Ganar la guerra de la independencia digital europea

Durante su discurso de aceptación del Premio Carlomagno en Aquisgrán, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por la «independencia europea». Según ella, sería posible alcanzar tal ambición aumentando el gasto en defensa, acelerando la integración de Ucrania en la Unión, apoyando una capacidad de innovación tecnológica autónoma y reforzando la democracia. Al enumerar estas prioridades, la presidenta sugiere sin duda que están íntimamente relacionadas entre sí, como condiciones para la libertad de los europeos.

Paralelamente a la difusión disruptiva y transformadora de las tecnologías digitales, se ha desarrollado un nuevo tipo de ecosistema mediático. Si bien este alimenta cierto desarrollo económico y la circulación de conocimientos necesarios para los ciudadanos en las democracias, también se ha convertido en el instrumento privilegiado de una guerra cognitiva.

Por ello, sin independencia digital no puede haber independencia europea.

Pero la independencia digital no se declara.

Se concibe y se lleva a cabo con energía, de forma innovadora y preparada, al servicio de una visión global.

No se consigue con unos pocos ajustes: ganar la independencia digital supone un nuevo comienzo.

Un imperativo europeo: repensar la política de las plataformas

En unos veinte años, entre 2007 y 2025, Europa ha concedido a las grandes plataformas estadounidenses un auténtico monopolio sobre las infraestructuras digitales que organizan la economía del conocimiento.

Se benefician de un potente efecto de red que las favorece al impedir cualquier competencia. Ahora son capaces de controlar los mercados en los que operan captando enormes recursos económicos y financieros. Al mismo tiempo, concentran una inmensa cantidad de datos sobre personas, organizaciones, sus relaciones, sus comportamientos y sus valores. Esta bonanza les hace aún más eficaces en el uso de grandes modelos de lenguaje (LLM) y en aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

Pero eso no es todo.

La importancia económica y tecnológica de las empresas que controlan las grandes plataformas se traduce ahora en un poder político que ya no se puede ignorar y que, de relativamente oculto, se ha hecho manifiesto con la llegada a Washington de los tecnocráticos de Silicon Valley.

Es cierto que, en los últimos años, Europa ha evolucionado su marco regulatorio con la introducción de profundas reformas que obligan a las grandes plataformas —las llamadas «gatekeepers»— a asumir sus responsabilidades en una serie de frentes importantes relacionados con el respeto de los derechos humanos, la preservación de la competitividad de los mercados, la equidad en el intercambio de información y el respeto de los derechos de autor.

Esta producción normativa europea comenzó con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y se desarrolló posteriormente con la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de IA.

La Unión también ha invertido decenas de miles de millones en investigación e infraestructuras para recuperar nuestro retraso en materia de inteligencia artificial. Asimismo, ha iniciado un debate sobre toda la cadena de valor de la industria digital, desde la producción de chips hasta la reactivación de las empresas de telecomunicaciones y la fabricación de productos electrónicos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la Unión aún no ha elaborado una estrategia para abordar el núcleo del problema que plantean las plataformas: su poder parece carecer de contrapesos reales.

Este poder omnipotente tiene, por supuesto, profundas consecuencias para las personas que las utilizan, pero también para los mercados en los que operan y para los Estados que intentan regularlas. En efecto, si bien en teoría es posible intervenir en el comportamiento de las plataformas existentes, su poder es hoy tal que muchas de las medidas adoptadas contra ellas resultan totalmente ineficaces.

La Unión aún no ha elaborado una estrategia para abordar el núcleo del problema que plantean las plataformas: su poder parece carecer de contrapesos reales.

Luca de Biase

Por lo tanto, está claro que la mejor manera de limitar el poder de las Big Tech sería crear en Europa plataformas alternativas y superiores a las ya existentes. En estas nuevas plataformas, el público podría encontrar servicios de calidad, respetuosos con los derechos humanos y más adecuados para defender y valorar el modo de vida, la producción, el consumo y el debate de los europeos.

A primera vista, una creación ex novo de este tipo parece muy difícil, incluso imposible, precisamente por la misma razón que nos lleva a reflexionar sobre su aparición: el poder de las plataformas existentes.

Sin embargo, internet es quizás uno de los pocos ámbitos en los que nunca es muy prudente subestimar nuestra capacidad para alterar un sistema.

Este artículo examina las posibilidades de desarrollar plataformas digitales europeas innovadoras y capaces de restaurar un ecosistema mediático saludable, iniciando una fase de evolución hacia un mayor bienestar cultural, tecnológico, económico, político, social y democrático.

Un buen método puede ser partir de los defectos de las plataformas existentes tal y como los perciben y experimentan los usuarios. Estas deficiencias pueden servir de base para crear soluciones alternativas que las eliminen.

El primer paso para explorar estas posibilidades sería reintroducir una verdadera competencia en el ámbito digital en Europa.

¿En qué punto nos encontramos?

Es legítimo preguntarse si la pinza monopolística —o, para ser más precisos, oligopolística (pero los efectos son los mismos)— constituida por las visiones distópicas de Silicon Valley y del Partido Comunista Chino en el ámbito de las plataformas digitales está realmente destinada a perdurar para siempre.

Hay varias razones para creerlo.

El poder tecnológico de las plataformas existentes es gigantesco debido al número de usuarios y de datos que recopilan, pero su poder también proviene de la colosal cantidad de capital de que disponen para desarrollar sus estrategias.

En Europa, por el contrario, no disponemos de recursos comparables. Además, según muchos observadores, tenemos la mala costumbre de centrarnos más en la regulación que en la innovación.

Por último, las sanciones europeas tardan demasiado en aplicarse en comparación con la velocidad de innovación de las plataformas y los daños que pueden causar a corto plazo. Por lo tanto, la amenaza del derecho europeo no parece ser, por el momento, una espada de Damocles especialmente eficaz para modificar las decisiones estratégicas de los gigantes de la web.

A estas consideraciones se suma la falta de sentido de urgencia sobre esta cuestión.

De hecho, todo parece indicar que los europeos han aceptado pasivamente el prejuicio de que el monopolio de las plataformas es el resultado legítimo de su competitividad. Sin embargo, estas consideraciones parecen muy débiles cuando se tiene en cuenta que las plataformas son hoy en día mucho más que simples servicios: son lugares desde los que se ejerce el poder.

Sin embargo, es precisamente esta concentración masiva de poder lo que hace que haya tantos motivos para esperar que se pueda cambiar el curso de los acontecimientos.

Por un lado, las plataformas estadounidenses extraen una parte importante del valor de la economía europea sin devolver tanto en términos de inversión en investigación, competencias, ingresos fiscales y disponibilidad de datos.

Por otro lado, el diseño de las plataformas estadounidenses se asocia ahora de forma clara y manifiesta con un deterioro del bienestar de los adolescentes y con una degradación generalizada de la calidad de la información.

Las plataformas son hoy en día mucho más que simples servicios: son lugares desde los que se ejerce el poder.

Luca de Biase

Por último, la influencia que ejercen las potencias extranjeras sobre estas plataformas, en las que se desarrolla gran parte de la comunicación de los europeos y que son escenario de la guerra cognitiva, no es compatible con la independencia europea en materia de defensa.

Por ello, las razones para pensar que es posible un cambio radical son igualmente evidentes.

Una vía europea para la creación de plataformas

En primer lugar, el panorama geopolítico ha cambiado.

Ahora que las alianzas tradicionales ya no son fiables, un recurso estratégico como la infraestructura digital forma parte integrante de cualquier perspectiva de independencia para un sistema político. Las normativas europeas han cambiado y permiten iniciar una nueva fase en la transición digital europea.

En segundo lugar, los europeos tienen la oportunidad de recuperar el liderazgo en la carrera por la IA.

Para ello, lejos de intentar imitar a los estadounidenses, deberían orientarse hacia modelos basados en arquitecturas diferentes, menos exigentes y que se apoyen en conocimientos más fiables, como los datos producidos continuamente por la robótica industrial y la industria manufacturera europea.

La ciencia europea es cada vez más consciente de su fuerza. Según datos de la Fundación Bertelsmann, supera a la ciencia estadounidense en número de publicaciones, en un momento en que esta última se ve además dificultada por la administración de Trump.

Se abre una oportunidad: la probabilidad de que los europeos puedan intervenir para ayudar a crear plataformas europeas parece estar aumentando.

De hecho, aunque los europeos buscan la autonomía en materia de defensa, no pueden lograrla sin ampliar las inversiones necesarias en las tecnologías que sirven para defender la seguridad de los ciudadanos en la guerra cognitiva.

Del mismo modo, en un momento en el que deben tomar decisiones fundamentales para los grandes retos del siglo, desde el clima hasta la migración, pasando por las desigualdades sociales, no pueden deliberar democráticamente basándose en plataformas diseñadas para un entorno estadounidense y operadas desde Estados Unidos.

Mientras los europeos buscan la autonomía en materia de defensa, no pueden lograrlo sin ampliar las inversiones necesarias en las tecnologías que sirven para defender la seguridad de los ciudadanos en la guerra cognitiva.

Luca de Biase

Los valores europeos, basados en los derechos humanos y asumidos por el Estado de bienestar, desde la sanidad hasta la educación, no son compatibles con la hipercompetitividad, la manipulación y la destrucción espectacular que prevalecen en las redes sociales actuales.

La colonización cognitiva que hemos permitido al ceder nuestra independencia a los estadounidenses quizá tenía sentido en una época en la que el liderazgo cultural estaba en manos de un país que era nuestro aliado estratégico y compartía nuestros valores democráticos.

Pero la alianza se ha derrumbado, y la democracia en Estados Unidos podría estar exhalando su último aliento.

Propuestas concretas

Tras la elección de Trump, surgieron varias propuestas europeas para abordar esta cuestión.

El informe EuroStack ¹ propone combatir la dependencia tecnológica mediante la creación de una infraestructura digital soberana europea que permita a Europa ser autónoma a lo largo de toda la cadena de suministro, algo que, en la actualidad, está lejos de ser una realidad.

Porque no siempre ha sido así.

Hasta 2007, la mayoría de los dispositivos digitales más importantes del mundo, los teléfonos móviles, se fabricaban en Europa.

Los europeos ocupaban entonces la posición más estratégica en toda la cadena de suministro, desde los componentes electrónicos para las comunicaciones móviles hasta las tecnologías de red, pasando por los sistemas operativos. La empresa Nokia, por sí sola, había alcanzado una cuota de mercado mundial del 41 % de los teléfonos móviles. Ericsson, Alcatel y Siemens completaban el dominio europeo en este sector.

Este ejemplo demuestra que, en términos tecnológicos, económicos y científicos, Europa no está condenada a ir a la zaga. Pero en términos de poder político, las Big Tech estadounidenses juegan en otra liga, incluso en comparación con las mejores empresas europeas.

Hasta 2007, la mayoría de los dispositivos digitales más importantes del mundo, los teléfonos móviles, se fabricaban en Europa.

Luca de Biase

Sin duda, el punto fuerte de Estados Unidos es la disponibilidad de recursos financieros que pueden invertirse para preservar el poder absoluto de las grandes plataformas.

Hay al menos dos razones para ello. Por un lado, los tecno-cesaristas son capaces de generar beneficios colosales en los mercados que controlan. Por otro lado, el dinero inyectado en la economía estadounidense durante la flexibilización cuantitativa que siguió a la crisis de 2007-2008, y luego tras la crisis pandémica —estimado en 7 billones de dólares— se destinó menos a la economía real que a las finanzas. La polarización del mercado financiero acabó favoreciendo a las grandes empresas digitales en la carrera por atraer estos importantes capitales.

Por supuesto, en Europa también aplicamos políticas similares a la flexibilización cuantitativa. Pero no contábamos con empresas tan hábiles para concentrar los recursos inyectados en el sistema. Y no logramos evitar que, a largo plazo, el capital inyectado acabara también en el mercado estadounidense, como bien muestra el informe Draghi.

Las consecuencias de esta asimetría ya son conocidas.

Como demuestran numerosas investigaciones —desde las dedicadas a la cuestión de la vigilancia planteada por Shoshana Zuboff, ² pasando por el golpe de Estado digital denunciado por Marietje Schaake, ³ hasta las estrategias digitales de las autocracias reconstituidas por Anne Applebaum—, ⁴ el éxito de las Big Tech se ha traducido en un refuerzo del poder político de estructuras que escapan a todo control.

Este poder está rediseñando los sistemas en los que logra imponerse con un proyecto de compresión de los derechos humanos, de limitación de la competencia mediante prácticas monopolísticas, de fragmentación de los agregados sociales y de privatización de funciones que antes eran prerrogativa de los Estados, desde los viajes espaciales hasta la emisión de moneda.

Por el contrario, la Unión sigue defendiendo los derechos humanos, prosigue sus esfuerzos en materia de derecho de la competencia para limitar los monopolios, cree en el Estado social y, sobre todo, invierte importantes recursos públicos para favorecer el desarrollo de la economía en una dirección compatible con los grandes objetivos de sus poblaciones.

Como afirman los ponentes del European Democracy Shield, ⁵ este enfoque es el correcto y debe defenderse contra la desinformación y las diferentes formas de injerencia extranjera en el ecosistema europeo de la información. No se trata solo de defender a los actores tradicionales de la producción de información, sino también de tratar de reducir el poder omnipotente de las plataformas existentes, es decir, recordándoles sus responsabilidades.

Aquí es donde entra en juego la propuesta de la Social Data Science Alliance (SDSA) ⁶ para una estrategia que favorezca la creación de nuevas plataformas en Europa. Estas se organizarían de manera que no obstaculizaran la libre expresión de ideas y aumentaran los espacios de circulación de información de calidad, actualmente sofocados por las plataformas estadounidenses.

El punto central de la propuesta es que podemos fomentar un tipo de emprendimiento destinado a lanzar nuevas plataformas, siempre que sean interoperables y estén estructuradas de manera que garanticen la libre circulación de personas entre las propias plataformas.

De este modo, las plataformas europeas no se orientarían orgánicamente hacia la monopolización de su zona de influencia, sino que configurarían un ecosistema innovador, libre, competitivo y pluralista, sin una concentración excesiva de valor añadido y poder.

Podemos fomentar un tipo de emprendimiento destinado a lanzar nuevas plataformas, siempre que sean interoperables y estén estructuradas de manera que garanticen la libre circulación de personas entre las propias plataformas.

Luca de Biase

Esta propuesta aborda el núcleo del problema: el poder desmesurado de las plataformas generado por la ausencia de competencia.

El paso a un sistema de plataformas interoperables reduciría así el efecto de red de las grandes plataformas existentes y facilitaría la creación de nuevas plataformas alternativas.

Por supuesto, esto no sería suficiente, pero el informe de la Social Data Science Alliance observa que, si las grandes plataformas no aceptaran las normas europeas en materia de competencia, también podrían ser objeto de sanciones importantes, no solo multas, sino también el cierre temporal de sus actividades, como ya ocurrió en Brasil con X y como Estados Unidos ha amenazado con hacer con TikTok.

En resumen, la competencia se defiende con normas: en ausencia de normas que la protejan, especialmente en el entorno digital, los más fuertes se hacen cada vez más fuertes e impiden la aparición de cualquier tipo de competencia.

Paralelamente a la aplicación drástica del derecho de la competencia, es necesario invertir para favorecer la aparición de plataformas alternativas necesarias para la consecución de los objetivos sistémicos.

Reimagine Europa ⁷ ha elaborado una propuesta para convencer a las instituciones de la Unión de que se comprometan a crear una infraestructura que permita la creación de nuevas plataformas.

El contexto que puede permitir este tipo de compromiso por parte de Europa es el que ha llevado a la definición de una estrategia para la IA. Las empresas europeas, incluidas las de este sector, parecen estar claramente por detrás de los gigantes estadounidenses.

Desde este punto de vista, la Unión no se ha echado atrás.

Está convencida de que la cuestión de la inteligencia artificial da lugar a diferentes interpretaciones de la tecnología, algunas más adaptadas al sistema europeo, que tiene sus propios puntos fuertes. La robótica industrial, la capacidad de producción y la ciencia europeas están más avanzadas que las de Estados Unidos. Pueden constituir una base para el desarrollo de inteligencias artificiales eficaces y económicamente viables.

Europa ha encontrado la manera de respaldar esta hipótesis invirtiendo en infraestructuras pertinentes: las supercomputadoras, los centros de datos, las AI Factory y las AI Gigafactory son infraestructuras públicas que los centros de investigación, las empresas y las start-ups europeas pueden utilizar gratuitamente para formar sus modelos sin disponer del capital privado del que disfrutan las empresas estadounidenses.

Este modelo también podría servir de base para una estrategia.

Las infraestructuras públicas esenciales, en su papel de facilitadoras, podrían garantizar la defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, favoreciendo la aparición de plataformas alternativas a las estadounidenses.

Al no absorber la mayor parte de los recursos, dejarían además un gran valor añadido a las nuevas plataformas de aplicaciones que, a su vez, deberían competir entre sí en un contexto de interoperabilidad, innovando sin esperar conquistar un monopolio, sino con el objetivo de ofrecer servicios que la gente realmente quiera utilizar. En este contexto, también son mayores las posibilidades de que surjan plataformas comprometidas con la mejora de la calidad de la información que circula.

La comparación entre el desarrollo de la inteligencia artificial y la evolución de las redes sociales es bastante pertinente.

Estas últimas, de hecho, están ahora integradas en el «mundo» de la inteligencia artificial. No solo porque los contenidos se crean cada vez más a partir de modelos generativos y porque sirven para recopilar una gran cantidad de datos esenciales para el desarrollo de los modelos generativos, sino también, y sobre todo, porque el tráfico es gestionado y manipulado por IA que aplican algoritmos de recomendación personalizados.

Desde hace años se sabe lo peligrosos que son estos algoritmos para la sociedad: diseñados para crear contenidos divisivos por diseño, han aumentado la polarización, la radicalización y la fragmentación de las opiniones de los ciudadanos.

Del mismo modo, los algoritmos de recomendación son a menudo responsables del éxito de mensajes emocionalmente atractivos, aunque sean completamente falsos: las organizaciones que producen desinformación también conocen esta circunstancia y la explotan para atacar a países adversarios, difundiendo información que pone en dificultades a las democracias.

Sin embargo, la desinformación no puede vencerse oponiendo una verificación de los hechos a cada información falsa que circula: se combate mediante la educación, pero también luchando contra los algoritmos de recomendación y la centralidad de las plataformas que los ofrecen a los usuarios, a menudo inconscientes del peligro.

La implantación de alternativas sin sistemas de recomendación —o con sistemas de recomendación destinados a mejorar el servicio, por ejemplo, contextualizando la información o presentando diferentes puntos de vista— podría reducir la fuerza de la desinformación, en particular porque favorecería la circulación de información diferente, quizás bien documentada y fiable, capaz de contextualizar o aportar puntos de vista alternativos, y erosionando en general el poder de las pocas plataformas actuales.

La desinformación se combate mediante la educación, pero también luchando contra los algoritmos de recomendación y la centralidad de las plataformas que los ofrecen a los usuarios, a menudo inconscientes del peligro.

Luca de Biase

El RGPD ya proporciona un punto de partida para el establecimiento de estas infraestructuras esenciales: los ciudadanos europeos tienen derecho a descargar todos sus datos personales de las plataformas que utilizan, a registrarlos en un formato estándar en servidores bajo su control y a utilizarlos para acceder a plataformas competidoras.

Este concepto, ya desarrollado en la India, se está estudiando actualmente en Europa.

Si los ciudadanos controlan sus datos personales a través de un sistema único de certificación de identidad que pueden utilizar para acceder a cualquier plataforma, se dan las condiciones previas para la interoperabilidad.

Esta cartera, que contiene documentos de identidad y datos personales —incluso los euros digitales que podrían ponerse en circulación en el futuro—, podría ser un instrumento fundamental para la libertad en el mundo digital, siempre que los datos sean controlados por los ciudadanos y no por empresas privadas o autoridades públicas.

Una primera aplicación de esta cartera podría servir para corregir los problemas que las redes sociales causan a los ciudadanos menores de edad.

En julio, la Unión lanzará una aplicación de verificación de la edad, diseñada para reforzar la protección de los menores en línea. Esta herramienta permitirá confirmar la edad de los usuarios sin que estos tengan que facilitar datos personales a las plataformas. Aunque la Unión no impone un método único de verificación, exige que los sitios web que tratan contenidos sensibles adopten las medidas adecuadas.

Esta aplicación, que precede a la cartera de identidad digital prevista para 2026, proporcionará a la Unión un medio adicional para exigir más rigor a las plataformas. Henna Virkkunen, comisaria europea responsable de la digitalización, subrayó en una entrevista al Financial Times ⁸ que la protección de los menores debe ser una prioridad y que las grandes empresas del sector digital deben redoblar sus esfuerzos.

A partir de la cartera de datos personales, la solución podría continuar con la creación de plataformas de publicación, incluso de código abierto, que podrían utilizarse para generar redes de relaciones digitales innovadoras, distribuidas y con valor local o sectorial para los participantes.

Una infraestructura basada en estos principios solo movilizaría uno de los recursos de las plataformas de aplicaciones, que podrían funcionar con modelos económicos menos costosos.

Esto puede multiplicar el número de iniciativas y permitir también aplicaciones menos industriales y de mejor calidad para los usuarios, en particular al servicio de la innovación social, para iniciativas educativas y culturalmente significativas, para información de calidad al servicio de la salud o el transporte, etc.

Si los ciudadanos controlan sus datos personales a través de un sistema único de certificación de identidad que pueden utilizar para acceder a cualquier plataforma, se dan las condiciones previas para la interoperabilidad.

Luca de Biase

Gracias a las amplias posibilidades que ofrece la inteligencia artificial independiente, podrían surgir start-ups especializadas en la gestión de conocimientos de calidad basados en datos controlados. Estas servirían para contextualizar la información, traducir, generar información basada en datos cuantitativos, etc. Surgirían redes de nueva generación, fáciles de usar y de crear, para todo tipo de innovación social y cultural, con un modelo económico racional: no una nueva plataforma gigantesca, sino un número gigantesco de nuevas plataformas, para transformar un sistema monopolizado por unos pocos gigantes en un mercado competitivo, abierto y rico en innovaciones.

Las dudas europeas

Una vez planteada esta constatación, ¿qué explica la reticencia de las autoridades a comprometerse con la creación de plataformas alternativas europeas autónomas?

La hipótesis de que no ven su importancia es sin duda errónea: la Unión ha legislado ampliamente durante la última legislatura para limitar el poder de las plataformas existentes.

Una segunda hipótesis es que la Comisión considera que, en el fondo, sería demasiado difícil vencer a las plataformas estadounidenses: competir con los monopolios estadounidenses, considerados muy poderosos, muy ricos y muy eficaces desde el punto de vista tecnológico, sería un fracaso seguro.

Las plataformas que se benefician del efecto red son imbatibles. Pero, como ha demostrado Bernardo Huberman en sus estudios sobre las «leyes de la web», ⁹ el efecto red se aplica a todas las categorías de servicios. En otras palabras, siempre es posible crear plataformas que ofrezcan un servicio diferente al de las ya existentes. No se trata de rehacer Google o Instagram, sino de crear plataformas completamente diferentes, que sin embargo puedan atraer la atención con propuestas más sensatas y racionales desde el punto de vista humano que las de las plataformas estadounidenses.

Una tercera hipótesis podría basarse en razones más ideológicas: en los pasillos de la Comisión podría prevalecer aún la idea de que las actividades competitivas de las plataformas deben ser reguladas por el mercado —es decir, por los empresarios y los particulares— y no por el Estado.

En teoría, es cierto que se trata de una actividad económica que no se desarrolla en condiciones de fallo del mercado, al igual que es cierto que resulta bastante complicado intervenir políticamente en el mundo de los medios de comunicación sin correr el riesgo de agravar la situación democrática y la libertad de expresión.

En los pasillos de la Comisión podría prevalecer aún la idea de que las actividades competitivas de las plataformas deben ser reguladas por el mercado —es decir, por los empresarios y los particulares— y no por el Estado.

Luca de Biase

Sin embargo, hay que admitir que esto entraría en contradicción con el hecho innegable de que muchos países democráticos europeos cuentan con un sistema público de radiodifusión, que presta un servicio público en nombre de la democracia, el pluralismo y la información como servicio universal.

En otras palabras, este enfoque parte de una premisa errónea: el mundo de las redes sociales no es perfectamente competitivo. Se podría incluso decir que, al impedir la aparición de nuevos actores, puede considerarse un mercado deficiente.

Habría una cuarta hipótesis: la que considera que los políticos y las partes interesadas no se atreven a atacar una herramienta que, para ellos, sigue siendo un formidable instrumento de propaganda.

Este es un tema que interesa más a los políticos extremistas, que son los que más partido sacan de las redes sociales. Los políticos que no podrían prescindir de las redes sociales actuales son los que viven de la polarización, los que no profundizan en los temas, los que se contentan con interceptar cualquier forma de descontento. Las redes sociales actuales acentúan la visibilidad de los mensajes puramente emocionales y ocultan la información documentada, exigente y racional. No obstante, la Unión debería velar por que los ciudadanos europeos presten más atención a una información de mejor calidad y más profunda que la que prevalece en las redes sociales.

Una comunidad de intenciones

Es posible una nueva estrategia europea para las redes sociales.

Hay que encontrar motivos de unidad política en un mundo digital que ha hecho todo lo posible por dividir a las poblaciones y fragmentar los grupos sociales, hasta generar una verdadera epidemia de soledad.

Se trata de pensar en cosas que aún no se han hecho, de introducir en el sistema mediático lógicas de innovación que, sin imponer contenidos específicos, alimenten métodos que permitan hacer de la información un servicio público. Las diferentes formas de crisis de la democracia —desde la disminución de la participación electoral hasta la explosión de movimientos extremistas y antisistémicos, pasando por la circulación de información destructiva— son fenómenos compatibles con una concepción de las redes sociales que resulta especialmente adecuada para ser explotada por potencias extranjeras que desean ejercer influencia sobre la Unión Europea.

Ahora bien, es cierto que, hasta ahora, Europa ha logrado avanzar a pesar de un ecosistema mediático deteriorado. Pero hay una novedad que podría acelerar el proceso de toma de decisiones.

La Unión ha descubierto que es necesario dotarse de una defensa común. Esto no solo implica la necesidad de invertir en armamento para una hipotética guerra física. Implica invertir en soluciones defensivas para la guerra cognitiva que ya está en marcha.

Las diferentes formas de crisis de la democracia son fenómenos compatibles con una concepción de las redes sociales que resulta especialmente adecuada para ser explotada por potencias extranjeras que desean ejercer influencia sobre la Unión Europea.

Luca de Biase

Según David Colon y Anne Applebaum, ¹⁰ las potencias extranjeras que la desarrollan en el «teatro digital» europeo son las autocracias interesadas en desestabilizar la Unión y conquistar nuevos espacios en Europa y África. Han aprendido el concepto mismo de guerra cognitiva de Estados Unidos, que lo ha desarrollado a lo largo del tiempo en Europa: desde la época de la estrategia de tensión en los países que tenían importantes partidos comunistas hasta el despliegue masivo de la vigilancia digital, uno de cuyos ejemplos más conocidos y documentados fue el caso del espionaje a la canciller alemana Angela Merkel, revelado al público por las investigaciones sobre las actividades de la NSA iniciadas a raíz de las revelaciones de Edward Snowden.

Estados Unidos inventó la guerra cognitiva, una forma de conflicto que implica un complejo conjunto de acciones de desinformación, vigilancia granular, estrategia de tensión, poder blando, construcción de plataformas y control de internet. Fue en Washington donde los rusos y los chinos aprendieron a responder con la eficacia que las autocracias pueden demostrar en este ámbito.

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De principio a fin, la Unión ha sufrido.

La estrategia del caos ruso y la vigilancia estadounidense, las injerencias china, iraní e israelí: hemos sido la primera víctima colateral de esta guerra porque no teníamos ningún control sobre las plataformas. Partiendo de esta constatación, tal vez podamos unirnos en torno a una comunidad de intenciones: nuestra independencia pasa en primer lugar por nuestra independencia digital.

Las soluciones que aportemos deberán estar profundamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos y nuestras libertades: la guerra cognitiva se gana con las tecnologías de la comunicación, pero también y sobre todo con el espíritu y el respeto de las normas y de las personas que las utilizan.

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Por supuesto, se trata solo de algunas ideas, necesarias pero sin duda insuficientes, para lanzar la contraofensiva digital que Europa necesita.

Pero hoy en día hay que reconocer que el mayor obstáculo para la recuperación europea es sin duda la convicción de que, en última instancia, no hay nada concreto que se pueda hacer contra el poder de las plataformas estadounidenses.

Sin embargo, su poder no es inevitable: mientras no nos opongamos a él, lo aceptamos.

En Rusia, Corea del Sur y China, las plataformas más utilizadas son locales.

En Japón, Indonesia y Brasil existen plataformas locales lo suficientemente fuertes como para competir con las estadounidenses.

En la India, existe una estrategia sólida y muy visionaria para la construcción de una infraestructura local para la identidad digital local, que, sin embargo, presenta limitaciones en el ámbito jurídico.

En resumen, Europa parece ser la única gran región que aún no ha librado su guerra de independencia digital.

Es hora de librarla: la victoria es posible.