Externalización de la política migratoria del Reino Unido en Ruanda

El 14 de abril, Kigali y Londres firmaron un acuerdo polémico y sin precedentes para enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados ilegalmente al Reino Unido durante cinco años. Se les alojará en Ruanda mientras se tramita su solicitud, con vistas a una posible regularización (en Ruanda, no en el Reino Unido), o se les devolverá a su país de origen. A cambio, Ruanda recibirá 120 millones de libras esterlinas para organizar la recepción, pero también, en general, como parte de la ayuda al desarrollo del país.

En cuanto a la política ofensiva de los tories, el acuerdo está siendo puesto en un pedestal por el gobierno de Boris Johnson. El Primer Ministro británico declaró que Ruanda era «uno de los países más seguros del planeta» y la Ministra del Interior, Priti Patel, dijo en Twitter que «el Reino Unido y Ruanda están uniendo fuerzas para promover un nuevo sistema de asilo global más justo y eficiente». Por su parte, la ONG estadounidense Freedom House otorga puntuaciones muy dispares: 21/100 a Ruanda sobre la «situación de la libertad» en el país, frente a, por ejemplo, 89/100 en Francia y 93/100 en el Reino Unido.

La oposición ruandesa (cada vez más amordazada por Kigali) critica inicialmente el acuerdo por considerarlo una negación de la responsabilidad del Reino Unido o un riesgo de aumento de la competencia por el acceso a los recursos de Ruanda para todos. En otros lugares de África, el director de África Central de Human Rights Watch ha declarado que «Ruanda ha demostrado en repetidas ocasiones lo mucho que valora la protección que debe otorgarse a los refugiados según las leyes internacionales»¹. En el Reino Unido, varias ONG presentaron un recurso legal el pasado miércoles. Inicialmente, 130 personas iban a ir en el primer avión a Kigali, pero el Tribunal de Justicia británico, aunque se negó a rechazar el principio de acuerdo entre Londres y Kigali, revisó el caso de los 130 solicitantes de asilo caso por caso, lo que llevó al Tribunal a cancelar la deportación de una gran mayoría de ellos. Sólo entre 7 y 10 personas se verían ahora afectadas por el nuevo procedimiento de externalización de los solicitantes de asilo.

En lo que respecta a Ruanda, no es la primera vez que el gobierno ruandés se plantea un acuerdo de este tipo, ni que se produzca este tipo de externalización. Por ejemplo, desde 2019 está tramitando el caso de los migrantes (en su mayoría eritreos y somalíes) hechos prisioneros en Libia, una práctica esta vez avalada por la OUA y ACNUR ya que protege a las personas del trato indigno en Libia y se considera ayuda humanitaria temporal.

El acuerdo tiene una duración de 5 años y Boris Johnson considera que podría enviar a decenas de miles de migrantes a Ruanda. Dinamarca también está interesada en el enfoque y está negociando con Kigali. La ley que permite la externalización de las solicitudes de asilo ya fue aprobada por el Parlamento danés en junio de 2021. En abril, un portavoz de la Comisión Europea dijo: «Esto no es posible según las normas actuales europeas, ni según las propuestas del nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo.»

La portavoz del ACNUR, Céline Schmitt, declaraba en nuestras columnas el año pasado: «También hemos reafirmado recientemente que el ACNUR se opone firmemente a los esfuerzos por externalizar o trasladar las obligaciones de asilo y protección internacional a otros países. Esta reubicación va en contra del propio espíritu de la Convención de Ginebra y del Pacto Mundial para los Refugiados, cuyo objetivo es compartir, no trasladar, las responsabilidades a los países que ya acogen a la mayoría de los refugiados del mundo. El 86% de los refugiados son acogidos por países en desarrollo. Según el ACNUR, las personas que huyen de la guerra y los conflictos no deben ser «comercializadas como mercancías y trasladadas por la fuerza al extranjero «².