La deriva Saied

De un orden político a otro

Casi dos años después del golpe de fuerza del 25 de julio de 2021, Túnez completa esta semana su transición de régimen con la apertura, el 12 de marzo, de los trabajos de la nueva Asamblea de Representantes del Pueblo, elegida este invierno. 

Antes de su inicio, la credibilidad de esta nueva legislatura ya se ha visto ampliamente socavada por el fracaso de un escrutinio que apenas superó el 10% de participación al final de una campaña vacía de sentido por la suspensión de los partidos y el anonimato del que gozan la mayoría de los candidatos.

En julio de 2021, la suspensión del gobierno y de la asamblea y la toma de control autoritaria del país, que desde entonces se rige por decreto-ley, iniciaron un proceso de transición constitucional que concluyó el 25 de julio de 2022 con la adopción de una nueva constitución.

Esta nueva constitución es tan variada en su proceso de adopción (abstención del 70%, texto modificado tras el referéndum, ausencia de consideraciones sobre los métodos de elección, etc.) como peligrosa en sus disposiciones (ausencia de un órgano independiente para organizar las elecciones, hiperpresidencialización, cuestionamiento de la paridad en la asamblea y limitación estricta de la vida política partidista). 

Sin embargo, este proceso político ha recibido pocas críticas reales de los países europeos, ilusionados por el nombramiento de la primera mujer jefe de gobierno del mundo árabe y el abandono de la nomenclatura de «religión de Estado» (دين الدولة), en contraste con la filosofía profunda del nuevo régimen: conservadora y panislámica.

Este periodo de transición se caracterizó por una restricción gradual de las libertades políticas según la táctica ya probada del salami -loncha a loncha-: aumento de los escándalos político-financieros; limitación de la libertad de expresión en Internet (mediante el Decreto 54, oficialmente sobre «cibercriminalidad»); toma del control del organismo independiente para la organización de elecciones; prohibición de manifestaciones; convocatoria de periodistas y, por último, detenciones políticas de dirigentes de izquierda, antiguos miembros del gobierno, así como de Nourredine Bhiri, presidenta del poderoso partido islamoconservador Ennahdha. 

Esta política fue posible gracias a una «securitización» del debate democrático, criminalizando cualquier disidencia en nombre de la seguridad nacional, así como a la escenificación en la retórica presidencial de la lucha contra los supuestos «enemigos del interior», a sueldo del «Extranjero» (بِالـخارِج) y que operan, en todos los ámbitos, contra los intereses del Estado: partidos políticos, especuladores, empresarios, sindicatos, ONG, etc. 

El clima de desesperación, la integridad personal de Kais Saied y esta histerización del debate político bastaron para unir a su causa a una parte, aunque decreciente, del pueblo tunecino, desgastado por la degradación de los servicios públicos, la corrupción y la inacción política características del periodo 2011-2021.

Una breve historia de la violencia

Esta política se inscribe en una dinámica más global de aumento de la violencia en el discurso público, catalizada por la rigidez de carácter de Kais Saied, que ha multiplicado el uso de la retórica nacionalista y conspirativa.

La última ha sido la supuesta denuncia de un proyecto difuso de reemplazo demográfico mediante la sustitución de la mayoría autóctona árabe y musulmana por una población africana y cristiana. Se trata de una nueva ilustración de la violencia verbal y de las tristes pasiones que pueblan el discurso público y que se concretan en la designación periódica de chivos expiatorios. Esta designación se ha convertido ahora en una autorización para la violencia física dirigida, por el momento, contra la comunidad subsahariana.

Más allá de la preocupante popularidad de la retórica xenófoba y racista en el seno de la opinión pública tunecina, es sobre todo esta dimensión de violencia catártica la que debe llamar la atención del observador informado. En particular, ante la total falta de fundamento de esta acusación antiinmigración y panislamista, a pesar de que la población inmigrante subsahariana es cuantitativamente pequeña, esencialmente estudiantil y predominantemente musulmana.

Estas violencias políticas, que incluyen detenciones arbitrarias y la destitución regular de ministros -víctimas de una política en punto muerto-, son ahora sistémicas en Túnez, más allá de las palabras presidenciales.

Así, siguiendo el ejemplo de lo observado en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, estas frases se preparan (aguas arriba) y luego se multiplican por diez (aguas abajo) en las redes sociales y las ondas radiofónicas por los cómplices del régimen. Estos últimos, organizados en el seno de una nebulosa «coordinación de defensa del proyecto del presidente Said», retransmiten las declaraciones de sus mejores tribunos, como Kais Karoui, que constituyen desde hace dos años el material esencial del debate de ideas: retomadas, comentadas, apoyadas o criticadas una y otra vez en las plataformas televisivas y en las conversaciones cotidianas.

Este fue una vez más el caso de las declaraciones racistas-complotistas de Kais Saied, que se hicieron eco de declaraciones similares que proliferaron durante varios meses en ciertos medios sociales por parte de partidarios de la figura del líder. 

Pero si, como escribió René Girard en La violencia y lo sagrado, es «la violencia insatisfecha la que busca y acaba siempre por encontrar una víctima de sustitución», la causa primera de esta dinámica está en otra parte. Se encuentra en el resentimiento difuso contra el rápido deterioro, en los últimos 15 años, de las condiciones socioeconómicas de un país golpeado por la inflación, la escasez, la informalización de la economía, el desempleo masivo (cuya prevalencia entre los jóvenes alcanza el 40%), la ausencia de oportunidades empresariales y el fortalecimiento de las rentas protegidas y las posiciones dominantes.

Más que eso, se encuentra en la disminución de la protección social proporcionada por el Estado, que se ha deteriorado rápidamente en los dos últimos años, con el telón de fondo de la quiebra de los servicios públicos y en un contexto económico masivamente constreñido por el peso de la deuda (que alcanza el 89% del PIB en 2023 según el FMI) y la ausencia de crecimiento real (que debería ser del 1,6% en 2023 según la misma fuente).

Este contexto económico, que el régimen actual ha heredado parcialmente, exigiría una política de reformas ambiciosa, negociada con las fuerzas sociales, que se centraría en la gestión de las empresas públicas en quiebra, la simplificación del marco reglamentario, el despliegue de un sistema fiscal más redistributivo, la mejora de la eficacia de la política social y la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Sólo un enfoque integrador de este tipo podría tranquilizar y ofrecer esperanza al mismo tiempo.

En lugar de ello, el gobierno, a falta de una línea propia claramente identificable, se ha instalado en una pulseada y una doble denuncia, por un lado de las exigencias de los donantes internacionales y por otro de las reivindicaciones de la UGTT (el sindicato histórico y casi único del Túnez independiente), que negocia ahora desde una posición de fuerza con un gobierno cuya representatividad es inferior a la suya.

Esta doble denuncia, que toma como pretexto la defensa de los intereses de la Nación frente al imperialismo occidental y los enemigos internos, se inscribe en el marco de una política social efectivamente violenta y cortoplacista, hecha de ahorro a través de la promoción de la escasez (que reduce el peso de las compensaciones arancelarias), la reducción de las subvenciones, así como una cierta actitud de laissez-faire frente a la inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de los tunecinos.

El espectáculo permanente

Desde 2019, la vida política tunecina se ha convertido progresivamente en un espectáculo permanente, deletéreo para la confianza de los socios internacionales e incompatible con las exigencias de un debate democrático fértil e inclusivo.

Los recientes arrebatos presidenciales hacen improbable lo que parecía la única salida potencial de la crisis: la aprobación por el directorio del FMI del generoso pero ya insuficiente programa negociado en octubre pasado, cuyo proceso de adopción ya se había estancado. Los llamamientos de la nebulosa saiedista a la destitución del gobernador del Banco Central -considerado el único interlocutor creíble y fiable- no hicieron sino reforzar la desconfianza del Fondo en la credibilidad de la firma tunecina.

El escenario más probable ahora es el de un impago soberano de aquí a 2024, lo que reduciría aún más el margen de maniobra presupuestario y acentuaría el empobrecimiento de Túnez, que podría entonces buscar la ayuda efímera de aliados regionales cada vez menos numerosos y cuyas motivaciones no están claras.

Se percibe así la complejidad del ejercicio de calificación del régimen de Kais Saied, que parece muy alejado del tipo ideal del régimen autoritario: estructurado en torno a un fuerte aparato represivo, una coalición dominante de intereses políticos, económicos y sociales, un partido hegemónico y un refuerzo del Estado capaz de proporcionar protección social y seguridad (siguiendo el ejemplo del Egipto de Sissi o la Turquía de Erdogan, por poner ejemplos regionales pertinentes).  

En Túnez, la contrarrevolución ha creado, en cambio, un circo con un espectáculo cada vez más espantoso, del que pronto sólo quedarán un payaso triste y un público asustado y apático, que se ha retirado de cualquier forma de acción colectiva y se repliega en la esfera privada. 

A menos que esta nueva salida sea tan absurda y rancia que constituya -junto a las últimas medidas antisociales, detenciones políticas y prohibición de manifestaciones- un punto de no retorno capaz de desencadenar eventualmente una nueva primavera tunecina.

Tal vez ésta sea la apuesta que los socios occidentales deberían hacer ahora en su aproximación a la experiencia tunecina.