En Venezuela los colegios electorales abren a las 6 de la mañana

Este pasado 21 de noviembre se celebraron las elecciones regionales y locales en Venezuela. No eran unas elecciones cualesquiera, puesto que se producen en el contexto de la negociación entre el régimen de Maduro y la oposición, a través de sus representantes en la mesa de diálogo de México desde este pasado septiembre. Este proceso permitió pactar algunas disposiciones básicas para que la oposición decidiera finalmente concurrir a unos comicios que se les adelantaban difíciles: ciertamente, el acuerdo sobre una composición más equilibrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), previo a la constitución de esta mesa de México (un primer gesto), fue el más importante para ello, designando el Gobierno tres representantes, por dos de la oposición, de un total de cinco rectores dirigentes del Consejo -lo que permitió calificarlo a varios actores como el CNE “más equilibrado” desde la llegada del chavismo-. 

Fue este CNE el que cursó invitación a las instituciones europeas para enviar una Misión de Observación Electoral (MOE), acuerdo que fue tomado por unanimidad del Consejo de Ministros Europeo, a propuesta del Alto Representante. Así, se desplegó con varias semanas de antelación una delegación europea, presidida por la diputada Isabel Santos, de casi 150 observadores por casi todo el territorio venezolano. De forma subsiguiente, se planteó que el Parlamento Europeo, como es tradición, enviara su propia Misión, complementaria de la primera, para participar en los últimos días de los comicios y tener la oportunidad de interactuar con los diferentes actores del proceso electoral y político en Venezuela. Hay que señalar el vívido interés por parte de la oposición democrática porque las instituciones europeas se implicaran en el proceso, siendo como es la más prestigiosa misión electoral en el mundo, representando la región con los estándares democráticos más elevados. Pues bien, aquí vino el primer conflicto.

Hasta donde el conocimiento me alcanza, esta Misión Parlamentaria Europea (MPE) pasará a la historia por ser la primera que un grupo político boicotea; y no uno cualquiera, sino el más grande la Cámara, el Partido Popular Europeo (PPE) -es cierto que ECR tampoco participó, pero se limitó a ceder su puesto al grupo Renew-. Este suceso es el más palmario síntoma de dos cosas, ambas perniciosas tanto para Europa como para América Latina: los grupos políticos europeos han venido delegando casi exclusivamente esta materia en sus miembros españoles -y portugueses, en menor medida-, y el debate en el Parlamento Europeo sobre América Latina se ha trasformado en poco más que uno doméstico español. Mucho más si hablamos de Venezuela, pensemos que en los poco más de dos años de este mandato se ha debatido en Pleno hasta 6 veces sobre ese país (!). El PPE se ha visto, pues, arrastrado por el PP español en una estrategia radical que no corresponde al tiempo político vive la región, posición que con toda seguridad habrá de modular en el futuro, habida cuenta de cuál es la disposición de la abrumadora mayoría del sector opositor en Venezuela. Si el PPE quiere ser útil, relevante, y no verse arrinconado con la ultraderecha española en una esquina del tablero, habrá de buscar una fórmula que combine su estrategia de oposición en España con los verdaderos intereses de la mayoría de la población venezolana.

No obstante, la MPE, compuesta por 9 diputados/as y presidida por un miembro español de Renew Europe (grupo liberal), llegó al país el 18 de noviembre, y a partir de entonces comenzamos una cargadísima agenda de encuentros con actores relevantes venezolanos, hasta la misma jornada electoral. Durante esos días mantuvimos decenas de encuentros en agotadoras pero muy interesantes jornadas de hasta 13/14 horas, con representantes de todo el arco parlamentario y del propio Gobierno venezolano, con el cuerpo diplomático europeo, con organizaciones de la sociedad civil, con otras misiones de observación en el terreno (como la Fundación Carter), con Gerardo Blyde (líder del equipo de la oposición en la mesa de negociación en México), y finalmente con un representante del CNE venezolano. 

El domingo 21, a las 6 de la mañana, se abrían los colegios electorales en Venezuela, con un horario ininterrumpido de votación que finaliza a las 18:00 horas (con una flexibilidad en su cumplimiento que constituye una de las numerosas arbitrariedades que empañan el proceso). Mi equipo estuvo presente en la apertura de un colegio en Caracas, para posteriormente trasladarnos a la ciudad de Maracay, y acabar la jornada finalmente en Caracas otra vez. La tranquilidad tensa fue la tónica de unas elecciones que acabaron por cumplir la mayoría de las expectativas que tantos participantes nos habían anticipado. El chavismo se alzó con la victoria en 20 de 23 gobernaciones (una más de las que tenía, aunque perdió una región tan significativa como Zulia), y en 205 alcaldías (la oposición creció de 28 a 117 en este caso). La participación sobrepasó el 42% del censo electoral, lo que también se sitúa en más o menos lo esperado (hay que tener en cuenta los casi 6 millones de emigrados que tiene ahora Venezuela (datos de ACNUR), siendo más de 3 millones parte del censo e incapacitados para votar a distancia en unas elecciones locales). Como dato curioso y relevante, aun contando con esa baja participación y con las numerosas taras del proceso, si la oposición hubiese hecho candidaturas unitarias, se hubiese alzado con la victoria en una mayoría de circunscripciones.

La MOE ha constatado algunos avances en la limpieza de este proceso electoral, tales como la mencionada nueva composición del CNE, el que la oposición pudiera volver a tener (muy tímida) presencia en los espacios informativos, o que, sin lugar a dudas, el sistema de conteo sea absolutamente fiable y sin práctica posibilidad de fraude; este último era un mensaje que la oposición comprendió tarde que era clave para animar a votar a una parte del electorado muy renuente a participar, debido a la sospecha de fraude. 

Pero junto con ello, la MOE sigue constatando graves deficiencias democráticas que hacen difícil hablar de un proceso que cumpla con estándares democráticos básicos. Algunas son más escandalosas que otras, pero se han constatado prácticas tales como la intervención judicial de partidos de la oposición, sin notificación ni posibilidad de recurso para sus antiguos administradores. Como la inhabilitación administrativa de decenas de candidatos, que solo la descubren cuando van a inscribir su candidatura oficialmente -se ha dado el caso curioso de que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), encuadrado hasta ahora en el Polo Patriótico del chavismo, después de anunciar que se presentaba en solitario ha sido uno de los más perjudicados por esta práctica; aunque el culmen ha sido la inhabilitación a posteriori del ganador de las elecciones en el Estado de Barinas (por cierto, contra el hermano del mismo Chávez), que finalmente se va a resolver con una esperpéntica repetición de elecciones-. Como el traslado no motivado de miles de votantes, desde su colegio electoral habitual a otro mucho más lejano, traslado que solo descubren cuando se acercan a votar -por supuesto, esta práctica se concentra en feudos electorales de la oposición-. Como el “criterio flexible” en el cierre de los colegios electorales, que con una arbitrariedad pasmosa se pueden mantener abiertos hasta un par de horas sin mayor razón, aun cuando el CNE inste a su cierre. Como la instalación de “Puntos Rojos” cerca de los colegios electorales, donde se comprueba la participación de personas que tienen algún tipo de subsidio gubernamental. 

Estos son solo algunos ejemplos de prácticas que se van sumando para acabar por dibujar un panorama de total inequidad en el proceso electoral. Bien es cierto, que como afirmó uno de los miembros del CNE, algunos de esos “usos”, no los más graves, parecen anteriores al mismo Chávez.

Pero, con todo, no son estas elecciones ni su resultado lo más significativo de este momento político. Lo más relevante, para empezar, es que Gobierno y oposición hayan sido capaces de concurrir a esta jornada en un clima pacífico, cosa que no se producía desde 2015. Y no era realmente sencillo, porque todos los actores, incluida la comunidad internacional, han tenido que hacer verdaderos malabarismos para lidiar con complicadísimas posiciones de base. 

Por un lado, un régimen cuya legitimidad sigue sin ser reconocida por muchos países, por la propia oposición democrática, y que se haya acosado por una cadena de sanciones y restricciones a escala internacional. Por otro lado, un “presidente interino”, Juan Guaidó (una figura más que extravagante en el derecho internacional público), que sigue formalmente reconocido por EEUU, pero que Comisión y Consejo de Ministros de la Unión Europea ha dejado de reconocer, pero que sí sigue apoyando el Parlamento Europeo (todo esto es otra ficción, porque solo reconocen los Estados). Por otro lado, una oposición “atomizada” y mal avenida, parte en el exterior, parte en el país, que nominalmente sigue apoyando a Guaidó, pero que en la práctica actúa de una forma muy diferente. Por otro lado, un equipo negociador con un gran margen de autonomía, pero que teóricamente se sigue encuadrando en la Mesa Unitaria Democrática (MUD), la misma que sustenta a Guaidó. Por otro lado, una pequeña pero significativa parte de la oposición, que decidió seguir participando en las elecciones desde 2015 y que incluso tiene representación en la Asamblea Nacional…cuya legitimidad teóricamente no reconoce…Por otro, partidos históricos de la oposición venezolana que han sido intervenidos por la judicatura chavista y que se presentan a las elecciones (encuadrados como oposición), mientras que la mayoría de sus dirigentes históricos utilizan otras siglas para concurrir…

Pretender extraer una lógica de este rompecabezas es materia más de física cuántica que de política. Eppur si muove, es indudable que se ha producido un salto cualitativo en la situación de Venezuela, con la colusión de varios factores internos y externos. 

En el orden interno, el hecho más notable es el movimiento de la oposición, de la creación de una realidad jurídico-político alternativa, a la apuesta por el diálogo y la reconstrucción de la institucionalidad en el país. Ya se intentó en el proceso de diálogo de Barbados, que fue dinamitado por la administración Trump en comunión con la parte más dura de la oposición venezolana, y ahora se intenta en la mesa de México y se conjuga con gestos como el de participar en estas elecciones locales. La oposición ha abandonado definitivamente (con la excepción de su parte más radical) la solución desde el exterior, para apostar por la negociación, apoyada por gran parte de la comunidad internacional. Este proceso ha servido, además, para reactivar su maquinaria electoral y comenzar a despertar a un electorado que lleva desenganchado desde hace 6 años. 

También en el aspecto interno, parece que el régimen ha decidido buscar una salida negociada y que lo hace sinceramente. Hay que tener en cuenta que, frente a la visión que solemos tener en Europa, ni siquiera el Partido Socialista de Unificado de Venezuela (PSUV) es un bloque tan homogéneo, sino una organización en la que conviven equilibrios entre partes más aperturistas y otras intransigentes (es a calmar a estas últimas a las que hay que achacar, sin duda, muchas de las salidas de tono públicas que en ocasiones dedica el régimen a oposición y comunidad internacional). El que se haya invitado a la MOE como observador internacional y apenas se haya obstaculizado su labor en lo sustancial (aunque su presencia fuera una exigencia de la oposición para participar), es una buena muestra de que las cosas se mueven. Es evidente que estas elecciones son una apuesta estratégica del madurismo por recuperar legitimidad internacional, y es evidente también que han accedido a un proceso como este en la seguridad de que lo iban a ganar, pero también lo es que a partir de hoy estamos en un estadio diferente. De la misma forma, el régimen es plenamente consciente de la necesidad imperiosa de usar la negociación para ir moderando las sanciones internacionales, que en la práctica ahoga la economía y el nivel de vida del país -se calcula que la contracción en la economía venezolana es de entre un 60% y un 80% en estos últimos 20 años, por más que su situación hoy se algo mejor que en el pasado inmediato-. Es muy importante tener en cuenta también que el apoyo al chavismo cada vez es menor y que el hastío en la calle con la situación se hace cada vez más evidente (del desapego ciudadano creciente no se libra tampoco la oposición).

En el orden internacional también las cosas han cambiado. Para comenzar, la Unión Europea ha dejado de reconocer, en las condiciones citadas anteriormente, el llamado “Gobierno interino de Venezuela” y ha abogado claramente por la solución dialogada que se desarrolla en México: si el intento disruptor no sirvió en un momento en el que el régimen estaba más débil, acosado, y con la sombra de una intervención militar norteamericana, mal puede servir en este momento para algo positivo. Parece que se debería pensar en cómo dar una salida digna al “presidente interino”, que más parece ahora un convidado de piedra que un líder popular (recordemos que su partido, Voluntad Popular, es una fuerza pequeña en la MUD, y que prácticamente fue nombrado “por turno” y no como consecuencia de su liderazgo). No obstante, es probable que los EEUU sigan apoyando su figura en tanto en cuanto la propia oposición no decida por sí misma diluirla.

Hablando de los EEUU, el cambio en la Casa Blanca también supone una oportunidad para el pacto. No desde la óptica teórica, puesto que la Administración Biden no parece haber girado gran cosa en la estrategia Trump -incluso mantiene al “halcón” Philip Goldbergen en la embajada de Colombia-, pero sí en cuanto no torpedear una posible solución. Recordemos que Venezuela, como Cuba, es asunto de vital importancia ya en la política doméstica de EEUU, debido a su peso específico en las elecciones en Florida; difícilmente nadie que quiera ganar en este Estado moverá un milímetro la actual posición, en tanto no se facilite como hecha una solución que satisfaga a la mayoría de la oposición. Es en este equilibrio en el que la UE se convierte en un elemento clave, facilitador de una salida equilibrada y negociada, en tanto en cuanto no pierda su credibilidad y respeto por parte de todos los actores. Además, tanto UE como EEUU debemos ser conscientes del gran cambio que se está produciendo en todo el continente americano. Es obvio el gran fracaso político del llamado “Grupo de Lima” que impulsó Trump, y que acabará por culminar con la vuelta de Lula al poder en Brasil.

Finalmente, debo referirme específicamente al Parlamento Europeo: es posible que desde este 21 de noviembre las cosas tampoco sean las mismas para nosotros. Por de pronto, la MPE fue capaz, al fin, de pactar una resolución conjunta que satisfizo a Socialdemócratas, Liberales, Verdes, ID y la GUE, y eso es un hito que cualquiera hubiese visto con escepticismo condescendiente tan solo unas semanas antes. Las familias políticas que formamos esa delegación, componemos una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, y eso es una oportunidad de pasar del combate a la construcción. Es de valorar el esfuerzo político que estos grupos han hecho en el ánimo de ser útiles para el proceso de recuperación democrática en Venezuela, el compromiso que han/hemos asumido para con la causa de la negociación; y para ello no hemos necesitado cerrar los ojos ni dejar un detalle de lo que hemos visto allí sin describir. Es esto lo que verdaderamente es clave en la posible solución, la fortaleza de nuestra ayuda es la fortaleza de nuestros principios democráticos y la renuncia a usar Venezuela como nuestro particular ludus maximus. Sería muy deseable que el PPE, como familia política capital, se sumara a este mínimo consenso y acabe por comprender que estamos en otro tiempo político; que “pase de pantalla”, utilizando una analogía contemporánea.