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Tras poner fin a la expansión descontrolada del poder presidencial, la decisión dictada por la Suprema Corte el 20 de febrero de 2026 marca, tras la agitación del caso Epstein y los acontecimientos de Minneapolis, un punto de inflexión político a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.
La sentencia de la Corte de Estados Unidos que invalida los aranceles impuestos al mundo por la administración de Trump desde hace un año plantea, naturalmente, cuestiones importantes en el plano económico —como consecuencia de esta decisión, más de 150.000 millones de dólares en aranceles son potencialmente reembolsables a los importadores estadounidenses— y diplomático, habida cuenta de los múltiples acuerdos comerciales celebrados bajo presión con los principales socios de Estados Unidos.
Sin embargo, la importancia de esta sentencia radica en otro aspecto: si bien las consecuencias prácticas de esta decisión en ambos ámbitos siguen siendo inciertas y suscitan muchas preguntas en los países afectados, su alcance jurídico-político para Estados Unidos no ofrece ninguna duda: confirma la resistencia del Estado de derecho en una democracia estadounidense sometida a duras pruebas desde hace un año.
El equilibrio de poderes no ha desaparecido
Por una clara mayoría de seis votos contra tres, entre los que se encontraban el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, y dos de los tres jueces nombrados por Donald Trump, la Corte dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba al presidente de Estados Unidos a imponer aranceles, ya que dicha medida era competencia exclusiva del Congreso en materia de impuestos. La Corte también rechazó el argumento de una delegación implícita de poderes del Congreso al presidente en virtud de la doctrina de las cuestiones importantes, a pesar de los retos de política exterior y seguridad nacional invocados en este caso.
La importancia jurídico-política de esta decisión es triple.
En primer lugar, se trata de la primera decisión de fondo dictada por la Suprema Corte durante el segundo mandato de Trump. Esta decisión es consecuencia de varias decisiones provisionales favorables a la administración que habían hecho temer la neutralización del último bastión del Estado de derecho por parte de la mayoría conservadora de la Corte. En cuestiones fundamentales, como la independencia de la Reserva Federal y de determinadas agencias administrativas, o incluso el derecho de suelo —todos ellos temas que deberá examinar la Corte en los próximos meses—, es posible obtener mayorías de cinco votos contra cuatro, o incluso de seis votos contra tres, que se opongan a la política de la Casa Blanca. Si bien se ha podido reprochar a los jueces de Washington un enfoque demasiado estrictamente jurídico de las cuestiones democráticas que se les han planteado, hoy en día ese rigor está dando sus frutos.
La reafirmación por parte de la Suprema Corte de su misión de guardián del Estado de derecho va acompañada, en segundo lugar, de un recordatorio de las prerrogativas del Congreso, de las que hasta ahora se había desentendido su mayoría republicana, y de un freno a la extensión indefinida del poder presidencial. Partidarios de un ejecutivo fuerte y «unitario», el presidente de la Suprema Corte Roberts y sus dos colegas conservadores no han dejado de rechazar la teoría de una delegación implícita de poderes del Congreso: la separación de poderes no es una palabra vacía, y otras intromisiones del ejecutivo en los poderes del Congreso también pueden ser sancionadas.
Por último, el propio presidente, aunque vilipendió a los jueces rebeldes nombrados por él y a toda la Corte —lo que inaugura una sana relación conflictiva entre los dos poderes—, no por ello dejó de respetar el veredicto de esta Corte, al tiempo que trató inmediatamente de eludirlo por otros fundamentos jurídicos. Estas existen, pero son mucho más restrictivas y difíciles de aplicar desde el punto de vista jurídico que la IEEPA.
La decisión de la Suprema Corte confirma la resistencia del Estado de derecho en Estados Unidos dentro de una democracia estadounidense sometida a una prueba muy dura.
Laurent Cohen-Tanugi
Laa «trumponomics» bajo presión
La decisión del 20 de febrero reequilibra así los poderes dentro de la democracia estadounidense. Sus consecuencias prácticas también se desarrollarán en el ámbito jurídico.
La Suprema Corte ha dejado en manos de los tribunales federales inferiores la tramitación de las solicitudes de reembolso de miles de importadores estadounidenses, lo que promete largos litigios. Del mismo modo, el destino de los acuerdos celebrados con los socios comerciales de Estados Unidos sobre la base de la IEEPA, así como la situación de los nuevos aranceles decretados desde entonces sobre otras bases legales, son hoy en día, como mínimo, inciertos y se encuentran debilitados tanto jurídica como políticamente.
La política comercial internacional de Donald Trump parece haber entrado ahora en una fase de confusión e imprevisibilidad generalizadas. Aun no se sabe si los nuevos aranceles anunciados por Trump —del 15 % para todos los socios comerciales— son legales, pero el presidente estadounidense se basa en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Estas medidas solo podrán permanecer en vigor durante un máximo de 150 días. Mientras que Francia, Italia y varios países europeos parecen claramente perjudicados, cada vez es más difícil imaginar que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo de Turnberry.
La decisión de la Corte tampoco podría traducirse en una reducción duradera de los aranceles. Mucho dependerá de las reacciones del Congreso, los tribunales y los socios comerciales signatarios de los acuerdos anteriores y afectados por los nuevos aranceles, cuyas repercusiones económicas y políticas son importantes.
A pesar de estas reservas, la significativa decisión de la Corte, un revés para la administración republicana, es la derrota judicial más importante de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Si bien los aranceles han sido el centro de su mandato, pues constituyen uno de los principales medios de presión a nivel internacional —hasta el punto de amenazar de nuevo a la Unión, a pesar de un primer acuerdo, con aranceles adicionales si esta aplicaba la ley sobre los servicios digitales—, el presidente pierde el uso sin restricciones de un arma económica importante.
