La guardia pretoriana del Emperador: Trump y la rusificación del ejército estadounidense

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Hace unos meses, surgió un debate en los círculos de defensa y estratégicos estadounidenses que habría sido imposible de imaginar hace diez años. En octubre de 2025, el oficial en servicio en el ejército estadounidense Peter Mitchell publicó un ensayo en el que se preguntaba qué podría pasar con el ejército profesional si el orden político liberal que lo había creado se debilitara o se derrumbara. Esbozaba modelos de ejércitos «posliberales», presentados como experimentos mentales. ¹

Unas semanas más tarde, Carrie A. Lee, eminente especialista en relaciones entre civiles y militares —la única persona en Estados Unidos que ostenta el título de «profesora de relaciones entre civiles y militares»—, le respondió que el marco teórico de su enfoque era, en sí mismo, un problema: los oficiales no eran, ni habían sido nunca, espectadores inocentes del orden político en el que evolucionaban, y la pregunta adecuada no era cómo sería el ejército profesional después del liberalismo, sino cuáles eran las obligaciones de los oficiales en un momento en que el liberalismo estaba siendo atacado activamente. ²

Ambos interlocutores reaccionaban ante una misma realidad de fondo.

Desde principios de 2025, el cuerpo de oficiales superiores estadounidenses ha sido sistemáticamente purgado de personalidades consideradas insuficientemente leales a la administración. Donald Trump decapitó parcialmente el alto mando del ejército: despidió al presidente afroamericano del Comité de Jefes de Estado Mayor, el general CQ Brown Jr., a la jefa de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, al jefe del Cyber Command, el general Timothy Haugh, al jefe de la Fuerza Aérea, el general David Allvin, y a su vicecomandante, el general James Slife. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, prolongó esta medida ordenando el despido de un 20 % adicional de todos los generales «cuatro estrellas» de todos los servicios. La independencia institucional del sistema judicial militar se vio cuestionada con el despido de los mejores abogados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los despliegues nacionales se ampliaron para poner a prueba los límites normativos que separan las funciones militares de las funciones de mantenimiento del orden. Y a principios de marzo de 2026, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, hubo informes de comandantes de unidades de varias ramas que presentaban esta guerra en términos explícitamente escatológicos a sus subordinados: no como una elección política, sino como un acontecimiento de orden divino, con más de un centenar de denuncias similares por parte de subordinados contra discursos similares pronunciados por sus superiores en al menos 30 instalaciones militares de todas las ramas de las fuerzas armadas. ³

No se trata de episodios aislados. En conjunto, describen una institución cuyas estructuras de incentivos profesionales están siendo deliberadamente reorientadas por el presidente.

El debate entre Mitchell y Lee es sintomático de una insuficiencia teórica más profunda. Los marcos dominantes de la investigación sobre las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos —la teoría de Huntington sobre un cuerpo de oficiales apolítico y el modelo principal-agente de Feaver sobre el control civil— se construyeron para responder a una pregunta específica: ¿cómo mantienen las sociedades democráticas unas fuerzas armadas que sean a la vez competentes y estén subordinadas a la autoridad elegida? ⁴ No se elaboraron para responder a la pregunta que plantea la actual administración: ¿qué deben hacer los oficiales cuando la autoridad civil a la que están subordinados es la propia responsable de atentados contra la democracia?

En la bibliografía existente, esta pregunta sigue sin respuesta en gran medida, ya que las hipótesis fundamentales de los modelos dominantes impiden teorizarla adecuadamente.

Sin embargo, es posible adoptar un enfoque diferente. Se trata de reconocer que los oficiales militares son actores políticos, que siempre lo han sido, y que la cuestión de la salud democrática no depende de su compromiso político, sino de la forma que adopta ese compromiso y de las condiciones institucionales en las que sigue siendo democráticamente productivo.

Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de Estados Unidos.

Los aliados europeos tienen motivos legítimos para reflexionar detenidamente sobre lo que la transformación institucional del ejército estadounidense significa para las relaciones de alianza y las hipótesis de planificación en las que se basan sus propios dispositivos de seguridad, pero también deberían tener en cuenta la llegada al poder de partidos cercanos al movimiento MAGA en los países europeos, lo que planteará cuestiones difíciles para el cuerpo de oficiales de esos países.

El ejército estadounidense se ha convertido en una institución cuyas estructuras de incentivos profesionales están siendo deliberadamente reorientadas por el presidente.

Thomas Crosbie y Olivier Schmitt

Teoría de las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos

El marco de las relaciones entre civiles y militares que se consolidó en Estados Unidos durante la Guerra Fría se organizó en torno a un problema que en su origen era un problema de teoría democrática.

La lógica era más o menos la siguiente. El Estado moderno necesita un ejército capaz de derrotar a sus enemigos externos; ese mismo ejército, precisamente por las capacidades que concentra, constituye una amenaza potencial para la autoridad civil a la que se supone que debe servir. La forma en que las sociedades democráticas gestionan esta tensión —velando por que sus fuerzas armadas sean a la vez eficaces y subordinadas— es la cuestión fundamental a partir de la cual se desarrolla todo el ámbito. ⁵

La dificultad relacionada con esta importante cuestión radica en el hecho de que las respuestas elaboradas por este campo para abordarla se han cristalizado, en las últimas seis décadas, en hipótesis que hoy en día limitan el análisis en lugar de esclarecerlo, y por lo tanto las opciones que los oficiales estadounidenses consideran a su disposición.

Los límites de la normatividad huntingtoniana

La primera respuesta —y la más influyente— fue la de Samuel Huntington.

En The Soldier and the State (1957), Huntington presentaba la teoría de las profesiones como la principal explicación del hecho de que algunos ejércitos logran ser a la vez competentes y políticamente subordinados. ⁶ Su argumento se basaba en un ideal tipo tridimensional, tomado de la sociología de las profesiones: la experiencia (el monopolio de los conocimientos necesarios para gestionar la violencia), la responsabilidad (una obligación interiorizada de servir al Estado, expresada en el juramento que todos los militares prestan a la Constitución estadounidense) y el espíritu emprendedor (una identidad colectiva regida por normas comunes de pertenencia). Cuanto más se acercaba un cuerpo de oficiales a este ideal, más se volvía, según la formulación de Huntington, «inmune a la política»: un «contrapeso estabilizador en la conducción de la política». ⁷

Las herramientas que este marco ofrece al oficial para navegar en las relaciones entre civiles y militares son, por lo tanto, bastante mínimas: explicar, asesorar y aplicar. No se requiere nada más, ya que la ética profesional es suficiente por sí sola para garantizar la subordinación.

El atractivo de esta visión no es difícil de entender. Ofrece una solución clara a la tensión fundamental: un cuerpo de oficiales suficientemente profesional no necesita ser obligado a la subordinación ni tentado por la autonomía. Simplemente interioriza la relación adecuada con la autoridad civil como parte integrante de lo que significa ser un profesional.

Generaciones de oficiales estadounidenses se han formado en esta tradición huntingtoniana, que sigue configurando la concepción normativa que el ejército estadounidense tiene de sí mismo. ⁸

El problema es que el argumento de Huntington es, como muy bien ha señalado Peter Feaver, circular. Su razonamiento puede resumirse en la siguiente lógica.

¿Por qué algunos ejércitos logran ser a la vez eficaces y subordinados? Porque son profesionales.

¿Qué significa «profesional»? Ser experto y responsable.

¿Y qué significa ser experto y responsable? Ser eficaz y subordinado. ⁹

En otras palabras, este argumento no explica en absoluto cómo un cuerpo de oficiales se vuelve profesional en un principio, ni qué sucede cuando la ética profesional se ve sometida a presiones externas. Y lo que es más importante para nuestro propósito, no proporciona ningún recurso analítico al oficial cuyo superior civil no actúa, de hecho, de buena fe constitucional. El marco de Huntington fue diseñado para un tipo particular de relación, en la que el Estado y el cuerpo de oficiales profesionales están fundamentalmente orientados hacia los mismos fines. Cuando esta orientación se desmorona, el marco no ofrece ninguna explicación analítica.

Risa Brooks ha demostrado que el marco de Huntington genera tres paradojas que socavan sus propias prescripciones: la identidad apolítica que impone es en sí misma una posición política; la separación de esferas que exige socava, en lugar de garantizar, un control civil eficaz; y la eficacia profesional que promete se consigue a expensas de la eficacia estratégica, lo que produce lo que ella denomina un «agujero negro estratégico» en el que los consejos militares llegan a los responsables civiles tras haber sido filtrados por incentivos institucionales. ¹⁰

«Servidores armados»: la respuesta de Feaver a Huntington

En el campo de los estudios sobre las relaciones entre civiles y militares, el modelo «principal-agente» de Feaver, desarrollado en su obra Armed Servants (2003), fue concebido explícitamente para responder a las insuficiencias teóricas del análisis de Huntington. ¹¹

Abandonando la ética profesional como variable explicativa, Feaver se basa en la teoría principal-agente para replantear las relaciones entre civiles y militares como un problema de asimetría de información y gestión de incentivos. En este modelo, los agentes militares trabajan —es decir, cumplen las instrucciones de su mandante civil— cuando están sometidos a una supervisión creíble y cuando el costo previsto de la sanción en caso de incumplimiento es suficientemente elevado. Lo evaden —es decir, se apartan de las preferencias civiles mediante maniobras dilatorias, filtraciones, resistencia burocrática o incumplimiento puro y simple— cuando la supervisión es débil o los costos de la sanción son insuficientes. ¹²

En este caso, el control civil no es el producto de una cultura profesional, sino de una concepción institucional: es la puesta en marcha de mecanismos de supervisión y regímenes de sanciones lo que hace que el respeto de la primacía de lo civil sobre lo militar sea la opción racional para los agentes afectados.

Este marco permite explicar fenómenos —rivalidad entre servicios, filtraciones estratégicas, manipulación de las evaluaciones de amenazas— que la teoría de Huntington hacía invisibles. También tiene la ventaja de no depender de la existencia previa de lo que intenta explicar. Sin embargo, sus limitaciones son igualmente importantes.

Literalmente, se entra en una dinámica pretoriana: no es un ejército que actúa contra la autoridad civil, sino un ejército que actúa como su correa de transmisión ideológica.

Thomas Crosbie y Olivier Schmitt

El punto ciego de la disidencia civil

El modelo de Feaver se basa, en efecto, en la hipótesis fundamental de que los responsables civiles actúan en interés de la sociedad y son capaces de identificar correctamente cómo utilizar la herramienta militar para garantizar la seguridad del Estado. ¹³ Sin esta hipótesis, toda la estructura normativa del marco se derrumba.

El propio Feaver reconoce esta tensión y la resuelve afirmando, en la última frase de Armed Servants, que «la república estaría mejor servida por una obediencia insensata que por una evasión inteligente». ¹⁴ Esta formulación es reveladora. Feaver admite, en el fondo, que la primacía de un civil infiel a la república no entra en el ámbito de aplicación de la teoría: por mucho daño que pueda causar una autoridad deshonesta o transgresora, sigue siendo preferible a la alternativa de un ejército que se arroga el derecho de juzgar cuándo merece respeto la autoridad civil.

Esta afirmación era defendible en el contexto en el que Feaver escribía. Como principio general para la gobernanza de las relaciones entre civiles y militares en una democracia funcional, la primacía otorgada a la autoridad civil sobre el juicio militar refleja una buena comprensión de los riesgos que la acción política militar ha planteado históricamente. La dificultad no radica en el principio de esta primacía, sino en su aplicación como hipótesis analítica más que como compromiso normativo.

Cuando el responsable civil recompensa la lealtad ideológica en lugar de la competencia profesional, selecciona a oficiales que no darán consejos honestos y utiliza los mecanismos de control que Feaver identifica como instrumentos de control civil para imponer la conformidad partidista en lugar de la responsabilidad constitucional, el marco no solo no proporciona orientación: deforma activamente la situación. Lo que Feaver denomina «trabajar» se convierte, en estas condiciones, en una descripción de la complicidad. Lo que él denomina «evadir» se convierte, en algunos escenarios, en la única forma disponible de autoconservación institucional. ¹⁵

Juntos, Huntington y Feaver han desarrollado lo que podría describirse como una alergia común a la acción política militar.

Para Huntington, el compromiso político de los oficiales es un síntoma de fracaso profesional: sería una forma de contaminación del ejército por un mundo civil del que se supone que debe mantenerse alejado. Para Feaver, se trataría de una forma de interés burocrático que amenazaría el control civil: el agente militar impone sus propias preferencias en detrimento de quien lo manda. Ninguno de estos dos marcos contempla la posibilidad de que el compromiso político del ejército pueda ser no solo inevitable, sino, en determinadas condiciones, democráticamente necesario. Ninguno de los dos puede teorizar sobre la situación en la que la amenaza más importante para la gobernanza democrática de la república no proviene de un ejército demasiado ambicioso, sino de una autoridad civil que ha instrumentalizado al ejército con fines antidemocráticos. ¹⁶

Por lo tanto, lo que falta en los trabajos académicos existentes no es una versión mejorada de Huntington o una versión más sofisticada de Feaver, sino la voluntad de partir de un postulado diferente que podría construirse a partir de tres observaciones:

• los oficiales ya son actores políticos,
• el ejército es una institución políticamente activa compuesta por múltiples facciones con orientaciones potencialmente divergentes, y
• las esferas civil y militar no son ámbitos distintos, sino campos que se superponen y se construyen conjuntamente mediante la interacción continua de múltiples actores.

Otro marco relevante: la política militar en Estados Unidos

Las obras sobre política militar en Indonesia, Rusia y América Latina parten desde hace tiempo del principio de que los militares profesionales son actores políticos: la bibliografía plantea esta constatación no como una desviación patológica con respecto a una norma apolítica, sino como una característica estructural inherente a las grandes organizaciones ricas en recursos y capaces de ejercer la violencia dentro de los sistemas políticos en los que evolucionan.

Al leerlos de forma comparativa, lo que llama la atención no es tanto que estas obras lleguen a esta conclusión sobre sus respectivos casos, sino que lo hagan sin que ello tenga consecuencias para el ámbito académico estadounidense, que ha seguido tratando cualquier acción política de los oficiales como un fracaso profesional o una amenaza burocrática. ¹⁷

De este análisis comparativo se desprenden tres lecciones directamente relevantes para la situación estadounidense.

La primera es que los ejércitos profesionales modernos son actores políticos, independientemente de cómo se perciban a sí mismos o de cómo prefieran describirlos los investigadores. Un cuerpo de oficiales condicionado a considerar cualquier compromiso político como una forma de «contaminación» no disuelve por ello su acción política, sino que simplemente la hace menos visible, menos reflexiva y más fácil de captar por actores externos deseosos de actuar políticamente en su nombre.

La segunda lección es que es mejor considerar a los ejércitos como actores plurales que como monolitos institucionales. El cuerpo de oficiales de cualquier gran ejército comprende múltiples facciones —diferenciadas por rama, generación, experiencia operativa y orientación política— cuyos intereses y compromisos divergentes configuran el comportamiento institucional de una manera que los modelos unitarios no permiten comprender.

La tercera lección es que las esferas civil-estratégica, por un lado, y militar-operativa, por otro, no son ámbitos distintos separados por una línea clara, sino conjuntos que se superponen, construidos conjuntamente por la interacción continua de múltiples actores. Para decirlo más claramente, los objetivos estratégicos no se alcanzan simplemente definiendo directrices en el ámbito civil y aplicándolas en el ámbito militar. Por el contrario, esa es la receta para acusaciones mutuas de traición e incompetencia. Los resultados estratégicos se obtienen mediante 1) la colaboración, 2) la competencia y 3) los conflictos entre facciones que incluyen múltiples grupos militares y múltiples grupos civiles. Es en esta triple fricción donde se gestan las acciones decisivas.

Estos tres modos de interacción constituyen la base de lo que Thomas Crosbie ha denominado el enfoque de «política militar» (military politics), que se toma en serio la acción política de los oficiales como objeto de análisis en lugar de tratarla como un problema que hay que eliminar. ¹⁸

La virtù del combatiente

Este enfoque no pretende que todo compromiso político de los militares sea intrínsecamente beneficioso. La historia de la implicación de los militares en la política contiene suficientes ejemplos de fracasos profesionales, abusos institucionales y autoritarismo puro y duro como para que tal afirmación sea indefendible.

Más bien sostiene que la cuestión relevante no es si los oficiales se comprometen políticamente —lo hacen y siempre lo harán—, sino qué distingue fundamentalmente las formas más o menos democráticas de ese compromiso, y qué condiciones institucionales hacen que las primeras sean más probables que las segundas.

Este replanteamiento teórico tiene consecuencias analíticas inmediatas para el caso estadounidense.

La más importante es que pone de relieve una distinción que ni Huntington ni Feaver permiten establecer: la distinción entre un cuerpo de oficiales comprometido políticamente con el apoyo a los valores democráticos y un cuerpo de oficiales comprometido políticamente con socavarlos.

Los oficiales estadounidenses han interiorizado el registro político y religioso de la administración como su propio marco profesional.

Thomas Crosbie y Olivier Schmitt

Para Huntington, ambos casos constituyen ejemplos de fracasos profesionales. Para Feaver, ambos casos constituyen ejemplos de evasión.

Nuestro enfoque basado en una comprensión político-militar, por el contrario, permite reconocer que un oficial que proporciona asesoramiento franco y políticamente sensato a través de los canales institucionales, que se resiste a la instrumentalización del ejército con fines partidistas y que mantiene relaciones laterales con actores constitucionales fuera de la cadena de mando ejecutiva, actúa de manera fundamentalmente diferente a un oficial que apoya públicamente el programa político de la administración, impone la conformidad ideológica dentro de su unidad o presenta las operaciones militares en términos de escatología divina.

El primero ejerce lo que Damon Coletta y Thomas Crosbie han descrito, inspirándose en Aristóteles y Maquiavelo, como una sabiduría práctica combinada con la virtù: la capacidad de actuar con eficacia e integridad institucional en un entorno político complejo. ¹⁹

El segundo es cómplice de la destrucción del orden democrático.

Según Coletta y Crosbie, los oficiales que combinan la phronesis —entendida como sabiduría práctica, la capacidad de reflexionar adecuadamente sobre lo que hay que hacer en situaciones políticamente complejas— con la virtù —la combinación de cualidades personales como la adaptabilidad, la resiliencia y la perspicacia política que permiten actuar eficazmente en entornos inciertos— serían los más aptos para proporcionar un asesoramiento y una resistencia democráticamente productivos. Aquellos que carecen de estas dos cualidades serían los más fácilmente instrumentalizados por un poder civil a la deriva.

El ejército estadounidense en la era de su rusificación

La taxonomía de Hirschman denominada «EVLN», que analiza las opciones de salida (exits), voz, lealtad y negligencia de que disponen los actores dentro de organizaciones complejas, ofrece un vocabulario útil para reflexionar sobre lo que ocurre con cada una de estas opciones en condiciones de violación por parte de quien ordena su compromiso democrático. ²⁰

En condiciones normales, la opción de salida (la dimisión) funciona como una señal de disidencia basada en principios; la voz (aconsejar, defender, insistir, dialogar) funciona como el principal mecanismo a través del cual se transmite el juicio profesional a los responsables civiles de la toma de decisiones; la lealtad (implementar, trabajar, permanecer neutral) sostiene la relación institucional; y la negligencia (ralentización, conformidad mínima) ofrece una forma de resistencia pasiva cuando se agotan las demás opciones.

El problema es que, en caso de violación fundamental del compromiso democrático, cada una de estas opciones se ve sistemáticamente distorsionada: la salida elimina de la institución precisamente a los oficiales más comprometidos con las normas constitucionales, mientras que los que están dispuestos a quedarse se benefician de las oportunidades de ascenso resultantes; la cultura profesional de la institución se ve degradada por el mismo mecanismo que se supone debe preservarla. La voz se suprime cuando los oficiales que dan consejos honestos son relevados de sus funciones, o se captura cuando los canales de asesoramiento profesional son sustituidos por una lealtad performativa. La lealtad, despojada del marco constitucional que le daba su contenido democrático, se vuelve indistinguible de la complicidad. Y la negligencia —la opción que Feaver identifica como la forma paradigmática de mala conducta militar— se convierte, paradójicamente, en el único instrumento disponible de autoconservación institucional para los oficiales que no pueden renunciar, no pueden expresarse y no se conforman con cumplir.

Los oficiales europeos podrían tener que plantearse encontrar un equilibrio entre su lealtad a la cadena de mando y su lealtad a la protección del orden democrático.

Thomas Crosbie y Olivier Schmitt

Esta inversión de las categorías EVLN bajo el epígrafe de «violación de la primacía» describe la situación en la que se encuentra actualmente una parte importante del cuerpo de oficiales estadounidenses, teniendo en cuenta la «rusificación» en curso del ejército estadounidense. ²¹ Los informes de los comandantes de unidad que presentan la campaña en Irán en términos escatológicos, los ascensos condicionados por la alineación ideológica demostrada, y los oficiales superiores destituidos de sus funciones son síntomas de una institución en la que se han desmantelado los mecanismos normales de transmisión del juicio profesional a la autoridad civil y en la que los oficiales más susceptibles de ejercer esos mecanismos se ven fuertemente incentivados a abandonar el ejército o a conformarse.

Si este proceso sigue su lógica hasta el final, no quedará un ejército apolítico en el sentido que le da Huntington, sino algo más inquietante: un ejército políticamente pasivo frente al ejecutivo, pero políticamente activo frente a todo aquello contra lo que el ejecutivo desee movilizarlo.

En resumen, una guardia pretoriana.

Los pretorianos y los europeos: la Alianza Atlántica después de la democracia

La operación Epic Fury, lanzada el 28 de febrero de 2026, ofrece una ilustración preliminar, pero ya instructiva, de cómo pueden ser las relaciones entre civiles y militares cuando la erosión de las normas analizada anteriormente comienza a producir consecuencias estratégicas observables.

En las primeras horas de la operación, la persona que se encontraba en la tribuna del Pentágono para informar a la prensa era el general Dan Caine: llamado a la reserva, es el primer presidente del Estado Mayor Conjunto que nunca ha tenido el rango de cuatro estrellas antes de su nombramiento, realizado después de que Trump sustituyera a su predecesor a raíz de las críticas conservadoras sobre las opiniones de este último en materia de diversidad.

En las semanas previas a los ataques, Caine habría expresado abiertamente, en reuniones internas, su preocupación por los riesgos de una campaña prolongada contra Irán —escasez de municiones esenciales, falta de apoyo de los aliados, peligro de estancamiento— y habría entregado en mano al secretario de Guerra una nota en la que exponía sus desacuerdos con la nueva estrategia de defensa nacional.

Sin embargo, algunas fuentes lo describieron como «moderado» cuando se dirigía directamente a Trump, dando al presidente una versión atenuada de las preocupaciones que había expresado a sus colegas militares. ²² Así es como se ve la categoría de «voz» cuando el espacio institucional para el asesoramiento franco se ha reducido hasta el punto de que un oficial superior calibra su honestidad en función de lo que su máxima autoridad civil tolerará.

La campaña contra Irán también revela que esta violación de los principios se ha extendido hacia abajo, hasta la cadena de mando operativa y táctica.

Los informes de los comandantes de unidad que presentan los ataques en términos escatológicos en más de 30 instalaciones militares no son anomalías que puedan explicarse por fallos profesionales individuales: son el resultado de la desaparición de la frontera entre la comunicación militar profesional y la movilización política, que ya no es mantenida de forma fiable por los miembros de la cadena de mando.

Estos oficiales han interiorizado el registro político y religioso de la administración como su propio marco profesional. No se apartan de manera significativa, sino que extienden activamente el proyecto del jefe a los espacios institucionales que comandan. ²³

Literalmente, se entra en una dinámica pretoriana: no es un ejército que actúa contra la autoridad civil, sino un ejército que actúa como su correa de transmisión ideológica.

Por supuesto, la transformación completa de las fuerzas armadas estadounidenses en un instrumento del movimiento MAGA está lejos de haberse completado, y la actual impopularidad de Donald Trump podría conducir a un cambio democrático.

Como suele ocurrir hoy en día, no hacer nada es optar por la Europa de Trump.

Thomas Crosbie y Olivier Schmitt

Pero, no obstante, se trata de una advertencia para las fuerzas armadas europeas, y ello por varias razones.

En primer lugar, la arquitectura de seguridad de la Alianza Atlántica se basaba en una hipótesis tan profundamente arraigada que rara vez era necesario formularla: la fiabilidad del ejército estadounidense como socio institucional se derivaba de las normas profesionales y la continuidad institucional, más que de la alineación política con la administración en el poder. Los compromisos contraídos en virtud del tratado se cumplirían porque la institución que los honraría estaba constitucionalmente orientada hacia el Estado y no hacia el ejecutivo.

La transformación en curso de las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos pone esta hipótesis bajo presión de una manera que es estructuralmente diferente de los casos anteriores de tensiones dentro de la Alianza. Los desacuerdos sobre el reparto de cargas, las prioridades estratégicas o el uso de la fuerza son disputas entre socios que comparten un compromiso normativo subyacente, tal y como se establece en el artículo 2 del Tratado de la OTAN: «Las Partes contribuirán al desarrollo de relaciones internacionales pacíficas y amistosas mediante el fortalecimiento de sus instituciones libres, el fomento de una mejor comprensión de los principios en los que se basan dichas instituciones y la promoción de las condiciones de estabilidad y bienestar». La cuestión que se plantea hoy es si este compromiso normativo democrático puede seguir asumiéndose.

En su planificación y sus evaluaciones de inteligencia, las instituciones europeas de defensa tienen motivos para preguntarse si los consejos militares estadounidenses que reciben reflejan un juicio profesional o una conformidad política con la agenda MAGA: no como una acusación, sino como una cuestión estructural que la situación hace inevitable.

Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que numerosos informes indican que el movimiento MAGA está tratando de favorecer a los partidos ideológicamente alineados en Europa: Rassemblement National en Francia, AfD en Alemania, Reform en el Reino Unido, etc. Estos partidos tienen programas explícitamente antidemocráticos: la AfD juega explícitamente con el legado nazi y el proyecto de Rassemblement National, a pesar de su ejercicio de desdemonización, se basa en última instancia en una ruptura fundamental explícitamente reconocida con el actual orden constitucional democrático de Francia. ²⁴

En los próximos años, existen escenarios realistas en los que los oficiales europeos podrían tener que plantearse encontrar un equilibrio entre su lealtad a la cadena de mando y su lealtad a la protección del orden democrático.

Si hay una lección que aprender del caso estadounidense, es que el mito del «profesionalismo militar» y la obediencia técnica a la primacía de la política no proporcionará los recursos intelectuales y morales necesarios para afrontar tales decisiones.

Queda por ver cómo pueden las naciones preparar mejor a sus oficiales para afrontar las desagradables realidades políticas que preferirían ignorar. Pero optar por no hacer nada e ignorar el problema también sería una opción. En este caso, una opción desafortunada: como suele ocurrir hoy en día, no hacer nada es optar por la Europa de Trump.