perdido el miedo»: si la seguridad se pudo asumir en 2013, se puede volver a asumir en cuanto se identifica una amenaza.

En segundo lugar, la capacidad de vigilar el territorio y movilizar a la población local sigue siendo un recurso político crucial. Puede ser útil para protegerse, pero también para apoyar o enfrentarse a un candidato o a un partido político durante un periodo electoral, por ejemplo. En este sentido, cada líder, incluso cuando controla un territorio que puede parecer poco estratégico e insignificante, actúa en realidad como un jefe con un sólido capital político que puede negociar y poner al servicio de un aliado externo. 

Tales capacidades le confieren una posición de operador político, de socio de los poderes públicos en la gobernanza, como me explicó Ezequiel, antiguo activista político:

«Lo que siguen garantizando los líderes es estabilidad. Y con los niveles de violencia que tenemos en Michoacán, eso es esencial… Los líderes controlan a la población, pero también se aseguran de que el municipio permanezca tranquilo… Y eso es lo que todos quieren aquí, la gente normal, los empresarios, porque no quieren violencia, y las autoridades por supuesto. Todo el mundo sabe que los líderes tienen ciertos intereses y trabajan con un grupo criminal u otro… Es imposible evitar eso aquí, no puedes escapar de los cárteles, al menos tienes que hablar con ellos… Pero mientras ofrezcas estabilidad y seguridad, todo el mundo está contento […] Aquí, la gente evalúa tu eficacia como jefe de la siguiente manera: si te quito, ¿qué pasará? ¿Quién ocupará tu lugar? ¿Traerá más violencia, más inestabilidad? Incluso para las autoridades, es mejor mantenerte… Trabajan con los líderes, los conocen, aunque sepan que pueden estar implicados en el tráfico de drogas… Pero nadie te va a juzgar si traficas drogas en Michoacán, siempre y cuando te comportes correctamente con la gente… Tal vez pienses que es responsabilidad del gobierno hacer algo contra el narcotráfico, pero honestamente, a nadie le importa si traficas drogas siempre y cuando mantengas la estabilidad, ¿entiendes?»⁵

Así, garantizar la estabilidad y el orden es la espina dorsal de la longevidad de los líderes autodefensas convertidos en intermediarios políticos. En general, como indica Ezequiel, las autoridades públicas están dispuestas a dialogar con esas figuras por su capacidad para regular la violencia y mantener el orden a nivel local. Esa dinámica permite comprender mejor la importancia de los líderes armados, que pueden controlar una docena o varios cientos de hombres en algunos casos, en el mantenimiento de canales de intermediación política (y clientelismo) entre el gobierno federal y los diferentes actores sobre el terreno.

Dentro de los municipios, la lealtad de los hombres armados es principalmente hacia su líder, aunque sus salarios proceden de múltiples fuentes. Algunos de ellos pueden recibir dinero de los presupuestos públicos, especialmente cuando su líder ha conseguido introducirlos en la policía local, o directamente de actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la extorsión. En ese caso, la organización criminal responsable de pagarles puede utilizar a esos hombres como fuerza de reserva. Si bien sus actividades diarias están dedicadas a la seguridad de su propio municipio, pueden ser llamados por el grupo criminal para realizar tareas específicas, por ejemplo, en caso de conflicto que requiera refuerzos. Tal fue el caso durante la guerra entre el CJNG y los Cárteles Unidos entre 2019 y 2022. Los Cárteles Unidos, que funcionan como una coalición de actores armados, dependían en gran medida de una reserva de hombres que podían ser utilizados en caso de necesidad. Esas reservas salen de sus propios municipios, viajan a las zonas de conflicto, prestan apoyo y luego regresan a casa, actuando más como milicias armadas que como grupos de autodefensa.

Inestabilidad y ciclos de violencia

Las alianzas así creadas entre las autoridades y los caciques son intrínsecamente inestables y difíciles de mantener a largo plazo. Lejos de representar pactos sólidos, están marcadas por fricciones y conflictos constantes, ya que los líderes locales suelen buscar apoyo político al tiempo que mantienen su autonomía y margen de acción sobre el terreno. En Michoacán, por ejemplo, los líderes de los grupos de autodefensa llevan años manteniendo retenes, dirigiendo parte de la policía municipal, organizando patrullas y portando armas, o recibiendo presupuestos públicos para sus operaciones, entre otras medidas concretas. Todo ello contribuye al poder local de los líderes.

Sin embargo, al ser inestables, esas formas de delegación de poder de las autoridades públicas a los caciques tienen múltiples consecuencias políticas. Los acuerdos informales se ven constantemente amenazados por otros actores que pretenden ocupar la posición de aliado del gobierno. También es el caso de diferentes instituciones públicas o fuerzas del Estado -la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Gobernación, por ejemplo- que luchan entre sí por ejercer influencia sobre el terreno y conservar el poder de mantener alianzas, clientelas y relaciones privilegiadas con los intermediarios locales.

Esas dinámicas conflictivas contribuyen a sostener y alimentar largos ciclos de violencia. Cuando las autoridades actúan como reguladores y árbitros de la violencia en lugar de garantizar la aplicación de políticas públicas transparentes en materia de seguridad y justicia, contribuyen a externalizar tareas del Estado a los líderes locales. Si bien esto puede parecer eficaz a corto plazo (por ejemplo, si contribuye a un descenso repentino de los homicidios en un determinado municipio), la consolidación del poder de los líderes locales deslegitima al Estado como único garante del orden y la seguridad.

Estamos entonces ante dinámicas de cogobierno que se construyen en una zona gris entre lo público y lo privado, con grupos armados asumiendo cada vez más tareas de seguridad pública. Desafortunadamente, los sucesivos gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no han sido capaces de dar un marco sólido, institucional y transparente a las estrategias de seguridad pública en Michoacán.

¿Qué espacio político para los ciudadanos desarmados?

En 2023, decenas de líderes informales operan en Michoacán, repartidos en al menos un tercio de los municipios del estado. El resultado es un complejo conjunto de lealtades informales, gran inestabilidad y fuerte competencia. Observar el panorama criminal de Michoacán es como mirar a través de un caleidoscopio de alianzas en constante cambio. 

Esas alianzas demuestran que la gobernanza de territorios clave en la guerra contra el narcotráfico en México depende, entre otras cosas, de una combinación de acuerdos formales e informales entre las autoridades públicas y los grupos armados o criminales. Analizando cómo el gobierno, al mantener el apoyo formal e informal a los líderes armados en Michoacán, puede contribuir a transformar a los intermediarios violentos en aliados cruciales para la gobernanza local. Esto, a su vez, fomenta una forma de externalización de la seguridad pública y alimenta el poder de los hombres fuertes que terminan compitiendo por los intereses y recursos locales y buscan mantener su posición como apoderados del gobierno.

Los niveles de conflicto observados en Michoacán en los últimos 10 años demuestran que las autoridades no han desarrollado estrategias para reducir la violencia sistémica y evitar la fragmentación territorial de la región, actualmente dividida en decenas de feudos sobre los que los caciques locales ejercen una inmensa influencia social, política y económica.

Sin embargo, sería erróneo considerar que el poder de los líderes no estatales está en absoluta oposición a la autoridad pública, y no en articulación con ella. Decenas de actores armados disfrutan de alguna forma de soberanía dentro de las mismas regiones, lo que da lugar a la colaboración y la competencia. En ese escenario, el uso de la violencia no tiene como objetivo derrocar el sistema político, sino maniobrar en el juego político con los poderes públicos.

La apertura de estos últimos a colaborar con los líderes armados puede animarlos a hacer todo lo posible por asegurar su poder y a otros líderes a competir por el estatus de aliados políticos. En última instancia, esos feudos dificultan que las autoridades, o cualquier iniciativa de la sociedad civil, ofrezcan alternativas a los líderes carismáticos. En resumen, el Estado acaba favoreciendo a los líderes violentos y el uso de la violencia y la coacción como las herramientas más respetadas y eficaces para conseguir y conservar el poder a nivel local. El espacio político que queda para otras formas de participación y movilización social, especialmente las iniciativas no armadas, se vuelve a veces inexistente, lo que en ocasiones conduce a la exclusión de los ciudadanos de a pie o de los grupos de la sociedad civil de la vida política local. Varios actores políticos y de la sociedad civil consultados en Michoacán en el invierno de 2022 señalaron que las actuales condiciones de inseguridad les impiden participar en cualquier actividad pública. Si la gente sabe que los líderes armados son tolerados o apoyados por el Estado, se vuelve aún más riesgoso participar en cualquier actividad política. Tales dinámicas, sin embargo, no pueden examinarse desde la distancia, sino que requieren una inmersión profunda en las comunidades locales. Por extensión, la búsqueda de soluciones políticas seguirá siendo inalcanzable en ausencia de análisis de las crisis locales y de un firme compromiso de las autoridades municipales, estatales y federales con la transparencia y la responsabilidad para elaborar respuestas institucionales a la violencia y la inseguridad.