Reactivar la transición energética en Francia y en Europa: las perspectivas de Emmanuelle Wargon

Francia y Europa han pagado un alto precio por su dependencia del gas ruso. Esta dependencia persiste a través del GNL ruso y los productos derivados del gas ruso que se nos exportan, como los fertilizantes nitrogenados rusos, y se está desplazando hacia nuevas dependencias, como el GNL estadounidense. Todo ello sitúa a Francia y a Europa en una situación de riesgo en términos de suministro energético. ¿Cómo salir de estas dependencias? ¿Qué riesgos supone esto para la competitividad de nuestra industria y para la soberanía de Francia en las dos próximas décadas?

La crisis energética provocada por el inicio de la invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto la importante dependencia de Europa del gas procedente de Rusia y ha recordado brutalmente a Europa lo frágil que puede ser su soberanía energética. En Francia, como en otros lugares, hemos pagado muy caro esta dependencia y, hoy en día, aunque hemos reducido considerablemente las importaciones de gas ruso por gasoducto, seguimos expuestos a otras formas de dependencia: el GNL ruso, el gas argelino, pero también el GNL estadounidense, importado en grandes cantidades desde la crisis, y, por supuesto, el petróleo. Seguir importando energía de forma masiva no es una respuesta sostenible a nuestra necesidad de seguridad de suministro, y los cambios en las rutas de suministro tras la guerra en Ucrania no han hecho más que desplazar nuestra vulnerabilidad hacia un socio comercial, Estados Unidos, que busca refundar la relación transatlántica dando prioridad a sus propios intereses.

Salir de estas dependencias de unos pocos países proveedores no es algo que se pueda decretar, sino que se construye sobre varios pilares.

El primero es la aceleración de nuestra electrificación. Esto supone, en primer lugar, un esfuerzo masivo para desarrollar una electricidad descarbonizada, controlable y competitiva, y producida, por naturaleza, en nuestro territorio. Francia cuenta con una ventaja histórica gracias a su parque nuclear, que debemos preservar y modernizar, pero también complementar con el desarrollo de alternativas renovables, en particular la energía hidráulica, la eólica terrestre y marina, y la fotovoltaica, velando por hacerlo a un ritmo que se ajuste a la evolución de la demanda de electricidad. Esto supone también políticas de apoyo a la demanda de electricidad, no para aumentar nuestro consumo energético global, sino para transferir una parte de nuestro consumo de combustibles fósiles al consumo eléctrico (movilidad, construcción, industria). Por lo tanto, es necesario ajustar el desarrollo de las energías renovables y dimensionar las redes en función de las necesidades actuales y futuras, con un enfoque integrado que sin duda debe construirse con nuestros vecinos europeos.

El segundo pilar es la inversión en las infraestructuras del futuro: interconexiones eléctricas, transporte de hidrógeno, redes más resilientes. Esto pasa por lo que la CRE denomina una regulación incentivadora, que crea las condiciones para un sistema más robusto. En nuestro último informe sobre el hidrógeno y el CO₂, pedimos precisamente que se anticipen los usos futuros para dimensionar mejor las infraestructuras necesarias. Por último, hay que recordar que la competitividad industrial también depende del precio de la energía. La electricidad en Francia sigue siendo hoy en día una de las más competitivas de Europa, gracias a nuestra combinación energética descarbonizada. Pero esta competitividad es frágil. Depende de nuestra capacidad para invertir al ritmo adecuado, garantizar unas reglas del juego estables y no hacer recaer el peso de la transición únicamente sobre los consumidores. La soberanía energética solo puede ser colectiva, europea y construida a largo plazo y al ritmo adecuado.

El parque nuclear alcanza los 55 años en sus primeras unidades, la construcción de nuevos reactores será lenta y progresiva y el mantenimiento de las infraestructuras existentes conllevará costos crecientes. Esto repercute, por tanto, en el precio del MWh, que hoy en día supera los 60 euros. En este contexto, ¿cómo construir una trayectoria energética que sea competitiva y proteja el poder adquisitivo?

Debemos ser lúcidos: nuestro parque nuclear, aunque estratégico para la descarbonización y la soberanía energética, está envejeciendo. Mantenerlo en condiciones operativas implica inversiones regulares. En 2023, habíamos estimado el costo total de la energía nuclear en unos 61 €/MWh. Actualmente estamos actualizando el costo, que no debería variar significativamente. Esta cifra es ciertamente bastante competitiva a escala europea —de hecho, Francia tiene actualmente los precios más bajos de Europa, salvo por Escandinavia—, pero ya no basta por sí sola para garantizar un precio bajo a largo plazo para todos los consumidores.

Al mismo tiempo, es necesaria la construcción de nuevos reactores, en particular en el marco del programa EPR2, pero esto llevará tiempo. La puesta en servicio se escalonará a lo largo de la próxima década y el costo será mucho mayor, ya que el Estado prevé un contrato de apoyo de 100 €/MWh, aunque la financiación correrá parcialmente a cargo del Estado. Por lo tanto, no es la solución inmediata para responder a los retos de la producción y los precios. La única vía realmente sostenible es la diversificación. Debemos mantener una línea de actuación clara en cuanto al despliegue de energías renovables competitivas, como la eólica terrestre o marina y la fotovoltaica. Las últimas licitaciones de la CRE muestran que estas tecnologías alcanzan hoy en día costos de entre 70 y 80 €/MWh para las tecnologías terrestres, mientras que la energía eólica marina puede bajar hasta alrededor de 45 €/MWh, lo que la convierte en una ventaja estratégica para Francia. Por lo tanto, no hay que oponer la energía nuclear a las energías renovables. La coherencia del sistema requiere invertir en todas las tecnologías descarbonizadas que puedan ofrecernos una producción estable y asequible.

Por último, la competitividad del sistema no solo depende del costo de producción, sino también de la eficiencia de la red y de la previsibilidad de las tarifas asociadas para los consumidores. Por ello, la CRE aboga por una gestión tarifaria estable, una mayor visibilidad de los mecanismos de apoyo a la demanda —como MaPrimeRénov’ o las ayudas a las empresas— y una regulación que apoye la modernización de las redes sin disparar la factura de los hogares. El poder adquisitivo solo se protegerá si la política energética evita los sobresaltos y ofrece visibilidad a los productores, los inversores y los consumidores. Este es el papel que la CRE se esfuerza por desempeñar: garantizar un sistema coherente, resiliente y equitativo.

Entre las vías de diversificación figuran el despliegue de infraestructuras gasísticas europeas (desde el norte de Europa y España) y del Mediterráneo (desde Marruecos y Argelia), como H2Med, que permitirán buscar fuentes de energía competitivas (solar, eólica, hidráulica), y el desarrollo de las redes eléctricas. Francia podría convertirse en un importante centro energético en la próxima década y liderar esta dinámica. ¿Qué papel desempeñarán estas infraestructuras en nuestro futuro energético? ¿Qué plan de despliegue está a la altura de estas ambiciones? ¿Y de las necesidades de descarbonización?

Lo que recomendamos en el último informe de la CRE es planificar la regulación de las futuras infraestructuras de H₂ y CO₂, sin esperar a que el mercado esté completamente maduro.

Esto supone definir normas de acceso, tarificación y financiación, ya que se trata de proyectos muy capitalistas y su rentabilidad dependerá de una visión clara de los usos futuros. Las grandes infraestructuras europeas como H2Med tendrán un papel que desempeñar, siempre que se defina su modelo económico y que haya compradores interesados. Pero la red eléctrica es igualmente crucial. Debe adaptarse al cambio climático (en particular, al aumento de los fenómenos extremos), ser capaz de conectar proyectos dispersos, como las energías renovables terrestres, pero también grandes polos industriales u offshore. Debemos gestionar diferentes retos: conexión dispersa, conexión industrial, conexión de consumidores estratégicos. En concreto, estamos debatiendo con los gestores de redes las tarifas futuras, ya que el aumento de las inversiones necesarias tendrá un impacto en los costos. Pero este impacto será controlable si la demanda sigue el ritmo y si las inversiones se dimensionan correctamente. El error sería construir demasiado tarde o demasiado poco, o por el contrario, demasiado pronto y sin usuarios. Por eso es fundamental anticipar la demanda de forma coordinada. Como país situado en el cruce de caminos de Europa, tenemos una oportunidad para construir un sistema resiliente, interconectado, soberano y con bajas emisiones de carbono.

La electrificación masiva de nuestra economía se presenta a menudo como una solución clave para la neutralidad en carbono. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos técnicos y financieros relacionados con esta electrificación? ¿Cómo se puede pasar a una escala industrial y operativa?

La electrificación masiva de nuestra economía es una necesidad si queremos alcanzar la neutralidad en carbono. Se trata de un cambio de paradigma profundo: no se trata simplemente de sustituir una energía por otra, sino de cambiar los usos, las redes, los equipos y los comportamientos. Pero esta transición se enfrenta a tres tipos de retos importantes.

El primero es económico: hoy en día, la solución virtuosa suele ser más cara. El hidrógeno verde cuesta más que el gris, el coche eléctrico es aún más caro que el térmico y los procesos industriales electrificados siguen siendo menos competitivos. Esta realidad frena la demanda. No se trata de una cuestión teórica, es lo que hace que las bombas de calor se vendan menos, que las calderas de gas vuelvan a utilizarse y que las inversiones industriales se retrasen.

El segundo reto está relacionado con los cambios de comportamiento: hay que acompañar la transición en la vivienda, con ayudas pero también con asesoramiento, acompañar la descarbonización de la industria y desarrollar la ingeniería a escala territorial.

El tercero es técnico: la electrificación requiere una red capaz de absorber picos de consumo, conectar masivamente nuevos usos y garantizar el suministro en todas las circunstancias. Esto requiere inversiones masivas en las redes, en la flexibilidad (almacenamiento, borrado) y en la planificación territorial.

Pasar a una escala mayor significa, en primer lugar, aportar estabilidad. Hoy en día, el problema proviene en parte de la inestabilidad de los mecanismos de ayuda: primas que cambian, créditos fiscales modificados, ayudas a las flotas de empresas suprimidas. Sin embargo, tanto los hogares como las industrias son racionales: si no pueden anticiparse, no invierten.

En segundo lugar, pasar a una escala mayor significa hacer que todos los eslabones funcionen juntos: producción, infraestructuras, regulación y, sobre todo, política de demanda.

Por lo tanto, la CRE apoya una estrategia clara: apoyo a las inversiones productivas, tarificación adecuada de las redes y visibilidad para los consumidores.

Por último, debemos velar por que esta electrificación no sea un factor de fractura social. No debe realizarse a costa de un poder adquisitivo debilitado. Esto supone una verdadera política de acompañamiento, específica, justa, comprensible y previsible. Es una condición sine qua non para el éxito de la transición.

Cada año se despliegan 500 GW de capacidad renovable en todo el mundo, de los cuales más de 300 GW corresponden a China. ¿Cree que la flexibilización de las normas y los procedimientos de concesión de permisos, tal y como desean Europa y Francia, permitirá a nuestro continente mantenerse en esta carrera verde?

Como China despliega cada año más de 300 GW de capacidad renovable y el mundo en su conjunto se acerca a los 500 GW, debemos afrontar la realidad: Europa no es la única que se está transformando. En Francia y en Europa tenemos proyectos, sectores y ambiciones. Lo que a menudo frena el proceso son los procedimientos: plazos demasiado largos, múltiples recursos, normas que varían de un país a otro. Esta complejidad administrativa tiene un costo económico, pero también un costo en términos de transición.

Por lo tanto, la flexibilización de las normas de concesión de permisos, si se regula adecuadamente, es una necesidad. Pero no debe ser sinónimo de desregulación. Por el contrario, se necesita una regulación más inteligente, más comprensible y más rápida. Lo que defendemos en la CRE es un marco claro, anticipado y concertado con los actores locales, porque la transición comienza en los territorios a escala local. También hay que evitar los efectos de stop-and-go. Los promotores necesitan visibilidad, estabilidad y confianza. Si las normas cambian constantemente o si un proyecto puede bloquearse en cualquier fase, se frena el impulso, incluso con buenas intenciones.

Sí, por lo tanto, a procedimientos simplificados, pero también a plazos garantizados, a herramientas digitales para el seguimiento y a referenciales armonizados a escala europea. Si Europa quiere seguir en la carrera verde, deberá combinar ambición política y eficacia administrativa. Y eso es precisamente a lo que contribuye la CRE: a crear las condiciones prácticas para la transición.

La reforma del mercado europeo de la electricidad está en debate. ¿Es necesario revisar los mecanismos de tarificación e interconexión para limitar la exposición a las crisis externas y hacer que nuestras economías nacionales sean más resilientes? ¿Cómo convertir el mercado interior europeo en una ventaja?

La crisis energética que hemos atravesado ha puesto de manifiesto tanto la resiliencia como los límites del mercado europeo de la electricidad. El principio fundamental del mercado, el de la fijación de los precios a partir de la central marginal —a menudo una central de gas— ha permitido históricamente una integración progresiva del sistema eléctrico. Pero también ha mostrado sus límites en un contexto de crisis masiva del gas. Así, en Francia, los precios de la electricidad han aumentado significativamente, a pesar de que nuestra combinación energética es en gran medida independiente del gas, en un momento en el que dependíamos mucho de las interconexiones, debido a la caída de la producción de las centrales nucleares causada por la crisis de corrosión bajo tensión. ¿Hay que revisar las normas? Siempre se puede intentar mejorar el modelo, pero sin abandonar las bases del mercado interior ni las de la tarificación al costo marginal.

Las interconexiones han demostrado además su papel esencial como palanca para la seguridad del suministro y la mutualización de los recursos. En cuanto a los mercados, las perspectivas se articulan en torno a una tarificación más estable y predecible, la implantación de mecanismos de capacidad o de contratos a largo plazo, PPA o contratos por diferencia (CfD) sobre la producción descarbonizada, con el fin de garantizar precios mínimos para los productores y precios máximos para los consumidores. Esto es lo que defendemos en la CRE y hacia lo que tienden las últimas evoluciones del marco europeo. El objetivo es convertir el mercado interior en una ventaja: un mercado capaz de garantizar tanto la fluidez de los intercambios como la seguridad del suministro y la competitividad de los precios, tanto para la industria como para los hogares. Pero para ello se necesita una gobernanza clara, herramientas para corregir las perturbaciones y una mayor coordinación entre los reguladores nacionales.

¿Es posible una convergencia europea en materia energética a mediano plazo, teniendo en cuenta las diferencias en la combinación energética entre países como Francia y Alemania, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de un regulador como la CRE en este movimiento hacia la convergencia?

Una convergencia total de las combinaciones energéticas en Europa no es ni realista ni deseable. Cada país tiene su historia, sus recursos y sus opciones políticas: Francia se basa en la energía nuclear, los países escandinavos en la hidroeléctrica, Alemania en las renovables y, aún hoy, parcialmente en el carbón y el gas. La diversidad es una riqueza, pero, evidentemente, plantea la cuestión de la coherencia.

Sin embargo, la convergencia en los objetivos —sobriedad, neutralidad en carbono, seguridad del suministro, competitividad— no solo es posible, sino indispensable. No se basa en la uniformización de las combinaciones, sino en la capacidad de organizar un sistema común que permita que estas diferentes combinaciones funcionen juntas. El papel de las interconexiones es fundamental: permiten compensar los excedentes o las escaseces temporales entre países, y fueron muy útiles para Francia en 2022, cuando se combinaron los efectos de la crisis del gas ruso y el problema de la corrosión bajo tensión del parque nuclear. Pero deben ir acompañadas de normas comunes de tarificación, gestión de la congestión y transparencia de los costos. Ahí es donde intervienen los reguladores, y en particular la CRE.

Participamos activamente en los trabajos de la ACER, la Agencia de Cooperación de los Reguladores Europeos, y trabajamos para armonizar los marcos, ya sea para las licitaciones de energías renovables, la regulación de las redes o la estructuración de los mercados de capacidad. La CRE también tiene un papel que desempeñar en la definición de un marco de inversión claro, para que los operadores puedan desarrollar proyectos transfronterizos —en hidrógeno, interconexiones o centros de datos— sin tropezar con una jungla normativa. La convergencia no es una alineación forzada.

El desarrollo de las infraestructuras tendrá un impacto en los consumidores y podría traducirse en un aumento del precio de la energía y de muchos bienes de consumo que forman parte del día a día de los franceses. ¿Cómo asumir las necesarias racionalizaciones del consumo y llevar a cabo la labor pedagógica esencial para explicar los aumentos de precios actuales y futuros? ¿Cómo acompañar a los consumidores más vulnerables?

El mensaje clave es sencillo: la transición energética no debe ser sufrida, debe ir acompañada. La transición no es un esfuerzo que deban asumir los franceses solos : debe ser compartida, planificada, explicada y socialmente sostenible.

El desarrollo de las infraestructuras y de las capacidades de producción descarbonizadas es indispensable: debemos desarrollar y conectar las energías renovables, electrificar la industria y el transporte, y adaptar las redes al cambio climático. Pero todo esto tendrá un costo. Y ese costo, en un momento u otro, repercutirá en parte en la factura de los consumidores. Esto debe hacerse de manera equitativa, repartiendo el esfuerzo de manera justa entre los diferentes actores del sistema eléctrico, en colaboración con el Estado, pero también a largo plazo para distribuir los esfuerzos en el tiempo y velando por limitar los efectos redistributivos. Lo que debemos evitar a toda costa es que esta transición se perciba como injusta. Se trata de un peligro real, que hemos visto manifestarse brutalmente con la crisis de los chalecos amarillos.

Esto comienza con un trabajo de información. Debemos explicar claramente por qué cambian los precios, qué financian y qué se evita a largo plazo, en términos de dependencia geopolítica, crisis climáticas o cortes de suministro.

Un aumento de unos pocos euros en una factura puede representar una inversión estratégica que nos protege colectivamente y evita un aumento masivo en caso de crisis. Pero hay que decirlo, asumirlo y explicarlo.

A continuación, debemos dirigir las ayudas allí donde son necesarias. Las medidas deben ser claras, estables y comprensibles. Las ayudas a la renovación, a la movilidad eléctrica o a la calefacción deben evitar los efectos de stop-and-go que provocan la pasividad. Y, sobre todo, es necesario que los colectivos más vulnerables —hogares modestos, zonas rurales, familias numerosas— puedan acceder a ellas fácilmente. En la CRE tenemos una función concreta: garantizar que la regulación tarifaria siga siendo equilibrada. Trabajamos para evitar el efecto tijera entre la financiación de las redes y el estancamiento de la demanda. Y alertamos sobre los efectos contraproducentes de una fiscalidad mal calibrada, que puede suponer una carga más pesada para los consumidores con bajos ingresos.

De hecho, la función de la CRE es tratar de encontrar un compromiso entre el nivel de inversión necesario para garantizar un transporte y una distribución de electricidad y gas fiables, seguros y resistentes al cambio climático, y el nivel de precios aceptable para los consumidores, ya sean hogares, empresas o colectividades.

En esta búsqueda de un compromiso, escuchamos a las partes interesadas, a las que consultamos periódicamente, lo que nos permite tener en cuenta las limitaciones y los retos de todos los actores.

A modo de ejemplo, en 2024, escuchamos a 46 actores del mercado y realizamos 17 consultas públicas, ¡más de una al mes! Creo que es la mejor manera de implicar a todos los actores.

Por último, me gustaría terminar con una nota de optimismo. No creo que la transición energética implique necesariamente restricciones, austeridad o facturas más elevadas.

Estoy convencida de que, por el contrario, puede lograrse mediante la electrificación de los usos, ya que la electricidad en Francia está casi totalmente descarbonizada, mediante un uso mejor gestionado y repartido a lo largo del día, tanto en los hogares como en las empresas, para disfrutar de una electricidad abundante y barata (pienso en la producción fotovoltaica en verano), mediante otras flexibilidades que hay que desarrollar, como el almacenamiento, o incluso otras energías que hay que desplegar (geotermia, hidrógeno, biometano, etc.) y, por último, mediante cooperaciones duraderas con nuestros vecinos europeos para consolidar nuestra soberanía. Podemos lograrlo si trabajamos juntos con los actores de la sociedad: hogares, empresas industriales o terciarias, colectividades locales, administración, y si cada uno pone de su parte.