De Telegram a la cárcel: el Kremlin criminaliza la vida cotidiana de los rusos

El 25 de febrero, la Nezavissimaia Gazeta (Periódico Independiente en español), uno de los principales diarios rusos, publicó una sorprendente crítica a la política represiva del Kremlin. ¹ Sorprendente por dos motivos: por su notable acierto y por la sensación de ambivalencia o perplejidad que deja su lectura.

Este artículo, titulado «La posible prohibición de Telegram y la criminalización de la vida cotidiana», presenta un análisis muy pertinente: para la gran mayoría de los ciudadanos de a pie, el aspecto más insoportable del aparato represivo ruso reside en la progresiva criminalización de prácticas que hasta ahora se consideraban inofensivas.

La última decisión es la anunciada supresión de Telegram, una aplicación de mensajería imprescindible en el espacio postsoviético, especialmente en Rusia, Ucrania y Asia Central. Esta decisión ha suscitado una verdadera polémica entre los 35 millones de usuarios rusos, incluidos los blogueros favorables a la guerra. ² Al multiplicar las decisiones arbitrarias de este tipo, el Estado ruso mantiene un clima de incertidumbre y miedo generalizado. Ahora es imposible saber si una conversación telefónica con un ser querido, una fotografía publicada en una red social o una canción de los años 2000 cantada en la calle se convertirá de repente en un delito a los ojos del Estado. Esta porosidad entre el mundo político y policial de la Federación Rusa y el régimen de terror impuesto en los territorios ucranianos ocupados es cada vez más llamativa.

Al mismo tiempo, al leerlo, no podemos evitar preguntarnos por la pragmática de este texto.

Si el artículo no ha sido censurado, ¿contiene realmente algo que pueda irritar al poder? ¿No sería un intento más de demostrar que en Rusia sigue existiendo un marco «democrático» de debate político que llega hasta la denuncia de los excesos de los órganos de seguridad? El pasado reciente del diario en cuestión contribuye, por otra parte, a alimentar estas sospechas. Recordemos que, en 2023, Nezavissimaia gazeta publicó una crítica mordaz de la «propaganda goebbelsiana» practicada en las pantallas de televisión rusas, antes de tener que retirar el artículo una hora más tarde. ³ Sin embargo, tampoco se han olvidado las filtraciones de SMS que revelaron los intercambios entre la administración presidencial y la redacción de Nezavissimaia gazeta en relación con la publicación de artículos por encargo del Estado. ⁴

En definitiva, la lectura generosa y la lectura sospechosa no son incompatibles.

Tanto si se destaca la justicia de la condena que recoge este texto como si se lee más bien como la marca de un poder preocupado por reservar un espacio mediático a las críticas políticas sin mordacidad, se despliega una única y misma realidad: un régimen de censura tan generalizado que hace sospechosa cualquier crítica legal al poder.

El fundador de la aplicación Telegram, Pavel Durov, ha anunciado que se ha abierto un proceso penal contra él en Rusia por «complicidad en terrorismo». Varios canales de comunicación político-informativos se apresuraron a desmentir o matizar esta declaración: el proceso penal iniciado por los servicios especiales rusos no estaría dirigido tanto al propio Durov como a personas no identificadas, en el marco de un caso relacionado con el uso de la mensajería con fines terroristas. Por otra parte, han aparecido en los medios de comunicación rusos varias publicaciones «basadas en fuentes del FSB», según las cuales desde 2022 se habrían cometido 153.000 delitos —entre ellos asesinatos sonados y atentados terroristas— por parte de personas que utilizaban la aplicación de mensajería. Por lo tanto, es difícil no interpretar estas publicaciones como una forma de preparar a la opinión pública para un bloqueo total de Telegram, tras su recalificación por parte del Estado como «recurso extremista».

La falta de regulación de la aplicación Telegram es el principal argumento a favor de su bloqueo. Pavel Durov se opone a este motivo alegando la libertad de los usuarios y la descorrelación entre la responsabilidad penal de las personas por la comisión de actos terroristas y la de los responsables de una plataforma en la que dichas personas se habrían comunicado. En este caso, los motivos invocados por Rusia son bastante similares a los que esgrimen las autoridades francesas y europeas para regular los contenidos; sin embargo, en este caso se trata de aplicar iniciativas de censura y vigilancia indiferenciada de los contenidos digitales. Pavel Dourov ha reaccionado denunciando la voluntad de «sumir a toda la Unión en un gulag digital».

Durante su discurso ante el Colegio del FSB, Vladimir Putin declaró que, según todas las probabilidades, el autor de la explosión ocurrida cerca de la estación Saviolovo de Moscú habría sido reclutado en línea. El presidente ruso no citó ninguna plataforma en particular, pero es evidente que este tipo de declaraciones equivalen a dar carta blanca a los agentes del Estado encargados de la seguridad digital.

Para conmemorar el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin decidió dirigirse al Colegio del FSB para hablar sobre las estrategias de respuesta ante las amenazas externas e internas. Declaró, en esencia, que, al no poder infligir al país una derrota estratégica en el campo de batalla, los adversarios de Rusia recurrían a prácticas terroristas que iban desde el bombardeo de ciudades rusas hasta el sabotaje de infraestructuras, pasando por atentados contra representantes de las autoridades civiles y militares.

En esa ocasión, mencionó la explosión ocurrida cerca de la estación Saviolovo de Moscú, que causó la muerte de un policía. Sin embargo, para Vladimir Putin, no parece existir una distinción real entre amenazas internas y externas. En última instancia, todas estas operaciones son, a su juicio, obra de «los servicios secretos ucranianos y sus patrocinadores extranjeros». ⁵

El anuncio de Pavel Durov también suscitó una pregunta inquietante: ¿se consideraría a los usuarios que se suscriben a una cuenta de paga en Telegram como «terroristas» o «extremistas»?

Al igual que en otras aplicaciones de mensajería y redes sociales, Telegram ofrece servicios de paga (eliminación de límites de uso, contenidos exclusivos, reconocimiento de estatus, etc.). La cuestión es, por tanto, si, en caso de que la aplicación se asimile a un recurso delictivo, el uso de estos servicios podría ser sancionado retrospectivamente como una forma de financiación del terrorismo o del extremismo.

El antiguo asesor presidencial para asuntos digitales, German Klimenko, ha insinuado que tal práctica podría efectivamente ser tipificada como delito, lo que constituiría un argumento de peso a favor de la migración de todos los usuarios rusos a la aplicación de mensajería Max. Por parte de la Duma, las respuestas pretenden ser más tranquilizadoras: no se emprenderían acciones legales contra los rusos que se hubieran suscrito antes de un posible bloqueo.

En un artículo anterior sobre la eterna guerra informativa de Vladimir Putin, mencionamos la puesta en marcha de la aplicación MAX en 2025. Esta aplicación sin cifrado —y, por lo tanto, accesible para el FSB— es un instrumento más para vigilar a la población rusa. Los periodistas del medio de comunicación opositor Agentstvo han determinado que el 70 % de los canales públicos de debate de la aplicación MAX han sido creados por organismos estatales e instituciones públicas. ⁶

El periodista Andrei Zajarov también ha determinado que Vladimir Putin tiene intereses directos en la aplicación: el hijo de su prima, Mijail Shelomov, uno de los muchos testaferros del presidente ruso, posee más del 12 % del capital de la empresa Sogaz, uno de los dos principales accionistas de la empresa VK, creadora de MAX. ⁷ El Kremlin está probando dos tácticas para hacer su uso progresivamente obligatorio: la supresión de todas las alternativas —en primer lugar, WhatsApp y Telegram— y la generalización del uso de MAX en las comunicaciones de los ciudadanos con la administración, desde las escuelas hasta lo que en Francia se denominaría «trámites en la prefectura».

Este asunto saca a la luz un problema de fondo, que no tiene nada de ocioso ni de absurdo: el de la criminalización. La gran maquinaria de investigación y sanción puesta en marcha hace unos años sigue su propia lógica, que es la del aparato estatal. Quienes garantizan su funcionamiento deben aportar continuamente nuevas pruebas de su utilidad y de la pertinencia de sus esfuerzos. Por paradójico que pueda parecer, estos actores de la represión se ven reducidos, para demostrar su eficacia, a descubrir sin cesar nuevos delitos y nuevos delincuentes, en lugar de constatar que la delincuencia ha desaparecido prácticamente, lo que equivaldría a admitir que el sistema, en su estado actual, ha cumplido su función.

Este análisis es un arma de doble filo. Podría interpretarse como una crítica casi politológica de la forma en que las dinámicas inherentes a la represión estatal empujan al exceso de celo a los responsables que temen perder su puesto o su autoridad en el momento en que sus superiores consideren que su misión ha sido cumplida. Por otro lado, esta crítica concluye con la constatación de la casi desaparición de la delincuencia, lo que hace eco directamente de uno de los pilares retóricos del Kremlin: la llegada de Vladimir Putin al poder presidencial habría sacado a Rusia de los «delictivos» años noventa y habría inaugurado una era de estabilidad y serenidad. En otras palabras, esta aparente crítica podría ocultar un argumento a favor del Kremlin.

Cada nueva prohibición, cada nueva ley represiva, cada persona incluida en la lista de «agentes extranjeros», «extremistas» o «terroristas» proporciona a los responsables de la maquinaria represiva nuevos instrumentos de lucha entre los que solo tienen que elegir el que mejor se adapte a sus objetivos del momento. En estas condiciones, solo una decisión voluntarista procedente de la cúpula del Estado podría frenar este mecanismo. Sin embargo, los representantes del poder prefieren, por el momento, no comentar el funcionamiento de esta maquinaria, insistiendo más bien en su autonomía.

Si esta intervención pública de la redacción pretende ser una crítica al Kremlin y un llamado a la acción, lo que revela sobre todo es el estado de la política rusa: la penúltima frase de este párrafo es una insinuación apenas velada a Vladimir Putin. Lo propio de las dictaduras es, en efecto, convertir a una sola persona en la fuente de todos los males y el objeto de todas las esperanzas, reduciendo al cuerpo cívico a recurrir a formas —bien documentadas por los historiadores de la época moderna— de «súplica al soberano»: «¡Vladimir Vladimirovich, sálvenos de las locuras de sus propios servicios!».

Al mismo tiempo, asistimos a la criminalización de toda una serie de prácticas que, hace solo unos años, o incluso unos meses, se consideraban legales e incluso perfectamente naturales. Nadie se preguntaba si, al compartir su perfil o publicar una fotografía en una red social ahora prohibida, se estaba haciendo cómplice de terrorismo. Del mismo modo, realizar llamadas mediante aplicaciones de telefonía extranjeras era una práctica cotidiana, de evidente comodidad.

Se podría hacer un diagnóstico similar sobre otros ámbitos de la vida. Hace cinco años, no existía ninguna censura sobre el repertorio de los músicos callejeros; hoy en día, se arriesgan a dos semanas de detención administrativa si interpretan canciones de artistas «prohibidos», compuestas mucho antes de 2022 y cantadas miles de veces por miles de personas sin que ello haya tenido la menor consecuencia.

Este párrafo es realmente el núcleo de la crítica del artículo: la represión no se limita a imponer un nuevo yugo a las prácticas sociales, culturales o políticas futuras, sino que recalifica retrospectivamente como delitos prácticas que eran totalmente normales. Para la población rusa, este es sin duda el aspecto más delicado del aparato represivo. Que los opositores rusos sean declarados «extremistas» por sus actividades en Berlín, Tallin, Tiflis o Nueva York es algo que, evidentemente, no preocupa mucho a la mayoría de los habitantes de Irkutsk o Vladikavkaz. En cambio, consideran una aberración que cantar en público una canción de su grupo favorito de los años noventa, ahora prohibida por las autoridades, pueda acarrear consecuencias judiciales. Aquí, el artículo hace referencia al «caso Stoptime», que en octubre de 2025 condujo a la detención de varios músicos callejeros de San Petersburgo que interpretaban canciones de artistas reconocidos como «agentes extranjeros», como Noize MC, Monetochka o Zemfira. ⁸

El riesgo de enfrentarse al sistema represivo y de pasar por una experiencia devastadora se está convirtiendo progresivamente en un riesgo universal.

Esta configuración degrada las condiciones de vida de ciudadanos que no tienen ninguna inclinación criminal, al tiempo que transforma profundamente la psique colectiva. El poder ya no puede fingir ignorar este problema escondiéndose detrás de frases vacías como «la ley es la ley» o «la justicia rusa es independiente».