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Tras verse obligada a abandonar la base naval de Sebastopol, en Crimea, la armada rusa se trasladó más al este, a Novorossiysk, en territorio ruso. Sin embargo, debido a la amenaza que suponen los drones y misiles ucranianos, Moscú inició en 2023 las obras para habilitar el puerto de Ochamchire, en Georgia, para acoger buques de guerra.
Tras varios meses de asedio, las ciudades de Toretsk y Chassiv Yar, en el óblast de Donetsk, están a punto de ceder ante el lento pero constante avance de las tropas rusas. Mientras que los defensores ucranianos podrían mantener Chassiv Yar durante varias semanas o incluso meses, a pesar de la ocupación parcial de la ciudad, la caída de Toretsk parece inminente.
¿Podrá el ejército ruso mantener sus capacidades ofensivas en Ucrania más allá de 2025?
Los análisis OSINT muestran que Moscú ha perdido más de 20.000 piezas de equipo pesado en combate desde febrero de 2022, aproximadamente la mitad de las reservas totales que tenía antes del lanzamiento de la invasión. Al mismo tiempo, Rusia se enfrenta a numerosas limitaciones en términos de mano de obra y materias primas disponibles para aumentar la producción.
Desplegados en la región fronteriza de Kursk en otoño de 2024, algunos de los soldados enviados por Pyongyang para repeler a las fuerzas ucranianas se habrían retirado de las zonas de combate debido a las graves pérdidas sufridas. Según Seúl, Corea del Norte se está preparando para enviar una segunda oleada de combatientes.
En lugar de reducir el gasto federal y poner fin al «despilfarro» del dinero de los contribuyentes, el fin de la ayuda estadounidense a Ucrania podría provocar un aumento significativo del gasto en defensa. Para hacer frente a una Rusia más amenazadora, que compartiría con la OTAN una frontera 4.200 kilómetros más larga, Estados Unidos tendría que gastar una media de 160.000 millones de dólares más al año para ampliar y mejorar sus capacidades.
En el oeste del óblast de Donetsk, Velyka Novosilka está a punto de caer en manos de Moscú tras varios meses de encarnizados combates que han hecho de la localidad uno de los sectores más activos de la línea del frente. Tras tomar el control de Velyka Novosilka, las fuerzas rusas se encontrarán a sólo veinte kilómetros al sur de la frontera con el óblast de Dnipropetrovsk, actualmente bajo control ucraniano.
Después de casi tres años de la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia, los europeos siguen financiando indirectamente la guerra de Putin comprando decenas de millones de metros cúbicos de GNL ruso cada año. La posible entrada en vigor de nuevas sanciones europeas al gas ruso podría animar aún más a los compradores europeos a recurrir al GNL estadounidense (un escenario que se estudia en Bruselas), cuya capacidad de exportación también está llamada a aumentar considerablemente para aliviar las tensiones comerciales con la administración de Trump.
Ayer, martes 21 de enero, Volodímir Zelenski reiteró su deseo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en 2025. Más allá de las garantías de seguridad y de la posible presencia en Ucrania de una fuerza de mantenimiento de la paz, está la cuestión central del territorio que conservará Kiev.
Desde un escenario maximalista ruso que aboga por una partición de Ucrania hasta las concesiones previstas para Kiev por la administración Trump, el mapa del país podría cambiar radicalmente.
¿Está Transnistria, la región separatista de Moldavia dirigida por un gobierno prorruso, al borde del colapso?
Tras el corte del suministro de gas por Gazprom, Transnistria ya no puede abastecer a su industria ni suministrar energía suficiente a su población. Moscú, que está detrás del corte, acusa al gobierno moldavo de provocar una crisis que podría provocar una subida de precios en el país, a seis meses de las próximas elecciones legislativas.
Según un informe de la agencia de noticias TASS, Gazprom, una de las principales empresas energéticas de Rusia, planea reducir la plantilla de su sede central en torno a un 40%, lo que supondría suprimir más de 1.500 puestos de trabajo. En 2018, la empresa, que emplea a casi 500.000 personas, había aportado el 9% de los ingresos del Estado.
